La Mercantilización de la Educación Superior en Colombia

“Las escuelas servirían mejor a los consumidores que puedan pagar, como cualquier otro negocio”. Gerhard Cromme (2000), miembro Mesa Redonda Europea de Industrialistas

Introducción

Este mundo globalizado donde priman las relaciones internacionales entre países, la producción de conocimiento es un tema de interés por la posibilidad de intercambios académicos y culturales que favorecen tanto a los estudiantes como a los docentes. Entre 1998 y 2009 la movilidad internacional de los universitarios incrementó, de acuerdo con Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un 111 % (Sánchez, 2011) por el fortalecimiento del capital humano y estimulación a la investigación.

Sin embargo, la educación se ha visto como un bien que se comercia según las normas del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS). Esta situación ha dado como resultado una industria con grandes ganancias que incluye la prestación de servicios virtuales, el establecimiento de filiales y la captación de estudiantes tanto nacionales como internacionales (los países que más exportan educación son Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra, Canadá y Estados Unidos (Rodríguez, 2005)). El sector educativo, según Rodríguez (2005) “mueve 41 billones de dólares anuales, emplea 50 millones de personas y tiene 97 millones de estudiantes aproximadamente” (p.321). En los años siguientes la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha estimado ganancias de 50.000 millones de dólares anuales (Díaz, 2011). Colombia no es ajena a esta realidad, se han planteado leyes como la Ley 100 de 1992, que ha adecuado a este sector las exigencias del modelo neoliberal, empezando por darle menos prioridad a las universidades públicas en asuntos financieros.

En las décadas de los años 90 y 2000 la educación colombiana no era vista como una mercancía, ya que las políticas de liberación en los mercados se centraban más en las exportaciones e importaciones de bienes y servicios. Pero la visión ha cambiado debido a las decisiones de los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, orientados a una política de mayor internacionalización con la firma de varios tratados comerciales; el más importante de ellos, el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos. Con estos acuerdos se negocian todos los servicios, entre ellos la educación. Por tanto, el objetivo de esta investigación es evidenciar los efectos positivos y negativos en la educación superior colombiana, al ser tratada como una mercancía ante los diferentes acuerdos comerciales.

Este estudio se divide en cinco apartados fundamentales. En el primero se muestra la educación superior en el entorno de las negociaciones internacionales. En el segundo apartado se habla sobre el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS) en la educación superior. En el tercero se mencionan aspectos básicos de la educación superior en Colombia; en el cuarto se referirá a breves aspectos del TLC Colombia-Estados Unidos frente a la educación superior. En el quinto apartado se refiere a las experiencias internacionales, y finalmente se presentarán algunas conclusiones.

1. La educación superior en las negociaciones internacionales

Como se conoce a finales de los años 80 tanto en Norteamérica como en Suramérica, se empezaron a gestar diversos acuerdos de libre comercio (los tratados comerciales entre Estados Unidos y México, Estados Unidos y Canadá, Estados Unidos y Chile, Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), América del Norte entre Canadá, entre otros (Aboites, 2007) que traerían según Aboites (2007) un “cambio radical en la concepción general y profunda de educación y de la educación superior en particular” (p.26). Esta nueva generación de acuerdos era muy diferentes a los que se presentaron en el siglo XIX, pues en ese momento solo se regulaba el intercambio de mercancía entre los países.

Esta integración de las regiones a través del comercio y el avance tecnológico han conllevado, a que se presenten importantes transformaciones en lo económico, lo cultural, lo social y especialmente en la educación. En los noventa en América Latina, los gobernantes se preocuparon por aumentar la cobertura educativa, pero a su vez, como lo menciona Ruiz (2009) se producía “un proceso combinado de segmentación y privatización socioeducativa, es decir, una diferenciación de las escuelas públicas en circuitos para pobres y para sectores medios y un pasaje muy fuerte de matrícula del sector público al privado” (p.323).

Esta situación se explica en parte por acciones en el ámbito económico utilizadas en el Consenso de Washington, donde sus puntos principales fueron una menor participación del Estado, buenas finanzas fiscales y libertad en el mercado. Fue así como se puede evidenciar, que en Colombia a partir de la Ley 30 de 1992, las universidades públicas solo reciben como incremento en sus recursos económicos el porcentaje de inflación del año inmediatamente anterior; lo que ha conllevado a un detrimento económico de estas instituciones. Bajo esta perspectiva, la educación fue concibiéndose no como un bien y un derecho fundamental, sino simplemente un servicio.

Ahora bien, las políticas de liberar la economía a nivel internacional imple- mentadas en la mayoría de los países de América Latina, trajeron consigo grandes desequilibrios macroeconómicos y una modernización relativa del sistema productivo en varios sectores como el turismo, la industria de la maquila, entre otros, pero también se profundizó la concentración del poder económico, generando como dice Ruiz (2009) “una mayor desigualdad en la distribución del ingreso y exclusión social, limitando las opciones de políticas económicas de los Estados y, en muchos casos, lo que es más grave, dieron lugar a una desvaloración de la democracia en la región” (p.324).

