
131
a la sociedad el bienestar, la tranquilidad, y la
convivencia pacífi ca, a la que se deben sujetar
todas las personas de la sociedad.
Por regla general, las personas no deberían
infringir la ley, y por ende cumplir con todas
sus obligaciones: Legales, convencionales o tes-
tamentarias, sin tener que acudir a la coerción.
Pero cuando no hay satisfacción de los derechos
que se encuentran contenidos en las obligacio-
nes de origen civil, es menester acudir a la ac-
ción civil, que simplemente es el ejercicio de la
protección jurídica por parte del Estado.
El juez en un Estado Social de Derecho es el
único capaz de impartir justicia pensando en la
protección efectiva de los derechos tutelados por
la Constitución y las leyes, incluso involucrán-
dose en la realidad social.
Para el Neoconstitucionalismo, el juez tiene
el deber de propiciar un control judicial de los
actos de poder, incluyendo el ordenamiento ju-
rídico mediante una compleja y ordenada argu-
mentación e interpretación jurídica, pero toman-
do como parámetros reales a la Constitución, lo
que implica que el juez “está llamado a constatar
y, en muy escasa medida, a escoger, valorar o
decidir” (Sanchis, 2010), pero no reemplazar a
las partes para enderezarles sus falencias en la
petición de pruebas y decretar pruebas de ofi -
cio que generan un desequilibrio de las partes
en contienda, que atenta contra el derecho de la
igualdad frente a la ley.
No obstante, nuestra actual legislación en su
artículo 177 del CPC a las partes les incumbe
probar los presupuestos de las normas jurídicas
de la acción o excepción que está planteando en
un proceso civil, en virtud del Principio de la
Autorresponsabilidad, de tal manera que son las
partes las que deben soportar las consecuencias
de su descuido en la solicitud de pruebas en las
etapas procesales correspondientes, ya que su
actitud pasiva o inclusive su inadecuada activi-
dad probatoria que no logra convencer al juez de
los hechos que le pone de presente, máxime que
el juez como Director del Proceso en realidad no
conoce a las partes, ni tendrá jamás certeza plena
de los hechos que le pone a consideración, por
consiguiente si las partes no solicitan pruebas o
“algunas resulten superfl uas, no despliegan toda
la actividad deseada en su diligenciamiento (por
ejemplo, si no interrogaron al testigo sobre los
hechos que solo ellos saben y que les hubieren
permitido sacar avante el proceso a su fa vor),
sufren las consecuencias” (Quijano, J., 2009).
Partiendo de lo transcrito anteriormente,
vale la pena hacer la siguiente refl exión, nuestra
profesión de abogado nos da las herramientas
cognoscitivas jurídicas sufi cientes para elaborar
demandas, tramitar procesos, proponer excep-
ciones y por ende solicitar pruebas pertinentes,
conducentes y útiles que le permitan el conven-
cimiento del juez, por lo tanto, es ilógico aun-
que no irreal que los profesionales del Derecho
omitan la petición de pruebas necesarias para la
prosperidad de las pretensiones o excepciones
de su cliente, y si ello ocurre, el juez no debe-
ría decretar pruebas de ofi cio para enderezar las
falencias de los sujetos procesales, porque eso
atenta contra el principio de imparcialidad e
igualdad.
Es evidente que el debate procesal se enmar-
Justicia, No. 23 - pp. 128-136 - Enero 2013 - Universidad Simón Bolívar - Barranquilla, Colombia - ISSN: 0124-7441
http://portal.unisimonbolivar.edu.co:82/rdigital/justicia/index.php/justicia
LA CARGA DE LA PRUEBA EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO