Educación y Humanismo 20(34): pp. 59-78. Enero-Junio, 2018.
DOI: http://dx.doi.org/10.17081/eduhum.20.34.2858
Diversidad y educación:
el caso del trabajo infantil
Diversity and education:
the case of child labor
Resumen
Objetivo: Conocer los determinantes sociales del trabajo infantil y las políticas para la diversidad
en trabajo y educación en Corrientes, ubicada en el nordeste de Argentina (NEA) desde un punto
existencial.
Método: Se acude al análisis de documentos y estadísticas, además de la consulta a infor-
mantes calificados en trabajo y educación.
Resultados: El análisis estadístico muestra que las enormes desigualdades regionales persis-
tentes y los problemas de extrema pobreza infantil proporcionan condiciones para que el trabajo
infantil aumente. En cuanto a la naturaleza y perfil del trabajo infantil en Corrientes, se observa
que hay diversidad de sexo, edad, cultura, tipo de trabajo, duración del día, etc.
Conclusiones: El trabajo infantil constituye una flagrante violación de los derechos humanos que
necesita erradicarse a partir de numerosas políticas interministeriales e intersectoriales, siendo
necesario políticas de y para la diversidad en educación a fin de incorporar al sistema educativo.
Existen informaciones parciales y limitadas, faltando datos oficiales de toda la Provincia, lo que
impide pensar en las políticas en y para la diversidad en la escuela que los incluya a través de
nuevas metodologías, contenidos, recursos, docentes y gestores proactivos.
Palabras clave: Trabajo infantil, Diversidad, Pobreza, Exclusión.
Abstract
Objective: To know the social determinants of child labor and the policies for diversity in work
and education in Corrientes, located in the northeast of Argentina (NEA) from an existential point.
Method: We go to the analysis of documents and statistics, in addition to the consultation of
qualified informants in work and education.
Results: The statistical analysis shows that the enormous persistent regional inequalities and
the problems of extreme child poverty provide conditions for child labor to increase. Regarding
the nature and profile of child labor in Corrientes, it is observed that there is diversity of sex, age,
culture, type of work, duration of the day, etc.
Conclusions: Child labor constitutes a flagrant violation of human rights which needs to be eradi-
cated from numerous inter-ministerial and intersectoral policies, and policies of and for diversity
in education are necessary to incorporate the education system. There are partial and limited
information, missing official data from the entire province, which prevents thinking about policies in
and for diversity in the school that includes them through new methodologies, content, resources,
teachers and proactive managers.
Key words: Child labor, Diversity, Poverty, Exclusion.
Open Access:
Editor:
Patricia Martínez Barrios
Universidad Simón Bolívar
Correspondencia:
María Alejandra Silva
silvakusy@hotmail.com
Recibido:
15-02-17
Aceptado:
27-06-17
Publicado:
01-01-18
DOI:
http://dx.doi.
org/10.17081/
eduhum.20.34.2858
Cómo citar este artículo (APA):
Silva, M. (2018). Diversidad y educación: el caso del trabajo infantil. Revista Educación y Humanismo, 20(34), 55-72.DOI:
http:// dx.doi.org/10.17081/eduhum.20.34.2858
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Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Buenos Aires, Argentina
María Alejandra Silva
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1.
INTRODUCCIÓN
El trabajo infantil en cualquiera de las formas (trabajo en tareas domésticas y
en tareas económicas en el mercado) afecta al 14,9 % de los chicos/as entre
los 5 y 17 años en la Argentina urbana. Cabe aclarar que esta cifra es mayor
en el norte de Argentina como Corrientes, donde se suma el trabajo infantil
rural y la servidumbre por deudas (ODSA, 2011).
El trabajo infantil incluye aquellas actividades económicas y/o estrategias
de supervivencia, con o sin finalidad de lucro, remuneradas o no, reali-
zadas por niños y niñas menores de 16 años, independientemente de su
condición ocupacional y si son visibles o invisibles (puertas adentro). Desde
un punto existencial, el trabajo infantil constituye una flagrante violación de los
derechos humanos, le quita al niño el derecho a la alegría, la salud, el respeto,
la opinión, la propiedad, el estudio y el tiempo libre (Silva, 2011). Además, el
desarrollo social sostenible requiere de la educación para todos, y el trabajo
infantil es un obstáculo para lograrlo porque habitualmente acarrea repitencia
y abandono escolar.
El objetivo de este artículo es conocer los determinantes sociales del trabajo
infantil y las políticas para la diversidad en trabajo y educación en Corrientes
ubicada en el nordeste de Argentina (NEA), que posee mayores desventajas
socio-territoriales (Kessler, 2011).
Cabe indicar que se aborda el caso de la provincia de Corrientes ubicada
dentro del enclave caliente (hot spots) de pobreza infantil total y extrema
identificado por la CEPAL a partir del estudio del indicador del I de Moran
local. El mismo permite identificar la localización de los conglomerados
espaciales, donde el rojo es el de peor situación (norte de Argentina, el gran
Chaco), mostrando áreas con valores de pobreza extrema infantil sobre el
promedio, con vecinos que también se encuentran por encima del promedio
de la variable de interés (CEPAL-UNICEF, 2010).
