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* Este artículo de reﬂ exión es el resultado de una investigación para optar el título de Magíster en Derecho en la Universidad del Norte

de Barranquilla.

** Abogado, Especialista en Derecho Administrativo, Universidad Simón Bolívar, Magíster en Derecho, Universidad del Norte.

adolfogoenaga@yahoo.com

Adolfo Mario Goenaga Escobar**

El rol de la autoridad ambiental

en las actuaciones urbanísticas

del distrito de Barranquilla*

The role of the environmental authority in the

urban development actions of Barranquilla’s

district

Recibido: 9 de abril de 2013 / Aceptado: el 18 de mayo de 2013

Palabras clave:

Medioambiente,

Actuaciones urbanísticas,

Licencias urbanas,

Administración Distrital.

Key words:

Environment,

Urban development actions,

Urban licenses,

District Administration.

Resumen

Este artículo de reﬂ exión tiene como pretensión analizar las implicaciones

que tienen las actuaciones urbanísticas respecto del manejo del medioambiente

en el distrito de Barranquilla, puesto que el creciente fenómeno de urbaniza-

ción ha traído consigo prácticas y usos inadecuados del espacio común en la

ciudad. Por este motivo, se identiﬁ carán en este trabajo los elementos que in-

tervienen en el uso inadecuado de las normas que regulan el control ambiental

de las actuaciones urbanísticas en el distrito de Barranquilla y cómo estas se

avalan y ejecutan a través de licencias expedidas por las Curadurías Urbanas

del Distrito, convirtiéndose en la mayoría de los casos en un formalismo que

no se extiende hasta la protección del derecho de tener un espacio público

apropiado. En este sentido, esta investigación garantizará mantener la conﬁ an-

za entre las políticas de la Administración local y los ciudadanos.

Abstract

This reﬂ ection paper has as main aim to analyze the implications of the

actions planners regarding environmental management in the District of

Bar

ranquilla, as the growing phenomenon of urbanization has brought prac-

tices and misuses of common space in the city. For this reason, in this paper

identify the elements involved in the misuse of the rules governing the envi-

ronment control of urban development in the District of Barranquilla and how

these actions are endorsed and implemented through licenses issued by the

Curators Urban District, becoming the most cases in a formalism that does

not extend to the protection of the right to an appropriate public space. In this

sense, this research ensured maintaining trust between the policies of the local

government and citizens.

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INTRODUCCIÓN

La agresiva carrera de los países en vía de

desarrollo por ocupar un lugar en el privilegia-

do grupo de las naciones desarrolladas, genera

una serie de circunstancias que se reﬂ ejan en

la expansión urbana de las grandes capitales,

manifestadas en el incremento económico, en

transformaciones culturales, sociales, políticas y

en general, un equilibrio de todos los habitantes

con su entorno.

De esto, se puede observar que en Colombia,

los más importantes centros urbanos se adecúan

a las exigencias que el desarrollo les impone,

pues es pertinente resaltar que ciudades como

Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla se carac-

terizan por sus grandes avances en industria, tu-

rismo, innovaciones tecnológicas y crecimiento

urbanístico, y aunque los beneﬁ cios que ofrece

el desarrollo, elevan la sociedad a un grado de

bienestar para todos los individuos, es también

consecuencia de ello la presencia de fenómenos

perjudiciales que deterioran el medioambiente.

Por este hecho recae sobre los gobernantes la

responsabilidad de prever que los mecanismos

jurídicos y las entidades encargadas garanticen

el cuidado y conservación del derecho a un am-

biente sano. Para el caso concreto, el distrito de

Barranquilla ostenta un crecimiento urbanístico

que posiciona la ciudad como la más moderna,

extensa, poblada e industrializada de la región

Caribe, características que determinan el proble-

ma frente al medioambiente, pues según Acosta

Irreño (2002) la práctica de las “actividades ur-

banas complementarias, tales como, el comer-

cio, la industria, los servicios, la educación, etc.,

y, consecuentemente las infraestructuras para

soportarlas (…) consumen el suelo y recursos

naturales que son necesarios proveer de manera

sostenible y adecuada”.

El distrito de Barranquilla de fuerte tradición

económica en la región y a nivel nacional, se po-

siciona como centro industrial de primer orden

en el sector de la economía colombiana; razón

por la cual se desprende un fenómeno de creci-

miento urbanístico que produce el deterioro del

medioambiente en la ciudad.

El desarrollo urbano en las principales urbes

colombianas, constituye un ícono en el orde-

namiento de las ciudades, por ser considerado

como un termómetro de progreso y el eje funda-

mental en su desarrollo, en el distrito de Barran-

quilla, el desarrollo urbanístico debe contener la

variable ambiental como uno de los principales

componentes en la ejecución de las acciones ur-

banísticas, con la ﬁ nalidad de evitar daños irre-

versibles en el medioambiente que repercutan en

la salubridad pública.

La calidad de vida de los habitantes de esta

ciudad, se ve fuertemente afectada por los con-

tinuos atropellos ambientales en la ejecución

de actuaciones urbanísticas tales como: mayor

congestión y contaminación del aire en el entor-

no donde se desarrolla la construcción, el ruido

que generan los automotores y demás elementos

necesarios para la práctica de esta actividad, la

falta de áreas verdes y/o recreativas de impac-

to público relevante (parques urbanos, plazas y

avenidas arboladas) que debe ser una concerta-

ción previa y obligatoria a la ejecución de accio-

nes urbanísticas por parte de los responsables de

ADOLFO MARIO GOENAGA ESCOBAR

estas con las autoridades intervinientes.

En consecuencia, los perjuicios ocasionados

se reﬂ ejan en el desgaste, desaprovechamiento y

abandono de algunos recursos ambientales, que

en el futuro pueden generar daños irreversibles

para la conservación de un entorno adecuado

que favorezca la vida del hombre en sociedad.

Ahora bien, para evitar que se aumente la

problemática medioambiental en la ciudad, es

pertinente señalar, que la razón por la cual las

actuaciones urbanísticas son incorrectamente

planiﬁ cadas se debe a que los encargados de su

vigilancia y control, a saber, deben ser las au-

toridades ambientales (Departamento Técnico

Administrativo del Medioambiente de Barran-

quilla –DAMAB–), en principio y las demás au-

toridades administrativas (Secretaría de Control

Urbano y Espacio Público, Curadurías Urbanas)

que cumplen funciones urbanísticas, serían los

responsables de la falla en la ejecución de las ac-

tuaciones urbanísticas

(L. 388/97 Art. 36); ade-

más que no se puede excluir a los propietarios de

inmuebles y a los constructores, los cuales son

los sujetos activos de las infracciones urbano-

ambientales en la ciudad; esto se debe a la no in-

tegración de la reglamentación existente en esta

materia con aspectos del orden económico, po-

lítico, cultural y social, verbigracia las necesida-

des de la ciudad por el constante crecimiento de

su economía que demanda nuevas construccio-

nes; las políticas nacionales, departamentales y

distritales de urbanización, y la constante inmi-

1. “…Son actuaciones urbanísticas la parcelación, urbanización

y ediﬁ cación de inmuebles…”.

gración de habitantes de otras ciudades del país

a La Arenosa, buscando mejorar la actividad que

desarrollan con las necesidades de la sociedad

barranquillera.

Todo lo anterior genera un conjunto de situa-

ciones negativas frente al componente ambien-

tal en el ejercicio de las actuaciones urbanísticas

en el distrito de Barranquilla por la no reglamen-

tación a nivel local del control ambiental a las

construcciones tanto públicas como privadas.

Esto fundamentado en que las acciones urba-

nísticas no ameritan la expedición de licencias

o la aprobación de planes de manejo ambiental

previamente a la iniciación de las obras, por par-

te de la autoridad ambiental, así como lo con-

templa el artículo 99 numeral 2 de la Ley 388

de 1997, Art. 99. Licencias. Se introducen las

siguientes modiﬁ caciones y adiciones a las nor-

mas contenidas en la Ley 9a. de 1989 y en el De-

creto Ley 2150 de 1995 en materia de licencias

urbanísticas:

1. Dichas licencias se otorgarán con sujeción

al Plan de Ordenamiento Territorial, planes

parciales y a las normas urbanísticas que los

desarrollan y complementan y de acuerdo

con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 y en su

reglamento, no se requerirá licencia o plan de

manejo ambiental, cuando el Plan haya sido

expedido de conformidad con lo dispuesto en

esta ley.

Al plan a que se reﬁ ere esta norma, es al Plan

de Ordenamiento Territorial; el tiene en cuenta

unos determinantes entre los que se encuentra

lo relacionado al medioambiente (L.388/97. Art.

10). El curador urbano, al momento de la expe-

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EL ROL DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL EN LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

dición de la licencia urbanística de construcción,

debe atender en principio el componente am-

biental del referido POT, además, el contenido

de la licencia urbanística de construcción debe

explicar este componente ambiental y cuál es su

rol en la ejecución de las actuaciones urbanísti-

cas en particular.

Antes de entrar en materia, es pertinente

abordar ciertos conceptos y antecedentes bási-

cos del urbanismo, para de esta manera adentrar-

nos en la temática a tratar.

Conceptos básicos de urbanismo

Estructura conceptual

La palabra urbanismo procede de la raíz lati-

na Urbs-Urbis, que signiﬁ ca ciudad. De acuer-

do con esta deﬁ nición, Millán y Millán (2001)

expresan que “el urbanismo es el conjunto de

conocimientos que se reﬁ eren al estudio de la

creación, desarrollo, reforma y progreso de los

poblados, en orden a las necesidades materiales

de la vida humana” (p. 234). Del mismo modo,

deﬁ niendo el Derecho Urbanístico se entiende

que es una rama del derecho Administrativo for-

mado por un conjunto de normas jurídicas que

normalizan el urbanismo, el uso del suelo y la

ordenación del territorio; este derecho ﬁ ja de

una forma resumida las diferentes facultades y

obligaciones del propietario del suelo (Fernán-

dez & Fernández, 2009, p. 1).

Se observa la relación entre uno y otro con-

cepto, puesto que su objeto es el estudio del de-

sarrollo en la ciudad en todas sus formas, con-

forme a esto, existen diversas deﬁ niciones sobre

la materia, que ofrecen elementos valiosos para

comprender mejor la temática expuesta.

En el desarrollo de la sociedad, la necesidad

de los hombres y mujeres para identiﬁ carse en

cada estadio histórico como seres sociales y a su

vez deﬁ nir su grupo dentro de la escala evoluti-

va de la sociedad, ha determinado los lineamien-

tos especíﬁ cos que sustentan la noción de ciudad

en el mundo moderno; por esto, Pabón y Pabón

(2007) encontraron que la primera idea que se

concibe de urbanismo, se reﬂ eja en el estudio

y en las tesis de las aglomeraciones humanas.

Estos autores expresan: “el entorno económico,

político, jurídico, cultural y social inﬂ uye en la

construcción, forma, estilo de vida y hasta en el

mismo carácter de todos y cada uno de los as-

pectos que deﬁ nen nuestras ciudades” (p. 10).

Y es que el individuo ha integrado todas sus

actividades dentro de un espacio común y ha-

bitado por otros, que le permite desarrollarse y

crecer conforme a instituciones que construyen

la vida en sociedad como: la familia, la empresa,

la academia, la religión, la política y además, se

han establecido prácticas individuales y colecti-

vas que fortalecen la coyuntura entre los asocia-

dos como la ciencia, el arte, el deporte, la cultura

(Pabón & Pabón, 2007), todas estas reunidas y

ejecutadas en la ciudad, como centro urbano de

organización del hombre en sociedad.

Ahora, entender la evolución de las ciudades

y su crecimiento, es relacionar esto con la idea

que el urbanismo se funda en un método cien-

tíﬁ co que estructura la visión del hombre en la

realización material de las grandes urbes; puesto

que se ocupa de la ordenación y desarrollo de

la ciudad, persiguiendo, con la ayuda de todos

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los medios técnicos, determinar la mejor situa-

ción de las vías, ediﬁ cios e instalaciones públi-

cas y de las viviendas privadas, de modo que la

población se asiente de forma cómoda, sana y

agradable.

Para terminar, la noción de urbanismo puede

ser vista desde dos perspectivas, ya que depen-

de si se concibe como una política de planiﬁ -

cación o la parte ejecutora de ella; sostiene So-

larte (2006): “el urbanismo es una disciplina y

práctica que permite una planeación y ejecución

de los distintos proyectos físicos y materiales de

ordenación de las ciudades” (p. 126). Por esto,

el urbanismo es la ciencia o disciplina dentro de

la sociedad que deﬁ ne su desarrollo a través del

crecimiento y modernización de la ciudad para

ofrecer alta calidad de vida a los habitantes.

No obstante, es en este punto, cuando se

realza la ciudad como espacio indispensable de

los hombres y mujeres en la sociedad moderna,

donde el derecho urbanístico cobra importan-

cia, al señalar la responsabilidad del Estado, a

través de un sistema de normas que garantizan

el buen funcionamiento de las acciones urbanís-

ticas, reglamentando y controlando su proceder

por medio de una estructura legal. En palabras

de Geigel Lope (1993), esa manifestación de la

intervención pública en el urbanismo, no es más

que una de las demostraciones de la evolución

del Estado liberal, hacia un Estado social, en el

cual, sin dejar de reconocer y proteger los dere-

chos individuales de cada uno de sus ciudada-

nos, se consagran y garantizan otros de orden

colectivo, bajo la perspectiva sociológica de la

búsqueda del bien común.