Sin embargo, tales acciones están siendo discutidas, por ejemplo, en Coraggio (1995) y Ruiz (2009) mencionan que las políticas aperturistas del Banco Mundial no dieron los resultados esperados, por el contrario, hubo un impacto negativo en el aparato productivo, y lo más relevante, de acuerdo con Cuevas (2010), es que el comercio “no es suficiente motor del crecimiento. En cambio, sí lo es la educación y la tecnología, pues ambos son elementos que contribuyen a disminuir la inequidad que aflige a la región. Por ello, ese organismo recomienda invertir más en infraestructura, educación y protección laboral y social”.

Se estima que el libre comercio es uno de los aspectos que más evidencia la dinámica de la globalización, dado a través de la promulgación y suscripción de acuerdos entre países. “Sus fundamentos se encuentran en el principio de la ventaja comparativa, según el cual, en unas condiciones técnicas determinadas, el producto se maximizará si cada país o región se especializa en producir aquellos bienes o servicios que posea una ventaja comparativa máxima; es decir, que su costo de producción sea mínimo” (Gutiérrez, 2007, p.616).

En tal sentido la academia y otros actores sociales han identificado que los países industrializados, especialmente Estados Unidos, están induciendo a que la educación sea tratada como mercancía en las negociaciones comerciales de la OMC a través del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS), así como en los TLC, porque ven a la educación como un bien de consumo (mercancía) de alta rentabilidad, por la incorporación de estudiantes en el entorno internacional, establecimiento de universidades en el extranjero, autorización de franquicias, la enseñanza virtual, entre otras.

2. Acuerdo general sobre el comercio de servicios (gats) y la educación superior

El GATS consiste en un acuerdo legal multilateral que hace referencia a la compra y venta de bienes y servicios entre países, fue planteado para incrementar la apertura del comercio a nivel mundial que proviene de la Ronda Uruguay de la OMC en 1995. En este acuerdo se negocian los servicios reunidos en doce sectores los cuales comprenden: la administración, la informática, las comunicaciones, la construcción, la distribución, la educación, el ambiente, los financieros, la salud, el turismo, la cultura, el transporte y otros no incorporados en este sector. El GATS a través de rondas de negociación, busca liberalización de los sectores de manera progresiva, y cada región establece sus niveles de liberación y a su vez fija sus compromisos en estos procesos. Sin embargo, como lo menciona Rodríguez (2002), la negociación es compleja porque hay no solo intereses y posturas de cada país, sino, las definiciones asumidas en los acuerdos multilaterales (Unión Europea, Mercosur, TLC de México, Canadá y Estados Unidos).

El GATS ha definido cuatro maneras de comercializar un servicio. Estos modos de comercializar se aplican a todos los sectores de negociación, incluyendo la educación superior:

Modo 1: En este modo tanto el consumidor como el proveedor que va a prestar el servicio, se mantienen en sus países respectivos, es decir, es un suministro transfronterizo. Un ejemplo de esta manera es la educación a nivel virtual y a distancia.

Modo 2: En este caso el consumidor viaja donde está el servicio (consumo en el extranjero). Por ejemplo, personas (estudiantes) que viajan a otro país a estudiar.

Modo 3: Este modo se da cuando el oferente del servicio se instala en el lugar donde se encuentra el consumidor (presencia comercial). Ejemplo, una sede local o una franquicia.

Modo 4: Es el traslado temporal de los proveedores en el lugar donde se encuentra el consumidor. Ejemplo, son los profesores extranjeros que trabajan en instituciones nacionales pero de manera transitoria.

Algunas organizaciones, como las multinacionales, ven el GATS como un potencial que les permite el incremento de proveedores (educación superior) en países donde ofrecen este servicio de una manera débil o inadecuada.

Pero otros (la academia) lo ven como un peligro, dado que consideran que la liberalización puede poner en riesgo la calidad de la educación, pertinencia, pérdida incluso de soberanía y además permitir que estos proveedores monopolicen a los estudiantes y los programas más demandados por ellos.

Por ejemplo a comienzos del 2002, de 32 países (12 son de la Unión Europea, 14 pertenecen a la OCDE y solo 2 a la región latinoamericana) ya habían realizado algún compromiso en el sector educativo. De estos países: “i) 10 limita el compromiso al sector privado de la educación superior; ii) 15 países han realizado compromisos para los modos 1, 2 y 3; y iii) así mismo 22 de los 32 países, entre los cuales están incluidos México y Panamá, han realizado acuerdos completos para los modos de suministro 1, 2 y 3” (Rodríguez, 2005, p.324).

La internacionalización de la educación superior ha conllevado oportunidades para los países emergentes como Colombia, como incrementar la oferta académica, mayor facilidad por medio de la virtualidad para acceder a programas ofrecidos por universidades a nivel mundial, la movilidad tanto de profesores como estudiantes y aumentar la cooperación entre las instituciones educativas. Sin embargo, se presentan consecuencias negativas como la fuga de cerebros, programas con dudosa calidad, mayor probabilidad de que las universidades públicas lleguen a privatizarse por la reducción en sus recursos, entre otros.

3. Aspectos básicos de la educación superior en Colombia

La educación en Colombia es “un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” como lo establece la Constitución de 1991 en su artículo 67 página 11. Además, está regida por la Ley 115 de 1995 (Ley General de Educación) que “define y desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus diferentes niveles (Ministerio de Educación, 2001).

La educación es uno de los grandes pilares para el desarrollo económico de un país, dado que si hay una buena educación se da la posibilidad de obtener mayores oportunidades de avanzar y de competir con aquel que no la tiene, puesto que posee las herramientas necesarias “para desarrollar el pensamiento crítico y para tener una participación más activa, consciente y responsable en la sociedad, de ahí que los países avanzados hagan fuertes inversiones para aumentar el volumen y la calidad de la educación” (Herrera, 1998). Por lo tanto las instituciones educativas, principalmente las universidades, juegan un papel primordial en el progreso del capital humano, proporcionando al estudiante, las herramientas necesarias para que sean personas con un pensamiento libre, crítico y con capacidad de dar solución a los múltiples problemas de la sociedad actual.

Con respecto a la reglamentación de la educación superior, se da a través de la Ley 30 de 1992 (Servicio Público de Educación Superior) “que define el carácter y autonomía de las Instituciones de Educación Superior -IES-, el objeto de los programas académicos y los procedimientos de fomento, inspección y vigilancia de la enseñanza” (Ministerio de Educación, 2001). Igualmente, existen otras leyes que están en función de una buena educación:

La Ley 29 de 1990: Plantea incentivo de la investigación y desarrollo hacia lo tecnológico. Decreto 066 de 2004: Está relacionado con aumentar la oferta de programas académicos, facilitando convenios interinstitucionales. Ley 60 de 1993: La educación estatal estará dirigida y administrada por la Nación y las entidades territoriales. Ley 1188 de 2008: Está orientada hacia el fortalecimiento de la calidad de los programas académicos (Registro Calificado, es la condición fundamental para que las universidades puedan ofertar sus programas académicos. Esta exigencia por parte del Ministerio de Educación ha servido para reducir deficiencias en calidad). Decreto 4322 de 2005: Acreditación institucional a las instituciones educativas. Decreto 1295 de 2010: Presenta las condiciones necesarias para presentar un nuevo programa académico o renovarlo para su funcionamiento. Como se puede apreciar en la Tabla 1, para el año 2012 en Colombia existen 9.847 registros calificados, sobresaliendo el nivel de formación universitaria (3.095) y con una menor cantidad el doctorado con solo 125.

Tabla 1 Programas con Registro Calificado por nivel de formación Fuente: MEN-SACES, 2012

Por otro lado, la financiación de la educación en Colombia se da a través de los ingresos propios de cada institución (derechos de matrícula, prestación de servicios, etc.), presupuesto nacional, entidades territoriales y los de cooperación técnica (Ministerio de Educación, 2001). En cuanto a la educación superior (pública) para hablar de financiación, es necesario remitirse a la Ley 30 de 1992, en su artículo 86 estableció que:

Los presupuestos de las universidades nacionales, departa- mentales y municipales estarán constituidos por aportes del Presupuesto Nacional para funcionamiento e inversión, por los aportes de los entes territoriales y por los recursos y rentas propias de cada institución. Las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacionales y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos, vigentes a partir de 1993.

Dado a lo anterior, las universidades públicas reciben de la Nación lo correspondiente al asignado en el año 1993 y se va incremento de acuerdo a la inflación del año inmediatamente anterior. Es importante señalar que sus ingresos monetarios no han sido de gran relevancia a pesar que la cobertura se ha incrementado (ver Tabla 2).

Tabla 2 >Matrícula por sector de las SNIES pública y privada Fuente: MEN-SNIES, 2012

El Gobierno está consciente de esta problemática, por esto incentiva el fortalecimiento de créditos a través del ICETEX (Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior) y subsidios del Fondo Empresas Públicas de Medellín (EPM), Presupuesto Participativo, Jóvenes con Futuro, becas que otorga la Gobernación de Antioquia con asocio de EPM y el municipio de Medellín, entre otras, para promover la matrícula y sostenimiento (permanencia) de los estudiantes. Además entidades como el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología “Francisco José de Caldas” (COLCIENCIAS), Fondo de Desarrollo de la Educación Superior (FODESEP), ponen en “práctica fondos concursables de los que participan estudiantes universitarios para obtener becas para realizar estudios de posgrado en el país o en el exterior y para llevar a cabo proyectos de investigación” (, p.310).

