Justicia, No. 23 - pp. 93-103 - Enero 2013 - Universidad Simón Bolívar - Barranquilla, Colombia - ISSN: 0124-7441
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* El presente artículo de refl exión se deriva del módulo seminario Violencia y sociopolítica en Colombia, en el marco de la Maestría
en Desarrollo Social de la Universidad del Norte. Este artículo va ligado a los estudios The Worlds of Journalism Study (WJS) que se
propone comprender las visiones y cambios en la profesión periodística a nivel mundial, así como las condiciones y limitaciones bajo
las cuales operan y las funciones sociales del periodismo en un mundo cambiante. Hace parte de un esfuerzo académico global para
evaluar periódicamente el estado del periodismo, liderado a nivel mundial por la Universidad de Munich y el capítulo Colombia es
coordinado por la Universidad del Norte en el Grupo de Investigación PBX en Comunicación y Cultura y su Línea de Investigación
Estudios de Medios y Periodismo.
** Comunicadora Social y Periodista. Especialista en Responsabilidad Social Empresarial. Magíster en Desarrollo Social. Universidad
del Norte, Barranquilla, Colombia. Periodista revista Trez15. gracelaverred@hotmail.com
Graciela Laverde Redondo**
Ser o no ser:
Periodistas en Colombia*
To be or not to be: Journalists in Colombia
Recibido: 25 de abril de 2013 / Aceptado: 15 de mayo de 2013
Palabras clave:
Periodismo, Libertad de expresión,
Libertad de prensa, Estado,
Confl icto armado.
Key words:
Journalism, Freedom of speech,
Press freedom, State, Armed confl ict.
Resumen
Este artículo de refl exión pretende analizar críticamente el riesgo de ejer-
cer periodismo en el marco del confl icto armado colombiano. De ahí, que los
grupos al margen de la ley, el Estado y las bandas emergentes vulneran dere-
chos como la libertad de expresión y de prensa. Razón que afecta el disenso
sobre el tratamiento a colectivos desfavorecidos, la presión del anunciante so-
bre contenidos, ideologización y ascendencia política en los medios, cuestiona
la independencia, responsabilidad y ética de las casas periodísticas provocando
dilemas deontológicos en los profesionales. Diferentes casos violentos contra
periodistas denunciantes de injusticias de ambos lados de la ley, lleva a la au-
tocensura por miedo a represalias, provocando falta de rigor o responsabilidad
social en la información, obviando premisas del contrato social y el mundo con
voces múltiples de McBride.
Abstract
This refl ection article aims to analyze critically risk as a journalist in the
context of the Colombian armed confl ict. Hence, the groups outside the law,
the state and emerging bands violate rights such as freedom of speech and
press. This reason affects dissent on treatment to disadvantaged groups, adver-
tiser pressure on content, ideological and political ascendancy in the media,
questioning the independence, accountability and ethical dilemmas leading
newspaper houses in professional ethics. Different cases of violence against
journalists who report injustice on both sides of the law, leads to self-censor-
ship for fear of retaliation, causing lack of rigor and social responsibility in
the information, ignoring social contract premises and the world with multiple
voices McBride.
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INTRODUCCIÓN
Los profesionales de los medios de comu-
nicación desempeñan una función vital para el
desarrollo social de una comunidad y sobretodo
en un Estado democrático, estos están llamados
a vigilar la legitimidad democrática, por ello es
importante la independencia e imparcialidad de
los periodistas. En la evolución de la humanidad
directrices y paradigmas cambian acarreando
nuevos retos y responsabilidades, así como con-
diciones y limitaciones. La libertad de acción
de los periodistas y de los medios ha sido una
conquista ardua y difícil que todavía representa
un ideal en muchos lugares. Ahora, los medios,
se presentan como un poder de infl uencia, y
disponen de la capacidad de seleccionar la in-
formación y los asuntos de interés que centran
la atención de toda la sociedad. La libertad de
expresión como derecho practicado con respon-
sabilidad social, defi ende el derecho a la infor-
mación y a la comunicación, contribuyendo a la
alfabetización mediática, construyendo la lectu-
ra crítica en la ciudadanía, que apunta a los pro-
cesos sociales para un consumo y gozo llevando
a la observación de los medios.
