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DOI: http://dx.doi.org/10.17081/eduhum.20.34.2857
La mercantilización de la educación
superior en Colombia
The Mercantilization of Higher Education
in Colombia
Open Access:
Editor:
Patricia Martínez Barrios
Universidad Simón Bolívar
Correspondencia:
Claudia María García Mazo
cgarcia@elpoli.edu.co
Recibido:
02-03-17
Aceptado:
25-08-17
Publicado:
01-01-18
DOI:
http://dx.doi.
org/10.17081/
eduhum.20.34.2857
Resumen
Objetivo: El fin de este trabajo es mostrar los efectos pro y en contra de la educación superior
colombiana al ser tratada como una mercancía.
Método: Se presenta una revisión de aportes al tema de autores como Rodríguez (2005), Aboites
(2007), Ruiz (2009), entre otros. “La Educación Superior en las Negociaciones Internacionales”,
“Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS) y la Educación Superior”, “Aspectos
básicos de la Educación Superior en Colombia”, “TLC Colombia-Estados Unidos y la Educación
Superior”, “La experiencia educativa a nivel internacional”.
Resultados: Al analizar el sector de la educación en países como Gran Bretaña, Estados Unidos,
Australia, Alemania, se observa que es dinámico e importante por ser una actividad que reporta
ganancias económicas. En países emergentes como Colombia, dominado por una política
proteccionista, han abierto sus economías para integrarse a la economía mundial. Para cumplir
en el sector de la educación con este proceso de globalización se promulgó la Ley 30 de 1992.
Conclusiones: La educación superior al ser considerada como un servicio, reporta altas
ganancias económicas y proliferación de instituciones de dudosa calidad, por lo que el Gobierno
debe estar atento y ser más riguroso en su regulación.
Palabras clave: Educación superior, Tratados de Libre Comercio, Acuerdo General sobre el
Comercio de Servicios (GATS).
Abstract
Objective: The purpose of this work is to show the effects pro and against Colombian higher
education to be treated as a commodity.
Method: A review of contributions to authors such as Rodríguez (2005), Aboites (2007), Ruiz
(2009), and others is presented. “Higher Education in International Negotiations”, “General
Agreement on Trade in Services (GATS) and Higher Education”, “Basic aspects of Higher
Education in Colombia”, “Colombia-United States FTA and Higher Education”, “The educational
experience at the international level”.
Results: When analyzing the education sector in countries like Great Britain, United States,
Australia, Germany, it is observed that it is dynamic and important because it is an activity that
reports economic gains. In emerging countries like Colombia, dominated by a protectionist policy,
they have opened their economies to integrate into the world economy. To comply in the education
sector with this process of globalization, Law 30 of 1992 was promulgated.
Conclusions: Higher education to be considered as a service, reports high economic gains and
proliferation of institutions of dubious quality, so the Government should be attentive and more
rigorous in its regulation.
Key words: Higher Education, Free Trade Agreements, General Agreement on Trade in Services
(GATS).
Cómo citar este artículo (APA):
García, C. (2018). La mercantilización de la educación superior en Colombia. Revista Educación y Humanismo, 20(34),
Copyright © 2018 García Mazo
35-54. DOI: http://dx.doi.org/10.17081/eduhum.20.34.2857
http://orcid.org/0000-0002-1011-9596 - Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Medellín, Colombia
Claudia María García Mazo
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DOI: http://dx.doi.org/10.17081/eduhum.20.34.2857
Claudia María García Mazo
“Las escuelas servirían mejor a los consumidores que puedan
pagar, como cualquier otro negocio”. Gerhard Cromme (2000),
miembro Mesa Redonda Europea de Industrialistas
INTRODUCCIÓN
Este mundo globalizado donde priman las relaciones internacionales entre
países, la producción de conocimiento es un tema de interés por la posibilidad
de intercambios académicos y culturales que favorecen tanto a los estudiantes
como a los docentes. Entre 1998 y 2009 la movilidad internacional de los
universitarios incrementó, de acuerdo con Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE), un 111 % (Sánchez, 2011) por el fortale-
cimiento del capital humano y estimulación a la investigación.
Sin embargo, la educación se ha visto como un bien que se comercia según
las normas del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS).
Esta situación ha dado como resultado una industria con grandes ganancias
que incluye la prestación de servicios virtuales, el establecimiento de filiales
y la captación de estudiantes tanto nacionales como internacionales (los
países que más exportan educación son Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra,
Canadá y Estados Unidos (Rodríguez, 2005)). El sector educativo, según
Rodríguez (2005) “mueve 41 billones de dólares anuales, emplea 50 millones
de personas y tiene 97 millones de estudiantes aproximadamente” (p.321).
En los años siguientes la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha
estimado ganancias de 50.000 millones de dólares anuales (Díaz, 2011).
Colombia no es ajena a esta realidad, se han planteado leyes como la Ley
100 de 1992, que ha adecuado a este sector las exigencias del modelo neoli-
beral, empezando por darle menos prioridad a las universidades públicas en
asuntos financieros.
En las décadas de los años 90 y 2000 la educación colombiana no era vista
como una mercancía, ya que las políticas de liberación en los mercados se
centraban más en las exportaciones e importaciones de bienes y servicios.
Pero la visión ha cambiado debido a las decisiones de los gobiernos de Álvaro
Uribe y Juan Manuel Santos, orientados a una política de mayor internacio-
nalización con la firma de varios tratados comerciales; el más importante
de ellos, el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos. Con estos
acuerdos se negocian todos los servicios, entre ellos la educación. Por tanto,
el objetivo de esta investigación es evidenciar los efectos positivos y negativos
en la educación superior colombiana, al ser tratada como una mercancía ante
los diferentes acuerdos comerciales.
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Este estudio se divide en cinco apartados fundamentales. En el primero se
muestra la educación superior en el entorno de las negociaciones interna-
cionales. En el segundo apartado se habla sobre el Acuerdo General sobre
el Comercio de Servicios (GATS) en la educación superior. En el tercero se
mencionan aspectos básicos de la educación superior en Colombia; en el
cuarto se referirá a breves aspectos del TLC Colombia-Estados Unidos frente
a la educación superior. En el quinto apartado se refiere a las experiencias
internacionales, y finalmente se presentarán algunas conclusiones.
1.
LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LAS NEGOCIACIONES
INTERNACIONALES
Como se conoce a finales de los años 80 tanto en Norteamérica como en
Suramérica, se empezaron a gestar diversos acuerdos de libre comercio
(los tratados comerciales entre Estados Unidos y México, Estados Unidos
y Canadá, Estados Unidos y Chile, Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA), América del Norte entre Canadá, entre otros (Aboites, 2007) que
traerían según Aboites (2007) un “cambio radical en la concepción general y
profunda de educación y de la educación superior en particular” (p.26). Esta
nueva generación de acuerdos era muy diferentes a los que se presentaron
en el siglo XIX, pues en ese momento solo se regulaba el intercambio de
mercancía entre los países.