A esta situación estructural, se suma la coyuntura preocupante de la región
porque: “se frenó la reducción de la desocupación, desigualdades y pobreza
que se había logrado hasta este momento, con asimetrías marcadas entre
países y dentro de cada país de América Latina y el Caribe” (Abalerón, 2014,
p.208). Cabe destacar que en el documento “Impacto de la crisis económica
mundial en el trabajo infantil en América Latina y recomendaciones para su
mitigación”, la Organización Internacional del Trabajo indica que la crisis y el
deterioro de las condiciones de vida pueden obligar a las familias a trabajar con
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sus hijos, y apartar a los mismos de la educación (OIT, 2009). Este problema
es mayor aún en la Argentina, pues según estudios de economistas indepen-
dientes del CEICS, el porcentaje de desocupación en el año 2014-2015
sería de casi el 25 % de la población económicamente activa (PEA), cifra
que constituye más del triple de la anunciada oficialmente por el INDEC –or-
ganismo gubernamental nacional– (Villanova, 2015).
Si bien el diagnóstico necesita de un abordaje complejo e interdisciplinario
que intente abordar todas estas causas, a fin de evitar las consecuencias en
salud, educación y su inserción socio-laboral futura, el panorama estadístico
presenta dificultades en el país. Lamentablemente no existe unanimidad
respecto a las causas y las políticas, por lo que todo diagnóstico cuantitativo
y cualitativo depende de la visión existente en quienes tienen capacidad de
tomar decisiones. Por un lado, la mirada regulacionista “acepta” el trabajo
infantil, durante la infancia en tanto producto de condiciones económicas y
culturales irreversibles, tendiendo a “regular” el daño. Por otro lado, el enfoque
“abolicionista” resalta el impacto negativo del trabajo en la salud, la educación
y el desarrollo de los niños y en suma del país y pretende el fortalecimiento
de la familia generando empleo en los adultos (Silva, 2012).
La tercera mirada es la del desarrollo sustentable de un territorio, que es un
proceso de transformación productiva e institucional cuyo fin es reducir la
pobreza, y aumentar las oportunidades para toda la población superando la
dicotomía rural-urbana como autoexcluyentes. La sustentabilidad implica la
viabilidad de los sistemas económicos, la perpetuidad ecológica, el respeto
de la cultura y la equidad social, la sustentabilidad sanitaria del desarrollo, el
sostenimiento del empleo decente (seguro saludable, con equidad de género
y sin trabajo infantil (ibídem). Esta última visión, que sirve de sustento a este
paper, es propositiva en las acciones destinadas a promover mejoras en las
condiciones de vida y el empleo decente de los adultos de las familias de
estos niños, la educación y la salud colectiva.
Hasta el momento en la provincia de Corrientes se ha mantenido una visión
“regulacionista” que acepta el trabajo infantil en tanto producto de condi-
ciones económicas y culturales irreversibles, de modo que en algunos casos
puntuales se ha tendido a “regular” el daño, interviniendo sobre pequeños
grupos con políticas focalizadas y de corto plazo, y sin discriminar la “diver-
sidad” que ofrece el trabajo infantil.
Se entiende que existen diferentes tipos de diversidad: cultural, social, de sexo
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y género, de capacidades, motivaciones, expectativas y representaciones, y
de inteligencias múltiples (lingüística, lógica-matemática, c o r p o r a l
cinética, musical, interpersonal, intrapersonal, espacial, naturalista). Existen
políticas en y para la diversidad en la escuela (Devalle de Rendo y Vega,
2006) que manifiestan la naturaleza del esfuerzo por colocarse en el lugar del
otro (diferente) que en este caso es el niño trabajador. Colocarse en el lugar
del otro implica un grado de complejidad, pues acarrea lidiar con por lo menos
tres tipos de distancia. Primeramente, la física, que demandaría desplaza-
mientos y viajes a lugares muchas veces distantes e inhóspitos. Además de
ella, habría una distancia social, que a su vez está ligada a otra, de carácter
psicológico. Hablar la misma lengua no solo no excluye que existan grandes
diferencias en el vocabulario, pues significados e interpretaciones diferentes
pueden darse a palabras, categorías o expresiones aparentemente idénticas
(Rodríguez, 2006).
Se acude al análisis de documentos y estadísticas, además de la consulta
a informantes calificados en trabajo, educación y migración. En trabajo ha
existido resistencia y se han negado a ofrecer entrevistas, de modo que se
recurre a técnicos del organismo con empleos fijos, que de manera anónima
ofrecen informes. Por el contrario en educación se accede a la persona
responsable de educación rural en el gobierno de la provincia y en el gobierno
nacional. Por último, en la Dirección Nacional de Migraciones-Corrientes,
recientemente se consulta al delegado regional a fin de conocer la realidad de
la infancia migrante.
Dentro de las fuentes secundarias se recurre a: Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INDEC), Dirección Nacional de Información y
Evaluación de la Calidad Educativa (DINIECE), Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), Organismo Internacional del Trabajo
(OIT), Universidad Católica Argentina (UCA), Centro de Implementación de
Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).
A los fines analíticos se divide el artículo en dos capítulos: Diversidad y trabajo
infantil, Diversidad y educación inclusiva para niños trabajadores.
2.
DIVERSIDAD Y TRABAJO INFANTIL
El predominio de la visión “regulacionista” en la provincia de Corrientes es
insuficiente por varios motivos. En primer lugar, porque está centrado en el
trabajo en blanco, registrado, con seguridad social y un sistema de protección
de los riesgos del trabajo y medicina laboral (como si estuviéramos en un
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momento histórico donde prevalece dicho fenómeno), cuando la realidad del
empleo es otra, pues menos del 30 % de la población adulta se encuentra en
esa situación. El mercado de trabajo del adulto hoy presenta una diversidad
de situaciones, de sobreempleo, subempleo, empleo sin cobertura social, de
empleo informal, con contratos de corta duración y desregulación laboral. De
modo que esa visión es perimida y está lejos de la realidad concreta del
empleo del adulto y del niño.