Ejercer la crítica es un homenaje a la liber-
tad de expresión, siendo este un derecho y una
obligación de la sociedad no solo del profesional
que brinda información de calidad, equilibrada,
contextualizada. En Colombia este derecho pa-
rece representar un bien social y jurídicamente
tan valioso como para impugnar como ilegal
ante cualquier pretensión restrictiva, del bien
co
mún, la verdad, o la integridad física, psí-
quica y moral de los hombres. El objetivo de
este artículo es analizar críticamente el riesgo
de ejerce
r el periodismo en el marco del con-
fl icto armado colombiano, en el que grupos al
margen de la ley, el Estado y mafi as emergentes
vulneran el derecho a la libertad de expresión y
prensa. Reporteros sin Fronteras ha indicado en
múltiples informes que Colombia es una de las
naciones más peligrosas para ejercer el periodis-
mo, cuatro periodistas por año son asesinados y
el caso Jaime Garzón es el más sobresaliente en
la historia reciente del país.
La Federación Colombiana de Periodistas
(Fecolper) en cada uno de sus informes (que
conoceremos en este escrito) prende las alarmas
sobre los graves niveles de intolerancia, agre-
sión y violencia extrema que afrontan los co-
municadores colombianos en su diario ejercicio
profesional.
Del problema
Periodismo, libertad de expresión y confl icto
armado son temas delicados de tratar en Colom-
bia, donde “la violencia se ha vuelto un compo-
nente activo de la sociedad, llegando a ser par-
te de las manifestaciones culturales implícitas
en las relaciones sociales” (Trejos, 2012), esto
implica que el miedo esté presente, aún más en
quienes ejercen el ofi cio de periodista, ya que
tratan la información sobre el confl icto armado,
entre otras problemáticas del país. Según el pro-
grama televisivo Contravía (Morris, H., 2004),
el salario promedio de un periodista de 35 años
es de 1’500.000 trabajando sin que se reconoz-
can horas extras, atenuantes que desmejoran la
calidad informativa, desinformando la sociedad
GRACIELA LAVERDE REDONDO
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y vulnerando la democracia al no haber buen
fl ujo informativo. Guevara (2002) citado por
Vallejo (2005) recuerda que a fi nales del siglo
XIX y comienzos del siglo XX, la reportería en
Colombia era ejercida por ciudadanos comunes
y corrientes a quienes los directores de los pe-
riódicos acreditaban como reporteros, volvién-
dose los personajes más serios y respetables en
su entorno que al ser líderes de opinión gozaban
de admiración y buena posición; pero la rece-
sión económica, la guerra y los canales privados
desmejoraron el papel y el ofi cio periodístico
en Colombia y transformaron su vinculación
laboral que pasó de ser un contrato integral a
ser por nota a emitir dando a estos la necesidad
de fabricar noticias en las cuales los hechos son
exagerados y/o manipulados como se afi rmó en
el mismo capítulo del programa Contravía ante-
riormente mencionado.
Fecolper en el 2011 enfatizó la importancia
de la libertad de expresión como piedra angular
en la existencia misma de una sociedad demo-
crática e indispensable para la formación de la
opinión pública, al recordar que la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos considera
fundamental que los periodistas gocen de pro-
tección e independencia para realizar su función
ya que contribuyen al desarrollo social fortale-
ciendo el debate público. Con la aparición de
canales privados
1
que representan el poder eco-
nómico del país se convirtió el periodismo en
un negocio en el cual priman los intereses de
1. Los canales: RCN canal de televisión privado propiedad de la
Organización Ardila Lülle.Su principal competidor es Caracol
Televisión canal privado propiedad del Grupo Valórem del
empresario Julio Mario Santo Domingo. Nació como parte de
la Cadena Radial Colombiana Caracol Radio.
familias pudientes detrás del canal marcando a
sus colaboradores ante los actores del confl icto
armado por dichos intereses. También esto ha
provocado en los profesionales de la informa-
ción olvidar que el compromiso del periodista
es con los ciudadanos y no con quien le paga ya
que están llamados a ser los ojos, la voz y los
oídos de la sociedad defendiendo la verdad ante
hechos cometidos por un actor ilegal o legal y
no su comité de aplausos, aunque las presiones
estatales al ser criticados acusan a estos de in-
tentos de deslegitimación por parte del periodis-
ta al demandar ante la sociedad anomalías o son
acusados de falta de objetividad.
La Fuerza Pública también ha ejercido arbi-
traria y desproporcionada violencia en contra de
los periodistas al documentar eventos, en bús-
queda de la destrucción del material periodísti-
co y/o la expulsión de estos de dichos eventos.
Así mismo, han sido víctimas de agresiones en
desarrollo de manifestaciones al encontrarse en
medio de confrontaciones entre Fuerza Pública
y manifestantes. Según Eduardo Márquez, cate-
drático de periodismo de la Universidad Sergio
Arboleda, “desde 1988 hasta la fecha en Colom-
bia han sido asesinados 126 periodistas, la gran
mayoría por cuenta del ejercicio del ofi cio”. El
ejemplo más sobresaliente en la historia reciente
del país ha sido el caso del periodista Jaime Gar-
zón
2
, por atreverse a denunciar los secretos a vo-
2. Jaime Hernando Garzón Forero (Bogotá, 24 de octubre de
1960-13 de agosto de 1999). Periodista, abogado, pedagogo
y pacifi sta colombiano. A su trabajo en televisión y radio se
sumó su papel como negociador de paz, ocupó cargos pú-
blicos en la alcaldía menor de Sumapaz, Bogotá, durante la
administración del alcalde mayor Andrés Pastrana Arango
(1988-1990) y el gobierno presidencial de César Gaviria Tru-
jillo (1990-1994).
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SER O NO SER: PERIODISTAS EN COLOMBIA
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ces en este país macondiano donde pasa todo y
no pasa nada. El apoyo estatal a periodistas ame-
nazados incluye medidas de seguridad defi nidas
según el nivel de riesgo evaluado por la policía
o el Ministerio del Interior. Según estadísticas
hasta abril de 2013 hay periodistas: Amenaza-
dos, 34; asesinados por el ofi cio, 2; muertos en
fuego cruzado, 1; sufrieron secuestros breves y
luego fueron liberados, 3. Uno de los casos fue
el de una mujer embarazada que, mediante tor-
turas en su secuestro, fue convidada a callar por
parte de los paramilitares. Los otros dos son pe-
riodistas del diario El Tiempo; autor, las FARC,
por haber entrado sin permiso a una zona de su
control.
La principal institución que lleva ese conteo
depurado es la FLIP (Fundación para la Libertad
de Prensa), junto con el Comité de Protección de
Periodistas (CPJ), con sede en New York, y Re-
porteros Sin Fronteras (RSF), con sede en París.
Entre los agresores determinados se encuentran:
los grupos paramilitares o bandas criminales,
como Águilas Negras, los Urabeños y los Paisas,
señalados de ser los mayores responsables de la
violación a la libertad de prensa y expresión, y
de ataques a periodistas. De 202 agresiones re-
portadas, en 52 casos (25,74 %) los agresores
fueron paramilitares.
Sin justifi cación
La libertad es un contexto privilegiado en el
que emerge y se desarrolla de manera efi caz la
vida social. La libertad de expresión y el derecho
a la información son fundamentos sustanciales en
las sociedades democráticas, su garantía requie-
re el amparo de una prensa libre, plural, crítica y
abierta a quienes sirve. La protección y bienestar
de las personas que hacen prensa en todas y cada
una de sus presentaciones haciendo una función
social, exige salvaguardar a los profesionales y
sus productos de cualquier intento de limitación
que la conlleven a la degradación ya que esta va
ligada al desarrollo social pero lastimosamente
cada día se escucha en los mismos medios de
comunicación, casos de periodistas limitados en
su ejercicio por amenazas y atentados por sus
labores investigativas e intereses particulares
respecto a los actores del confl icto armado pero
irónicamente también sesgados por abusos de
poder estatales a pesar que según la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hom-
bre, aprobada en 1948, reza: artículo IV: “Toda
persona tiene derecho a la libertad de investiga-
ción, de opinión y de expresión y de difusión del
pensamiento por cualquier medio”.