Esta integración de las regiones a través del comercio y el avance tecno-
lógico han conllevado, a que se presenten importantes transformaciones en
lo económico, lo cultural, lo social y especialmente en la educación. En los
noventa en América Latina, los gobernantes se preocuparon por aumentar la
cobertura educativa, pero a su vez, como lo menciona Ruiz (2009) se producía
“un proceso combinado de segmentación y privatización socioeducativa, es
decir, una diferenciación de las escuelas públicas en circuitos para pobres y
para sectores medios y un pasaje muy fuerte de matrícula del sector público
al privado” (p.323).
Esta situación se explica en parte por acciones en el ámbito económico utili-
zadas en el Consenso de Washington, donde sus puntos principales fueron
una menor participación del Estado, buenas finanzas fiscales y libertad en el
mercado. Fue así como se puede evidenciar, que en Colombia a partir de la
Ley 30 de 1992, las universidades públicas solo reciben como incremento en
sus recursos económicos el porcentaje de inflación del año inmediatamente
anterior; lo que ha conllevado a un detrimento económico de estas institu-
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ciones. Bajo esta perspectiva, la educación fue concibiéndose no como un
bien y un derecho fundamental, sino simplemente un servicio.
Ahora bien, las políticas de liberar la economía a nivel internacional imple-
mentadas en la mayoría de los países de América Latina, trajeron consigo
grandes desequilibrios macroeconómicos y una modernización relativa del
sistema productivo en varios sectores como el turismo, la industria de la
maquila, entre otros, pero también se profundizó la concentración del poder
económico, generando como dice Ruiz (2009) “una mayor desigualdad en la
distribución del ingreso y exclusión social, limitando las opciones de políticas
económicas de los Estados y, en muchos casos, lo que es más grave, dieron
lugar a una desvaloración de la democracia en la región” (p.324).
Sin embargo, tales acciones están siendo discutidas, por ejemplo, en
Coraggio (1995) y Ruiz (2009) mencionan que las políticas aperturistas del
Banco Mundial no dieron los resultados esperados, por el contrario, hubo un
impacto negativo en el aparato productivo, y lo más relevante, de acuerdo con
Cuevas (2010), es que el comercio “no es suficiente motor del crecimiento.
En cambio, sí lo es la educación y la tecnología, pues ambos son elementos
que contribuyen a disminuir la inequidad que aflige a la región. Por ello, ese
organismo recomienda invertir más en infraestructura, educación y protección
laboral y social”.
Se estima que el libre comercio es uno de los aspectos que más evidencia la
dinámica de la globalización, dado a través de la promulgación y suscripción de
acuerdos entre países. “Sus fundamentos se encuentran en el principio de la
ventaja comparativa, según el cual, en unas condiciones técnicas determinadas,
el producto se maximizará si cada país o región se especializa en producir
aquellos bienes o servicios que posea una ventaja comparativa máxima; es
decir, que su costo de producción sea mínimo” (Gutiérrez, 2007, p.616).
En tal sentido la academia y otros actores sociales han identificado que los
países industrializados, especialmente Estados Unidos, están induciendo a
que la educación sea tratada como mercancía en las negociaciones comer-
ciales de la OMC a través del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
(GATS), así como en los TLC, porque ven a la educación como un bien de
consumo (mercancía) de alta rentabilidad, por la incorporación de estudiantes
en el entorno internacional, establecimiento de universidades en el extranjero,
autorización de franquicias, la enseñanza virtual, entre otras.
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2.
ACUERDO GENERAL SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS (GATS)
Y LA EDUCACIÓN SUPERIOR
El GATS consiste en un acuerdo legal multilateral que hace referencia a la
compra y venta de bienes y servicios entre países, fue planteado para incre-
mentar la apertura del comercio a nivel mundial que proviene de la Ronda
Uruguay de la OMC en 1995. En este acuerdo se negocian los servicios
reunidos en doce sectores los cuales comprenden: la administración, la infor-
mática, las comunicaciones, la construcción, la distribución, la educación, el
ambiente, los financieros, la salud, el turismo, la cultura, el transporte y otros
no incorporados en este sector. El GATS a través de rondas de negociación,
busca liberalización de los sectores de manera progresiva, y cada región
establece sus niveles de liberación y a su vez fija sus compromisos en estos
procesos. Sin embargo, como lo menciona Rodríguez (2002), la negociación
es compleja porque hay no solo intereses y posturas de cada país, sino,
las definiciones asumidas en los acuerdos multilaterales (Unión Europea,
Mercosur, TLC de México, Canadá y Estados Unidos).
El GATS ha definido cuatro maneras de comercializar un servicio. Estos
modos de comercializar se aplican a todos los sectores de negociación, inclu-
yendo la educación superior:
Modo 1: En este modo tanto el consumidor como el proveedor que va a
prestar el servicio, se mantienen en sus países respectivos, es decir, es un
suministro transfronterizo. Un ejemplo de esta manera es la educación a nivel
virtual y a distancia.
Modo 2: En este caso el consumidor viaja donde está el servicio (consumo
en el extranjero). Por ejemplo, personas (estudiantes) que viajan a otro país
a estudiar.
Modo 3: Este modo se da cuando el oferente del servicio se instala en el lugar
donde se encuentra el consumidor (presencia comercial). Ejemplo, una sede
local o una franquicia.
Modo 4: Es el traslado temporal de los proveedores en el lugar donde se
encuentra el consumidor. Ejemplo, son los profesores extranjeros que trabajan
en instituciones nacionales pero de manera transitoria.
Algunas organizaciones, como las multinacionales, ven el GATS como un
potencial que les permite el incremento de proveedores (educación superior)
en países donde ofrecen este servicio de una manera débil o inadecuada.
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Pero otros (la academia) lo ven como un peligro, dado que consideran que la
liberalización puede poner en riesgo la calidad de la educación, pertinencia,
pérdida incluso de soberanía y además permitir que estos proveedores
monopolicen a los estudiantes y los programas más demandados por ellos.
Por ejemplo a comienzos del 2002, de 32 países (12 son de la Unión Europea,
14 pertenecen a la OCDE y solo 2 a la región latinoamericana) ya habían
realizado algún compromiso en el sector educativo. De estos países: “i) 10
limita el compromiso al sector privado de la educación superior; ii) 15 países
han realizado compromisos para los modos 1, 2 y 3; y iii) así mismo 22 de los
32 países, entre los cuales están incluidos México y Panamá, han realizado
acuerdos completos para los modos de suministro 1, 2 y 3” (Rodríguez, 2005,
p.324).
La internacionalización de la educación superior ha conllevado oportuni-
dades para los países emergentes como Colombia, como incrementar la
oferta académica, mayor facilidad por medio de la virtualidad para acceder
a programas ofrecidos por universidades a nivel mundial, la movilidad tanto
de profesores como estudiantes y aumentar la cooperación entre las institu-
ciones educativas. Sin embargo, se presentan consecuencias negativas como
la fuga de cerebros, programas con dudosa calidad, mayor probabilidad de
que las universidades públicas lleguen a privatizarse por la reducción en sus
recursos, entre otros.