En segundo lugar porque la forma que asume el trabajo infantil puede incluirse
dentro de cinco tipos: 1) insertado: se realiza regularmente y tiene carac-
terísticas de empleo (ladrillerías, supermercados, granjas hortícolas, verdu-
lerías, tareas agrícola-ganadera), 2) informal: se equipara el cuentapropismo
del adulto (venta de flores, venta de alimentos, lustrabotas, cirujeo, venta
de estampillas, trabajo doméstico), 3) marginal: son actividades próximas a
la mendicidad (limpiaparabrisas, abre puertas de taxis), 4) familiar: trabajo
rural, venta de alimentos, ciruja familiar, cartonero/carrero, 5) ilegal: tráfico
y contrabando de cigarrillos, pequeños electrodomésticos que pasan de
Paraguay para Argentina por vía marítima, distribución y venta de droga, trata
de personas para explotación sexual.
En tercer lugar, porque el trabajo infantil necesita ser abordado desde el
nuevo paradigma de la infancia, desde una perspectiva de la complejidad
y abordaje interdisciplinar e intersectorial, que considere la familia y el niño
desde una mirada bio-psico-social que comprenda la diversidad. Por lo tanto,
una política integral no puede estar centrada solamente y exclusivamente en
la Subsecretaría de Trabajo y bajo la égida de un abogado laboral.
Lamentablemente hasta el momento se carece de diagnósticos oficiales
sobre Corrientes, de tipo cuantitativo que indiquen tipo de trabajo infantil por
ciudad, según sexo, edad, grado de escolaridad, horas de trabajo, riesgos del
trabajo, etc.
Respecto al gobierno nacional cabe señalar que la primera encuesta
realizada es de 2005, se denomina Encuesta de Actividades de Niños,
Niñas y Adolescentes (EANNA) y fue realizada por el Ministerio de
Trabajo y Empleo. La encuesta EANNA afirma que solo existe un 6,5 %
que trabajan en la Argentina urbana sobre la base de la Encuesta Permanente
de Hogares (EPH). Cabe señalar que la EANNA del año 2005 solo abarca
las siguientes jurisdicciones: a) Región del GBA: ciudad de Buenos Aires y
Partidos del Gran Buenos Aires, b) Subregión del NOA: provincia de Tucumán,
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Salta y Jujuy, c) Subregión del NEA: provincias de Chaco y Formosa, y d)
Provincia de Mendoza (MTEySS, OIT-IPEC, 2005). Esta limitada cobertura
nacional a nivel territorial, temporal y rural hace que el PNUD en su informe
de 2007 y 2010 indica sin datos sobre la tasa de trabajo infantil que permitan
lograr el Objetivo III de “Promover el trabajo decente” para el 2015 firmado
por la Argentina para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD, 2007; PNUD, 2010).
Año tras año el organismo federal difunde las mismas estadísticas de trabajo
infantil hasta el 2013, cuando decide construir un informe sobre nuevos releva-
mientos. El flamante Módulo de Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes
(MANNYA), calculado en la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU),
área intervenida por Guillermo Moreno a mediados de 2007 indica que el
trabajo casi se reduce a la mitad (2,2 %), llegando casi a desaparecer en 2015
según declaraciones del gobierno nacional. Debido a los enormes problemas
del INDEC desde 2007, cabe indicar que estas cifras son poco creíbles. La
situación institucional del INDEC, la manipulación de los datos y el despla-
zamiento de tantos profesionales idóneos han conducido a importantes
cuestionamientos sobre el censo de población, entre otros, sobre el diseño
conceptual, la actualización cartográfica y la capacitación a los censistas
(AEPA, 2010) que se extiende hasta el cambio de gobierno en diciembre de
2015.
Sin embargo, se sabe que Corrientes forma parte del corredor Mercosur
(limita con Paraguay, Uruguay y Brasil) y, por ende, en sus fronteras terrestres,
marítimas y aéreas ofrece condiciones de posibilidad para la presencia del
crimen organizado y la trata de niños. Diferentes informes aluden a dicho
problema, como los documentos de OIM (2006), del Departamento de Estado
de EAU (2009 y 2010), de la ONU (2010), el documento de la doctora Joy
Ezeilo, Relatora Especial de ONU sobre Tráfico y Trata de Personas ante
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(ACNUDH), 2011 y la UFASE del Ministerio Público Fiscal, 2010 y 2011 (Silva,
2012).
En lo que hace al trabajo infantil rural cabe indicar que los últimos datos
rigurosos son del Censo Nacional Agropecuario del 2002, porque los datos
posteriores han sido cuestionados técnicamente debido a que forman parte
de la intervención política del INDEC antes mencionada. Se observa que de
15.244 extensiones agropecuarias argentinas (EAP) relevadas en Corrientes
“declaran” que existen niños como trabajadores permanentes, distribuidos de
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la siguiente forma: 2.032 (dos mil treinta y dos) familiares del productor y 183
(ciento ochenta y tres) no familiares del productor. Este dato sería de mayor
magnitud, pues según expresiones del Responsable del censo muchísimas
veces se ocultan por la relación de autoridad y dependencia que poseen con
los patrones (Silva, 2014b).