Al silenciarse una opinión, no solo se afecta
a la persona que quería expresarla sino que se
está robando a la “especie humana” y no solo a
los que apoyan dicha opinión sino a quienes se
apartan de ella, porque si la opinión es correcta,
se les priva de la oportunidad de abandonar el
error por la verdad y si es falsa, pierden un be-
nefi cio casi tan grande, que es la percepción más
clara y viva de la verdad, que se produce cuando
esta colisiona con el error (Gómez, 2006).
El pilar del derecho al acceso a la informa-
ción en Colombia está consignado en el artículo
20 de la Constitución Política de Colombia: “Se
garantiza a toda persona la libertad de expresar
y difundir su pensamiento y opiniones, la de in-
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formar y recibir información veraz e imparcial,
y la de fundar medios masivos de comunicación.
Estos son libres y tienen responsabilidad social.
Se garantiza el derecho a la rectifi cación en con-
diciones de equidad. No habrá censura”. Resulta
dispersa esta premisa, ya que no está adecuada-
mente implementada y carece de mecanismos
que garanticen su cumplimiento. En una Relato-
ría Especial para la Libertad de Expresión de la
Organización de los Estados Americanos (OEA)
denunció: “Entre 1995 y 2005 en 19 países fue-
ron asesinados 157 periodistas por motivos re-
lacionados con el ejercicio de su actividad pro-
fesional. El 48 % corresponden a un solo país:
Colombia” (OEA, 2008).
Fecolper documentó en 2009, 202 casos de
agresión contra el ejercicio libre del periodismo
o contra periodistas por razones de su labor pro-
fesional, mientras que en 2010 se presentaron
189 agresiones, lo que evidencia cómo la pro-
blemática va en aumento en el país. Entre los
casos se destacan 1 homicidio, 6 tentativas de
homicidio, 67 amenazas, 2 secuestros, 2 intentos
de secuestro, 19 agresiones físicas, 1 agresión
sexual, 8 casos de desplazamiento forzado, 17
violaciones a la libertad de opinión u hostiga-
mientos, y 10 casos de acoso judicial. La ma-
yoría de los tipos de agresión presentaron un
aumento en los casos con relación al número
registrado en 2010.
Los informes indican que “el clima de into-
lerancia contra la prensa durante 2011 se refl e-
jó, principalmente, en dos elementos comunes
en buena parte de las agresiones documentadas:
primero, un alto nivel de agresividad de los ac-
tores armados, fundamentalmente de los grupos
paramilitares que el gobierno identifi ca como
Bacrim
3
, lo que constituye una grave amenaza
para la vida e integridad de periodistas críticos
y disidentes; y, de otro lado, una tensión social
llevada a límites extremos, potenciada por el
clima político de campañas en las elecciones de
autoridades regionales, que convirtió a personas
de diferentes sectores de la población civil en
agresores de periodistas porque, a su juicio, no
toman en cuenta su punto de vista”.
El sicariato continúa siendo el medio de
agresión más común. En Colombia, las vio-
laciones contra la vida e integridad personal a
los periodistas se caracterizaron por ataques en
sus lugares de residencia o trabajo. Producien-
do sensación de vulnerabilidad y desprotección
en las víctimas, y amedrentamiento al gremio
periodístico, indica Fecolper. En este sentido,
agrega que “es importante resaltar que fueron
empleados medios especialmente bélicos, como
la utilización de bombas y una tentativa de in-
cineración, lo que evidencia el fi n adicional de
generar terror y confi gurar una amenaza latente
a los demás periodistas”. “Sin una efectiva liber-
tad de expresión, la democracia se desvanece,
el pluralismo y la tolerancia empiezan a que-
brantarse, los mecanismos de control y denuncia
ciudadana comienzan a tornarse inoperantes y,
en defi nitiva, se crea el campo fértil para que sis-
temas autoritarios se arraiguen en la sociedad”
(Corte Interamericana de Derechos Humanos,
2005).