3.
ASPECTOS BÁSICOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA
La educación en Colombia es “un derecho de la persona y un servicio público
que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a
la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” como
lo establece la Constitución de 1991 en su artículo 67 página 11. Además,
está regida por la Ley 115 de 1995 (Ley General de Educación) que “define
y desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus
diferentes niveles (Ministerio de Educación, 2001).
La educación es uno de los grandes pilares para el desarrollo económico
de un país, dado que si hay una buena educación se da la posibilidad de
obtener mayores oportunidades de avanzar y de competir con aquel que no
la tiene, puesto que posee las herramientas necesarias “para desarrollar el
pensamiento crítico y para tener una participación más activa, consciente y
responsable en la sociedad, de ahí que los países avanzados hagan fuertes
inversiones para aumentar el volumen y la calidad de la educación” (Herrera,
1998). Por lo tanto las instituciones educativas, principalmente las universi-
dades, juegan un papel primordial en el progreso del capital humano, propor-
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cionando al estudiante, las herramientas necesarias para que sean personas
con un pensamiento libre, crítico y con capacidad de dar solución a los
múltiples problemas de la sociedad actual.
Con respecto a la reglamentación de la educación superior, se da a través
de la Ley 30 de 1992 (Servicio Público de Educación Superior) “que define
el carácter y autonomía de las Instituciones de Educación Superior –IES–,
el objeto de los programas académicos y los procedimientos de fomento,
inspección y vigilancia de la enseñanza” (Ministerio de Educación, 2001).
Igualmente, existen otras leyes que están en función de una buena educación:
•
La Ley 29 de 1990: Plantea incentivo de la investigación y desarrollo
hacia lo tecnológico.
•
Decreto 066 de 2004: Está relacionado con aumentar la oferta de
programas académicos, facilitando convenios interinstitucionales.
•
Ley 60 de 1993: La educación estatal estará dirigida y administrada por
la Nación y las entidades territoriales.
•
Ley 1188 de 2008: Está orientada hacia el fortalecimiento de la calidad
de los programas académicos (Registro Calificado, es la condición
fundamental para que las universidades puedan ofertar sus programas
académicos. Esta exigencia por parte del Ministerio de Educación ha
servido para reducir deficiencias en calidad).
•
Decreto 4322 de 2005: Acreditación institucional a las instituciones
educativas.
•
Decreto 1295 de 2010: Presenta las condiciones necesarias para
presentar un nuevo programa académico o renovarlo para su funcio-
namiento. Como se puede apreciar en la Tabla 1, para el año 2012 en
Colombia existen 9.847 registros calificados, sobresaliendo el nivel de
formación universitaria (3.095) y con una menor cantidad el doctorado
con solo 125.
Tabla 1. Programas con Registro Calificado por nivel de formación
Nivel de Formación
Número de Programas
Técnica profesional
775
Tecnológica
1.601
Universitaria
3.400
Especialización
3.095
Maestría
851
Doctorado
125
Total
9.847
Fuente: MEN-SACES, 2012
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Por otro lado, la financiación de la educación en Colombia se da a través de
los ingresos propios de cada institución (derechos de matrícula, prestación de
servicios, etc.), presupuesto nacional, entidades territoriales y los de coope-
ración técnica (Ministerio de Educación, 2001). En cuanto a la educación
superior (pública) para hablar de financiación, es necesario remitirse a la Ley
30 de 1992, en su artículo 86 estableció que:
Los presupuestos de las universidades nacionales, departa-
mentales y municipales estarán constituidos por aportes del
Presupuesto Nacional para funcionamiento e inversión, por
los aportes de los entes territoriales y por los recursos y rentas
propias de cada institución. Las universidades estatales u oficiales
recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacionales y de
las entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento
en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de
rentas y gastos, vigentes a partir de 1993.
Dado a lo anterior, las universidades públicas reciben de la Nación lo corres-
pondiente al asignado en el año 1993 y se va incremento de acuerdo a la
inflación del año inmediatamente anterior. Es importante señalar que sus
ingresos monetarios no han sido de gran relevancia a pesar que la cobertura
se ha incrementado (ver Tabla 2).
Tabla 2. Matrícula por sector de las SNIES pública y privada
Sector
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Pública
474.145
545.185
588.051
659.228
737.780
822.770
878.558
927.295
983.369
Privada
575.887
568.541
608.639
622.453
625.405
664.416
691.889
747.125
835.935
Total
1.050.032
1.113.726
1.196.690
1.281.681
1.363.185
1.487.186
1.570.447
1.674.420
1.819.304
Participación
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Matrícula Pública
45,2 %
49,0 %
49,1 %
51,4 %
54,1 %
55,3 %
55,9 %
55,4 %
54,1 %
Matrícula Privada
54,8 %
51,0 %
50,9 %
48,6 %
45,9 %
44,7 %
44,1 %
44,6 %
45,9 %
Fuente: MEN-SNIES, 2012
El Gobierno está consciente de esta problemática, por esto incentiva el
fortalecimiento de créditos a través del ICETEX (Instituto Colombiano de
Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior) y subsidios del Fondo
Empresas Públicas de Medellín (EPM), Presupuesto Participativo, Jóvenes
con Futuro, becas que otorga la Gobernación de Antioquia con asocio de EPM
y el municipio de Medellín, entre otras, para promover la matrícula y sosteni-
miento (permanencia) de los estudiantes. Además entidades como el Instituto
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Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología “Francisco José
de Caldas” (COLCIENCIAS), Fondo de Desarrollo de la Educación Superior
(FODESEP), ponen en “práctica fondos concursables de los que participan
estudiantes universitarios para obtener becas para realizar estudios de
posgrado en el país o en el exterior y para llevar a cabo proyectos de investi-
gación” (Brunner & Ferrada, 2011, p.310).
Como se ha mencionado anteriormente, al comienzo de la década de los
90 en América Latina “comenzaron a producirse distintos acuerdos de libre
comercio que traerían un cambio radical en la concepción general y profunda
de la educación, especialmente en la educación superior. Dicho cambio habría
de influir profundamente en las políticas públicas referentes a la educación
superior de los países latinoamericanos” (Aboites, 2007, p.26).
Por otra parte, Colombia en el año 1991 afrontó el neoliberalismo llevada
a cabo por el gobierno de Gaviria dentro del programa Plan de Apertura
Educativo, con la finalidad de ajustar el sector de la educación a este modelo
de internacionalización. Por lo que se buscó que el país pudiera responder
a los requerimientos exigidos por la competencia internacional, por lo que
resultó necesario ajustar los programas hacia un mejoramiento en la calidad.
Con la Ley 30 de 1992 se inició este cambio, con la Apertura Económica, la
cual con la aplicación coherente con las propuestas del Banco Mundial y le
permitió a la universidad pública autonomía académica y financiera (Niño,
2011).
Con esta propuesta en la política económica del presidente Gaviria, se incre-
mentó la cobertura de la educación básica y media; además logrando grandes
oportunidades económicas para aquellas personas que aspiraban a ingresar
a la educación superior.