Antecedentes históricos del urbanismo

El papel de la ciudad en la evolución histó-

rica del urbanismo, puede considerarse como

el eje central de esta disciplina, puesto que allí

se instituyen todas las teorías que el hombre ha

considerado para poder conformarse dentro de

un lugar especíﬁ co como individuo civilizado;

además, la integración con el medioambiente, es

muestra de que se ha superado el estado prima-

rio de depender de la naturaleza para subsistir.

De esto De Benoist (2002) sostiene:

De no existir las ciudades, el hombre no

se hubiera desprendido de la “naturaleza”.

Desde que el hombre tomó conciencia de su

humanidad, la expresión sociológica de esta

toma de conciencia ha sido la ciudad. La ciu-

dad nace como producto de todo lo que es

especíﬁ camente humano: la historia, el do-

minio de la naturaleza, la toma de posesión

del mundo. La existencia urbana se confun-

de con la existencia política y propiamente

humana. No existe la civilización nómada:

la civilización deriva de una explotación del

sedentarismo. La misma palabra “civiliza-

ción”, etimológicamente, quiere decir “refe-

rente a la ciudad” (p. 232).

Es importante el papel que la ciudad ha te-

nido en el desarrollo de las sociedades y a su

vez en el estudio del urbanismo. Ahora, en un

contexto histórico la preocupación por la orga-

nización y coordinación en la planiﬁ cación de

las ciudades, encuentra sus raíces en los pueblos

más antiguos; pues desde esos grupos humanos

se inició el crecimiento de las civilizaciones que

con su legado deﬁ nieron y moldearon lo que en

la actualidad conocemos como sociedad.

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EL ROL DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL EN LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Culturas como la griega, fueron determinan-

tes para entender la tradición que el urbanismo

ha tenido en la evolución social, debido a su

fuerte inﬂ uencia en la organización de las ciu-

dades y en la distribución que estos hicieron de

los espacios y lugares adecuados a cada uno de

los que habitaban la polis. Pabón y Pabón (2007)

encontraron que se creó un sistema llamado hi-

podámica que condujo al diseño calculado de

las ciudades, tanto en su división cívica como

religiosa; orientado a proporcionar un sentido de

equilibrio estético y lo más importante, a trazar

calles y avenidas, siguiendo un modelo de cua-

drículas, que beneﬁ ció las viviendas, las cuales

se integraron en la infraestructura comercial y

defensiva de la ciudad.

Atenas, era la polis más avanzada de la an-

tigua Grecia, pues allí se observaban las trans-

formaciones de mayor importancia dirigidas al

concepto de ciudad, dado que presentaba logros

como la existencia de un mercado formal, un

recaudo central de impuestos y una moneda oﬁ -

cial. La ciudad enfrentó grandes problemas de

urbanismo al intentar relacionar la infraestructu-

ra y las organizaciones sociales, sin embargo, el

ingenio de los urbanistas griegos solucionó con

presión tales diﬁ cultades Pabón y Pabón (2007),

encontraron que:

Existían, por ejemplo, de manera formal la

fuente pública o Casa de la Fuente, la Casa

de la Moneda, la cárcel, la Corte de Justicia,

la residencia del jefe religioso o arcón llama-

da Stoa Real, el mercado público o Stoa del

Sur y el mercado religioso o Stoa de Zeus, la

pinacoteca, casi equivalente a nuestra biblio-

teca pública, llamada Stoa Pintada, el cuartel

o Strategeion, el comedor o restaurante de

las autoridades llamado Tholos y el Boulete-

rion equivalente a nuestra moderna Alcaldía

o Senado, estadio fuera de las murallas, en

territorio relativamente “neutral”, así como

Foro de Asamblea y Fortaleza (pp. 35-36).

Por otra parte, los romanos, considerados una

de las civilizaciones más poderosas del mundo

antiguo, tomaron para sí la inﬂ uencia del urba-

nismo griego, pues adaptaron la forma de orga-

nizar sus ciudades con el principio sistemático

de la hipodámica, razón por la cual, planiﬁ caron

la urbe desde un modelo general de las ciudades

griegas; pero además, imprimieron su propio se-

llo y esto se puede observar en la adaptación del

terreno; así mientras que las polis se acomodan a

la superﬁ cie donde se construían, las romanas en

cambio se erigían sobre una estructura rectan-

gular en un intento de hacer doblegar al terreno.

En un estudio de Fentress (2000, citada por

Pabón & Pabón, 2007, p. 42) señala que en la

antigua Roma:

La ciudad romana estaba organizada alrede-

dor de dos ejes principales, el Cardus Maxi-

mus, calle orientada en sentido norte-sur y el

Decumanus, vía secundaria perpendicular,

con el Capitolio o Foro en su intersección,

con una plaza pública frente a este. Se ha su-

gerido que esto lleva un propósito consciente

para subordinar la política a la religión.

Hasta este punto, se observa la importancia

del urbanismo en el periodo antiguo, puesto que

deﬁ nía el grado de desarrollo y civilización de

un pueblo, dado que, en la ciudad, resultado ma-

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terial de esta disciplina; convergían las máximas

expresiones de la cultura, el arte, el conocimien-

to, el comercio y el poder político, militar y so-

cial de la época. También se presentaron otros

periodos en el transcurso de la historia como:

Periodo moderno. Con los grandes aportes

que el Renacimiento y los años de la Ilustración

dejaron en la mente de hombres y mujeres de

principio del siglo XX, se replantearon muchos

aspectos del urbanismo en su contenido y ejecu-

ción. Pues con la Revolución Industrial, se ge-

neró un fenómeno de desplazamiento del campo

a las ciudades que saturó la antigua y frágil in-

fraestructura de los centros urbanos de la época.

Pabón y Pabón (2007) señalan: “se presentaron

problemas de sanidad, medioambiente, altos

costos de energía, alcantarillado y aseo”.

Entonces, para frenar esta serie de sucesos,

en los países europeos se crearon movimientos

sociales que promovían adoptar medidas, para la

expedición de leyes que siguieran los principios

urbanísticos y detener así, el desarrollo desorde-

nado y caótico de las urbes. Para dar un ejemplo

más claro, Pabón y Pabón (2007) encontraron

que:

En Inglaterra, en 1909, se aprobó una ley de

normas rigurosas en ese sentido; se promovió

además, en el mismo año, el primer Congre-

so nacional sobre urbanismo que tuvo lugar

en Estados Unidos y que sirvió de ejemplo

para que también los países europeos adopta-

ran también la llamada planiﬁ cación urbana

que, igualmente, permitió, al conocerse los

lineamientos legales y los sistemas de cré-

ditos oﬁ ciales, la construcción de viviendas

con marcado signo social. Gran Bretaña, los

países bajos, Francia, España y otros Estados

europeos realizaron proyectos de vivienda y,

al igual que en Estados Unidos, al desarro-

llarse el programa de New Deal, se crearon

Oﬁ cinas de Obras Públicas, encargadas de

orientar y planiﬁ car las inversiones en vi-

viendas, a largo y corto plazo (p. 58).

Fueron estos procesos y esfuerzos los que

marcaron dicho periodo en la evolución del

urbanismo, pues se aportaron los primeros mo-

delos organizativos que los gobiernos y la so-

ciedad, tendrían como derrotero para afrontar

un siglo entero de grandes retos, el ﬁ n del mo-

dernismo y la entrada de las grandes metrópolis

contemporáneas.

Periodo mitad del siglo XX. Finalizada la Se-

gunda Guerra Mundial, en periodo de posguerra,

el panorama de las principales ciudades de Eu-

ropa Occidental se veía desolador, quedando en

ruinas la totalidad de las principales ciudades;

era necesario tomar medidas y reconstruir los

estragos de la fatídica guerra, por tal motivo. Pa-

bón y Pabón (2007) encontraron que se promul-

garon leyes para la urbanización en la ciudad y

el campo a través del establecimiento de Oﬁ ci-

nas de Planeación que controlaran y dirigieran

dicho proceso; estas tenían la responsabilidad de

auspiciar y favorecer nuevas comunidades, fun-

damentadas en los estudios del urbanista Ebene-

zer Howard.

Después de tratar el periodo histórico del

urbanismo, debe dársele una mirada moderna

desde la óptica de la construcción de las nuevas

ciudades y su inﬂ uencia en el desarrollo de la

sociedad.

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EL ROL DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL EN LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

El urbanismo moderno

Aunque uno de los retos más difíciles del ur-

banismo actual, es el acelerado crecimiento de

la población mundial centrado en las grandes

ciudades, por factores de desplazamiento de ca-

rácter social, económico, cultural (Pabón & Pa-

bón, 2007). Surge con estas metas, un modelo de

organización y planeación urbana que se enfoca

en mejorar la calidad de vida de los hombres y

mujeres que habitan los centros urbanos. Para

ello es indispensable la existencia de políticas

de gobierno que garanticen el buen funciona-

miento de las acciones urbanísticas, de la distri-

bución del espacio común, del medioambiente

como elemento necesario de convivencia entre

los asociados y, además, de un estudio profundo

de la normatividad que contiene lo referente a su

protección respecto de las acciones urbanísticas.

Futuro del urbanismo. Los elevados índi-

ces de crecimiento poblacional exigen que los

recursos naturales se exploten y consuman en

un grado superior a lo que la naturaleza podría

brindar; no hay que esperar al futuro para saber

que el mayor inconveniente de supervivencia va

a ser la escasez de recursos y, como efecto de

ello, el fenómeno del calentamiento global que

en materia de urbanismo se va a reﬂ ejar en el

medioambiente de las ciudades.

De hecho, en la actualidad los países indus-

trializados han adquirido conciencia sobre el

problema ambiental y de paso han tomado me-

didas, que aunque insuﬁ cientes, son el principio

de una nueva forma de ver el mundo por parte de

los hombres y mujeres contemporáneos; pues de

la preservación del medioambiente, del control

al momento de ediﬁ car las ciudades del futuro,

del respeto hacia el espacio ambiental que deben

disfrutar todos los habitantes de las metrópolis,

y de la conciencia de los gobernantes, los legis-

ladores y todas las esferas sociales depende el

éxito de las generaciones que están por llegar.

Y es que los centros urbanos del futuro, de-

ben ser pensados bajo estándares y tendencias

urbanísticas que en principio superen todos los

errores de los actuales modelos de ciudad y que

también contribuyan a mejorar la calidad de

vida de todos los hombres y mujeres que habi-

tan la urbe; garantizando mejores ediﬁ caciones

que integren la preservación y planiﬁ cación del

medioambiente bajo las tesis del aprovecha-

miento y el disfrute completo de la ciudad.

Por último, no hay que negar que existe vo-

luntad y adelantos en el tema urbano por parte

de los entes gubernamentales responsables, pero

la realidad también indica que las falencias son

notorias, sobre todo en materia ambiental, pues

la expansión urbana está llegando al punto de

destruir el medioambiente sin controles y sin

responsabilidad de resarcir el daño ocasionado

por el desarrollo. Un ejemplo de esto se puede

esceniﬁ car en la ciudad de Barranquilla DEIP,

cuando se construye sin el acompañamiento de

la autoridad ambiental distrital (DAMAB), de

forma previa al inicio de las obras, generando

un sinnúmero de infracciones ambientales, por

la no observancia de lo regulado en el compen-

dio normativo medioambiental

, entre las que se

puede encontrar:

2. Artículo 60 del Decreto 1594 de 1984, la Resolución 541 de

1994 expedida por el Ministerio del Medioambiente, artículos

2 y 3 del Decreto 948 de 1995 y los artículos 22, 34, 41 y 56

del Decreto 1713 de 2002.

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• Contaminación auditiva por cuenta del ruido

que generan los automotores y demás ele-

mentos necesarios para la práctica de esta

actividad.

• Emisiones de material particulado al aire que

da como consecuencia una mayor congestión

y contaminación del aire en el entorno donde

se desarrolla la construcción.

• Mala disposición de materiales o residuos

sólidos extraídos o sobrantes de las actuacio-

nes urbanísticas.

• La presencia de olores ofensivos.

• Falta de áreas verdes y/o recreativas de im-

pacto público relevante (parques urbanos,

plazas y avenidas arboladas).

• Vertimientos líquidos.

Lo que obliga al Departamento Técnico Ad-

ministrativo del Medio Ambiente de Barranqui-

lla –DAMAB–, iniciar procesos sancionatorios

ambientales a los infractores ambientales, con la

circunstancia de llegar cuando el daño ambiental

ya se ha ocasionado.

Marco normativo del Derecho Urbano en

Colombia

Los conﬂ ictos urbanísticos en Colombia, na-

cen a mediados del siglo XX cuando se mostró

señales de crecimiento urbano a causa del des-

plazamiento en masa del campo a la ciudad, de

hombres, mujeres, niños y ancianos, generados

por la violencia de partidos y los graves proble-

mas políticos y sociales que se presentaban en

esa época. Producto de este fenómeno, el desa-

rrollo urbano de las ciudades se adelantó irregu-

larmente, pues no existían políticas que contro-

laran el acelerado desarrollo de las urbes.

Pero normativamente, el Régimen Urbanísti-

co colombiano, adquiere sus antecedentes, en la

Ley 4ª de 1913, Código de Régimen Político y

Municipal, cuando le entrega competencia a los

concejos municipales con la ﬁ nalidad de otorgar

concesiones para la ejecución de obras de interés

público y reglamentar el repartimiento y entrega

de los terrenos comunales y baldíos cedidos al

municipio (Art. 169 Num. 16 y 17). A este ante-

cedente le precede la Ley 97 de 1914 que en su

artículo 4º, le entrega la potestad a los concejos

municipales para “…disponer lo conveniente

sobre trazado, apertura, ensanche y arreglo de

las calles de las poblaciones y caseríos; y con-

ceder permiso para ocuparlas con canalizacio-

nes subterráneas y postes para alambres y cables

eléctricos, rieles para ferrocarriles y tranvías,

torres y otros aparatos para cables aéreos, y en

general, con accesorios de empresas de interés

municipal…”, posteriormente fue hasta 1928

con la expedición de la Ley 113 que en su artí-

culo 10 le conﬁ rió a la Nación la facultad para

conceder licencias para utilizar las calles, pla-

zas, vías públicas y demás bienes nacionales de

uso público; esto para tender superﬁ cialmente

las redes de canalización de plantas eléctricas,

para uso tanto industrial como doméstico.