3. Las bandas emergentes o bandas criminales emergentes (BA-
CRIM) es el nombre que identifi ca a una serie de organizacio-
nes mafi osas que operan en Colombia.
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SER O NO SER: PERIODISTAS EN COLOMBIA
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Libertad de prensa
Varios autores del siglo XVIII dan a la li-
bertad de opinión, la función de mantener un
orden, ejemplo es El contrato social (1762) de
Jean-Jacques Rousseau que le da a la opinión
pública, el papel de “censor” para censurar las
acciones gubernamentales con las cuales no está
de acuerdo. “Sin absoluta libertad de prensa no
puede haber ni libertad, ni progreso” sostenía
Domingo Faustino Sarmiento a lo cual agregaba
lamentándose que “con ella apenas si se puede
mantener el orden público” (citado en Jaksic,
2002). Demostrando la importancia del buen
uso de la libertad de parte de la sociedad, quien
cada día demanda del periodista haciendo uso
democrático de los medios y la información ge-
nerada en ellos con participación activa y diná-
mica, esto se evidencia en el uso de las redes
sociales en las cuales crece el número de perso-
nas que siguen con lupa el trabajo periodístico
sea para aprobar, debatir, polemizar, desmentir
o consensuar. Lo propio de la ciudadanía hoy es
hallarse asociada al “reconocimiento recíproco”,
esto es al derecho a informar y ser informado,
de hablar y ser escuchado, imprescindible para
poder participar en las decisiones que condenen
a la co
lectividad. Una de las formas hoy más
fl agrantes de excusión ciudadana se sitúa en la
desposesión del derecho a ser visto y oído, que
equivale al de existir/contar socialmente, tanto
en el terreno individual como colectivo, en el
de las mayorías como de las minorías (Wino-
cour, 2001, pp. 96-97).
En torno a la libertad de expresión se plantea
en un informe de la Corporación de Justicia: “Es
claro que se trata también de un derecho com-
plejo, pues colisiona en forma permanente con
otros derechos y bienes fundamentales como lo
ilustra, por citar un solo ejemplo, la clásica y es-
tudiadísima tensión entre la intimidad personal
y la libertad informativa de los periodistas. Es,
pues, un derecho que suscita polémicas jurídi-
cas y políticas recurrentes” (Botero, 2005). Pero
es claro que a pesar de que Botero, exprese lo
anterior no se ofrece ninguna garantía para su
ejercicio y que cada atentado muestra el derecho
vulnerado al periodista y la sociedad para la cual
este quiere generar contenido. Fernando Garavi-
to
4
, quien era columnista del semanario El Es-
pectador cuando recibió amenazas por escribir
sobre el pasado del expresidente Álvaro Uribe
Vélez
5
. A pesar de ser Garavito un experimenta-
do periodista, que nunca en su carrera con más
de 30 años de experiencia, ha tenido que recti-
fi car un informe, solo en diciembre comenzó a
recibir ingresos estables en el país que lo acogió,
Estados Unidos. Durante meses, él y su familia
sobrevivieron gracias a la solidaridad de perio-
distas estadounidenses y amigos de Colombia.
Diferencias entre libertad de prensa y de
expresión
La diferencia entre la libertad de expresión y
la libertad de información aunque tienen el mis-
4. Fernando Garavito (Bogotá, Cundinamarca, Colombia,
1944-Nuevo México, Estados Unidos, 28 de octubre de 2010)
Famoso periodista colombiano víctima de amenazas por su
trabajo periodístico.
5. Álvaro Uribe Vélez, político y abogado colombiano, Presi-
dente de la República de Colombia en 2002, y reelegido en
2006, luego de una reforma constitucional que su gobierno
promovió en el Congreso.