Así mismo el presidente Ernesto Samper (1994-1998) en su plan de gobierno
“Salto Social”, promulgó que los recursos financieros de la educación pública,
no debería proveerse solo por el Estado, sino de la sociedad (instituciones) y
las familias. Al mismo tiempo, como lo menciona Zambrano (2008):
Samper introduce en su Plan la necesidad de crear un sistema
de ciencia y tecnología a través de las comunidades docentes
estables; un Concejo Nacional de Educación Superior, conso-
lidación de la parte técnica del ICFES, prevé la creación de un
sistema universitario estatal y el financiamiento de la universidad
pública, condicionado por la calidad, la cobertura y el desempeño
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institucional. En rasgos generales, crea las bases de una política
de control por medio de un nuevo discurso de logros y desem-
peños. El capítulo VI de dicho Plan está dedicado a la competi-
tividad para la internacionalización concibiéndose la creación de
un Consejo de Competitividad en concordancia con una política
de ciencia y tecnología acogiendo las recomendaciones de la
Misión de los Sabios. (p.324)
Durante este gobierno aparecen los estándares de calidad, cuyo objetivo era
evaluar la efectividad en la obtención de recursos financieros, desvinculándola
de la responsabilidad del Estado de costear la educación pública (Niño, 2011).
En el gobierno de Andrés Pastrana Arango (1998-2002), “Un Cambio para
la Paz”, su objetivo era que por medio de la integración regional en la base
de la Ley 30 de 1992 se pudiera regular la educación superior Zambrano
(2008). Se consolidan los programas “Acuerdo de Saneamiento, Viabilidad y
Desempeño, la Introducción de Indicadores para la asignación de Recursos
a las universidades públicas y la modificación del Régimen de los Docentes
Universitarios, apuntado a las orientaciones del Banco Mundial” (Niño, 2011).
En la administración de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 y 2006-2010), “Hacia
un Estado Comunitario”, Colombia entró a un nuevo proceso de interna-
cionalización dado que el Gobierno prestó un interés significativo a las
relaciones comerciales con otros países. Con respecto a la educación, en su
Manifiesto Democrático, punto 46 dice que “el país necesita una revolución
educativa que avance hacia la cobertura universal, la buena calidad y
acceso democrático”, durante este gobierno se logró aumentar la cobertura,
debido al incremento en las transferencias, que ascendieron un 26 %
durante los ocho (8) años, por ejemplo la educación superior en Colombia
pasó de un 24,4 % en el 2002 a un 35,5 % en el 2009. En el gobierno de Juan
Manuel Santos (2010-2014), se han visto beneficiados más de 8,6 millones
de estudiantes del grado 0 a 11 por el no cobro en la educación pública. Con
respecto a la educación superior aumentó la cobertura del 37 % en el año
2010 a un 40 % en el 2011 (Ministerio de Educación (Observatorio), 2010).
En este mandato, ha propuesto en su política económica que uno de los
pilares de crecimiento económico, sean los acuerdos comerciales en los
escenarios internacionales, con el fin de que Colombia alcance una mejor
inserción productiva y la diversificación de los mercados, por tal razón se han
venido firmando tratados con varios países, entre ellos Triángulo del Norte (El
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Salvador-Guatemala-Honduras); Cuba, Estados Unidos, México; EFTA (Suiza-
Liechtenstein-Islandia-Noruega); Chile Canadá, CAN, Cuba, MERCOSUR.
En la actualidad se tienen suscritos acuerdos con la Unión Europea, Corea
del Sur, Alianza del Pacífico, Costa Rica e Israel. Apoyado en lo anterior, la
educación en Colombia debe estar a la vanguardia a lo que ofrece el mundo.
Por esta razón, Santos presentó en marzo de 2011, la reforma a la Ley 30
de 1992, la cual consistía en incrementar la cobertura, mejorar la calidad y
propone una mayor participación del sector privado.
No obstante estudiantes, docentes universitarios y la comunidad en general no
estaban de acuerdo con esta reforma, dado que deja a un lado el aumento del
presupuesto de las universidades públicas, se promueve “el establecimiento
de instituciones de educación superior con ánimo de lucro y la creación de
entidades mixtas público-privadas para sacar al sistema educativo colom-
biano del notorio atraso en que se encuentra” (Ojeda, 2011). Y luego de varios
días de paro, el movimiento estudiantil logró frenar la reforma.
4.
TLC COLOMBIA-ESTADOS UNIDOS Y LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Con el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, la
educación superior abordó en las negociaciones de servicios transfronte-
rizos, no teniendo ninguna restricción los modos 1, 2 y 3. Con la firma de
este Tratado, varios académicos han manifestado que la apertura del sector
de la educación, presenta la ventaja de que puede exportar sus programas
académicos a Centroamérica, Ecuador y Bolivia. No obstante, las universi-
dades tienen claro el reto que deben enfrentar con su competencia externa,
en mantener programas de alta calidad.
De acuerdo con los planteamientos de varios investigadores sobre el marco
del Tratado de Libre Comercio Colombia con Estados Unidos en lo que se
refiere a la educación superior, se puede resumir en los siguientes apartados:
Botero (2006) analiza los cuatro modos de comercializar un producto según
el GATS; encuentra que hay factibilidad de la oferta de servicios por parte de
Colombia, además expone que la reglamentación de la educación superior no
cambiará con la firma del TLC. Sin embargo, “manifiesta que la única medida
disconforme que se identifica en la legislación colombiana es el artículo 98
de la Ley 30 de 1992 que establece como requisito de forma jurídica para las
instituciones de educación superior en Colombia, el de ser personas jurídicas
de utilidad común, sin ánimo de lucro” (Knudsen, 2005, p.101). Es importante
mencionar que en el apartado de Servicios Transfronterizos, ninguna de
47
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las dos partes está obligada a prescindir de reglamentar y vigilar el debido
suministro del servicio (Botero, 2006).
El estudio realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá (2007) relacionado
con el TLC Estados Unidos en la región Bogotá-Cundinamarca alude a que
este Tratado presenta oportunidades como desafíos para los modos de
prestación de servicios. En el Modo 1 es indispensable que haya un mejora-
miento en el acceso a la conectividad y a las comunicaciones. Con respecto al
Modo 2 tanto el sector de la educación como de la salud y el turismo presentan
un gran reto por el nivel de competencia internacional. Con relación al Modo 3
se da importancia al tema de la regulación y en el Modo 4 que hace referencia
al tema de prestación de servicios, es limitado por las restricciones en el tema
de las visas.
Por otro lado Martínez (2006) plantea que este acuerdo presenta flexibilidad
para las universidades de Estados Unidos en ingresar al sistema de educación
colombiana, autorizando el establecimiento de sedes en el país como el de
ofrecer programas a distancia, virtuales e intercambios de estudiantes. Lo que
se convierte en oportunidades para la población colombiana.