Como se ha mencionado anteriormente, al comienzo de la década de los 90 en América Latina “comenzaron a producirse distintos acuerdos de libre comercio que traerían un cambio radical en la concepción general y profunda de la educación, especialmente en la educación superior. Dicho cambio habría de influir profundamente en las políticas públicas referentes a la educación superior de los países latinoamericanos” (Aboites, 2007, p.26).

Por otra parte, Colombia en el año 1991 afrontó el neoliberalismo llevada a cabo por el gobierno de Gaviria dentro del programa Plan de Apertura Educativo, con la finalidad de ajustar el sector de la educación a este modelo de internacionalización. Por lo que se buscó que el país pudiera responder a los requerimientos exigidos por la competencia internacional, por lo que resultó necesario ajustar los programas hacia un mejoramiento en la calidad. Con la Ley 30 de 1992 se inició este cambio, con la Apertura Económica, la cual con la aplicación coherente con las propuestas del Banco Mundial y le permitió a la universidad pública autonomía académica y financiera (Niño, 2011).

Con esta propuesta en la política económica del presidente Gaviria, se incrementó la cobertura de la educación básica y media; además logrando grandes oportunidades económicas para aquellas personas que aspiraban a ingresar a la educación superior.

Así mismo el presidente Ernesto Samper (1994-1998) en su plan de gobierno “Salto Social”, promulgó que los recursos financieros de la educación pública, no debería proveerse solo por el Estado, sino de la sociedad (instituciones) y las familias. Al mismo tiempo, como lo menciona Zambrano (2008):

Durante este gobierno aparecen los estándares de calidad, cuyo objetivo era evaluar la efectividad en la obtención de recursos financieros, desvinculándola de la responsabilidad del Estado de costear la educación pública (Niño, 2011).

En el gobierno de Andrés Pastrana Arango (1998-2002), “Un Cambio para la Paz”, su objetivo era que por medio de la integración regional en la base de la Ley 30 de 1992 se pudiera regular la educación superior Zambrano (2008). Se consolidan los programas “Acuerdo de Saneamiento, Viabilidad y Desempeño, la Introducción de Indicadores para la asignación de Recursos a las universidades públicas y la modificación del Régimen de los Docentes Universitarios, apuntado a las orientaciones del Banco Mundial” (Niño, 2011).

En la administración de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 y 2006-2010), “Hacia un Estado Comunitario”, Colombia entró a un nuevo proceso de internacionalización dado que el Gobierno prestó un interés significativo a las relaciones comerciales con otros países. Con respecto a la educación, en su Manifiesto Democrático, punto 46 dice que “el país necesita una revolución educativa que avance hacia la cobertura universal, la buena calidad y acceso democrático”, durante este gobierno se logró aumentar la cobertura, debido al incremento en las transferencias, que ascendieron un 26 % durante los ocho (8) años, por ejemplo la educación superior en Colombia pasó de un 24,4 % en el 2002 a un 35,5 % en el 2009. En el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014), se han visto beneficiados más de 8,6 millones de estudiantes del grado 0 a 11 por el no cobro en la educación pública. Con respecto a la educación superior aumentó la cobertura del 37 % en el año 2010 a un 40 % en el 2011 (Ministerio de Educación (Observatorio), 2010).

En este mandato, ha propuesto en su política económica que uno de los pilares de crecimiento económico, sean los acuerdos comerciales en los escenarios internacionales, con el fin de que Colombia alcance una mejor inserción productiva y la diversificación de los mercados, por tal razón se han venido firmando tratados con varios países, entre ellos Triángulo del Norte (El Salvador-Guatemala-Honduras); Cuba, Estados Unidos, México; EFTA (Suiza- Liechtenstein-Islandia-Noruega); Chile Canadá, CAN, Cuba, MERCOSUR. En la actualidad se tienen suscritos acuerdos con la Unión Europea, Corea del Sur, Alianza del Pacífico, Costa Rica e Israel. Apoyado en lo anterior, la educación en Colombia debe estar a la vanguardia a lo que ofrece el mundo. Por esta razón, Santos presentó en marzo de 2011, la reforma a la Ley 30 de 1992, la cual consistía en incrementar la cobertura, mejorar la calidad y propone una mayor participación del sector privado.