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mo objetivo de comunicar “algo” es ese “algo”,
ambas son indispensables para la formación de
una opinión pública libre. El derecho a expresar-
se libremente es uno de los más fundamentales,
ya que es esencial para luchar por el respeto y
promoción de todos los demás derechos huma-
nos, la libertad de expresión se refi ere a materias
opinables, mientras que la libertad de informa-
ción son hechos noticiables; colegios profesio-
nales en el ámbito de la actividad periodística,
velan por la ética y la dignidad profesional y el
respeto entre los nuevos periodistas. Autores
como Badeni dicen: “La libertad de prensa, al
igual que las demás libertades constitucionales,
no es absoluta. Es absoluto el ejercicio de esa li-
bertad, en cuanto no se permite la censura, pero
las consecuencias ilícitas que acarrea su mani-
festación deben ser reparadas por quien ejerció
abusivamente tal libertad”. Hacen refl exionar a
todos los profesionales en esta área, en cuanto al
profesionalismo, rigor y ética.
En preocupación de lo que se informa y que
no debe ser censurado pero sí debe tener rigor
se han dado investigaciones sobre periodismo y
quienes lo ejercen, en tanto fondo y forma ejem-
plo es el Informe Hutchins: “Una prensa libre
y responsable” (1947). Uno de los puntos más
destacados se centra en la necesaria intervención
gubernamental para solucionar problemas que
se enumeraban en el trabajo: La prensa como
negocio, la revolución técnico-empresarial y la
desnaturalización de los fi nes de los medios ma-
sivos por la prevalencia de intereses ajenos a la
comunicación e información. Este informe dio
lugar a la Teoría de la Responsabilidad Social
de la Prensa. Confi guración donde se refl ejaba
la enorme infl uencia de la prensa para dirigir la
opinión pública a favor de los dirigentes del me-
dio.
Sean McBride también expuso el conocido
Informe McBride: “Un solo mundo, voces múl-
tiples” (1980), el cual recoge los delitos de poder
que atentan contra el periodismo e incluye los
derechos y deberes del periodista. Expuso una
radiografía de la comunicación mundial en los
70. Además de la responsabilidad social de los
profesionales en la opinión pública; plantea que
el periodismo ha de respetar las leyes para no
vulnerar los derechos de los ciudadanos, viendo
a la libertad de expresión carente de responsabi-
lidad como un paso a la distorsión de la realidad.
Para este, la “libertad con responsabilidad inclu-
ye relación con la ética profesional, acercamien-
to a los hechos, situaciones o procesos con la
debida atención a sus aspectos diversos”.
De los límites al ejercicio periodístico
Fecolper indicó que el departamento más
inseguro para el ejercicio del periodismo fue
Cauca, con 36 agresiones contra periodistas
(17,82 %). En este departamento los ataques
se concen
traron en amenazas colectivas, que
afectaron a 22 periodistas y radios comunitarias,
así como una tentativa de homicidio. En San-
tander se presentaron 21 agresiones (10,40 %).
Así mismo, es notable la persistencia de ataques
contra ellos por el cubrimiento de situaciones de
relevancia que reciben amenazas contra su vida
como retaliación por la información divulgada,
principalmente en Barrancabermeja, ciudad en
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100
la que fueron amenazados el equipo de trabajo
de la emisora Antena del Río y la periodista Mó-
nica Arcella del canal local Enlace TV. Es tam-
bién preocupante la situación de Cundinamarca,
con 20 agresiones (9,90 %), principalmente por
panfl etos amenazantes que circularon a nombre
del Bloque Capital Águilas Negras, departa-
mentos como Antioquia, Meta, Tolima y Valle
reportaron 13, 12, y 11, ataques a la libertad de
expresión, respectivamente.