El Ministerio de Educación (2010) menciona que en la educación básica y
media no hay impactos significativos del TLC por dos (2) razones. La primera,
las ganancias se reciben es de la educación superior y en el Tratado no se
hace alusión sobre este tipo de educación.
De acuerdo con el presidente Juan Manuel Santos, su posición es liberalizar
el sector de educación superior con el objetivo de aumentar la cobertura en
el país. Por lo que la atención del Ministerio de Educación ha sido en facilitar
la movilidad de los docentes y estudiantes e incrementar la cobertura en los
siguientes años con la apertura de los servicios educativos, pero asegurando
la calidad tanto de las instituciones nacionales como las internacionales. Sin
embargo, tal liberación no garantiza un incremento en la cobertura, ni da
mayores posibilidades de acceso a programas que sean diferentes a los ya
establecidos en Colombia. Por lo que sería importante, pensar detenidamente
las posibilidades que tiene el Gobierno actual con la liberación de este sector.
La Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, la Universidad de La
Sabana y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en su investigación El papel
de la educación superior colombiana ante la internacionalización, en la
página 31 presentan un análisis de las implicaciones de la liberalización de la
educación en el marco del TLC así:
Claudia María García Mazo
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Educación y Humanismo 20(34): pp. 48-58. Enero-Junio, 2018.
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Propiciar la movilidad de los alumnos y profesores: Se da la oportunidad
que los programas académicos nacionales se puedan fortalecer con la llegada
de docentes-investigadores extranjeros con una trayectoria conocida en la
comunidad académica, estimular la movilidad de estudiantes tanto nacionales
como extranjeros al país. Sin embargo, trae consecuencias negativas como el
manejo desigual de las visas por parte de las grandes economías pudiendo
aumentar la fuga de cerebros.
Asegurar la calidad de la educación: Esto conllevaría a que el Ministerio
de Educación exigiría los mismos niveles de calidad a los nuevos provee-
dores que lleguen, por lo que se presentará una mejor propuesta en los conte-
nidos de las asignaturas y modelos educativos con innovación y diversidad
para aumentar la calidad. Con respecto a este punto, se puede analizar que
el Gobierno ha autorizado el establecimiento de instituciones que quizás
no ofrecen programas de calidad, un ejemplo de esto podría ser la oferta
educativa virtual que por tener un carácter intangible hace difícil la regulación
por las autoridades colombianas.
Incrementar la cobertura: Con la liberación del sector educativo, se da
la posibilidad del ingreso de nuevos proveedores, conllevando a que los
estudiantes tengan más oportunidades de escoger programas académicos
entre las alternativas presentadas. No obstante, no se garantiza que la
cobertura se incremente, ni mucho menos se ofrezcan programas innova-
dores y diferentes a los que ya están establecidos en Colombia. Además, se
puede pensar que la educación superior podría ser más elitista, a pesar de
que se puedan reducir el costo por el aumento de la oferta, la educación de
buena calidad corre el riesgo de que solo sea para aquellas personas que
puedan tener los suficientes ingresos para pagarla.
Por otro lado, Brunner y Ferrada (2011) expresan la preocupación de la llegada
de programas académicos de poca calidad, fuga de cerebro y servicios que
pueden favorecer al fraude académico como fábrica de diplomas, institu-
ciones engañosas, proveedores informales, entre otros. Así mismo, el debili-
tamiento en las universidades públicas debido a las restricciones económicas.
Entonces, el reto del sector educativo en Colombia, es ofrecer programas
que sean pertinentes de acuerdo a las necesidades del sector empresarial
y continuar, sin parar, con el mejoramiento de la calidad, con la finalidad de
enfrentar a los proveedores extranjeros.
Conde (2006) opina:
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DOI: http://dx.doi.org/10.17081/eduhum.20.34.2857
que esta forma de comercio con la educación superior, posibilita
que muchos estudiantes no puedan financiar sus estudios, dado
que la educación-mercancía solo podrá ser adquirida por quien,
además de demandarla y tener capacidad para recibirla, cuente
con recursos suficientes para comprarla. El ofrecimiento guberna-
mental del llamado subsidio a la demanda (créditos blandos para
cubrir los costos de matrícula) no es más que el intento de genera-
lización de la intermediación del sector financiero para “facilitar” la
adquisición del derecho. (p.133)
Es decir, puede incrementar los costos, mientras se reduce la destinación de
los recursos por parte del Estado hacia el sostenimiento de las universidades
públicas. Este mismo autor, expresa su preocupación por una buena calidad en
los contenidos y enseñanza, dado que con esta liberación, se quiere imponer
el criterio de máxima utilidad a un mínimo costo, como cualquier mercancía
que se puede negociar en el mercado de bienes y servicios. Ejemplo está
la Laureate International Universities, una empresa transnacional de origen
estadounidense creada en el año 1998, “reúne a 76 instituciones de educación
superior en 28 países del mundo (unos 600 mil alumnos), entre los que se
cuentan Brasil, Perú, Ecuador, Chile, México, Costa Rica, Panamá, Honduras,
Estados Unidos, además de una fuerte presencia en los países de la Unión
Europea y Asia” (“Qué es y quiénes están detrás del grupo Laureate”, 2012).
Restrepo (2006), sugiere en su investigación que es delicado considerar la
educación como un objeto comercial, propiciado por los Tratados de Libre
Comercio (TLC), ya que la competencia en el servicio educativo de las insti-
tuciones de Colombia es débil y poca frente a la de Estados Unidos y Europa,
que ya tomaron la iniciativa de entrar en el continente. Varias de estas insti-
tuciones han adoptado tecnologías de información y comunicación (TIC) con
el fin de ofrecer el servicio a cualquier parte del mundo. De la misma forma
este autor dice que se evidencia un incremento en la educación a distancia y
virtual por ser incluyente, como lo dice Gómez y Macedo (2011) el estudiante
desempeña un papel activo porque no se limita a recibir conocimiento sino
que hace parte de su propia formación. También se presenta otra implicación
ante esta situación, que el Gobierno reduzca la inversión en el sector de la
educación y se incline más por la privatización.
Altbach, Reisberg y Rumbley (2009) y Brunner y Ferrada (2011) señalan que
globalización es la integración de las economías a nivel mundial, la conforman
las tecnologías de la información, la comunicación, las redes de conoci-
Claudia María García Mazo
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mientos, los idiomas especialmente el inglés, entre otros. Además mencionan
que esta variable ha tenido un efecto profundo en la educación superior por la
internacionalización de las universidades por el intercambio de estudiantes,
profesores y establecimientos de campus filiales.