Otro relevamiento de importancia en educación, salud y trabajo en la zona
rural de Corrientes fue realizado por la Red Integrar y la Asociación Equidad
para el Norte Grande, quien interviene sobre la pobreza extrema urbana y
rural. Se tuvo acceso a numerables informaciones y datos, pero en este caso
vale la pena destacar los resultados recabados sobre trabajo en menores de
16 años. Se hace relevamiento en 8 (ocho) municipios y comunas rurales:
Caa Catí, Concepción, Ibá Ibaté, Loreto, Mburucuyá, San Luis del Palmar,
San Miguel, Santa Rosa. De los ocho sitios relevados, en cinco existen más
mujeres que varones trabajando, pero se desconoce si la causa se vincula
con el tipo de actividad económica, la subdeclaración o el subregistro. En
suma, los datos recabados son fruto del diálogo social que se construyó en
cada ciudad. Asimismo, de un total de 4.298 personas relevadas, los menores
de 16 años son 305. Esto muestra la existencia de más de 10 % de trabajo
infantil e infanto-juvenil “declarado”. Esto es importante resaltar porque como
se ha indicado anteriormente en la zona rural está constatado que se declara
el trabajo del adulto masculino y se subestima el de la mujer/esposa y del
niño, a quienes se los considera “colaboradores”. De modo que se estima que
la realidad es mayor a lo censado (CEPAL, 2010).
Respecto al gobierno provincial, cabe señalar en 2004 es la primera vez que
adopta medidas sobre el trabajo infantil, momento en que la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) realiza eventos a nivel nacional y se ocupa
de la formación y creación de comisiones provinciales para erradicar el
trabajo infantil llamadas COPRETI. Las mismas realizan reuniones diversas
y acciones puntuales el primer año de creadas, pero luego lamentablemente
quedan inactivas. Desde 2004 hasta el 2012 el organismo gubernamental de
la provincia de Corrientes no realiza ningún relevamiento cualitativo o cuanti-
tativo destinado a proyectar políticas según prioridades, departamentos,
municipios, tipos de riesgos del trabajo, etc. El único que se conoce data
del año 2012, pero es de tipo cualitativo y parcial, pues la Subsecretaria de
Trabajo difunde resultados recabados en una consulta a 22 municipios de los
68 que integran la provincia, que participaron en el Proyecto Fortalecimiento
de Actores Locales y Provinciales para la Protección de Derecho organizado
por UNICEF y la ONG “Estudios y Proyectos”. En dicha ocasión se consulta a
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los participantes sobre el tipo de trabajo infantil en su zona y se realiza una
síntesis. En lo urbano señalan que existe trabajo infantil en: el comercio, la
recolección de plástico y cartones, así como el trabajo doméstico. En lo rural
indica que existe en los sectores: forestal, yerba mate, ganadería, ladrilleras,
caña de azúcar, citrus, mandioca, sandía y batata. Dicho informe es acotado
e insuficiente, pues alcanza poco territorio y enumera las actividades produc-
tivas de los mismos, dejando de lado el resto de la provincia, pero no indica
cuántos niños y niñas, de qué edad, con qué grado de escolaridad, en qué
tipo de tareas, cuántas horas de trabajo, cuántos días de la semana, cuál es
la carga laboral, si concurre a la escuela, etc.
La ausencia de interés estadístico y voluntad política por el problema del
trabajo infantil urbano y rural no ofrece posibilidades para cuantificar el mismo
y definir el perfil, la naturaleza, la temporalidad y rotación. No obstante, durante
estos años de relevamiento científico se acude a la triangulación de datos a
partir de la consulta a informantes calificados de salud, educación, migración
y trabajo.
En salud se consulta a la Sociedad Argentina de Pediatría –Sede Corrientes,
Hospital Pediátrico Juan Pablo II, la Cátedra de Pediatría de la Facultad de
Medicina de la Universidad del Nordeste (UNNE), la Dirección de Epidemiología
de la Secretaría de Salud del Gobierno de la provincia de Corrientes. En
educación se consulta a la Fundación Centro Integral de Apoyo Educativo, la
Dirección de Políticas Socio-educativas, la Dirección de Escuelas Rurales, el
Servicio Educativo de Prevención y Apoyo (SEPA).
A nivel laboral, en el sector rural se consulta a referentes calificados de: Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Secretaría de Agricultura del
Gobierno de la Provincia de Corrientes, el Registro Nacional de Trabajadores
y Productores Rurales (RENATRE), y el mapa educativo rural (dependiente
del gobierno nacional). Este relevamiento indirecto se debe a la resistencia
demostrada por los funcionarios de alto rango de la Subsecretaría de Trabajo
de la Provincia de Corrientes a lo largo de esta década.
A partir de todos los datos recabados en entrevistas y consultas a infor-
mantes calificados se observa la presencia de trabajo urbano como vendedor
callejero, pescador o ayudante de melonero (en la zona del puerto), aguaterito
de cementerio (mantiene el agua en los floreros de las tumbas), carrero
(escombros y deshechos de las obras de construcción o viviendas), ladri-
lleros, ayudante de espectáculos públicos (actuando como cantante, bailarín,
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o en la instalación de tarimas, luces, etc.), recolector de residuos, changa-
rines en supermercados, cuida coches, jardinero, malabaristas, canillita en los
barrios. A lo que se suma el criadazgo para el trabajo doméstico y el cuidado
de los niños.
En la ciudad de Corrientes existen los siguientes tipos de trabajo infantil:
changarines, cuida coches, ladrilleras, ayudante de mallonero, aguaterito de
cementerio, venta callejera de alimentos (en los barrios periféricos y terminal
de ómnibus), maletero, carrero, espectáculos públicos (como ayudante en
la instalación de los mismos o como bailarín, cantante), trabajo doméstico,
cartoneros.