Aludir a la libertad de expresión e informa-
ción genera controversia y malestar en la socie-
dad. Este derecho se ve limitado regularmente
en su aplicación por: el derecho al honor, a la
intimidad y a la propia imagen. Cita textual de
la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos, “el ejercicio abusivo del derecho de libertad
de expresión no puede estar sujeto a ningún tipo
de limitación” que no sea la de la responsabili-
dad judicial
–ulterior a la conducta abusiva mis-
ma
–. Sin embargo personajes de manera coerci-
tiva vetan de acuerdo a los intereses que tengan
sobre la información muchas veces apoyados
por la misma sociedad. Otros ejemplos: toleran-
do difícilmente la crítica, el expresidente Álvaro
Uribe, no dudaba en acusar personalmente a un
periodista, esto pasaría inadvertido si no estu-
viera en juego la seguridad de los medios de
comunicación (RSF, 2008, p. 47). “La parapolí-
tica
6
que afectó departamentos de la costa Atlán-
tica cuya investigación resultó peligrosa para los
6. Fenómeno presentado en Colombia, escándalo político
desatado a partir de 2006 por la revelación de los vínculos
de políticos con paramilitares, con posterioridad al proceso
de desmovilización que adelantaron varios de los grupos
que conformaban las Autodefensas Unidas de Colombia.
comunicadores. Medios de Barranquilla fueron
objeto de censura por parte de jueces locales
al denunciar hechos de corrupción. En Arauca,
Bucaramanga y Cúcuta, en 2007 se presentaron
hechos que van desde aparición de listas negras
con amenazas de muerte, hasta acciones concre-
tas de intimidación a periodistas y medios por
parte de organismos estatales, varios medios de
Saravena fueron intimidados por la guerrilla de
las FARC para difundir un comunicado” (FLIP,
2007).
Entre los casos de homicidio encontramos el
del periodista Luis Eduardo Gómez, en Arbole-
tes (Antioquia) el 30 de junio, mientras llegaba a
su casa, quien investigaba el manejo de recursos
públicos por parte de la Alcaldía Municipal y
era testigo dentro de la investigación adelantada
por la Fiscalía en relación con el ‘Pacto de Ura-
bá’, alianza que involucra a alcaldes, concejales
y congresistas con el Bloque ‘Élmer Cárdenas’
de las Autodefensas Unidas de Colombia. La
situación no solo refl eja la especial y despro-
porcionada violencia a la que se enfrentan los
periodistas sino la sevicia con la que actúan sus
agresores o victimarios. Como en los casos de
tentativa de homicidio contra Héctor Rodríguez,
director de la emisora La Veterana FM de Popa-
yán (Cauca), quien el 26 de mayo fue atacado
por sicarios; de Mario Esteban López, director
del noticiero y gerente de RAV Televisión Canal
22 de Ipiales (Nariño), que el 31 de mayo, al
salir de su casa, fue retenido ilegalmente y fue
golpeado y rociado con gasolina, con serias in-
tenciones de ser incinerado, plan que se frustró
por la llegada de una patrulla de la Policía; y de
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Rodolfo Zambrano, del diario Magangué hoy, a
quien el 18 de febrero le fue realizado un atenta-
do con artefacto incendiario en su residencia, en
el municipio de Magangué (Bolívar).
La información pública
“Colombia sigue siendo el cuarto país más
peligroso para el ejercicio del periodismo”.
(CPJ, 2007). Durante el 2011, el mayor número
de agresiones contra periodistas fue cometido
por personas de quienes no se pudo determinar
ni su identidad ni su pertenencia a algún grupo
social, entidad estatal o particular organización
al margen de la ley. La ciudadanía fue la segunda
agresora del periodismo libre y seguro, pues fue
señalada de ser responsable de 31 agresiones,
el 15,35 % de los ataques fueron por campañas
electorales ocurridas el año anterior. En cuanto
a agentes estatales, en 14 casos, o sea el 6,93 %,
el agresor fue la Fuerza Pública, principalmen-
te Ejército y Policía Nacional, mientras que en
32 ataques (15,85 %) la responsabilidad fue de
funcionarios públicos, tales como empleados de
alcaldías e incluso concejales.
El artículo 74 de la Constitución Política de
Colombia, particulariza en torno al derecho de
acceso a documentos públicos: “Todas las per-
sonas tienen derecho a acceder a los documentos
públicos salvo los casos que establezca la ley.
El secreto profesional es inviolable”. Cualquier
persona puede acceder y conocer, de manera
anónima y sin necesidad de justifi cación, sobre
la existencia de información pública en posesión
o bajo control de entidades públicas. Se trata de
un derecho fundamental que se sustenta en dos
principios: el de máxima divulgación y el se-
creto o limitaciones debe ser la excepción. En
segundo lugar, el principio de buena fe, según
el cual los encargados de entregar información
pública deben, por lo menos, asegurar y garan-
tizar el acceso a los documentos, facilitar los
medios para que el solicitante acceda a ellos, ac-
tuar diligentemente y promover una cultura de
transparencia.
El acceso a la información pública requiere
de intervención en tanto la política pública, más
aún en su formulación como problema ha con-
tado con un proceso de investigación y delibe-
ración desde instancias de la sociedad civil que
se han tropezado con iniciativas del ente legis-
lativo. La Fundación para la Libertad de Prensa
(FLIP), que desde su origen (1998) ha realizado
talleres y encuentros con periodistas de diferen-
tes regiones del país e identifi cado trabas en el
acceso a la información pública como uno de los
factores que afecta la libertad de prensa y pone
en riesgo la seguridad de los periodistas: “el
tema se vuelve importante para la FLIP porque
las malas prácticas o las trabas para el acceso a
la información pública son a veces una forma de
censura y una manera de generar peligros contra
la propia profesión”.
CONCLUSIONES
Se identifi can con claridad los protagonistas
de las amenazas a la libertad de prensa en Co-
lombia, podemos establecer tres categorías: gru-
pos al margen de la ley –paramilitares, guerri-
lleros, narcotrafi cantes
–; organismos estatales y
por los gobiernos
–nacional, regional y local– y
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SER O NO SER: PERIODISTAS EN COLOMBIA
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una tercera que incluye a los actores internos de
los medios de comunicación como anunciantes,
propietarios y directores, quienes a convenien-
cia lejos de los principios periodísticos regulan
qué informar y qué no. Según Fecolper, se redu-
jeron, aunque persisten, las agresiones físicas de
35 a 19, la desaparición forzada pasó de 1 a 0 ca-
sos, la detención ilegal o privación injustifi cada
de la libertad de 9 a 1, la persecución laboral o
despido sin justa causa de 2 a 1, los ataque a ins-
talaciones de medios de 4 a 3, el hostigamiento
u obstaculización del trabajo periodístico de 43
a 22, el cierre de medios de 1 a 0, las presiones
mediante asignación de publicidad de 3 a 0, y el
acoso judicial de 15 a 10 casos. Este último si-
gue siendo utilizado para intimidar o escarmen-
tar a los periodistas.
Miquel Rodrigo, afi rma que la faceta comu-
nicativa del terrorismo es una consecuencia y
no una causa. “No se puede afi rmar que la in-
formación sobre el terrorismo comporta siem-
pre una posición propagandística y la simbiosis
medios-terrorismo facilita la generalización del
terrorismo.” A partir de este enunciado propues-
to por Rodrigo es posible cuestionar la teoría del
profesor Luis Trejos que sugiere que la violencia
es una forma de comunicación dentro del marco
del confl icto armado colombiano, aunque sobre
el telón de fondo de la guerra, paramilitares,
guerrilla y militares pretendan convertir a los
periodistas, en sus voceros.
El libre ejercicio periodístico se ve grave-
mente afectado, presentándose reiteradas viola-
ciones a la libertad de expresión e información,
además de ataques directos a periodistas y me-
dios de información obstaculizando la labor de
los comunicadores y la verdad sobre muchas de-
nuncias para que llegasen a la opinión pública.
Además de provocar que la mayoría de profesio-
nales de la información amenazados que huyen
vuelven a trabajar como periodistas pero con
un cambio brusco de tema, abandonando por
completo el trabajo sobre el confl icto armado,
las violaciones de los derechos humanos y la co-
rrupción local.
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