Brunner (2011) agrega:
La internacionalización ha desempeñado un papel destacado
en los planos regional e internacional. En Europa, por ejemplo, el
Proceso de Bolonia y la Estrategia de Lisboa serían ejemplos de
compromiso internacional a ese nivel, el primero de ellos con la
participación de más de 40 países en un proceso voluntario de
instauración de una Zona Europea de Enseñanza Superior que
ha pasado a servir de referencia a esfuerzos similares en otras
partes del mundo (Enlaces en América Latina, elaboración de
una estrategia de armonización en la Unión Africana, la iniciativa
del Comunicado de Brisbane puesta en marcha por 27 países de
la región de Asia y el Pacífico y los debates celebrados por los
Ministros de Educación de Asia suroriental). (p.25)
Sin embargo, Altbach et al. (2009, p.4), mencionan que la “desigualdad
entre los sistemas nacionales de enseñanza superior y dentro de los países
habría aumentado también en los últimos decenios. Afirman que el mundo
académico se ha caracterizado siempre por constar de centros y periferias”; el
centro está compuesto por las universidades sólidas por sus investigaciones y
su reputación. En cambio, en los países emergentes (en “América Latina, solo
están 10 universidades dentro de las 500 mejores universidades del mundo: la
mejor rankeada es la Universidad de Sao Paulo, que figura entre las mejores
150, seguida de la Universidad Nacional Autónoma de México, que figura
entre las primeras 200” (Arancibia, 2013)), presentan dificultades en perte-
necer dentro de la educación superior mundial, quizás porque no cuentan
con el presupuesto suficiente para hacer investigaciones que generen alto
impacto.
Desde el gobierno de Uribe, se ha manifestado que la educación pública no
haría parte en las negociaciones del TLC con Estados Unidos, porque este
país no tiene interés en entrar a este sector. Esto mismo se ratifica en la actua-
lidad, “según el MEN, en el Anexo 2 del Capítulo 11 del Tratado, Colombia
hizo una reserva explícita en el tema de la educación, y se reservó la total
soberanía para mantener o modificar todo lo relacionado con la educación
y, en especial, las IES” (Ministerio de Educación (Observatorio), 2010). No
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obstante, cuando se realizaron las negociaciones se mostró interés en que
Colombia intercambiara esbozos de acreditación y homologación de títulos
con varios Estados como Florida, California, Nueva York, Georgia, entre otros,
pues se cuenta con una buena oferta educativa.
Por otra parte, algunos rectores de universidades colombianas se han
manifestado con relación a la firma del Tratado de Libre Comercio:
-
El rector Carlos Felipe Londoño Álvarez (Escuela de Ingeniería de
Antioquia), ha declarado que el Tratado de Libre Comercio, trae la
oportunidad de atraer estudiantes extranjeros, la movilidad del alumno
colombiano, la convalidación de títulos en otros países e instituciones
educativas extranjeras al país. Como debilidad sostiene Londoño, es
competir con la cantidad de doctores que tienen las universidades
extranjeras y los altos recursos para financiar la investigación.
-
Para el rector de la Fundación María Cano, Próspero José Posada Myer,
el Tratado de Libre Comercio, es una gran oportunidad para Colombia,
sin embargo la educación superior no está preparada para afrontarlo,
la mayor preocupación sería la competencia, por ejemplo, ¿cómo va a
competir una institución educativa colombiana con recursos limitados,
a una institución como Harvard?
-
José María Maya, rector de la Universidad del CES, expresa que las
consecuencias de los TLC, no es del todo negativo, pues ayuda a que
las instituciones educativas estén a la vanguardia de lo que se exige en
el exterior, lo que conlleva a un mejoramiento de la calidad, a ser más
innovadoras y eficientes en el manejo de los recursos (Vaca & Díaz,
2004).
5.
LA EXPERIENCIA EDUCATIVA A NIVEL INTERNACIONAL
A continuación se presenta la experiencia del TLC con los Estados Unidos en
algunos países de América Latina.
MÉXICO
Es el primer país de la región que ha firmado un TLC con Canadá y Estados
Unidos. México puso en marcha un proyecto que estimulará la rigurosidad
en el ingreso de la educación tanto en la media como en la universitaria, se
propuso que a los docentes universitarios se le pagara por productividad y se
presentó un mayor interés entre la relación de las instituciones educativas y
las empresas. La consecuencia más relevante del TLC para la educación en
México, es que esta es pensada como una mercancía sin obstáculos a la libre
Claudia María García Mazo
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circulación y competencia (Restrepo, 2006).
En este sentido la privatización de la educación superior, ha conllevado que
las organizaciones obtengan importantes ganancias, por ejemplo, los cambios
en lo concerniente a la propiedad intelectual, la cual queda a disposición de
las empresas.
Con esta apertura, se ha contemplado la idea de que las oportunidades
laborales, sean tanto para profesionales nacionales como extranjeros,
situación que conlleva a una fuerte competencia en el mercado laboral
calificado.
CHILE
Inició los procesos de apertura mucho más rápido que algunos de los países
de América Latina. Instituciones internacionales como el Banco Mundial,
“se han esforzado por exhibir el modelo chileno como un ejemplo exitoso de
modernización y liberalización. No es raro, por tanto, que Chile haya llegado
sin mayores tropiezos ni traumas visibles a establecer acuerdos bilaterales
y multilaterales de libre comercio con los principales centros del poder
económico” (López, 2008, p.267).
La apertura del sector de educación de Chile, no muestra diferencia a los
efectos de estos tipos de acuerdos con los otros países de la región, por
ejemplo, las negociaciones han sido realizadas sin tener en cuenta la población
chilena y se ha encaminado a la privatización de los servicios educativos.
En 1981 las universidades de carácter público eran sostenidas por el Estado,
al día de hoy solo es el 10 % que cuenta con este apoyo. El resto, obtiene
los recursos financieros por los aportes de los estudiantes (Echeverri, 2004).
Esta situación ha conllevado a que las instituciones de educación superior
dupliquen sus esfuerzos para ganarse a los alumnos, o mejor llamados
clientes.
Lo anterior ha obligado a las universidades chilenas a ofertar sus programas
ya sea de intercambio o educación a distancia en el exterior, especialmente en
América Latina. Así mismo, se han creado agencias en países como Estados
Unidos, con la finalidad de conseguir recursos por medio de proyectos de
investigación e intercambio de docentes y estudiantes. Además de lo anterior,
se ha puesto en marcha programas académicos (MBA) con la cooperación de
instituciones extranjeras (Restrepo, 2006).
53
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BRASIL
La educación brasileña, ha sido también influenciada por las políticas neoli-
berales, conllevando al pago de la enseñanza, la baja calidad y la eliminación
de las universidades públicas por el poco acompañamiento del Estado con
sus recursos. En la actualidad, el 90 % de las instituciones de educación
superior son privadas, entre los años 1991 y 2001, el número de universidades
privadas se incrementó en un 267 % (Dias & Brito, 2008). Este escenario ha
conllevado a que los estudiantes menos favorecidos, no puedan acceder al
sistema educativo. El Gobierno para darle solución a esta situación incluyó en
su política el modelo de incentivo a la enseñanza paga, a su vez implementa
programas como Universidad para Todos - Prouni, Fondo de Financiamiento
al Estudiante de Enseñanza Superior - Fies y líneas de crédito del BNDES
establecidas para la enseñanza superior.