Pero el concepto de área urbana es introduci-

do por el artículo 1 de la Ley 88 de 1947, el cual

establece: “…Artículo 1o. Para los efectos de

esta ley se entiende por área urbana de los mu-

nicipios la extensión comprendida dentro de la

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EL ROL DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL EN LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

nomenclatura legal correspondiente o la deter-

minada por los concejos municipales por medio

de acuerdos…”, entiéndase por lo anterior que le

corresponde a las corporaciones coadministra-

doras municipales la responsabilidad de la deter-

minación del área urbana de la municipalidad;

esta norma fue derogada por la Ley 61 de 1978

denominada Ley Orgánica de Desarrollo Urba-

no”, la cual tenía como propósito la elaboración

por parte de los entes territoriales que contaban

con más de 20.000 habitantes de un Plan Integral

de Desarrollo fundamentado en las técnicas mo-

dernas de planeación urbana y de coordinación

urbano-regional. Hay que anotar que esta nor-

ma en su artículo 2º establece: “…El desarrollo

de las áreas urbanas se regulará dentro de una

política nacional de equilibrio entre las diversas

regiones del territorio y entre las zonas rurales,

urbanas y de conservación ecológica…”. Con

lo anterior podemos observar una primaria y

tímida relación entre la planeación urbana y el

componente ambiental. El Ejecutivo reglamentó

la mencionada Ley 61 de 1978 mediante el De-

creto Reglamentario No. 1306 de 1980, el cual

deﬁ nió el Plan Integral de Desarrollo como “El

conjunto de normas que permitan ordenar, regu-

lar y orientar las acciones de los sectores público

y privado en los aspectos socioculturales, eco-

nómico-ﬁ nancieros, físico-territorial y jurídico-

administrativo, con el ﬁ n de mejorar la calidad

de vida de los habitantes y utilizar en forma óp-

tima los recursos existentes”.

El Congreso de la República mediante el acto

legislativo No. 1 de 1986 aprueba la elección

popular de alcaldes en Colombia; con esta nue-

va herramienta democrática se hace necesario la

expedición de normas dirigidas a las administra-

ciones municipales, es así como nace la Ley 11

de 1986 (por la cual se dicta el Estatuto Básico

de la Administración Municipal y se ordena la

participación de la comunidad en el manejo de

los asuntos locales), la cual es reglamentada por

el Decreto 1333 de abril 25 de 1986 denomina-

do Código de Régimen Municipal, en donde se

introducen reglamentaciones sobre normas ur-

banísticas en los municipios (Capítulo I, Título

III – Planeación Municipal).

Luego, se expide la Ley 9ª de 1989 la cual

derogó parcialmente el Decreto 1333 de abril 25

de 1986, la cual contempla temas primordiales

de Derecho Urbano, tales como la planiﬁ cación

del desarrollo municipal, el espacio público, las

licencias y sanciones urbanísticas, entre otros.

Con la llegada de la Constitución Nacional

de 1991, es regulado el tema urbanístico en di-

versos artículos que denotan su importancia

dentro de la estructura normativa constitucio-

nal moderna, esto lo podemos apreciar de la si-

guiente forma:

En el año de 1994 se expide la Ley 152 de-

nominada Ley Orgánica del Plan de Desarrollo,

que en su artículo 1 establece que tiene como

propósito “establecer los procedimientos y me-

canismos para la elaboración, aprobación, eje-

cución, seguimiento, evaluación y control de

los planes de desarrollo”; esta norma introduce

un requisito adicional a la elaboración de estos

planes de desarrollo al establecer en su artícu-

lo 41: “…Para el caso de los municipios, ade-

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Nota: Tomado de http://www.corteconstitucional.gov.co (2009)

Cuerpo Normativo

Constitución Política de

Colombia 1991

Constitución Política de

Colombia 1991

Constitución Política de

Colombia 1991

Constitución Política de

Colombia 1991

Constitución Política de

Colombia 1991

Constitución Política de

Colombia 1991

Constitución Política de

Colombia 1991

Constitución Política de

Colombia 1991

Constitución Política de

Colombia 1991

Constitución Política de

Colombia 1991

Constitución Política de

Colombia 1991

Constitución Política de

Colombia 1991

Norma Base

Artículo 51

Artículo 58

Artículo 79 inciso pri-

mero

Artículo 82 inciso pri-

mero

Artículo 88

Artículo 268 numeral 7

Artículo 313 numeral 7

Artículo 317

Artículo 318

Artículo 333 inciso úl-

timo

Artículo 334

Artículo 361

Relación

Distribución del suelo en razón de hacer efectivo el derecho a una vivienda digna

Función social y ecológica de la propiedad privada como limitante al desarrollo

urbano

Participación de la comunidad en el desarrollo urbano por la posible afectación del

derecho a un ambiente sano

Integridad del espacio público

Acciones populares: mecanismo de protección del ambiente por parte de afecta-

ciones urbanísticas

Función del Contralor General de la República como evaluador del estado de los

recursos naturales y del ambiente

Función urbanística de los concejos municipales

Destinación del gravamen de la propiedad inmueble a autoridades ambientales

Función urbanística de las Juntas Administradoras Locales

Limitación de la libertad económica en razón del ambiente

Intervención urbanística del Estado en la economía

Destinación de regalías al POT

más de los planes de desarrollo regulados por la

presente Ley, contarán con un plan de ordena-

miento que se regirá por las disposiciones espe-

ciales sobre la materia. El Gobierno Nacional y

los departamentos brindarán las orientaciones y

apoyo técnico para la elaboración de los planes

de ordenamiento territorial…” y la disposición

especial sobre la materia de que habla el artículo

anterior produjo la expedición de la Ley 388 de

1997 (por la cual se modiﬁ ca la Ley 9 de 1989

y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposicio-

nes). El principal objetivo de esta norma, es el

de armonizar y actualizar las disposiciones con-

templadas en la Ley 9ª de 1989, con la Consti-

tución Política, la Ley Orgánica del Plan de De-

sarrollo (L.152/94), la Ley Orgánica de Áreas

Metropolitanas (L.128/94) y la ley por la cual se

crea el Sistema Nacional Ambiental (L. 99/93).

Es importante precisar que la mencionada ley,

trata el tema del ordenamiento territorial desde

la óptica de los entes territoriales (departamen-

tos, municipios, distritos y los territorios indíge-

nas y eventualmente, las regiones y provincias),

deﬁ niendo reglas claras sobre la elaboración y

puesta en marcha de los Planes de Ordenamien-

to Territorial. Ha sido modiﬁ cada por la Ley 507

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de 1999 y por el Decreto 1122 de 1999, el cual

fue declarado inexequible por la Corte Consti-

tucional mediante Sentencia C-923 del 18 de

noviembre de 1999 M.P.: Álvaro Tafur Galvis,

y ﬁ nalmente modiﬁ cada por la Ley 810 de 2003.

Todo este compendio normativo, es el reco-

rrido jurídico del Derecho Urbano en Colombia,

el cual tiene en su esencia un cometido dentro

del desarrollo propio de las ciudades en Colom-

bia, por ello se hace necesario abordarlo desde

la óptica de la función pública que cumple el

urbanismo en el desarrollo urbano de los entes

territoriales.

Función pública del urbanismo en el desa-

rrollo urbano

“El urbanismo, dentro de las ciencias jurídi-

cas, es considerado como una rama del Derecho

Administrativo, lo que implica que sus aplica-

ciones ostenten una actividad pública en servi-

cio del bien común” (Solarte, 2006, p. 129). Sin

embargo, los orígenes de la ciudad estaban mar-

cados por intereses particulares y privados, que

en ningún momento concibieron el urbanismo

como un asunto de interés general; solo en Gre-

cia y Roma se observó un pequeño avance en la

materia, pues sus metrópolis se fundamentaban

en el fortalecimiento de la sociedad, demostrán-

doles a través de sus grandes mercados, teatros,

coliseos, carreteras, baños públicos, fuentes (So-

larte, 2006, p. 129) la ilusión de poseer poder y

de ser el centro del mundo civilizado.

Otro punto de vista sobre la función públi-

ca del urbanismo expone Parejo (1979) cuando

sostiene que:“…los actos de ediﬁ cación y uso

del suelo han dejado de ser facultades de la pro-

piedad para pasar a constituir el contenido de

dediciones públicas, obra del imperium y no del

dominium” (p. 79). De esto se inﬁ ere, que ta-

les decisiones públicas no limitan expectativas

preexistentes, sino que conﬁ guran el contenido

mismo del derecho; pues la función pública del

urbanismo (Ley 388 de 1997, Art. 3), es garan-

te dentro de la administración y la ley, para que

exista un equilibrio entre el desarrollo urbano de

la sociedad y los hombres y mujeres que hacen

parte de esta; de hecho, uno de los efectos del

progreso es el sacriﬁ co de derechos únicos e ina-

lienables al ser humano, como el goce y disfrute

a un ambiente sano, que no deben ser coartados

por las acciones de crecimiento en la ciudad.

En Colombia, el artículo 58 de la Constitu-

ción Política consagra: “La propiedad es una

función social que implica obligaciones. Como

tal, le es inherente una función ecológica”. Es

decir, reconoce el principio público del urbanis-

mo y maniﬁ esta la protección y responsabilidad

con el medioambiente, como requerimiento ex-

plícito de la Carta para poder concebir la legali-

dad del urbanismo dentro de la sociedad.

Así mismo, establece la normatividad nacio-

nal sobre urbanismo: que es bajo la responsabi-

lidad de la Administración que se desarrolla e

implementa el Derecho Urbanístico, sobre las

acciones pertinentes a esta materia, y el desarro-

llo de una actividad urbanística no debe menos-

cabar ni afectar los intereses de la comunidad,

pues esta debe estar orientada a satisfacer las

necesidades de hombres y mujeres.

Por último cabe señalar, la importancia de

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los Planes de Ordenamiento Territorial previs-

tos por la Ley 388 de 1997 y que dentro de los

determinantes para su constitución, se estable-

ce que deben contener las directrices, normas y

reglamentos expedidos en ejercicio de sus res-

pectivas facultades legales, por las entidades del

Sistema Nacional Ambiental –SINA–, en los

aspectos relacionados con el ordenamiento es-

pacial del territorio, de acuerdo con la Ley 99 de

1993 y el Código de Recursos Naturales, tales

como las limitaciones derivadas del estatuto de

zoniﬁ cación de uso adecuado del territorio y las

regulaciones nacionales sobre el uso del suelo

en lo c

oncerniente exclusivamente a sus aspec-

tos ambientales. Además, esta misma norma

en su artículo 3 numeral 2 dice, atender a los

procesos de

cambio en el uso del suelo y ade-

cuarlo en áreas de interés común, procurando su

utilización racional en armonía con la función

social de la propiedad a la cual le es inherente

una función ecológica, buscando el desarrollo

sostenible.

Es importante precisar, que el urbanismo, lo

integran unos componentes, con los cuales cum-

ple la función pública asignada en la normativi-

dad colombiana.

Componentes del urbanismo

Deﬁ nición

Señala Solarte (2006): “Instrumentos para la

administración del desarrollo y la ocupación del

espacio físico clasiﬁ cado como suelo urbano y

suelo de expansión urbana, que integran políti-

cas de mediano y corto plazo, procedimientos e

instrumentos de gestión y normas urbanísticas”

(p. 138). En otras palabras, son las partes que

integran el urbanismo, es su contenido general,

pues cada una de estas, es indispensable para po-

der lograr consolidar el resultado del urbanismo.

Para efectos de la presente investigación, es

pertinente señalar cada uno de los componentes

del urbanismo, para poder identiﬁ car en el caso

particular del distrito de Barranquilla, cuáles de

estas unidades funcionan acorde con las nece-

sidades de la sociedad barranquillera y cuáles

deben ser revisadas para poder garantizar un

urbanismo moderno, responsable e incluyente,

entre otros están:

Componente vial

Proporciona la información, para planiﬁ car

la localización y dimensionamiento de la in-

fraestructura para el sistema vial, de transportes

y la adecuada intercomunicación de todas las

áreas urbanas y las áreas de expansión¸ la dis-

ponibilidad de redes primarias y secundarias de

servicios públicos; la localización prevista para

los equipamientos colectivos y espacios libres

para parques y zonas verdes públicas.

Componente ambiental

En el caso particular, determinar el funciona-

miento del componente ambiental, respecto de

las acciones urbanísticas en el distrito de Barran-

quilla; conﬁ guran una parte importante de esta

investigación, para esto, es necesario establecer,

la delimitación del suelo urbano y de expansión,

de las áreas de conservación y protección de los

recursos naturales, paisajísticos y de conjuntos

urbanos, históricos y culturales; de conformidad

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EL ROL DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL EN LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

con la legislación general aplicable a cada caso

y las normas urbanísticas que los complemen-

tan, así como de las áreas expuestas a amenazas

y riesgos naturales.