No obstante estudiantes, docentes universitarios y la comunidad en general no estaban de acuerdo con esta reforma, dado que deja a un lado el aumento del presupuesto de las universidades públicas, se promueve “el establecimiento de instituciones de educación superior con ánimo de lucro y la creación de entidades mixtas público-privadas para sacar al sistema educativo colombiano del notorio atraso en que se encuentra” (Ojeda, 2011).Y luego de varios días de paro, el movimiento estudiantil logró frenar la reforma.

4. TlC Colombia-Estados Unidos y la educación superior

Con el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, la educación superior abordó en las negociaciones de servicios transfronterizos, no teniendo ninguna restricción los modos 1, 2 y 3. Con la firma de este Tratado, varios académicos han manifestado que la apertura del sector de la educación, presenta la ventaja de que puede exportar sus programas académicos a Centroamérica, Ecuador y Bolivia. No obstante, las universidades tienen claro el reto que deben enfrentar con su competencia externa, en mantener programas de alta calidad.

De acuerdo con los planteamientos de varios investigadores sobre el marco del Tratado de Libre Comercio Colombia con Estados Unidos en lo que se refiere a la educación superior, se puede resumir en los siguientes apartados:

Botero (2006) analiza los cuatro modos de comercializar un producto según el GATS; encuentra que hay factibilidad de la oferta de servicios por parte de Colombia, además expone que la reglamentación de la educación superior no cambiará con la firma del TLC. Sin embargo, “manifiesta que la única medida disconforme que se identifica en la legislación colombiana es el artículo 98 de la Ley 30 de 1992 que establece como requisito de forma jurídica para las instituciones de educación superior en Colombia, el de ser personas jurídicas de utilidad común, sin ánimo de lucro” (Knudsen, 2005, p.101). Es importante mencionar que en el apartado de Servicios Transfronterizos, ninguna de las dos partes está obligada a prescindir de reglamentar y vigilar el debido suministro del servicio (Botero, 2006).

El estudio realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá (2007) relacionado con el TLC Estados Unidos en la región Bogotá-Cundinamarca alude a que este Tratado presenta oportunidades como desafíos para los modos de prestación de servicios. En el Modo 1 es indispensable que haya un mejora- miento en el acceso a la conectividad y a las comunicaciones. Con respecto al Modo 2 tanto el sector de la educación como de la salud y el turismo presentan un gran reto por el nivel de competencia internacional. Con relación al Modo 3 se da importancia al tema de la regulación y en el Modo 4 que hace referencia al tema de prestación de servicios, es limitado por las restricciones en el tema de las visas.

Por otro lado Martínez (2006) plantea que este acuerdo presenta flexibilidad para las universidades de Estados Unidos en ingresar al sistema de educación colombiana, autorizando el establecimiento de sedes en el país como el de ofrecer programas a distancia, virtuales e intercambios de estudiantes. Lo que se convierte en oportunidades para la población colombiana.

El Ministerio de Educación (2010) menciona que en la educación básica y media no hay impactos significativos del TLC por dos (2) razones. La primera, las ganancias se reciben es de la educación superior y en el Tratado no se hace alusión sobre este tipo de educación.

De acuerdo con el presidente Juan Manuel Santos, su posición es liberalizar el sector de educación superior con el objetivo de aumentar la cobertura en el país. Por lo que la atención del Ministerio de Educación ha sido en facilitar la movilidad de los docentes y estudiantes e incrementar la cobertura en los siguientes años con la apertura de los servicios educativos, pero asegurando la calidad tanto de las instituciones nacionales como las internacionales. Sin embargo, tal liberación no garantiza un incremento en la cobertura, ni da mayores posibilidades de acceso a programas que sean diferentes a los ya establecidos en Colombia. Por lo que sería importante, pensar detenidamente las posibilidades que tiene el Gobierno actual con la liberación de este sector.

La Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, la Universidad de La Sabana y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en su investigación El papel de la educación superior colombiana ante la internacionalización, en la página 31 presentan un análisis de las implicaciones de la liberalización de la educación en el marco del TLC así:

Propiciar la movilidad de los alumnos y profesores: Se da la oportunidad que los programas académicos nacionales se puedan fortalecer con la llegada de docentes-investigadores extranjeros con una trayectoria conocida en la comunidad académica, estimular la movilidad de estudiantes tanto nacionales como extranjeros al país. Sin embargo, trae consecuencias negativas como el manejo desigual de las visas por parte de las grandes economías pudiendo aumentar la fuga de cerebros.

Asegurar la calidad de la educación: Esto conllevaría a que el Ministerio de Educación exigiría los mismos niveles de calidad a los nuevos proveedores que lleguen, por lo que se presentará una mejor propuesta en los contenidos de las asignaturas y modelos educativos con innovación y diversidad para aumentar la calidad. Con respecto a este punto, se puede analizar que el Gobierno ha autorizado el establecimiento de instituciones que quizás no ofrecen programas de calidad, un ejemplo de esto podría ser la oferta educativa virtual que por tener un carácter intangible hace difícil la regulación por las autoridades colombianas.