PERÚ
Este país presenta una situación muy similar a los países que han tenido
políticas aperturistas en el sector de la educación, con la firmas de los tratados
comerciales la educación no ha formado parte explícita de las negociaciones,
además, ni los académicos, ni las universidades, ni los expertos en el área
han sido debidamente consultados. Es alarmante que los negociadores no
conozcan los impactos de los acuerdos que promueven la educación como
un servicio (Echeverri, 2004). Así mismo, este ha venido preparando la libera-
lización de los servicios de este sector a través de medidas como la privati-
zación y la acreditación de una manera acelerada.
Con el Decreto Legislativo No. 882 de 1996, es uno de los mecanismos que ha
impulsado la apertura del sector educativo favoreciendo la inversión privada,
formando posibles asociaciones entre instituciones locales con extranjeras
para ofrecer tales servicios. Un ejemplo de esta situación está la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas, pasó en 2004 a formar parte del consorcio
Laureate Education Inc. (López, 2008).
El efecto mediático e inmediato de la liberación de los servicios educativos,
ha sido el aumento de la oferta de instituciones educativas (sector privado),
de dudosa calidad. Este incremento se ha dado en las ciudades grandes de
la región, para las sedes de su inversión en educación. Aquellas universi-
dades que se crean bajo el amparo del Decreto Legislativo N° 882 (Ley de
Promoción de la Inversión en la Educación), no presentan obstáculos para
acrecentar su oferta educativa, sin ningún control de calidad y pertinencia de
los programas que ofrece.
Claudia María García Mazo
54
Educación y Humanismo 20(34): pp. 54-58. Enero-Junio, 2018.
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COMPARACIÓN ENTRE COLOMBIA Y MÉXICO, CHILE, BRASIL Y
PERÚ
Se observa que una característica común entre Colombia, México, Chile,
Brasil y Perú es que sus dirigentes ven a la educación como una mercancía
donde se puede obtener grandes beneficios. Además, se aprecia que se ha
dado un incremento en las universidades privadas, pero hay un punto impor-
tante que no se ha tenido en cuenta, es la falta de inserción de la comunidad
académica en la realización e implementación de estos Tratados con el fin de
que el impacto en los diferentes sectores y para este caso el educativo no sea
muy alto.
6.
CONCLUSIONES
De acuerdo con los análisis realizados: en la actualidad la educación superior
es vista como un servicio que se pueda transar a nivel mundial de acuerdo con
el GATS; se puede pensar que puede traer oportunidades como intercambio
académico, grandes posibilidades en la exportación de servicios educativos,
articulación entre el sector educativo con el productivo. Sin embargo, pueden
existir retos y efectos positivos como negativos como formación de capital
humano más competitivo, el bilingüismo, visión hacia lo internacional, pérdida
de la cultura e identidad y lo más grave para la educación: el cierre de univer-
sidades públicas y la incorporación de instituciones extranjeras en el país de
dudosa calidad y pertinencia, y en definitiva pudiendo afectar la calidad de la
educación colombiana.
Es importante indicar que independiente de las firmas de los tratados comer-
ciales, es indudable que la educación es un sector muy importante y estra-
tégico para el desarrollo de las sociedades, cultura y economía de los países,
por lo altos ingresos y bienestar para las personas. Por tanto se deben tomar
acciones que preparen a las universidades nuestras para enfrentar los efectos
de la globalización. Por tal motivo los gobiernos y especialmente las insti-
tuciones educativas deben estar atentas y participar activamente en las
negociaciones de tratados que involucren al sector educativo; con conciencia,
responsabilidad y total ética, puesto que precisamente las universidades han
estado alejadas de las negociaciones de los acuerdos comerciales que ha
realizado el país, mostrando falta de interés y compromiso.
La educación superior transfronteriza, requiere una normatividad que
estimula la sana competencia, proteja los derechos del estudiante y garantice
la calidad de la educación y la supervivencia de las universidades públicas.
55
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Dado que al ser un bien que puede ser transado libremente a nivel interna-
cional, puede generar oportunidades para personas y grupos deshonestos y
ofrecer programas de poca calidad. Así mismo, las instituciones educativas
deben tomar conciencia que la educación debe ser flexible, con capacidad
de adaptarse a las exigencias internacionales, por lo que es necesario que
diseñen estrategias adecuadas de internacionalización que puedan competir
tanto al interior del país como en el exterior, aprovechando las oportunidades
que este importante sector les ofrece.
En el momento, el reto para las instituciones universitarias de Colombia es
mejorar la calidad, los programas que ofrecen las universidades sean perti-
nentes con el objetivo de que se encuentren en el “mismo nivel de los que
podrían ofrecer instituciones extranjeras en el país” (Botero, 2006), fortalecer
los convenios con universidades extranjeras, incentivar la capacitación de los
docentes de tiempo completo a nivel doctoral, impulsar la movilidad de los
estudiantes, promover la investigación.
REFERENCIAS
Aboites, H. (2007). Tratado de Libre Comercio y educación superior. El caso
de México: un antecedente para América Latina. Perfiles Educativos,
21(118), 25-53. Recuperado de http://scielo.unam.mx/pdf/peredu/
v29n118/v29n118a3.pdf
Altbach, G., Reisberg, L. & Rumbley, L. (2009). Tras la pista de una
revolución académica: Informe sobre las tendencias actuales.
UNESCO, 1-21. Recuperado de http://unesdoc.unesco.org/
images/0018/001831/183168s.pdf
Arancibia, S. (2013). Ranking universitario. Tal cual. Recuperado de http://
www.talcualdigital.com/Nota/visor.aspx?id=91326&tipo=AVA, 2013
Botero, J. (2006). Retos y oportunidades de la educación frente al TLC. Revista
de Ingeniería, Universidad de los Andes, 24, 109-11. Recuperado de
http://www.scielo.org.co/pdf/ring/n24/n24a18.pdf
Brunner, J. & Ferrada, R. (Eds.) (2011). Educación superior en Iberoamérica.
Informe 2011. Providencia, Santiago: Centro Interuniversitario de
Desarrollo (CINDA)-Universia, 1-431. Primera edición. Recuperado de
https://www.cna.gov.co/1741/articles-186502_Ed_Sup_Iberoamerica.
pdf
Cámara de Comercio de Bogotá (2007). Impacto económico del TLC con
Estados Unidos en la región Bogotá-Cundinamarca: Cámara de
Comercio de Bogotá, 1-295. Recuperado de http://bibliotecadigital.
ccb.org.co/handle/11520/1906
Conde, A. (2006). El rumbo de la universidad pública, globalización neoli-
beral y educación superior. Ensayos críticos Nº 2. Universidad Nacional
de Colombia. Bogotá, 131-138. Recuperado de http://www.espacio-
critico.com/sites/all/files/libros/ecrt/ensayoscriticosno2.pdf
Claudia María García Mazo
56
Educación y Humanismo 20(34): pp. 56-58. Enero-Junio, 2018.
DOI: http://dx.doi.org/10.17081/eduhum.20.34.2857
Coraggio, J. (1995). Las propuestas del Banco Mundial para la educación:
¿Sentido oculto o problema de concepción? Ponencia presentada al
Banco Mundial en el seminario “Políticas públicas y las políticas de
educación en Brasil”, organizado por Acción Educativa, Sao Paulo.
Recuperado de http://coraggioeconomia.org/jlc/archivos%20para%20
descargar/SANPABLO.pdf
Cromme, G. (2000). El ataque de la OMC contra la educación pública: Lo
que debes saber sobre el Acuerdo General sobre el Comercio de
Servicios (GATS). Corporate Europe Observatory, „European Business
Summit: Consolidating Corporate Power‟, Corporate Europe Observer,
7, 1-4. Recuperado de https://www.citizen.org/sites/default/files/gatsye-
ducationesp.pdf
Cuevas, R. (2010). Educación y proyecto neoliberal (blog). Recuperado de
http://connuestraamerica.blogspot.com.co/2010/08/educacion-y-pro-
yecto-neoliberal.html
Díaz, L. (2011). La educación superior: entre derecho y mercancía. Criterio
jurídico garantista, 5, 140-153. Recuperado de http://www.fuac.edu.co/
recursos_web/documentos/derecho/revista_criterio/articulosgarantis-
ta5/8Luis_Diaz.pdf
Dias, J. & Brito, R. (2008). La educación superior en Brasil: principales
tendencias y desafíos. Avaliação: Revista da Avaliação da Educação
Superior (Campinas), 13(2), 487-507. Recuperado de https://dx.doi.
org/10.1590/S1414-40772008000200011
Echeverri, J. (2004). Educación superior e integración comercial. Bogotá:
Universidad de los Andes.
Gómez, L. & Macedo, J. (2011). Importancia de los programas virtuales en la
educación superior peruana. Investigación Educativa, 15(27), 113-126.
Recuperado de http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/
inv_educativa/2011_n27/a07v15n27.pdf
Gutiérrez, C. (2007). Libre comercio y autonomía universitaria, un dilema
actual: el caso colombiano. Revista Latinoamericana de Ciencias
Sociales, Niñez y Juventud, 5(2), 605-636. Recuperado de http://www.
scielo.org.co/pdf/rlcs/v5n2/v5n2a05.pdf
Herrera, E. (1998). La importancia de la educación. Clarín. Recuperado de
http://edant.clarin.com/diario/1998/08/07/i-01401d.htm
Knudsen, P. (2005). TLC y educación superior. Desafíos, (13), 99-101,
semestre II de 2005. Bogotá (Colombia). Recuperado de http://revistas.
urosario.edu.co/index.php/desafios/article/view/687/
López, F. (2008). Tendencias de la educación superior en el mundo y en
América Latina y el Caribe. Revista da Avaliação da Educação Superior,
13(2), 267-291.
Martínez, J. (2006). TLC para educación superior: hacia la imposición del
dogma neoliberal. Recuperado de https://www.aporrea.org/tecno/
a26030.html
Ministerio de Educación (Observatorio) (2010). Realmente, ¿qué recibe
Santos en educación? Revista Semana. Recuperado de http://www.
mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-242856.html
57
Educación y Humanismo 20(34): pp. 57-58. Enero-Junio, 2018.
DOI: http://dx.doi.org/10.17081/eduhum.20.34.2857
Ministerio de Educación. http://www.mineducacion.gov.co
Ministerio de Educación (2001). Informe Nacional sobre el Desarrollo de la
Educación en Colombia. 46ª Conferencia Internacional de Educación.
Ginebra, Suiza, 1-29. Recuperado de http://www.ibe.unesco.org/Inter-
national/ICE/natrap/Colombia.pdf
Ministerio de Educación (2012). Sistema Nacional de Información de
Educación Superior. Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/
sistemasdeinformacion/1735/w3-propertyname-2672.html. Consultado
el 30 de abril de 2017.
Ministerio de Educación (2012). Registro Calificado de Programas Acadé-
micos de Educación Superior. Disponible en: http://www.minedu-
cacion.gov.co/1621/articles-229430_archivo_pdf_decreto1295.pdf.
Consultado el 30 de abril de 2017.
Niño, A. (2011). Defendamos consecuentemente la educación pública de
la política privatizadora del gobierno de Santos. Recuperado de http://
www.fenalprou.org.co/debate-ley-30/academia/362-defendamos-con-
secuentemente-la-educacion-publica-de-la-politica-privatizado-
ra-del-gobierno-de-santos.html
Ojeda, E. (2011). ¿Educación superior colombiana en crisis? Recuperado
de http://www.elinformador.com.co/index.php?option=com_content&-
view=article&id=14961:ieducacion-superior-colombiana-en-crisis&ca-
tid=39:columnas-de-opinion&Itemid=399
Qué es y quiénes están detrás del grupo Laureate, uno de los sospe-
chosos de lucrar con la educación (20 de junio de 2012). El Dínamo.
Recuperado de http://www.eldinamo.cl/pais/2012/06/20/que-es-y-quie-
nes-estan-detras-del-grupo-laureate-uno-de-los-sospechosos-de-lu-
crar-con-la-ensenanza-en-chile/
Restrepo, B. (2006). Tendencias actuales en la educación superior: rumbos
del mundo y rumbos del país. Revista Educación y Pedagogía, 18(46),
81-90. Recuperado de http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/
index.php/revistaeyp/article/viewFile/6886/6303
Rodríguez, R. (2002). El GATS y la educación superior. Observatorio
Ciudadano de la Educación, 2(24), 1-25. México. Recuperado de http://
firgoa.usc.es/drupal/node/4976
Rodríguez, C. (2005). La educación superior frente a los acuerdos de libre
comercio: Retos y Oportunidades. Oasis, 10, 321-331. Recuperado de
http://www.redalyc.org/pdf/531/53101019.pdf
Ruiz, A. (2009). Impactos de la globalización y del TLC del Perú con Estados
Unidos en la educación. Políticas de privatización, espacio público y
educación en América Latina (pp.1-465). Buenos Aires, Argentina:
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Recuperado
de http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/gentili/cap13.
pdf
Sánchez, V. (2011). El capital social como instrumento del análisis económico.
Cuadernos de Relaciones Laborales, 31(2), 473-493. https://revistas.
ucm.es/index.php/CRLA/article/viewFile/43227/40977
Vaca, O. & Díaz, F. (2004). Potencial impacto del libre comercio sobre la
Claudia María García Mazo
58
Educación y Humanismo 20(34): pp. 58-58. Enero-Junio, 2018.
DOI: http://dx.doi.org/10.17081/eduhum.20.34.2857
educación en Colombia, 2, 1-108. Recuperado de http://www.unicol-
mayor.edu.co/invest_nova/NOVA/ensayo2_2.pdf
Zambrano, A. (2008). Planes de gobierno, autonomía y universidad con
condición. En Colombia Government Plans, Autonomy and Conditioned
University in Colombia, Foro Universitario, Educere. Foro universitario,
41, 319-328. Recuperado de http://www.scielo.org.ve/pdf/edu/v12n41/
art12.pdf