En cuanto al trabajo rural se observa: ordeñe, cría de ganado, trabajo en
explotaciones forestales, cultivo y cosecha de hortalizas, cítricos, arroz, yerba
mate y tabaco. A lo que se suma el trabajo doméstico, que puertas adentro
muchas veces se convierte en maltrato y abuso sexual. Asimismo, dentro del
trabajo esclavo se observa que los niños y niñas se utilizan en el contra-
bando de cigarrillos y el tráfico de drogas a través del río, debido a que por
su situación son “demorados” pero no detenidos por la fuerza policial local o
de frontera internacional con Paraguay. A lo que se suma el trabajo esclavo
para explotación sexual. En algunos pasos fronterizos terrestres sobre el río
Uruguay se detienen numerosos camiones con mercadería, y tras la fachada
de compra de alimentos en realidad ocultan situaciones de explotación sexual
infantil. Estos datos surgen de la consulta a la Dirección de Trata de la Policía
del Gobierno de la Provincia de Corrientes (Silva, 2014b).
También cabe señalar que actualmente existen niños víctimas de la explo-
tación laboral rural provenientes de países vecinos como Bolivia, Paraguay
y Colombia. Según declaraciones recientes de referentes calificados de la
Dirección Nacional de Migraciones-Delegación Corrientes, los mismos están
en diversas actividades agrícolas. Actualmente existen políticas nacionales
de regularización de las residencias que permiten visibilizar este problema,
aunque no se registra de manera sistemática pues solo se regulariza la
situación de los adultos. De modo que nos encontramos realizando gestiones
para acceder a los expedientes y construir los datos desde los mismos. Cabe
resaltar que este hecho no sucedía hasta fines de 2015, cuando las políticas
nacionales migratorias de la última década eran totalmente permisivas y
carentes de control, lo cual invisibilizaba el ingreso de menores como mano
de obra en la agricultura y ganadería.
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En síntesis, de todo lo antes mencionado por un lado se verifica la existencia
del trabajo infantil urbano y rural no registrado oficialmente, lo cual se vincula
con una forma de percepción política del problema, basado en la visión
“regulacionista” del mismo. Cabe indicar que la misma se explica por el valor
de lo homogéneo, que en su sustento filosófico podría estar vinculado a las
aspiraciones emancipatorias relacionadas con la igualdad (allá en el origen
del derecho del trabajo), o la del individuo racional de las teorías universa-
listas del contrato. Esta visión que subyace al derecho laboral puede tener
su lado oscuro y producir la consecuencia perversa de que el valor de la
igualdad termine por construir la experiencia de un grupo como si fuese esta
el paradigma del ser humano y eso oscurezca las diferencias. Produciendo la
exclusión de toda aquella experiencia que no refleje al otro generalizado (que
es masculino, occidental, urbano, de cierta clase, educado, etc.), gesto con
el cual quedan excluidas las mujeres, los pobres, los indígenas, en síntesis:
las minorías subordinadas, con todo su mundo significativo (Boitano, 2015).
De modo que esta visión hegemónica impide comprender el proceso de
trabajo infantil a partir de la diversidad cultural, de sexo, género, edad, grado
de desarrollo bio-psico-social, el tipo de familia, grado de escolaridad, escola-
ridad del padre y de la madre. También ese enfoque impide comprender que
el “sujeto” de intervención es un niño o adolescente, y eso tiene implicancias
diferentes de un trabajador adulto. En esa línea anteriormente se verificó: “que
quienes estudian la salud de los trabajadores adultos no pueden abordar el
proceso de salud enfermedad del cuerpo del niño con esos mismos instru-
mentos… Aquellos que atienden al niño, su cuerpo en crecimiento, carecen
de capacidades técnicas a la hora de medir, pesar y analizar el desarrollo de
niñas y niños que trabajan como adultos” (Silva, 2011, p.5).
En síntesis, es necesario observar la diversidad social y cultural de Corrientes,
para saber lo que está dificultando el cumplimiento de la normativa laboral, y
al mismo tiempo para ofrecer un diagnóstico certero sobre el trabajo infantil
a las demás instituciones. Es en ese marco donde interesa disponer de un
diagnóstico del trabajo infantil para el sistema educativo, a fin de que pueda
diseñar planes y programas de inclusión educativa atendiendo a las diversi-
dades de esta población como se desarrolla en el siguiente tópico.
3.
DIVERSIDAD Y EDUCACIÓN INCLUSIVA PARA NIÑOS
TRABAJADORES
En América Latina existen numerosos planes que podrían contribuir con la
reducción del trabajo infantil en lo productivo, la salud, la cultura, la formación
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de los padres, la inclusión educativa, etc. (Silva, 2012) como los programas de
procreación responsable, y la educación para adultos (Paz & Piselli, 2010). A
los fines de analizar este tópico solo se tomará en cuenta la educación rural
por la densidad de población existente. Las dos zonas de mayor densidad de
población rural del país son, en primer lugar, el Noreste argentino (NEA) con
un 23,7 % de población rural (853.200 habitantes) y el Noroeste (NOA), con
un 21,5 % (774.000 habitantes). Asimismo en la zona rural el problema es
acuciante porque según un informe de la Red de Comunidades Rurales, en el
NEA y NOA la primera causa de inasistencia a la escuela es el factor climático
(58 %) y el segundo factor es la necesidad “de ir a trabajar en el campo”
(56 %) (Silva, 2015).
Esto también fue constatado en otra zona con diferente perfil productivo,
donde las escuelas distan hasta 60 km de las ciudades cabeceras, el ausen-
tismo se debe a las inclemencias y enfermedades y al trabajo en el campo
(Plencovich y Constantini, 2011).
Cabe indicar que en Argentina ocurre lo mismo que en Brasil, donde en
diversas regiones existe una cultura de valorización del trabajo que incluye
a los niños como fuerza de trabajo con el objetivo de retirarlas del ocio y de
la posible delincuencia (Martins, 2014). Esto adquiere diferentes modalidades
justificatorias en la ciudad y en el campo.