Componente de servicios públicos

Es necesario identiﬁ car, la disponibilidad de

redes primarias y secundarias de servicios pú-

blicos, que garantizan la calidad de vida de los

habitantes de la ciudad. En cumplimiento de la

responsabilidad que tienen las Administraciones

en ofrecer las herramientas mínimas de subsis-

tencias a sus habitantes; compete a esta investi-

gación, encuadrar los casos que la construcción,

mejoras o adecuación de las estructuras físicas

de los servicios públicos, afectan el componente

ambiental urbano en el distrito de Barranquilla.

Componente de servicios rotacionales

Se reﬁ ere a la adopción de directrices y pará-

metros para la formulación de planes parciales,

incluyendo la deﬁ nición de acciones urbanísti-

cas, actuaciones, instrumentos de ﬁ nanciación y

otros procedimientos apacibles en las áreas su-

jetas a urbanización u operaciones urbanas por

medio de dichos planes. Para el caso del distrito

de Barranquilla es puntual reseñar cuáles son los

planes parciales que se tienen para el desarro-

llo de la dinámica del urbanismo, puesto que al

tener claridad en ese aspecto, se puede advertir

cuando se presente la necesidad de acudir a otro

método para superar un conﬂ icto urbanístico.

Componente social

Señala la estrategia de mediano plazo para el

desarrollo de programas de vivienda de interés

social, necesarios para cubrir las necesidades de

los sectores poblacionales más desprotegidos,

brindándoles mejor calidad de vida y un lugar

digno donde habitar. De igual manera se debe

prever en este tipo de acciones el impacto al

medioambiente y las medidas necesarias para

evitar afectar el entorno de los habitantes, con-

siderándose que el componente social vincula

directamente al componente ambiental, dado

que los dos salvaguardan los derechos de los

hombres y mujeres para el goce y disfrute de un

ambiente sano.

La Administración Distrital de Barran-

quilla y la aplicación del Derecho Urbanístico

La planeación urbana distrital

La planeación territorial y urbana comprende

“todas las acciones, intervenciones y procedi-

mientos para ordenar el territorio internamente

en el Distrito” (Solarte, 2006, p. 101). Y se de-

ﬁ ne como la actividad de pensar hacia el futu-

ro trazando estrategias y directrices reales que

permitan la consecución de un mejor desarrollo

social, político, económico y administrativo en

un determinado territorio. Según Solarte (2006)

el Distrito, por mandato legal y constitucional

debe elaborar su respectivo Plan de Desarrollo,

con vigencia equivalente al periodo constitucio-

nal del gobierno distrital, que cobije todos los

campos y temas tanto sociales como políticos,

administrativos, ﬁ nancieros, y económicos, en

conjunto con la comunidad, para garantizar una

verdadera participación de la sociedad civil, así

como la Constitución Política de 1991 lo consa-

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gra, en razón del modelo de democracia partici-

pativa adoptado por el Estado colombiano.

Con el ánimo de hacer posible semejante

tarea, el Constituyente previó la existencia de

unos consejos de planeación en los departamen-

tos, distritos y municipios, y el Consejo Nacio-

nal de Planeación consagrado en el artículo 340

de la Carta Política, integrado por representantes

de los distintos sectores de la sociedad civil y de

las entidades territoriales, encargados de cana-

lizar las propuestas y necesidades, proyectos y

soluciones de la sociedad al gobierno.

En el ámbito distrital, se observan los Con-

sejos Territoriales de Planeación Distrital, según

Henao (2008) encargados de organizar y coor-

dinar una amplia discusión con la comunidad y

las localidades respecto al proyecto del Plan de

Desarrollo Económico y Social del Distrito. Así

mismo, debe formular recomendaciones y con-

ceptuar sobre el proyecto del Plan de Desarrollo

Distrital que la Administración le presente.

No obstante, es inverosímil aﬁ rmar que la

Planeación Distrital sea participativa, ya que

para ello la legislación debe presentar avances

al igual que la concientización de los ciudada-

nos.

“es un proceso que está en construcción

(…) sobre el cual debemos apostar todos en la

forma y medida que nos sea posible” (Portilla,

2006, p. 103).

La legislación colombiana desde el año 1994

estableció que a la hora de elaborar, ajustar o

modiﬁ car los planes de desarrollo, y planes de

ordenamiento territorial, los entes encargados

de ello son: El Concejo Municipal y/o Distri-

tal, el Consejo Territorial de Planeación, entre

otros, los cuales tienen la potestad de aprobar y

decidir en su respectivo orden, las mencionada

modiﬁ caciones a los POT, en palabras de Solarte

(2006):

1. El Consejo Distrital, en razón de su función

aprobatoria mediante acuerdos del plan de

desarrollo como el de ordenamiento territo-

rial o las reformas y ajustes que se hagan.

2. El Consejo Territorial de Planeación, a causa

del concepto que emite sobre cualquier pro-

yecto de planeación que implique la elabora-

ción de un plan o reforma o ajuste existentes.

3. El alcalde, por impartir las directrices de

acuerdo con las normas legales, con el plan

de desarrollo y su programa de gobierno.

4. La Secretaría de Planeación, debido a la fun-

ción de propender por una buena elabora-

ción de los planes de ordenamiento por las

revisiones y ajustes que se propongan sobre

estos al igual que la expedición de licencias

ambientales.

5. El Consejo de Gobierno, que cumple fun-

ciones de asesoría y consulta en los proce-

dimientos de formulación y ejecución de la

planeación (p. 106).

Funciones de las autoridades administra-

tivas en materia de urbanismo

Las distintas autoridades administrativas que

existen en los entes territoriales de Colombia,

ejercen, dentro de sus funciones asignadas en la

Constitución, cierta injerencia en el tema urba-

nístico; tal es el caso de los gobernadores de de-

partamento, a los cuales la Constitución Política,

en su artículo 305 le entrega funciones con rela-

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EL ROL DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL EN LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

ción al urbanismo, toda vez que les corresponde

gestionar y promover el desarrollo integral de su

territorio, y presentar proyectos de ordenanzas

sobre planes y programas de desarrollo econó-

mico, social, y de obras públicas, en razón de la

calidad de jefe de la administración seccional.

En él se maniﬁ esta el fenómeno de la descen-

tralización como el de la centralización; cuando

actúa como jefe de la administración seccional

es una autoridad descentralizada; mientras que

cuando lo hace como agente del Presidente de la

República, es una autoridad centralizada, aun-

que desconcentrada. Según Rodríguez (2006) el

gobernador: “…Es un funcionario de elección

popular, para un periodo de cuatro años, sin que

pueda ser reelegido para el siguiente periodo.

(…) Agente del Presidente de la República para

el mantenimiento del orden público, para la eje-

cución de la política económica general y para

los asuntos que mediante convenios la nación

acuerde con el departamento…” (p. 196).

En cuanto a los alcaldes municipales y/o dis-

tritales, la Constitución Política en su artículo

315, le asigna la función de presentar proyectos

de acuerdo sobre planes y programas de desa-

rrollo social, económico, y obras públicas, como

parte de su función urbanística. Señala Rodrí-

guez (2006): “el alcalde es el jefe de la adminis-

tración local y representante legal del municipio

(…) el régimen de los alcaldes se encuentra con-

tenido en la Ley 136 de 1994; posteriormente en

las Leyes 177 de 1994 y 617 de 2000” (p. 210).

En el caso concreto a tratar, existen unas au-

toridades ambientales distritales, en los distritos

de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, las

cuales nacen a la vida jurídica gracias a lo esta-

blecido en el artículo 13 de la Ley 768 de 2002,

que ejercerán, dentro del perímetro urbano de la

cabecera distrital, las mismas funciones atribui-

das a las Corporaciones Autónomas Regionales

en lo que fuere aplicable al medio ambiente ur-

bano.

El manejo y administración de los bienes de

uso público que existan en jurisdicción de los

Distritos Especiales, susceptibles de explotación

turística, recreativa, cultural, industrial y portua-

ria, corresponde a las autoridades del orden dis-

trital. En el Distrito Especial, Industrial y Por-

tuario de Barranquilla se creó el Departamento

Técnico Administrativo del Medioambiente

–DAMAB–, por medio del Decreto 0208 de

2004

expedido por el alcalde distrital.

Por otra parte, a los Concejos Municipa-

les y/o Distritales, la Constitución Política en

su artículo 313 le entrega responsabilidades en

materia de urbanismo cuando dispone que a esa

corporación le corresponde reglamentar los usos

del suelo dentro de los límites que ﬁ je la ley,

además deben vigilar y controlar las actividades

relacionadas con la construcción y enajenación

de inmuebles destinados a vivienda.

Por último, a las Asambleas Departamen-

tales les corresponde expedir las disposiciones

relacionadas con la planeación, el desarrollo

económico y social, las obras públicas, las vías

de comunicación y el desarrollo de sus zonas de

frontera. Al igual que adoptar de acuerdo con la

ley los planes y programas de desarrollo econó-

mico y social y de obras públicas (CN Art. 300).

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Normatividad urbanística en el distrito de

Barranquilla

En el Distrito Especial, Industrial y Portuario

de Barranquilla, en lo referente al tema urbano

se puede destacar, que en su actuar normativo

como ente territorial se expidió el Decreto 401

de 1957, el cual se constituyó como el primer

estatuto urbanístico de la ciudad; este se funda-

mentó en la Ley 88 de 1947, además al anterior

estatuto urbanístico de la ciudad; le sobrevinie-

ron sendas reformas por el dinamismo norma-

tivo nacional en donde se pueden destacar los

Decretos 187 de 1980, 124 y 125 de 1986, pero

fue en 1993, cuando el Concejo de Barranqui-

lla le entrega facultades al alcalde para expedir

el estatuto urbanístico del Distrito Especial de

Barranquilla, para que hiciera parte integral del

plan de desarrollo; es así como se expide el De-

creto 654 de septiembre 21 de 1993, modiﬁ cado

posteriormente por el Decreto Acuerdo 572 de

mayo 30 de 1994.

Luego amparados en el parágrafo 2º del ar-

tículo 41 de la Ley 152 de 1994, y en la recién

expedida Ley 388 del 18 de julio de 1997, se

presenta a consideración del Concejo Distrital

por parte del alcalde del momento doctor Ed-

gard George González, el proyecto de acuerdo

para la expedición del Plan de Ordenamiento

Territorial al Concejo Distrital, el cual se con-

vierte en el Acuerdo No. 027 de 1997, que en

el artículo 62 establece: “…Autorizar al alcalde

distrital de Barranquilla para que en un término

máximo de noventa (90) días, contados a partir

de la fecha de sanción de este acuerdo, expida

y adopte mediante decreto las políticas, progra-

mas y proyectos del plan de ordenamiento físico

territorial de la ciudad, los procedimientos que

viabilicen los instrumentos de gestión, determi-

ne los procesos estratégicos de cada una de las

intervenciones contempladas en el plan y formu-

le la normatividad regulatoria del conjunto de

decisiones del plan…”, es así como el alcalde

distrital expide el Decreto 2030 del 14 de no-

viembre de 1997, por medio del cual se adop-

ta el plan de ordenamiento físico territorial del

Distrito Industrial y Portuario de Barranquilla

y el Decreto 2111 de 1997, por medio del cual

se expide el estatuto de usos del suelo y normas

urbanísticas dentro del proceso de formulación

del plan de ordenamiento físico territorial del

Distrito Especial, Industrial y Portuario de Ba-

rranquilla.

Es entonces, durante la administración del

alcalde Bernardo Hoyos, que se expide el Plan

de Ordenamiento Territorial (POT) en el distrito

de Barranquilla

, por medio del Decreto Acuer-

do No. 0154 de septiembre 6 de 2000, el cual

contiene en principio la versión moderna POT

en el Distrito. Luego, en el año 2007 el Concejo

Distrital de Barranquilla expide el Acuerdo No.

003 de 2007

, por medio del cual se le introdu-

cen unas reformas al Decreto acuerdal 0154 de

septiembre 6 de 2000, hoy en día, el POT del

distrito de Barranquilla, lo componen esencial-

mente el Decreto acuerdal 0154 de 2000 y el

Acuerdo No. 003 de 2007.

3. Atendiendo lo dispuesto en: La Ley 388 de 1997, el artículo 1º

de la Ley 507 de 1999 y el artículo 7º de la Ley 614 de 2000.

4. Fundamentado en el artículo 2º de la Ley 902 de julio 26 de

2004, el cual establece: “…Las autoridades municipales y dis-

tritales podrán revisar y ajustar los planes de Ordenamien-

to Territorial o sus componentes una vez vencido el periodo

constitucional inmediatamente anterior…”.

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EL ROL DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL EN LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

El Derecho Ambiental y su injerencia en la

ejecución de las actuaciones urbanísticas en

Colombia

Concepto de Derecho Ambiental

Para dar un concepto de Derecho Ambiental,

se hace necesario encuadrar esta legislación den-

tro de la antiquísima división del Derecho, en

Derecho Público y Derecho Privado, para esto

se debe considerar al Derecho del Medioam-

biente, como una legislación eminentemente pú-

blica, por cuanto sus postulados nacen de la gé-

nesis del Derecho Público, además por ser una

responsabilidad que vive en las entrañas propias

de los ﬁ nes estatales, lo cual fue corroborado por

la Corte Constitucional en la Sentencia C-359 de

1996 (M.P. Antonio Barrera Carbonell) en donde

se considera por el máximo tribunal constitucio-

nal nacional, que la responsabilidad del cuidado

y protección del medioambiente, le corresponde

al Estado cuando señaló que no son los particu-

lares sino el Estado el encargado de proteger el

ambiente, lo cual constituye un interés universal

de todo Estado, no solo en términos institucio-

nales, sino también en sus obligaciones interna-

cionales.