Incrementar la cobertura: Con la liberación del sector educativo, se da la posibilidad del ingreso de nuevos proveedores, conllevando a que los estudiantes tengan más oportunidades de escoger programas académicos entre las alternativas presentadas. No obstante, no se garantiza que la cobertura se incremente, ni mucho menos se ofrezcan programas innova- dores y diferentes a los que ya están establecidos en Colombia. Además, se puede pensar que la educación superior podría ser más elitista, a pesar de que se puedan reducir el costo por el aumento de la oferta, la educación de buena calidad corre el riesgo de que solo sea para aquellas personas que puedan tener los suficientes ingresos para pagarla.

Por otro lado, Brunner y Ferrada (2011) expresan la preocupación de la llegada de programas académicos de poca calidad, fuga de cerebro y servicios que pueden favorecer al fraude académico como fábrica de diplomas, instituciones engañosas, proveedores informales, entre otros. Así mismo, el debilitamiento en las universidades públicas debido a las restricciones económicas. Entonces, el reto del sector educativo en Colombia, es ofrecer programas que sean pertinentes de acuerdo a las necesidades del sector empresarial y continuar, sin parar, con el mejoramiento de la calidad, con la finalidad de enfrentar a los proveedores extranjeros.

Conde (2006) opina:

Es decir, puede incrementar los costos, mientras se reduce la destinación de los recursos por parte del Estado hacia el sostenimiento de las universidades públicas. Este mismo autor, expresa su preocupación por una buena calidad en los contenidos y enseñanza, dado que con esta liberación, se quiere imponer el criterio de máxima utilidad a un mínimo costo, como cualquier mercancía que se puede negociar en el mercado de bienes y servicios. Ejemplo está la Laureate International Universities, una empresa transnacional de origen estadounidense creada en el año 1998, “reúne a 76 instituciones de educación superior en 28 países del mundo (unos 600 mil alumnos), entre los que se cuentan Brasil, Perú, Ecuador, Chile, México, Costa Rica, Panamá, Honduras, Estados Unidos, además de una fuerte presencia en los países de la Unión Europea y Asia” (“Qué es y quiénes están detrás del grupo Laureate”, 2012).

Restrepo (2006), sugiere en su investigación que es delicado considerar la educación como un objeto comercial, propiciado por los Tratados de Libre Comercio (TLC), ya que la competencia en el servicio educativo de las instituciones de Colombia es débil y poca frente a la de Estados Unidos y Europa, que ya tomaron la iniciativa de entrar en el continente. Varias de estas instituciones han adoptado tecnologías de información y comunicación (TIC) con el fin de ofrecer el servicio a cualquier parte del mundo. De la misma forma este autor dice que se evidencia un incremento en la educación a distancia y virtual por ser incluyente, como lo dice Gómez y Macedo (2011) el estudiante desempeña un papel activo porque no se limita a recibir conocimiento sino que hace parte de su propia formación. También se presenta otra implicación ante esta situación, que el Gobierno reduzca la inversión en el sector de la educación y se incline más por la privatización.

Altbach, Reisberg y Rumbley (2009) y Brunner y Ferrada (2011) señalan que globalización es la integración de las economías a nivel mundial, la conforman las tecnologías de la información, la comunicación, las redes de conocimientos, los idiomas especialmente el inglés, entre otros. Además mencionan que esta variable ha tenido un efecto profundo en la educación superior por la internacionalización de las universidades por el intercambio de estudiantes, profesores y establecimientos de campus filiales.

Brunner (2011) agrega:

Sin embargo, Altbach et al. (2009, p.4), mencionan que la “desigualdad entre los sistemas nacionales de enseñanza superior y dentro de los países habría aumentado también en los últimos decenios. Afirman que el mundo académico se ha caracterizado siempre por constar de centros y periferias”; el centro está compuesto por las universidades sólidas por sus investigaciones y su reputación. En cambio, en los países emergentes (en “América Latina, solo están 10 universidades dentro de las 500 mejores universidades del mundo: la mejor rankeada es la Universidad de Sao Paulo, que figura entre las mejores 150, seguida de la Universidad Nacional Autónoma de México, que figura entre las primeras 200” (Arancibia, 2013)), presentan dificultades en pertenecer dentro de la educación superior mundial, quizás porque no cuentan con el presupuesto suficiente para hacer investigaciones que generen alto impacto.