En ese sentido, se sabe que los niños del nordeste “colaboran” en activi-
dades productivas y reproductivas (socializan en el mundo de los adultos).
Alimentación, pastoreo, ordeñe, capado, curación, marcación y señalado,
fabricación y arreglo de corrales, mangas y bretes. No es tema “percibido”,
por lo tanto no se asumen responsabilidades desde el ámbito técnico en el
gobierno local (Kessler, 2010, citado por Silva, 2015). Además existe otro grupo
de niños y adolescentes, hijos de migrantes de Paraguay, Bolivia y Colombia,
que trabajan junto a su familia u otro empleador, pero se encuentran invisibi-
lizados por el sistema educativo a la hora de pensar la diversidad étnico-cul-
tural y lingüística de los mismos.
No obstante, su invisibilidad se debe al estigma de lo rural, pues subyace en
este conjunto de creencias, valoraciones, sentimientos e ideas, un gradiente
de valoración en el que se concibe en un extremo un minus de desarrollo (lo
rural), y en el otro, un máximo de plenitud (lo urbano) como forma de reali-
zación de la vida de las personas y de los territorios (Plencovich y Constantini,
2011). Este estigma en educación se puede ver en la carencia de bibliotecas,
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Internet y computadoras, enseñanzas artísticas, de idioma y deportivas en el
ámbito de la escuela rural.
En primer término se observan inconsistencias en el relevamiento anual del
DINIECE, pues con 335 cargos docentes de nivel inicial es imposible declarar
solo 22 horas cátedras en Corrientes. Otra duda similar se origina al comparar
unidades educativas por nivel y alumnos, aunque se sabe que varios grados
comparten el aula y el docente.
Tabla 1. Alumnos del nivel inicial de gestión estatal y gestión privada. Corrientes 2013
Tipo de gestión Alumnos Unidades educativas
Estatal
6.488
547
Privada
28
1
Fuente: Elaboración propia con base en DINIECE (2013)
En dicha tabla se verifica que en cuanto a los alumnos del sector de gestión
privado por modalidad y nivel de enseñanza según división político-territorial,
la insuficiencia de datos aumenta. Jujuy, Río Negro y Santa Cruz, carecen
de datos, otras jurisdicciones poseen algunos, y de Corrientes se indica que
existen 1.265 alumnos, siendo 28 del nivel inicial y 1.237 del nivel secundario
(DINIECE, 2013).
En segundo lugar se le agrega el problema de la inclusión digital, pues si bien
hubo una mejora en el acceso a la enseñanza de computación en la escuela
primaria, las inequidades se perpetúan entre regiones con el paso de los
años.
Un estudio indica la brecha de conectividad entre escuelas rurales
y escuelas urbanas en varios sitios. En provincias como Corrientes,
que cuenta con el 54 % de escuelas rurales, menos de un 1 % de estas
se reporta como equipadas y conectadas; en contraste, un 6,5 %
de las escuelas urbanas cuenta con computadoras y acceso a Internet
(Madagán, 2008). De la entrevista realizada a la responsable de educación
rural de la provincia se verifica que dicha situación continúa por varios años:
“el gobierno nacional trajo un curso de formación en las nuevas
tecnologías pero luego no llegaron las computadoras a las
escuelas rurales”. (Informante 1) (E1)
Asimismo del propio Censo Nacional de Población 2010, que se realiza cada
diez años, se desprende que de un total de correntinos censados, de 931.438,
solo la mitad (406.977 personas) conforma la población de 3 años y más
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en hogares particulares con utilización de computadores. Por el contrario, de
los 2.727.786 censados en la CABA casi todos poseen computadoras, alcan-
zando la cifra a unas 2.016.683 personas. Asimismo, de 291.482 correntinos
de 3 años a 14 años en hogares particulares, existen solo 14.802 que las
utilizan (INDEC, 2010).
En tercer lugar se observa una visión urbana del problema rural. De la entre-
vista a la responsable de educación rural del gobierno federal en 2014 durante
estos últimos años se desprende una visión eurocéntrica y universalista,
indicando que los alumnos, el contenido, la infraestructura de las escuelas y
los profesores de las escuelas rurales son todos iguales (a los de la ciudad
y entre sí). La misma, que desconoce las características de las escuelas de
Corrientes luego de ser consultada, indica que su tarea es producir biblio-
grafía adecuada:
“Nosotros hemos publicado todos esos libros y los distribuimos en
todo el país, en las escuelas para que llegue el mismo contenido a
todos los alumnos, desde el norte al sur”. (E2)
Esta visión universalista es similar a la existente en el sistema
educativo de Salvador de Bahía (nordeste de Brasil) donde casi el 90 %
de la población es afrodescendiente y no es reconocida su cultura. Los
aspectos étnicos y culturales participantes de la vida de esos niños son
negados, silenciados, olvidados y segregados en la escuela (Costa Vitorino
et al., 2015).
En ese sentido se observa que comparte su pensamiento sobre las cuestiones
étnicas y raciales desde una perspectiva eurocéntrica resultado del evolucio-
nismo social donde la historia es concebida a partir de una linearidad que aún
persiste (Athias, 2005).
Esa misma visión universalista se observa en las actividades de refuerzo, que
pretende fortalecer la enseñanza a final de año mediante “escuelas de verano”
para quienes no han logrado aprobar durante el cursado regular. El gobierno
nacional destina fondos y personal, mediante planes y programas para la
enseñanza media (alumnos jóvenes), mientras el problema de abandono y
repitencia en Corrientes se produce a edad temprana, en niños de 9 y 10
años de edad. El problema en la provincia se da en la primera infancia, y las
políticas que diseña la nación para todo el país están destinadas a la niñez
intermedia (jóvenes y adolescentes).