Lo anterior nos hace inferir que el Derecho

Ambiental, debe tener repercusión no solo en el

territorio nacional, sino también, su réplica debe

tener consonancia en el ámbito de la comunidad

internacional debidamente organizada.

En la literatura jurídica existen diversos con-

ceptos de Derecho Ambiental; por ejemplo, para

el profesor Serrano Moreno (1992, p. 42) el De-

recho Ambiental es el sistema de normas, insti-

tuciones, prácticas e ideologías jurídicas even-

tualmente útiles para la tutela del equilibrio de

los ecosistemas. De otra parte para el GIDCA

(Grupo de Investigación en Derechos Colecti-

vos y Ambientales) de la Universidad Nacional

de Colombia (2010, p. 21), en su texto Debates

Ambientales Contemporáneos: “…el Derecho

Ambiental debería caracterizarse por ser un

derecho público, universal, preventivo, redistri-

butivo inter y transdisciplinar (conexiones del

derecho con otras disciplinas como la ética, la

política, la economía ecológica, la ecología y

las ciencias ambientales), sistémico, proactivo

y prospectivo, que tiene como objeto central la

conservación del ambiente y los bienes natura-

les y ambientales y la protección y prevención

del daño y la contaminación ambientales”.

Se debe considerar que el Derecho Ambien-

tal es el conjunto de normas que pertenecen al

ordenamiento jurídico público, por ser una res-

ponsabilidad estatal, cuya naturaleza es la de

prevenir daños al ecosistema, que tiene funda-

mento en las distintas ramas del ordenamiento

jurídico (Derecho Internacional, Constitucional,

Administrativo, Penal, Civil y Comercial) y en

distintas disciplinas del saber, como la biología,

ecología, economía, política etc., y que su ámbi-

to de aplicación debería ser universal.

Antecedentes del Derecho Ambiental en

Colombia

La legislación ambiental en Colombia, po-

dríamos decir que sus antecedentes datan de

1821, cuando El Libertador en los primeros años

de la República expide un decreto protegiendo

los bosques, pero dándole sentido de preserva-

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ción para una posterior explotación. Luego el

sentido cambia, y la legislación más parecida a

los postulados ambientales a ﬁ nes del siglo XIX

tiene un criterio higienista, con la expedición de

sendos códigos sanitarios. A comienzos del siglo

XX y con las concesiones dadas por el Estado a

empresas extranjeras tales como las bananeras,

petroleras, concesiones de ferrocarriles, etc., el

Estado colombiano es ausente en el ámbito de

normas ambientales para la protección de bie-

nes jurídicos ambientales; solo existen en este

periodo pronunciamientos de la sociedad civil

(campesinos, comunidades étnicas afectadas) de

manera informal, pero hasta ese momento nada

jurídico.

Solo en 1959 con la expedición de la Ley 2ª,

donde se crean las primeras reservas y parques

naturales como la Macarena ubicada en el de-

partamento del Meta y los Guácharos en el Ca-

quetá, además se establecen mecanismos de pro-

tección a bosques, páramos y cumbres nevadas.

Luego, en 1972 con la adopción en el Estado

colombiano de la Declaración de Estocolmo so-

bre medioambiente humano, que produjo la ex-

pedición de la Ley 23 de 1973 y la elaboración

del Código Nacional de los Recursos Naturales

Renovables y de Protección al Medioambien-

te (Decreto 2811 de diciembre 18 de 1974), el

cual marcó indudablemente el punto de partida

de la construcción de una legislación ambiental

para Colombia, por cuanto con él, se crean ins-

trumentos jurídicos contundentes relacionados

con una temática moderna para la legislación

nacional como lo constituye el tema ambiental,

además no podemos desconocer que esta herra-

mienta jurídica le dio eﬁ cacia a estamentos na-

cionales dedicados a la defensa y protección del

ambiente como es el caso del extinto Instituto

Nacional de los Recursos Naturales Renovables

y del Ambiente –INDERENA–, el cual fue crea-

do por el Decreto-Ley 2460 de 1968 y liquidado

con fundamento en los artículos 98 y ss. de la

Ley 99 de 1993, que encarnaba la posición cen-

tralista del Estado colombiano, antes de la ex-

pedición de la Constitución de 1991, que crea la

Descentralización administrativa y en especial

por servicios de los departamentos, municipios

y distritos del país.

Relaciones del Derecho Ambiental y el De-

recho Urbano

Después de tratar temas concernientes al De-

recho Urbano y al Derecho Ambiental, en cuan-

to a sus antecedentes y su conceptualización, es

pertinente dedicarle un espacio a las relaciones

jurídicas existentes entre el Derecho Urbano y

el Derecho del Medioambiente; en primer lugar

ambas corrientes jurídicas pertenecen a la órbita

del derecho público, por cuanto la responsabili-

dad de su aplicación y observancia corresponde

al Estado a través de sus instituciones legalmen-

te constituidas; es tanta la relevancia de estas

dos ramas del Derecho, que el Estado colom-

biano moderno, ha creado unas instituciones

con fundamento en la Constitución de 1991, y

en normas posteriores a esta para garantizar la

5. Entre las que se puede mencionar: El Ministerio de Ambiente,

Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autóno-

mas regionales, las autoridades ambientales distritales creadas

por la Ley 768 de 2002, las Secretarías de Planeación Depar-

tamentales, Distritales y Municipales, las Curadurías Urbanas.

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aplicación de los postulados jurídicos a los que

pertenecen el Derecho Urbano y el Derecho

Ambiental.

Del mismo modo, se entiende que el Dere-

cho Urbanístico es una rama del Derecho Admi-

nistrativo formado por un conjunto de normas

jurídicas que normalizan el urbanismo, el uso

del suelo y la ordenación del territorio

; este

derecho ﬁ ja de una forma resumida las diferen-

tes facultades y obligaciones del propietario del

suelo (Fernández & Fernández, 2009, p. 1). El

Derecho Ambiental también es una rama del De-

recho Administrativo, cuya naturaleza es la de

prevenir daños al ecosistema. Entonces, ambas

legislaciones tienen su fundamento en el entor-

no, y tienen íntima relación con el suelo y su

buena utilización; la ordenación territorial con el

debido respeto a las normas ambientales, donde

se eviten daños ecológicos irreversibles.

La atención del compendio normativo que

comprende el urbanismo solo será posible cuan-

do se consulten las normas ambientales de ma-

nera previa, esto se evidencia en que todo lo

concerniente a la ordenación del territorio y sus

actuaciones urbanísticas, debe atender cuidado-

samente los estudios técnico-ambientales antes

de su ejecución con la ﬁ nalidad de ejercer pre-

6. Artículo 5º de la Ley 388 de 1997: “…El ordenamiento del

territorio municipal y distrital comprende el conjunto de ac-

ciones político-administrativas y de planiﬁ cación física con-

certadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas

metropolitanas, en ejercicio de la función pública que le

compete, dentro de los límites ﬁ jados por la Constitución y

las leyes, en orden a disponer de instrumentos eﬁ cientes para

orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regu-

lar la utilización, transformación y ocupación del espacio, de

acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en

armonía con el medioambiente y las tradiciones históricas y

culturales…”.

ventivamente las responsabilidades ambientales

de los sujetos activos que ejecutan las actuacio-

nes urbanísticas mencionadas.

Y es que, la ordenación del territorio es el ele-

mento esencial del Derecho Urbanístico, en es-

pecial el Plan de Ordenamiento Territorial, que

es la carta de navegación de los entes territoria-

les para cristalizar el mencionado ordenamien-

to territorial, este último no sería posible sin la

atención a las normas ambientales, tanto así que

en uno de sus apartes posee un determinante am-

biental

, que se encarga de promover un modelo

territorial sostenible y mejor aprovechamiento y

7. Artículo 10 numeral 1º de la Ley 388 de 1997: DETERMI-

NANTES DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRI-

TORIAL.En la elaboración y adopción de sus planes de orde-

namiento territorial los municipios y distritos deberán tener en

cuenta las siguientes determinantes, que constituyen normas

de superior jerarquía, en sus propios ámbitos de competen-

cia, de acuerdo con la Constitución y las leyes: 1. Las relacio-

nadas con la conservación y protección del medioambiente,

los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos

naturales, así: a) Las directrices, normas y reglamentos expe-

didos en ejercicio de sus respectivas facultades legales, por

las entidades del Sistema Nacional Ambiental, en los aspectos

relacionados con el ordenamiento espacial del territorio, de

acuerdo con la Ley 99 de 1993 y el Código de Recursos Na-

turales, tales como las limitaciones derivadas del estatuto de

zoniﬁ cación de uso adecuado del territorio y las regulaciones

nacionales sobre uso del suelo en lo concerniente exclusiva-

mente a sus aspectos ambientales; b) Las regulaciones sobre

conservación, preservación, uso y manejo del medioambiente

y de los recursos naturales renovables, en las zonas marinas

y costeras; las disposiciones producidas por la Corporación

Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la respectiva

jurisdicción, en cuanto a la reserva, alindamiento, adminis-

tración o sustracción de los distritos de manejo integrado, los

distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y

parques naturales de carácter regional; las normas y directri-

ces para el manejo de las cuencas hidrográﬁ cas expedidas por

la Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental

de la respectiva jurisdicción; y las directrices y normas expe-

didas por las autoridades ambientales para la conservación de

las áreas de especial importancia ecosistémica; c) Las dispo-

siciones que reglamentan el uso y funcionamiento de las áreas

que integran el sistema de parques nacionales naturales y las

reservas forestales nacionales; d) Las políticas, directrices y

regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos natura-

les, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo para

asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo de

zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales.

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manejo adecuado de los recursos naturales. Aquí

se evidencia una vez más la relación íntima en-

tre la ejecución de las actuaciones urbanísticas y

la legislación ambiental colombiana, lo que va

a permitir ciudades organizadas con un sentido

ambiental adecuado que permita una elevada ca-

lidad de vida para sus habitantes.

Pero la relación, entre estas dos legislaciones

mencionadas, adquiere mayor presencia cuando

el artículo 99 numeral 2 de la Ley 388 de 1997

hace referencia a las licencias urbanísticas de

construcción; esta norma establece: “…2. Di-

chas licencias se otorgarán con sujeción al Plan

de Ordenamiento Territorial, planes parciales y

a las normas urbanísticas que los desarrollan

y complementan y de acuerdo con lo dispuesto

en la Ley 99 de 1993 y en su reglamento, no se

requerirá licencia o plan de manejo ambiental,

cuando el Plan haya sido expedido de confor-

midad con lo dispuesto en esta ley…” (El su-

brayado es nuestro). Aquí se puede evidenciar

que las licencias urbanísticas de construcción

deben ser expedidas con fundamento en los Pla-

nes de Ordenamiento Territorial. Con lo anterior

se puede deducir que la intención del legislador,

cuando pone en función lo contemplado en el

artículo 99 numeral 2 de la Ley 388 de 1997,

es la de integrar a la licencia de construcción el

determinante ambiental tratado en el Plan de Or-

denamiento Territorial, para que, de esta forma,

las actuaciones urbanísticas que se ejecuten, res-

peten los postulados ambientales de los distintos

entes territoriales de nuestro país.

Ahora bien, en Colombia existe un procedi-

miento seguido en las Curadurías Urbanas para

el inicio de una actuación urbanística, el cual es

producto de análisis en este artículo con la ﬁ -

nalidad de generar una idea acerca del rol de la

autoridad ambiental distrital en la ejecución de

obras civiles de construcción que a continuación

se trata.

Procedimiento para el inicio y puesta en

marcha de las actuaciones urbanísticas en el

distrito de Barranquilla, bajo el amparo de la

normatividad vigente

En el caso concreto del distrito de Barran-

quilla, el procedimiento administrativo para la

ejecución de las actuaciones urbanísticas se ini-

cia con la solicitud ante el curador urbano de la

respectiva licencia de construcción, quien ampa-

rado en el artículo 99 numeral 2 de la Ley 388

de 1997, no solicita licencia ambiental y/o apro-

bación por parte de la autoridad ambiental de un

plan de manejo ambiental (L.99/93), y dentro de

su competencia expide la licencia urbanística de

construcción y el constructor inicia su labor sin

tener que dar aviso previo a la autoridad ambien-

tal y de esta forma se ejecutan las obras sin un

previo acompañamiento ambiental, ocasionando

en muchos casos impactos negativos tales como:

contaminación auditiva por cuenta del ruido

que generan los automotores y demás elemen-

tos necesarios para la práctica de esta actividad,

emisiones de material particualdo al aire que

da como consecuencia una mayor congestión y

contaminación del aire en el entorno donde se

desarrolla la construcción, mala disposición de

materiales o residuos sólidos extraídos o sobran-

tes de las actuaciones urbanísticas, la presencia

de olores ofensivos, la falta de áreas verdes y/o

recreativas de impacto público relevante (par-

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ques urbanos, plazas y avenidas arboladas) que

debe ser una concertación previa y obligatoria a

la ejecución de acciones urbanísticas por parte

de los responsables con las autoridades intervi-

nientes (DAMAB, Secretaría de Control Urbano

y Espacio Público, Curadurías Urbanas), todo

este conjunto de circunstancias que afectan la

vida en sociedad por lo engorroso de su presen-

tación amerita de una reglamentación efectiva

por parte de la autoridad distrital.

Las Curadurías Urbanas y la expedición

de las licencias de construcción

La Constitución Política de 1991 deja abier-

ta la posibilidad de que los particulares ejerzan

funciones públicas, esto enmarcado en los ar-

tículos 123, 210 y 365 de la Carta Magna, los

cuales establecen respectivamente:

Art. 123. Son servidores públicos los miem-

bros de las corporaciones públicas, los emplea-

dos y trabajadores del Estado y de sus entidades

descentralizadas territorialmente y por servicios.

Los servidores públicos están al servicio del

Estado y de la comunidad; ejercerán sus funcio-

nes en la forma prevista por la Constitución, la

ley y el reglamento.

La ley determinará el régimen aplicable a

los particulares que temporalmente desempeñen

funciones públicas y regulará su ejercicio.

Art. 210. Las entidades del orden nacional

descentralizadas por servicios solo pueden ser

creadas por ley o por autorización de esta, con

fundamento en los principios que orientan la ac-

tividad administrativa.

Los particulares pueden cumplir funciones

administrativas en las condiciones que señale la

ley.

Art. 365 “…Los servicios públicos están so-

metidos al régimen jurídico que ﬁ je la ley, po-

drán ser prestados por el Estado, directa o indi-

rectamente, por comunidades organizadas o por

particulares…”.

Constitucionalmente, queda claro que en al-

gún momento los particulares puedan ayudar a

la administración pública a desarrollar sus co-

metidos bajo la condición de que la ley regla-

mentara cuál sería la forma adecuada para que

estos particulares estén investidos de cierta au-

toridad para el ejercicio de funciones públicas.

Los curadores urbanos nacen a la vida jurí-

dica con ocasión de la expedición del Decreto

2150 de 1995 en su capítulo IV (Licencias de

Urbanismo y de Construcción), la Ley 810 de

2003 en su artículo 9º que modiﬁ ca el artículo

101 de la Ley 388 de 1997 los deﬁ ne como:

“…un particular encargado de estudiar, tra-

mitar y expedir las licencias de parcelación,

urbanismo, construcción o demolición, y para

el loteo o subdivisión de predios, a petición de

interesado en adelantar proyectos de parcela-

ción, urbanización, ediﬁ cación, demolición o

de loteo o subdivisión de predios, en las zonas

o áreas del municipio o distrito que la admi-

nistración municipal o distrital como de su ju-

risdicción ...”.

De la misma forma, la Corte Constitucional

en diversos pronunciamientos ha resaltado la

legalidad del ejercicio de la función pública de

los particulares, en los que se puede incluir a los

curadores urbanos, es así, como lo establece un

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aparte de la Sentencia C-866 de 1999 (M.P. Vla-

dimiro Naranjo Mesa) “…Ya esta Corporación

había aﬁ rmado que la posibilidad de ejercicio

de funciones públicas por parte de los particu-

lares encontraba sustento en esta perspectiva de

democracia participativa que inspira nuestra

Carta”. En ese sentido expresó: “… Al respecto

debe puntualizarse que el acrecentamiento de

las tareas que el estado moderno debe asumir, y

en particular de aquellas que el Poder Ejecutivo

desempeña, condujo al aﬁ anzamiento progresi-

vo de una tendencia, que tuvo sus manifestacio-

nes iniciales en el derecho público francés, y

que justamente estriba en autorizar el ejercicio

de funciones administrativas a particulares más

allá del marco de la concesión, pues, rebasando

ese ámbito limitado y tradicional, se buscó el

concurso de sectores no estatales mediante mo-

dalidades novedosas de acción que en algunos

eventos pretenden la integración de personas

particulares en las estructuras administrativas,

y en otros, favorecen la existencia de entidades

pertenecientes al sector privado a las que el Es-

tado les asigna determinadas funciones públi-

cas, con el objeto de satisfacer, por ese medio,

intereses de carácter general.”

Y en el mismo sentido señaló también: “La

ejecución de algunas funciones propias del esta-

do a través de la contratación o con la participa-

ción directa de los particulares, resulta de cierto

modo una tendencia que se descubre a lo largo

de la Constitución, y que obedece al interés del

constituyente de “desoﬁ cializar” en buena parte

la actividad pública apoyándose en la participa-

ción privada como una forma de acercamiento y

colaboración mutua con ﬁ nalidades productivas

de diferente índole entre los sectores público y

privado. Dentro de ese designio constitucional

se inscriben, por ejemplo, la autorización de la

Carta para la “ampliación progresiva de la co-

bertura de la seguridad social” (C.N. Art. 48),

la “prestación de los servicios de salud” (C.N.

Art. 49), la de llevar a cabo el “ejercicio de la

vigilancia ﬁ scal”, la prestación de los servicios

públicos” (C.N. Art. 365)…”.

Queda claro entonces, que el curador urbano

es un particular que ejerce funciones públicas,

y que la ley lo reviste de la facultad de expe-

dir las licencias urbanísticas; entendidas estas

como: “…La autorización previa, expedida por

el curador urbano o la autoridad municipal o

distrital competente, para adelantar obras de

urbanización, parcelación, loteo o subdivi-

sión de predios; de construcción, ampliación,

adecuación, reforzamiento estructural, modiﬁ -

cación, demolición de ediﬁ caciones, y para la

intervención y ocupación del espacio público,

en cumplimiento de las normas urbanísticas y

de ediﬁ cación adoptadas en el plan de ordena-

miento territorial, en los instrumentos que lo

desarrollen o complementen y en las leyes y de-

más disposiciones que expida el Gobierno Na-

cional…” (D.564/00. Art. 1).

Pero nuestro tema de estudio, que es la li-

cencia urbanística de construcción, la cual es

deﬁ nida por el artículo 7º del Decreto 564 de

2006 como: “…La autorización previa para de-

sarrollar ediﬁ caciones en uno o varios predios,

de conformidad con lo previsto en el plan de or-

denamiento territorial, los instrumentos que lo

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desarrollen y complementen y demás normativi-

dad que regule la materia…” (El subrayado es

nuestro), como se puede observar la licencia de

construcción tiene la obligación de existir pre-

viamente al inicio de la obra de construcción, y

además debe respetar los lineamientos del Plan

de Ordenamiento Territorial, el cual consta den-

tro de sus contenidos estructurales, en cuanto

al componente general, de un lineamiento am-

biental, tal como lo dispone el artículo 16 nu-

meral 1 subnumeral 1.1, el cual establece: “…

Artículo 16. Contenido de los planes básicos de

ordenamiento. Los planes Básicos de Ordena-

miento Territorial deberán contemplar los tres

componentes a que se reﬁ ere el artículo 11 de la

presente ley, con los siguientes ajustes, en orden

a simpliﬁ car su adopción y aplicación:

1. En cuanto al componente general, el Plan

Básico de Ordenamiento señalará los objetivos

y estrategias territoriales de largo y mediano

plazo que complementarán, desde el punto de

vista del manejo territorial, el desarrollo muni-

cipal, así como los siguientes contenidos estruc-

turales:

1.3 El establecimiento de las áreas de re-

serva y las regulaciones para la protección del

medioambiente, conservación de los recursos

naturales y defensa del paisaje, así como para

las áreas de conservación y protección del pa-

trimonio histórico, cultural y arquitectónico…”.

Esto reaﬁ rma la teoría de que la licencia urba-

nística de construcción debe atender los postu-

lados ambientales previamente a su existencia

material y jurídica, en la cual el curador urbano

juega el papel más fundamental por ser el parti-

cular investido del ejercicio de la función públi-

ca de expedirla.

Para el doctor Aleksey Herrera Robles (2004)

en su artículo denominado “Las Curadurías Ur-

banas”, establece unos límites legales al ejerci-

cio de las competencias administrativas por par-

te de los curadores urbanos, entre las que cabe

resaltar la siguiente: “…a. El curador no realiza

trabajos de campo o de veriﬁ cación material en

torno a los proyectos que se presentan a su con-

sideración. Su papel se limita a veriﬁ car que los

proyectos contenidos en los planos y documen-

tos legalmente exigidos cumplan con las especi-

ﬁ caciones sobre usos del suelo y alineamientos

establecidos en los estatutos urbanísticos que

integran los planes de ordenamiento territorial

de los respectivos municipios o distritos…”

(pp. 142-143). Esta limitante del curador ur-

bano al

momento de expedir la licencia de cons-

trucción, permite inferir, que las licencias son

otorgadas sin veriﬁ car que en el lugar donde se

va iniciar una obra de construcción, estén dadas

las condiciones necesarias que permitan respe-

tar las normas ambientales, en el caso concreto,

se puede decir que el curador urbano se limita a

decidir sobre los documentos que acompañan la

solicitud de licencia urbanística de construcción

(certiﬁ cado de uso del suelo, certiﬁ cados de tra-

dición, escrituras públicas, etc.).

Con la reﬂ exión anterior, por parte del doctor

Herrera Robles, quedan algunos interrogantes

frente al tema de estudio de este artículo, para

determinar si es posible que el curador urbano

tenga o no en cuenta los lineamientos ambien-

tales para expedir las licencias urbanísticas de

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construcción, estos interrogantes serían: ¿Cómo

hace el curador urbano para veriﬁ car que la ac-

tuación urbanística esté acorde con el compo-

nente ambiental del POT? (L.388/97. Art. 99),

esto tiene mayor relevancia teniendo en cuen-

ta que este particular que ejerce funciones pú-

blicas amparado en la Constitución y la ley no

está autorizado por ellas para hacer estudio de

terreno en donde se va a desarrollar una actua-

ción urbanística, además ¿cómo hace para que la

autoridad ambiental sea notiﬁ cada previamente

al inicio de la obra?, esto quiere decir antes de

que se expida la correspondiente licencia urba-

nística de construcción, cuando no existe ni en

la normatividad nacional ya mencionada, ni en

las normas distritales de Barranquilla, una obli-

gación del curador urbano de notiﬁ car el inicio

de una obra de construcción en el Distrito a la

autoridad ambiental (DAMAB), todo lo anterior

está generando que las obras de construcción

inicien solo con la expedición de las licencias de

construcción pero sin el acompañamiento previo

de la autoridad ambiental.

A continuación se tratará el tema de la fun-

ción del DAMAB en la ejecución de las actua-

ciones urbanísticas de la ciudad, con la ﬁ nalidad

de ir comprobando las falencias jurídicas y pro-

cedimentales que existen en el distrito de Ba-

rranquilla para la presencia previa a inicio de las

obras de construcción de la autoridad ambiental

distrital.

La autoridad ambiental distrital de Ba-

rranquilla y su función en la ejecución de las

actuaciones urbanísticas de la ciudad

Ante la imposibilidad jurídica, del Departa-

mento Técnico Administrativo del Medioam-

biente de Barranquilla –DAMAB–, de tener

presencia previa al inicio de una obra de cons-

trucción en la jurisdicción del distrito de Barran-

quilla, a este ente, le corresponde controlar las

obligaciones ambientales de las construcciones

tanto públicas como privadas de la siguiente ma-

nera:

• El constructor pide acompañamiento previo

de la autoridad ambiental, por solicitud de

parte, la cual no es obligatoria.

• Cuando el DAMAB, a través de la atención

de quejas ciudadanas impetradas por los ha-

bitantes del distrito de Barranquilla, se entera

de la infracción ambiental cometida por el

constructor.

• Cuando el DAMAB, sorprende en ﬂ agrancia

al constructor infringiendo las normas am-

bientales en la ejecución de las actuaciones

urbanísticas.

En el primer caso, se inicia una actuación ad-

mistrativa, denominada en el DAMAB Imposi-

ción del cumplimiento de unas obligaciones por

iniciativa del constructor de una obra civil, esta

consiste en que la autoridad ambiental hace un

seguimiento a las obligaciones ambientales con-

tenidas en la norma para el caso de las actuacio-

nes urbanísticas

, esta actuación administrativa

por ser motivada por el interesado, su carácter

no es obligatorio, más adelante se detalla el pro-

cedimiento de esta actuación administrativa.

8. Artículo 60 del Decreto 1594 de 1984, la Resolución 541 de

1994 expedida por el Ministerio del Medioambiente, hoy Mi-

nisterio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, los

artículos 2 y 3 del Decreto 948 de 1995 y los artículos 22, 34,

41 y 56 del Decreto 1713 de 2002.

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EL ROL DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL EN LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Las dos actuaciones restantes se dan median-

te un proceso sancionatorio ambiental de que

trata la Ley 1333 de 2009, de estos procesos ad-

ministrativos en sede administrativa hablaremos

más adelante; más bien abordemos las obliga-

ciones ambientales que deben cumplir las cons-

trucciones públicas y privadas en la legislación

ambiental actual.

Obligaciones ambientales en la ejecución

de las actuaciones urbanísticas

Los constructores tanto públicos como priva-

dos deben respetar unas obligaciones ambienta-

les durante la ejecución de las actuaciones urba-

nísticas, estas son contempladas en el artículo 60

del Decreto 1594 de 1984, la Resolución 541 de

1994 expedida por el Ministerio del Medioam-

biente, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda

y Desarrollo Territorial, los artículos 2 y 3 del

Decreto 948 de 1995 y los artículos 22, 34, 41 y

56 del Decreto 1713 de 2002, estas normas en su

orden contemplan:

El artículo 60 del Decreto 1594 de 1984, es-

tablece: “…Art. 60. Se prohíbe todo vertimiento

de residuos líquidos a las calles, calzadas y ca-

nales o sistemas de alcantarillado para aguas

lluvias, cuando quiera que existan en forma se-

parada o tengan esta única destinación...”.

En la Resolución 541 de 1994 existen varias

obligaciones en especial las contenidas en los

artículos 2° y 3°, los cuales tratan temas sobre

el cargue, descargue, transporte, almacenamien-

to y disposición ﬁ nal de los materiales de cons-

trucción; este tema es tratado igualmente por los

artículos 22 y 41 del Decreto 948 de 1995.

Por su parte, el artículo 34 del Decreto 948

de 1995 determina: “…Art. 34: Mallas protec-

toras en construcción de ediﬁ cios. Las construc-

ciones de ediﬁ cios de más de tres plantas de-

berán contar con mallas de protección en sus

frentes y costados, hechas en material resistente

que impida la emisión al aire de material par-

ticulado…”, y el artículo 56 trata el tema de la

operación de los equipos de construcción, esta

norma establece: “…Art. 56. Operación de equi-

pos de construcción, demolición y reparación de

vías. La operación de equipos y herramientas de

construcción, de demolición o de reparación de

vías, generadores de ruido ambiental en zonas

residenciales, en horarios comprendidos entre

las 7:00 p.m. y las 7:00 a.m. de lunes a sába-

do, o en cualquier horario los días domingos y

feriados, estará restringida y requerirá permiso

especial del alcalde o de la autoridad de policía

competente.

Aún si mediare permiso del alcalde para la

emisión de ruido en horarios restringidos, este

deberá suspenderlo cuando medie queja de al

menos dos (2) personas.

Parágrafo: Se exceptúa de la restricción en

el horario de que trata el inciso 1 de este ar-

tículo, el uso de equipos para la ejecución de

obras de emergencia, la atención de desastres o

realización de obras comunitarias y de trabajos

públicos urgentes…”.

Además de las anteriores obligaciones am-

bientales los constructores deben tener en cuen-

ta el Decreto 1713 de 2002, capítulo II, artículo

19, el cual fue modiﬁ cado por el artículo 1° del

Decreto 1140 de 2003, el cual establece: “…

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Art. 19. Sistemas de almacenamiento co-

lectivo de residuos sólidos

“Todo multiusuario del servicio de aseo, de-

berá tener una unidad de almacenamiento de

residuos sólidos que cumpla como mínimo

con los siguientes requisitos:

1. Los acabados deberán permitir su fácil

limpieza e impedir la formación de ambien-

tes propicios para el desarrollo de microorga-

nismos en general.

2. Tendrán sistemas que permitan la ventila-

ción como rejillas o ventanas; y de preven-

ción y control de incendios, como extintores

y suministro cercano de agua y drenaje.

3. Serán construidas de manera que se evite

el acceso y proliferación de insectos, roedo-

res y otra clase de vectores e impida el ingre-

so de animales domésticos.

4. Deberán tener una adecuada accesibilidad

para los usuarios.

5. La ubicación del sitio no debe causar mo-

lestias e impactos a la comunidad.

6. Deberán contar con cajas de almacena-

miento de residuos sólidos para realizar su

adecuada presentación.

Parágrafo 1o. Las unidades de almacena-

miento serán aseadas, fumigadas y desin-

fectadas por el usuario, con la regularidad

que exige la naturaleza de la actividad que

en ellas se desarrolla de conformidad con los

requisitos y normas establecidas.

Parágrafo 2o. En las zonas en que se desa-

rrollen programas de recuperación, las áreas

a las que se reﬁ ere este artículo deberán dis-

poner de espacio suﬁ ciente para realizar el

almacenamiento selectivo de los materiales,

los cuales deben ser separados en la fuen-

te para evitar el deterioro y contaminación

conforme a lo determinado en el manual de

aprovechamiento elaborado por la persona

prestadora del servicio de aseo en desarrollo

del Plan de Gestión Integral de Residuos Só-

lidos.

Parágrafo 3o. Para acceder a la opción tari-

faria, el multiusuario podrá escoger entre la

presentación en la unidad de almacenamien-

to prevista en este artículo o la presentación

en andén de conformidad con lo establecido

en el artículo 21 del presente decreto, y con-

tar como mínimo con los recipientes de al-

macenamiento previstos en el artículo 17 del

presente Decreto.

Parágrafo 4o. Las plazas de mercado, ce-

menterios, mataderos y/o frigoríﬁ cos deben

establecer programas internos de almace-

namiento y presentación de residuos de tal

manera que se reduzca la heterogeneidad de

los mismos y facilite el manejo y posterior

aprovechamiento, en especial los de origen

orgánico…”.

De esta forma, este conjunto de disposicio-

nes, componen las obligaciones ambientales

que deben cumplir los constructores en Colom-

bia, las cuales ameritan una vigilancia estricta y

un control preventivo por parte de la autoridad

ambiental, que en el caso del distrito de Barran-

quilla, la debe ejercer el DAMAB, y su inob-

servancia le acarreará al infractor ser sujeto de

un proceso sancionatorio ambiental de que trata

la Ley 1333 de 2009, con la desventaja para la

comunidad barranquillera, que la autoridad lle-

gue hasta el infractor solo cuando el daño am-

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EL ROL DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL EN LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

biental ya se ha ocasionado y no previamente,

por las limitantes ya descritas con anterioridad.

Lo que deja en evidencia una restricción para la

autoridad ambiental, por su desconocimiento en

muchos casos del inicio de las obras de cons-

trucción, para ejecutar un acompañamiento pre-

ventivo a la ejecución de las actuaciones urba-

nísticas y de esta forma evitar daños ambientales

irreversibles.

Medios de control ambiental por parte del

DAMAB a la ejecución de las actuaciones ur-

banísticas en el distrito de Barranquilla

Existen dos actuaciones administrativas que

se tramitan en el Departamento Técnico Ad-

ministrativo del medioambiente de Barranqui-

lla –DAMAB–, referente a este tema, estas se

inician cuando las obras de construcción ya se

están ejecutando, no permitiendo que se dé un

control previo ambiental por parte del DAMAB;

la primera es el proceso administrativo sancio-

natorio ambiental y la segunda consiste en un

seguimiento y control que ejerce la autoridad

ambiental distrital, el cual se ha denominado

imposición de cumplimiento de obligaciones.

Proceso administrativo sancionatorio am-

biental

Esta actuación administrativa, tiene su ante-

cedente en la potestad sancionadora de la Admi-

nistración, deﬁ nida por Ossa Arbeláez (2009),

como: “… Una atribución propia de la adminis-

tración que se traduce en la viabilidad jurídica

de la imposición de sanciones a los particulares

y aún a los funcionarios que infringen sus dis-

posiciones. Incomprensible sería la administra-

ción sin un régimen represivo o coercitivo que

no penara las desobediencias a la estructura

interna del Estado o a su esquema normativo

externo. La pena que se exterioriza en el cam-

po del derecho administrativo se impone como

instrumento del derecho para preservar el or-

den jurídico institucional con la distribución

de competencias y el señalamiento de penas de

igual carácter…”.

De esta forma, en la legislación ambiental,

cabe la existencia de un conjunto normativo de-

dicado a sancionar las infracciones medioam-

bientales, con la ﬁ nalidad de ejercer un control

sobre la preservación, conservación, y buen uso

de los recursos naturales existentes. En la ac-

tualidad, el Congreso de la República expidió

la Ley 1333 de 2009, por la cual se establece

el procedimiento sancionatorio ambiental, en él,

se plasman todas las actuaciones procesales que

deben llevarse para sancionar o no al presunto

infractor ambiental, en nuestro país este proceso

administrativo en sede administrativa, es lleva-

do por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y

Desarrollo Territorial, las corporaciones autó-

nomas regionales y en los entes territoriales por

ellos mismos

o por la autoridad que ejerza el

control ambiental en esa jurisdicción. En nues-

tro caso concreto el DAMAB, es el responsable

9. Artículo 63 parágrafo 1º de la Ley 99 de 1993: “…Principio

de Armonía Regional. Los departamentos, los distritos, los

municipios, los territorios indígenas, así como las regiones y

provincias a las que la ley diere el carácter de entidades te-

rritoriales, ejercerán sus funciones constitucionales y legales

relacionadas con el medioambiente y los recursos naturales

renovables, de manera coordinada y armónica, con sujeción a

las normas de carácter superior y a las directrices de la Política

Nacional Ambiental, a ﬁ n de garantizar un manejo uniﬁ cado,

racional y coherente de los recursos naturales que hacen parte

del medioambiente físico y biótica del patrimonio natural de

la Nación.

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de iniciar y llevar hasta su culminación todas las

etapas establecidas en la mencionada Ley 1333

de 2009, cuando surjan infracciones ambientales

en el distrito de Barranquilla.

Cuando un constructor, en la ciudad de Ba-

rranquilla, en la ejecución de una obra pública o

privada, infringe sus obligaciones ambientales

se somete ante la autoridad ambiental distrital a

que se le siga un proceso sancionatorio ambien-

tal, el cual debe concluir con una sanción admi-

nistrativa tendiente a que se resarzan los daños

ambientales ocasionados. La desventaja de esta

actuación administrativa, es que la autoridad

ambiental ejerce el control de manera curativa

y no preventiva como es la naturaleza de la le-

gislación ambiental. Esta actuación tiene su ini-

cio con el control ciudadano a las obligaciones

ambientales, que puede ejercer cualquier per-

sona que resida o no en el sector donde se está

ejecutando la actuación urbanística, o cuando el

DAMAB sorprende al constructor en ﬂ agrancia

por cuenta de su función de control.

Imposición del cumplimiento de obliga-

ciones

Esta actuación administrativa, que en prin-

cipio puede ser considerada como atípica, por

cuanto no se encuentra regulada taxativamente

en ninguna norma ambiental nacional, mucho

menos en el escaso conjunto normativo urbanís-

tico y ambiental que posee el distrito de Barran-

10. Estas se encuentran en el artículo 60 del Decreto 1594 de

1984, la Resolución 541 de 1994 expedida por el Ministerio

del Medioambiente, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y

Desarrollo Territorial, los artículos 2 y 3 del Decreto 948 de

1995 y los artículos 22, 34, 41 y 56 del Decreto 1713 de 2002.

quilla, se desarrolla en el DAMAB, por cuenta

de la solicitud que hace el constructor de una

obra pública o privada, a la autoridad ambien-

tal distrital, para que esta ejerza un seguimiento

y control a las obligaciones ambientales que se

deben atender cuando se está ejecutando una ac-

tuación urbanística.

Es de establecer que el artículo 13 de la Ley

768 de 2002 y el Decreto 0208 de 2004, expe-

dido por Alcalde Distrital de Barranquilla, le

dieron vida jurídica al Departamento Técnico

Administrativo del Medioambiente de Barran-

quilla –DAMAB–, convirtiéndola en la máxima

autoridad ambiental distrital, y como tal le co-

rresponde velar por el cumplimiento de la nor-

matividad ambiental en esta sección del país,

en cuanto al seguimiento del cumplimiento de

las obligaciones ambientales por parte de los

constructores, al carecer de una legislación clara

y precisa que le permita a este ente actuar de

manera previa y ante el sinnúmero de casos de

infracción ambiental por desconocimiento de las

obligaciones ambientales de los ejecutores de las

actuaciones urbanísticas, algunos constructores

solicitan el seguimiento voluntariamente sin que

exista obligación de ello, ante la autoridad am-

biental distrital, para evitar ser acreedores de un

proceso sancionatorio ambiental del que ya se

habló anteriormente. El DAMAB, fundamenta-

do en que las autoridades ambientales pueden

cobrar por la expedición de permisos, licencias

ambientales, concesiones y demás autorizacio-

nes ambientales establecidas en la ley y demás

normas reglamentarias, los solicitantes de estos

permisos deberán pagar a la autoridad ambien-

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tal los costos de sus trámites, por concepto del

servicio de evaluación y seguimiento

, y ante

la solicitud de seguimiento y control que hace

el constructor, inicia una actuación administrati-

va para imponer el cumplimiento de las obliga-

ciones ambientales establecidas en el conjunto

normativo mencionado en el numeral 5.1 de este

texto, y a la vez cobra un valor tasado en la Re-

solución 0726 de 2008 expedida por el director

del DAMAB, por concepto de visitas de segui-

miento y control de las obligaciones impuestas.

Es de anotar, que la solicitud con la que se

da inicio a esta actuación, por carecer de obli-

gatoriedad, en su gran mayoría de veces, se da

cuando la construcción ya inició su ejecución,

imposibilitando el acompañamiento preventivo

a la ejecución de las actuaciones urbanísticas

por parte de la autoridad ambiental, pero hay

que resaltar, que sin la solicitud voluntaria que

eleva el constructor, el DAMAB no podría en-

terarse del inicio de una obra de construcción,

y esta se daría sin el acompañamiento bien sea

previo, durante o después de terminada la obra,

que permita evitar en algún grado la infracción a

la normatividad ambiental causante de daños en

muchas ocasiones irreversibles a la naturaleza.

Además, hay que entender, que el constructor

eleva la solicitud de seguimiento al cumplimien-

to de las obligaciones ambientales, en su gran

mayoría de veces, no entendiendo el compromi-

11. Artículo 28 de la Ley 344 de 1996, modiﬁ cado por el artículo

96 de la Ley 633 de 2000, faculta al Ministerio del Medioam-

biente para cobrar los servicios de evaluación y seguimiento

de la licencia ambiental, autorizaciones y demás instrumentos

de control y manejo ambiental. Resolución 1110 de 2002 ex-

pedida por el Ministerio del Medioambiente y la Resolución

0726 de 2008 expedida por el DAMAB.

so ambiental inherente a su labor, sino porque

si es sorprendido en ﬂ agrancia desconociendo

sus obligaciones ambientales, al igual que en

esta actuación (imposición del cumplimiento

de obligaciones), el proceso administrativo san-

cionatorio ambiental le acarreará el pago de una

erogación económica (multa), queriendo esto

decir que para ello, tarde o temprano le corres-

ponderá cancelarle a la autoridad ambiental el

tributo establecido en la ley, bien sea por multa

en el caso del proceso administrativo sanciona-

torio ambiental (L.1333/09) o en el evento de

solicitar el seguimiento del cumplimiento de las

obligaciones ambientales a los constructores de

obras civiles, a lo cual el distrito de Barranquilla

a través de la autoridad ambiental (DAMAB) ha

deﬁ nido este impuesto en la Resolución 0726 de

2008.

CONCLUSIONES

El rol de la autoridad ambiental del distrito

de Barranquilla, en la ejecución de las actua-

ciones urbanísticas es curativo y no preventivo,

por cuanto, lo contemplado en el numeral 2º del

artículo 99 de la Ley 388 de 1997, las obras ci-

viles de construcción no ameritan la solicitud de

licencia ambiental para iniciar su labor y ante la

inexistencia de un instrumento jurídico que obli-

gue la presencia previa en las construcciones de

obras civiles de la autoridad ambiental distrital,

hace imposible el acompañamiento del DA-

MAB para evitar daños irreversibles en materia

ambiental en la jurisdicción del distrito de Ba-

rranquilla. Además a lo anterior, debe sumarse,

que quien conoce de primera mano la noticia de

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la construcción, son los curadores urbanos del

Distrito, pero estos no hacen control ambiental a

las solitudes elevadas por los constructores, por

cuanto la normatividad que regula el estudio de

las solicitudes de las licencias de construcción

no se lo permite, con el agravante de que estos

particulares que ejercen funciones públicas no

están autorizados para hacer trabajo de campo

antes de conceder el instrumento que da inicio

a la ejecución de las actuaciones urbanísticas, el

cual permitiría, enfrentar la realidad formal con

la real y de esta forma determinar si existe la

posible ocurrencia de daños ambientales con la

ejecución de la obra.

Pero hay que resaltar que existe todo un con-

junto normativo aunque disperso, que contiene

las obligaciones ambientales que los ejecuto-

res de las obras de construcción deben respetar,

para evitar daños a la naturaleza en el ejercicio

de su labor, lo que no existe es un procedimien-

to claro para que la autoridad ambiental ejerza

su función de seguimiento y control, además

de no existir un enlace de cruce de información

de las Curadurías Urbanas con las autoridades

distritales que le permita a estas, tener conoci-

miento del inicio de una obra de construcción

para de esta forma ejercer una labor preventiva

medioambiental.

Por todo lo anterior, el distrito de Barran-

quilla, en su calidad de autoridad administrati-

va, por intermedio de sus organismos, como el

Concejo Distrital, debe expedir un acuerdo que

contenga el procedimiento a seguir para evitar

que las construcciones de obras civiles tanto pú-

blicas como privadas sigan ejecutándose sin el

acompañamiento de la autoridad ambiental, que

se debe dar de manera previa, durante y poste-

rior a la ejecución de las actuaciones urbanís-

ticas del Distrito, y de esta forma evitar daños

irreversibles al medioambiente.

Hay que recordar, que este procedimiento

dentro de la autoridad ambiental distrital ya exis-

te y es denominado Imposición del cumplimien-

to de unas obligaciones, lo que sucede es que

esta actuación no ha sido reglamentada por el

distrito de Barranquilla y elevada a la categoría

de obligatoria por parte de los constructores de

obras civiles, para de esta forma, tener un mayor

control sobre las actuaciones urbanísticas que se

ejecutan en la jurisdicción del Distrito, todo esto

teniendo en cuenta lo innegable de la relación

existente entre el urbanismo y el medioambiente

queda demostrado, en que cuando pretendemos

que nuestras ciudades se conviertan en un polo

de desarrollo urbano a través de la cantidad de

ediﬁ cios y obras públicas que se construyen, el

medioambiente debe ser la variable fundamental

para evitar que el desarrollo afecte la naturaleza.

Normativamente se debe entender la obli-

gatoriedad de la licencia ambiental en la ejecu-

ción de obras

, pero el conﬂ icto jurídico surge

cuando el legislador establece en el numeral 2º

artículo 99 de la Ley 388 de 1997, la integra-

ción de aspectos ambientales en la licencia de

construcción expedida por el curador urbano, el

12. Art 49. De la Obligatoriedad de la Licencia Ambiental. La

ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el de-

sarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo con la ley y

los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos

naturales renovables o al medioambiente o introducir modiﬁ -

caciones considerables o notorias al paisaje requerirán de una

licencia ambiental.

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EL ROL DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL EN LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

cual constituye un particular que ejerce funcio-

nes públicas que como ya se trató, está limitado

para garantizar que en cada licencia de cons-

trucción expedida se tenga en cuenta la variable

ambiental que garantice que no existan infrac-

ciones ambientales, lo que al ﬁ nal constituye

una obstrucción al control previo ambiental que

deberían ejercer las autoridades ambientales en

la jurisdicción donde se va a ejecutar la actua-

ción urbanística. Pero lo que el legislador quiso

en principio, es que los curadores urbanos antes

de la expedición de la licencia de construcción,

en el estudio de los documentos que soporten la

solicitud por parte del constructor deben aten-

der, aspectos ambientales previos al momento

de resolver si se autoriza o no construir en un

determinado lugar.

Con la expedición de licencias ambientales

o la aprobación de planes de manejo ambiental

por parte de la autoridad ambiental previamente

a la iniciación de la ejecución de las actuaciones

urbanísticas, le permitía a la autoridad ambien-

tal un control preventivo ambiental para evitar

daños irreversibles al medioambiente, pero lo

que se debe proceder normativamente, es que,

o se le fortalece la labor del curador urbano a

nivel nacional para que este antes de la expedi-

ción de la licencia urbanística de construcción

desarrolle un trabajo de campo para enterarse

de primera mano sobre los riesgos de una even-

tual infracción ambiental y además establezca

ciertas obligaciones ambientales en el texto de

la licencia urbanística de construcción o en su

defecto a nivel distrital se debe reglamentar la

existencia de la actuación denominada Imposi-

ción del cumplimiento dobligaciones, para que

deje de ser opcional y se convierta en obligato-

ria, generando con ello, un cruce de información

por parte de las Curadurías Urbanas que existen

en el distrito de Barranquilla y la autoridad am-

biental (DAMAB), teniendo en cuenta que son

las Curadurías Urbanas, quienes se enteran en

principio del inicio de una actuación urbanísti-

ca para que se pueda dar la presencia previa de

la autoridad ambiental en las construcción de

obras civiles en Barranquilla y así poder evitar

los daños, muchas veces irreversibles causados

al medioambiente. Como resultado de esta in-

vestigación esto último es lo más viable en este

momento por cuanto tratar de hacer modiﬁ ca-

ciones a normatividades nacionales es mucho

más difícil que reglamentar a nivel distrital la

presencia de la autoridad ambiental previamente

a la ejecución de las actuaciones urbanísticas y

de esta forma garantizar que el rol DAMAB en

la ejecución de obras civiles de construcción sea

eﬁ caz así como debe ser la aplicación del Dere-

cho Ambiental.

REFERENCIAS

Academia Española (1992). Diccionario de la

lengua española. Vigésima primera edición.

Madrid: Real Academia Española, edición

electrónica en CD-ROM por José Antonio

Millán y Rafael Millán (también por línea

en http://www.rae.es, apartado “dicciona-

rios académicos”).

Acosta, O. (2000). El Derecho Urbanísti-

co como mecanismo de protección del

medioambiente y de los recursos naturales

Justicia, No. 23 - pp. 45-78 - Enero 2013 - Universidad Simón Bolívar - Barranquilla, Colombia - ISSN: 0124-7441

http://portal.unisimonbolivar.edu.co:82/rdigital/justicia/index.php/justicia

ADOLFO MARIO GOENAGA ESCOBAR

renovables. Bogotá: Universidad Externado

de Colombia.

Amaya, O. & García, M. (2010) (Compilado-

res). Nuevo régimen sancionatorio ambien-

tal. Universidad Externado de Colombia.

Primera edición abril de 2010.

Bunge, M. (1996). La ciencia su método y su

ﬁ losofía. Bogotá: Equinoccio.

Colombia. Ley 99 de 1993, por la cual se crea el

Ministerio del Medioambiente, se reordena

el sector público encargado de la gestión y

conservación del medioambiente y los re-

cursos naturales renovables, se organiza el

Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se

dictan otras disposiciones.

Colombia. Ley 152 de 1994, por la cual se es-

tablece la Ley Orgánica del Plan de Desa-

rrollo.

Colombia. Ley 136 de 1994, por la cual se dic-

tan normas tendientes a modernizar la or-

ganización y el funcionamiento de los mu-

nicipios.

Colombia. Ley 177 de 1994, por la cual se mo-

diﬁ ca la Ley 136 de 1994 y se dictan otras

disposiciones.

Colombia. Ley 388 de 1997, por la cual se mo-

diﬁ ca la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991

y se dictan otras disposiciones.

Colombia. Ley 617 de 2000, por la cual se re-

forma parcialmente la Ley 136 de 1994, el

Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se

adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el

Decreto 1421 de 1993, se dictan otras nor-

mas tendientes a fortalecer la descentraliza-

ción, y se dictan normas para la racionaliza-

ción del gasto público nacional.

Colombia. Ley 902 de 2004, por la cual se adi-

cionan algunos artículos de la Ley 388 de

1997 y se dictan otras disposiciones.

Colombia. Ley 1333 de 2009, por la cual se es-

tablece el procedimiento sancionatorio am-

biental y se dictan otras disposiciones.

Colombia. Decreto 1594 de 1994, por el cual se

reglamenta parcialmente el Título I de la

Ley 09 de 1979, así como el Capítulo II del

Título VI - Parte III - Libro II y el Título III

de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de

1974 en cuanto a usos del agua y residuos

líquidos.

Colombia. Decreto 948 de 1995, por el cual se

reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de

1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del

Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos

41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de

1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con

la prevención y control de la contaminación

atmosférica y la protección de la calidad del

aire.

Colombia. Decreto 1713 de 2002, por el cual se

reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632

de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación

con la prestación del servicio público de

aseo, y el Decreto-Ley 2811 de 1974 y la

Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión

Integral de Residuos Sólidos.

Colombia. Decreto 564 de 2006, por el cual se

reglamentan las disposiciones relativas a

las licencias urbanísticas; al reconocimien-

to de

ediﬁ caciones; a la función pública

que desempeñan los curadores urbanos; a

la lega

lización de asentamientos humanos

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EL ROL DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL EN LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

constituidos por viviendas de interés social,

y se expiden otras disposiciones.

Escallón, M. (2007). Código de los Recursos

Naturales y del Medioambiente –Anotado–.

Décimo sexta edición. Editorial Leyer.

Fernández, J. y Fernández, R. (2008). Derecho

Urbanístico, modernidad y medioambiente.

Madrid: Editorial Iustel.

Herrera, A. (2002). Aspectos Generales del De-

recho Administrativo Colombiano. Colec-

ción Jurídica Ediciones Uninorte.

Herrera, A. (2004). “Las Curadurías Urbanas”.

Revista de Derecho, 22: 137-155, Universi-

dad del Norte.

Grupo de Investigación en Derechos Colectivos

y Ambientales –GIDCA–. Mesa Cuadros,

Gregorio (Editor) (2010). Debates Ambien-

tales Contemporáneos. Bogotá D.C.: Edito-

rial Universidad Nacional de Colombia.

Luciano, A. (1986). Derecho Urbanístico. Insti-

tuciones básicas. Mendoza: Ediciones Ciu-

dad Argentina.

Marthe de Carvajal, N. & Moreno, F.; Estrada,

R. & Rebolledo, L. (2005). Cómo elaborar

y presentar un trabajo escrito. 5ª edición.

Ediciones Uninorte.

Mesa, G. (2010). Derechos Ambientales en

Perspectiva de integralidad. Concepto y

fundamento de nuevas demandas y resisten-

cias actuales hacia el <<Estado ambiental

de derecho>>. 2ª edición. Editorial Univer-

sidad Nacional de Colombia.

Millán, A. & Millán, R. En http://www.rae.es,

apartado “diccionarios académicos”.

Mora, J. (2009). Derecho Urbano –Anotado–.

Décima primera edición. Editorial Leyer.

Ossa, J. (2009). Derecho Administrativo sancio-

nador. Una aproximación dogmática. 2ª ed.

Bogotá: Editorial Legis.

Pabón Núñez, C. & Pabón García, C. (2007).

Manual de urbanismo, construcción y mo-

vilidad. Bogotá: Leyer.

Resolución 110 de 2002. Por la cual se ﬁ jan las

tarifas para el cobro de los servicios de eva-

luación y seguimiento de licencias, autori-

zaciones y demás instrumentos de control

y manejo ambiental y se dictan otras dispo-

siciones.

Rodríguez, L. (2001). Estructura del poder pú-

blico en Colombia. Octava edición. Edito-

rial Temis.

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia

C-866 de 1999. M.P. Vladimiro Naranjo

Mesa.

Santoﬁ mio, J. (2009). Derecho Urbanístico. Le-

gislación y jurisprudencia. 2ª edición. Uni-

versidad Externado de Colombia.

Solarte, P. (2006). Ordenamiento territorial y

urbano. Bogotá: Leyer.

Vera, L. (s.f.). La investigación cualitativa.

UIPR, Ponce, P.R.

Justicia, No. 23 - pp. 45-78 - Enero 2013 - Universidad Simón Bolívar - Barranquilla, Colombia - ISSN: 0124-7441

http://portal.unisimonbolivar.edu.co:82/rdigital/justicia/index.php/justicia

ADOLFO MARIO GOENAGA ESCOBAR