Desde el gobierno de Uribe, se ha manifestado que la educación pública no haría parte en las negociaciones del TLC con Estados Unidos, porque este país no tiene interés en entrar a este sector. Esto mismo se ratifica en la actualidad, “según el MEN, en el Anexo 2 del Capítulo 11 del Tratado, Colombia hizo una reserva explícita en el tema de la educación, y se reservó la total soberanía para mantener o modificar todo lo relacionado con la educación y, en especial, las IES” (Ministerio de Educación (Observatorio), 2010). No obstante, cuando se realizaron las negociaciones se mostró interés en que Colombia intercambiara esbozos de acreditación y homologación de títulos con varios Estados como Florida, California, Nueva York, Georgia, entre otros, pues se cuenta con una buena oferta educativa.

Por otra parte, algunos rectores de universidades colombianas se han manifestado con relación a la firma del Tratado de Libre Comercio:

- El rector Carlos Felipe Londoño Álvarez (Escuela de Ingeniería de Antioquia), ha declarado que el Tratado de Libre Comercio, trae la oportunidad de atraer estudiantes extranjeros, la movilidad del alumno colombiano, la convalidación de títulos en otros países e instituciones educativas extranjeras al país. Como debilidad sostiene Londoño, es competir con la cantidad de doctores que tienen las universidades extranjeras y los altos recursos para financiar la investigación. - Para el rector de la Fundación María Cano, Próspero José Posada Myer, el Tratado de Libre Comercio, es una gran oportunidad para Colombia, sin embargo la educación superior no está preparada para afrontarlo, la mayor preocupación sería la competencia, por ejemplo, ¿cómo va a competir una institución educativa colombiana con recursos limitados, a una institución como Harvard? - José María Maya, rector de la Universidad del CES, expresa que las consecuencias de los TLC, no es del todo negativo, pues ayuda a que las instituciones educativas estén a la vanguardia de lo que se exige en el exterior, lo que conlleva a un mejoramiento de la calidad, a ser más innovadoras y eficientes en el manejo de los recursos ().

5. La experiencia educativa a nivel internacional

A continuación se presenta la experiencia del TLC con los Estados Unidos en algunos países de América Latina.

México

Es el primer país de la región que ha firmado un TLC con Canadá y Estados Unidos. México puso en marcha un proyecto que estimulará la rigurosidad en el ingreso de la educación tanto en la media como en la universitaria, se propuso que a los docentes universitarios se le pagara por productividad y se presentó un mayor interés entre la relación de las instituciones educativas y las empresas. La consecuencia más relevante del TLC para la educación en México, es que esta es pensada como una mercancía sin obstáculos a la libre circulación y competencia (Restrepo, 2006).

En este sentido la privatización de la educación superior, ha conllevado que las organizaciones obtengan importantes ganancias, por ejemplo, los cambios en lo concerniente a la propiedad intelectual, la cual queda a disposición de las empresas.

Con esta apertura, se ha contemplado la idea de que las oportunidades laborales, sean tanto para profesionales nacionales como extranjeros, situación que conlleva a una fuerte competencia en el mercado laboral calificado.

Chile

Inició los procesos de apertura mucho más rápido que algunos de los países de América Latina. Instituciones internacionales como el Banco Mundial, “se han esforzado por exhibir el modelo chileno como un ejemplo exitoso de modernización y liberalización. No es raro, por tanto, que Chile haya llegado sin mayores tropiezos ni traumas visibles a establecer acuerdos bilaterales y multilaterales de libre comercio con los principales centros del poder económico” (López, 2008, p.267).

La apertura del sector de educación de Chile, no muestra diferencia a los efectos de estos tipos de acuerdos con los otros países de la región, por ejemplo, las negociaciones han sido realizadas sin tener en cuenta la población chilena y se ha encaminado a la privatización de los servicios educativos.

En 1981 las universidades de carácter público eran sostenidas por el Estado, al día de hoy solo es el 10 % que cuenta con este apoyo. El resto, obtiene los recursos financieros por los aportes de los estudiantes (Echeverri, 2004). Esta situación ha conllevado a que las instituciones de educación superior dupliquen sus esfuerzos para ganarse a los alumnos, o mejor llamados clientes.

Lo anterior ha obligado a las universidades chilenas a ofertar sus programas ya sea de intercambio o educación a distancia en el exterior, especialmente en América Latina. Así mismo, se han creado agencias en países como Estados Unidos, con la finalidad de conseguir recursos por medio de proyectos de investigación e intercambio de docentes y estudiantes. Además de lo anterior, se ha puesto en marcha programas académicos (MBA) con la cooperación de instituciones extranjeras (Restrepo, 2006).

Brasil

La educación brasileña, ha sido también influenciada por las políticas neoliberales, conllevando al pago de la enseñanza, la baja calidad y la eliminación de las universidades públicas por el poco acompañamiento del Estado con sus recursos. En la actualidad, el 90 % de las instituciones de educación superior son privadas, entre los años 1991 y 2001, el número de universidades privadas se incrementó en un 267 % (). Este escenario ha conllevado a que los estudiantes menos favorecidos, no puedan acceder al sistema educativo. El Gobierno para darle solución a esta situación incluyó en su política el modelo de incentivo a la enseñanza paga, a su vez implementa programas como Universidad para Todos - Prouni, Fondo de Financiamiento al Estudiante de Enseñanza Superior - Fies y líneas de crédito del BNDES establecidas para la enseñanza superior.

Perú

Este país presenta una situación muy similar a los países que han tenido políticas aperturistas en el sector de la educación, con la firmas de los tratados comerciales la educación no ha formado parte explícita de las negociaciones, además, ni los académicos, ni las universidades, ni los expertos en el área han sido debidamente consultados. Es alarmante que los negociadores no conozcan los impactos de los acuerdos que promueven la educación como un servicio (Echeverri, 2004). Así mismo, este ha venido preparando la liberalización de los servicios de este sector a través de medidas como la privatización y la acreditación de una manera acelerada.

Con el Decreto Legislativo No. 882 de 1996, es uno de los mecanismos que ha impulsado la apertura del sector educativo favoreciendo la inversión privada, formando posibles asociaciones entre instituciones locales con extranjeras para ofrecer tales servicios. Un ejemplo de esta situación está la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, pasó en 2004 a formar parte del consorcio Laureate Education Inc. (López, 2008).

El efecto mediático e inmediato de la liberación de los servicios educativos, ha sido el aumento de la oferta de instituciones educativas (sector privado), de dudosa calidad. Este incremento se ha dado en las ciudades grandes de la región, para las sedes de su inversión en educación. Aquellas universidades que se crean bajo el amparo del Decreto Legislativo N° 882 (Ley de Promoción de la Inversión en la Educación), no presentan obstáculos para acrecentar su oferta educativa, sin ningún control de calidad y pertinencia de los programas que ofrece.

Comparación entre colombia y méxico, chile, brasil y perú

Se observa que una característica común entre Colombia, México, Chile, Brasil y Perú es que sus dirigentes ven a la educación como una mercancía donde se puede obtener grandes beneficios. Además, se aprecia que se ha dado un incremento en las universidades privadas, pero hay un punto importante que no se ha tenido en cuenta, es la falta de inserción de la comunidad académica en la realización e implementación de estos Tratados con el fin de que el impacto en los diferentes sectores y para este caso el educativo no sea muy alto.

6. Conclusiones

De acuerdo con los análisis realizados: en la actualidad la educación superior es vista como un servicio que se pueda transar a nivel mundial de acuerdo con el GATS; se puede pensar que puede traer oportunidades como intercambio académico, grandes posibilidades en la exportación de servicios educativos, articulación entre el sector educativo con el productivo. Sin embargo, pueden existir retos y efectos positivos como negativos como formación de capital humano más competitivo, el bilingüismo, visión hacia lo internacional, pérdida de la cultura e identidad y lo más grave para la educación: el cierre de universidades públicas y la incorporación de instituciones extranjeras en el país de dudosa calidad y pertinencia, y en definitiva pudiendo afectar la calidad de la educación colombiana.

Es importante indicar que independiente de las firmas de los tratados comerciales, es indudable que la educación es un sector muy importante y estratégico para el desarrollo de las sociedades, cultura y economía de los países, por lo altos ingresos y bienestar para las personas. Por tanto se deben tomar acciones que preparen a las universidades nuestras para enfrentar los efectos de la globalización. Por tal motivo los gobiernos y especialmente las instituciones educativas deben estar atentas y participar activamente en las negociaciones de tratados que involucren al sector educativo; con conciencia, responsabilidad y total ética, puesto que precisamente las universidades han estado alejadas de las negociaciones de los acuerdos comerciales que ha realizado el país, mostrando falta de interés y compromiso.

La educación superior transfronteriza, requiere una normatividad que estimula la sana competencia, proteja los derechos del estudiante y garantice la calidad de la educación y la supervivencia de las universidades públicas.

Dado que al ser un bien que puede ser transado libremente a nivel internacional, puede generar oportunidades para personas y grupos deshonestos y ofrecer programas de poca calidad. Así mismo, las instituciones educativas deben tomar conciencia que la educación debe ser flexible, con capacidad de adaptarse a las exigencias internacionales, por lo que es necesario que diseñen estrategias adecuadas de internacionalización que puedan competir tanto al interior del país como en el exterior, aprovechando las oportunidades que este importante sector les ofrece.

En el momento, el reto para las instituciones universitarias de Colombia es mejorar la calidad, los programas que ofrecen las universidades sean pertinentes con el objetivo de que se encuentren en el “mismo nivel de los que podrían ofrecer instituciones extranjeras en el país” (Botero, 2006), fortalecer los convenios con universidades extranjeras, incentivar la capacitación de los docentes de tiempo completo a nivel doctoral, impulsar la movilidad de los estudiantes, promover la investigación.

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