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Mientras la repitencia en la escuela primaria es del 13,4 % en la primaria,
es del 9,8 % en la secundaria. Asimismo, cuando la sobreedad alcanza al
46,2 % en la escuela primaria, esa cifra llega al 41,4 % de los alumnos de
la secundaria. Sin embargo, y a pesar de las estadísticas, la provincia de
Corrientes debe implementar “escuelas de verano” para alumnos de la secun-
daria, porque los lineamientos nacionales están destinados a los jóvenes, y
no a los niños (Silva, 2011).
El predominio de estas políticas se sustenta en la colonialidad del poder,
del saber, del ser y de la cosmogonía (Walsch, 2012) que impone planes
y programas a espaldas de la realidad concreta. Este hecho adquiere más
relevancia en la zona rural donde, debido a que son pocos alumnos y
escuelas, muchas veces es imposible efectivizar esa política de “escuelas
de verano” porque implicaría aglutinar a 3 o 4 escuelas en un solo lugar. Esto
tiene un costo en transporte y recursos humanos que no está previsto porque
se piensa en la zona rural de Buenos Aires (a gran escala) desconociendo
el tamaño menor de los predios rurales en una provincia como Corrientes1.
Esto hace que algunas veces la escuela de verano para jóvenes no se pueda
plasmar en algunos departamentos de la provincia.
Esta realidad, este accionar muestra un gran déficit en el papel de la
pedagogía, porque al decir de un especialista brasilero:
[…] la pedagogía como campo del conocimiento que investiga
la naturaleza y las finalidades de la educación en una deter-
minada sociedad, bien como los medios apropiados de formación
humana de los individuos. Más específicamente, concebimos la
pedagogía como ciencia de la práctica que explica objetivo y
formas de intervención metodológica y organizativa en los ámbitos
de actividades educativas implicados en la transición/asimilación
activa de saberes y modos de acción. (Libâneo, 2001)
Desde esta visión, entonces es importante partir de los saberes de la
comunidad, de la oralidad, y por ende comprender la diversidad existente y la
cultura de quienes han sufrido sometimiento y subalternización.
Esto significa sostener la inclusión y la “interculturalidad crítica” partiendo
del asunto del poder, su patrón de racionalización y la diferencia que ha
sido construida en función de ello. Esta visión es un llamamiento desde y
1
Cabe señalar que esa política se mantuvo hasta fines de 2015, y actualmente está siendo revisada a causa de la nueva
gestión presidencial.
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de la gente que ha sufrido un histórico sometimiento, de sus aliados y los
que luchan por la refundación social… Esta visión se diferencia de otras dos
hegemónicas. Por un lado existe la visión de la interculturalidad funcional,
que generalmente asumen los gobiernos, la cual reconoce la diferencia,
asume la diversidad cultural como eje central, instalando su reconocimiento e
“inclusión” manejable dentro de la sociedad y el Estado. Se argumenta por la
necesidad de inclusión de individuos de los grupos históricamente excluidos
–como mecanismos para adelantar la cohesión social–. Por otro lado existe
la visión relacional, que hace referencia al contacto entre personas, prácticas,
saberes, valores y tradiciones culturales que podrían darse en condiciones de
igualdad y de desigualdad (Walsch, 2012).
De modo que el abordaje de políticas en y para la diversidad en educación
destinadas al caso de trabajo infantil requeriría inversiones destinadas a
modificar la gestión, la formación docente, el contenido y la metodología de
la enseñanza en el salón de clase, basándose además en las inteligencias
múltiples antes mencionadas, sustentadas en la “interculturalidad crítica”. Pero
estas reformas necesitan de la disponibilidad de recursos financieros.
Existen tres formas de transferencias de recursos: la coparticipación de
impuestos, el presupuesto nacional y los programas. Sin embargo en estos
años, según un estudio del CIPECC, la suerte entre las provincias es muy
dispar: la riqueza de sus habitantes, la dotación de recursos naturales
(especialmente, aquellos no renovables), el nivel de desarrollo económico y
la capacidad de gestión de las administraciones provinciales son las variables
determinantes de la recaudación provincial. Las provincias patagónicas son
las que batieron los mayores récords mientras que las provincias del norte
mostraron la menor capacidad fiscal, con una diferencia de casi 20 veces
entre el máximo obtenido por Santa Cruz y el mínimo recaudado en Jujuy.
Pero incluso en provincias con similar grado de pobreza, la injusticia es
evidente. Por ejemplo, a Misiones se le transfiere menos que a su cercana
Formosa, a pesar de tener el doble de habitantes. En estudios del CIPPEC
se verifica claramente que dentro del NEA hay diferencias, pues mientras
Corrientes y Misiones reciben escasos recursos de coparticipación, Chaco
y Formosa poseen amplias ventajas. También se ve que hay provincias que
poseen otros recursos propios provenientes del petróleo o el turismo interna-
cional (Neuquén, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Mendoza, etc.), pero
Corrientes carece de esa posibilidad (Díaz Frers, 2010).
Algo similar ha manifestado recientemente la Auditoría General de la Nación
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Argentina (AGN) respecto a que se ha terminado por desnaturalizar el
régimen de reparto de recursos. De allí la doble importancia del seguimiento
que se ha realizado desde la AGN de las transferencias y en particular de
los programas que estas financian o de los desvíos de recursos habidos.
Indica que de manera genérica, la distribución global de los recursos no
guarda relación con indicadores objetivos, del tipo PBI provincial total, PBI
per cápita provincial, número de habitantes, niveles de desempleo, tasa de
coparticipación, etc., y en consecuencia se advierte que prima la discreciona-
lidad, porque aun aceptando que sea el Ejecutivo el que fije los montos y los
criterios, tal distribución no debe ser caprichosa sino basada en fundamentos
(AGN, 2012). De modo que mientras continúe esta forma de distribución de
los recursos a los fines de implementar políticas locales, la posibilidad de
contar con recursos de y para la diversidad seguirá acotada y limitada a lo que
se define en Buenos Aires.
La nueva gestión que asumió la presidencia el 10 de diciembre de 2015 ha
prometido modificar la relación nación-provincia para comenzar a revertir esa
enorme brecha y desigualdades regionales, para lo cual ha lanzado el Plan
Belgrano a comienzos del 2017, el cual se encuentra dando sus primeros
pasos por lo que es imposible incorporar en este artículo algún diagnóstico
certero de sus resultados en este momento.
4.
ALGUNAS REFLEXIONES FINALES
Respecto al objetivo destinado a conocer las políticas para la diversidad en
educación para el caso del trabajo infantil rural es necesario destacar que son
insuficientes (y a veces inexistentes) los datos respecto al sistema educativo
en su conjunto –particularmente en lo que respecta a la infraestructura, los
docentes y el resultado de las políticas educativas–. De esta manera, este
objetivo fue alcanzado solo en parte.
Respecto a la naturaleza y el perfil que asume el trabajo infantil en Corrientes,
lamentablemente las estadísticas oficiales son parciales y acotadas. Los
escasos datos relevados no son persistentes en el tiempo y tampoco ofrecen
información sobre la diversidad del trabajo infantil. Faltan informes sobre
todo el territorio de la provincia sobre cuántos niños y niñas trabajan, de qué
edad, con qué grado de escolaridad, en qué tipo de tareas, cuántas horas de
trabajo, cuántos días de la semana, etc. De modo que se carece de elementos
necesarios a fin de articular acciones con el resto de los organismos guber-
namentales y con educación, tendientes a definir políticas de educación en y
para la diversidad.
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Este estudio ha realizado aportes a partir de dos ejes: por un lado, la
construcción del conocimiento respecto a las deficiencias de las políticas de
trabajo, educación y migración en la zona rural y; por otro lado, también hubo
aportes en lo que respecta a la falta de estadísticas y luego de políticas de
inclusión educativa para niñas y niños que trabajan en la zona rural. Una vez
más se comprueba que la falta de continuidad y calidad de la información se
comprende en el marco de un paradigma “regulacionista” del trabajo infantil,
basado en nociones perimidas del trabajo y empleo.
Cabe indicar que también están invisibilizados los niños y adolescentes, hijos
de migrantes de Paraguay, Bolivia y Colombia, que trabajan junto a su familia
u otro empleador.
Respecto a la voluntad política y capacidad técnica local, pareciera que hasta
el momento los organismos gubernamentales de la provincia carecen de
interés por el problema del trabajo infantil rural, y los de educación están lejos
de abordar el problema desde la mirada de “la interculturalidad crítica”. Quizá
esto se explique por el estigma de lo rural predominante.
Respecto a la capacidad financiera surgen algunos interrogantes debido a
los problemas de la coparticipación automática de impuestos, el presupuesto
nacional y los diferentes programas nacionales que se implementan en
trabajo y educación en cada provincia. Se sabe que es una provincia con
escasa capacidad de recaudación fiscal para cubrir sus gastos (a causa del
escaso grado de desarrollo del PBI) presenta más limitaciones a la hora de
tomar decisiones. Sin embargo en la actual coyuntura política de cambio
del gobierno nacional existe esperanza y expectativas debido a las nuevas
decisiones políticas tendientes a revertir las desigualdades persistentes en la
última década.
En suma, la realidad antes descripta en torno al desarrollo sustentable con
políticas en y para la diversidad en las escuelas, tendiente a la erradicación
progresiva del trabajo infantil en Corrientes ofrece desafíos científicos,
socio-políticos y éticos.
El primer desafío es de construcción del conocimiento, que como indica
Walsch (2012) requiere la descolonización de la lógica y racionalidad
dominantes, abriéndolas a otros modos de conocer, concebir y vivir, modos
que encuentran sus fundamentos en el pensamiento, los principios y las
prácticas de los pueblos ancestrales.
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El segundo desafío requiere diseñar proyectos de investigación y ciencia
tendientes a conocer la naturaleza y magnitud que adquiere el trabajo infantil
rural según municipios o zonas de la provincia, escolaridad, género, edad, tipo
de familia, calendario escolar, movilidad territorial, estación, época productiva
(siembra, cosecha, acopio, transporte, etc.), riesgos del trabajo, acceso a
planes y programas sociales, etc. En ese sentido los datos e informes produ-
cidos pueden abonar al diseño de las políticas de y para la diversidad en la
escuela, y para el desarrollo sustentable.
El tercer desafío se relaciona con la necesidad de construir consensos entre
nación y provincia más allá de la coyuntura, a fin de plasmar políticas de
coparticipación federal y presupuesto nacional que fortalezcan el desarrollo
sustentable y las políticas de y para la diversidad educativa en la gestión,
la formación docente, la metodología de la enseñanza y los contenidos,
tendientes a la erradicación progresiva del trabajo infantil en general, y a la
inclusión educativa en particular, basada en una visión de la “interculturalidad
crítica”.
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