Justicia, No. 31 - pp. 65-86 - Enero-Junio 2017 - Universidad Simón Bolívar - Barranquilla, Colombia - ISSN: 0124-7441
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1 Abogado Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Administrador Público de la Escuela Superior de Administración
Pública (ESAP). Magíster en Derecho con énfasis en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia. Candidato a Espe-
cialista en Administración Pública Contemporánea de la ESAP. Estudiante del programa de Doctorado en Filosofía con énfasis Ciencia
Política de la Universidad Autónoma de Nuevo León (México). Docente Pregrado y Postgrados ESAP. Docente Investigador Tiempo
Completo y Jefe Departamento de Derecho Privado. Programa de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Boyacá.
diegombia@hotmail.com
2 PhD. en Filosofía con acentuación en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universi-
dad Autónoma de Nuevo León, Monterrey (México). Docente e investigadora de tiempo completo, miembro del cuerpo académico de
Administración Pública, línea de investigación Ética pública. Ha realizado investigaciones y expuesto en congresos en temas relacio-
nados con la ética, administración pública y sistemas legislativos. xochitl.arangomr@uanl.edu.mx
Despolitización y ética pública.
La crisis del pensarse en
colectivo en la modernidad
líquida
Depolitization and public ethics. The crisis of
collective thinking in liquid modernity
Diego F. Rodríguez Casallas
1
Xóchitl Arango Morales
2
Recibido: 22 de marzo de 2016 / Aceptado: 30 de junio de 2016
http://dx.doi.org/ 10.17081/just.22.31.2599
Resumen
Las relaciones existentes entre los procesos de despolitización y la ética
pública en la modernidad liquida, se caracterizan por dinámicas poco perdu-
rables, maleables y cambiantes en torno a la participación ciudadana en las
instituciones políticas y la conguración de la voluntad popular, favoreciendo
el conservadurismo y fenómenos de apropiación del Estado por intereses pri-
vados, tales como: el corporativismo, el clientelismo político, la corrupción y
la apropiación criminal del Estado; dichos fenómenos obstaculizan la posibili-
dad de pensarse en colectivo y la búsqueda de proyectos de futuro realizables.
Es por lo anterior que en el presente estudio teórico explicativo se abordará el
fenómeno de las implicaciones que conlleva la despolitización y la ética públi-
ca en la modernidad líquida.
Abstract
The relationships between the processes of depoliticization and public
ethics in liquid modernity, are characterized by little lasting, malleable and
changing dynamic environment for citizen participation in political institutions
and the setting of the popular will, favoring conservatism and phenomena ap-
propriation of the State by private interests such as: corporatism, political pa-
tronage, corruption and criminal appropriation of the State; these phenomena
hinder the possibility of collective thought and the search for feasible future
projects. It is for this that in this explanatory theoretical study the phenomenon
of the implications of depoliticization and public ethics in liquid modernity be
addressed.
Palabras clave:
Modernidad líquida,
Despolitización, TIC,
Clientelismo político,
Corporativismo,
Corrupción, Apropiación criminal
del Estado, Ética pública.
Key words:
Liquid modernity, Depoliticization,
ICT, Political clientelism,
Corporatism, Corruption,
Criminal appropriation of the
State, Public ethics.
Referencia de este artículo (APA): Rodríguez, D. & Arango, X. (2017). Despolitización y ética pública. La crisis del
pensarse en colectivo en la modernidad líquida. En Justicia, 31, 65-86. http://dx.doi.org/ 10.17081/just.22.31.2599
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Diego F. RoDRíguez Casallas, XóChitl aRango MoRales
INTRODUCCIÓN
En la actualidad existen diferentes movi-
mientos* que claman por injerencia en la acti-
vidad gubernamental pero se muestran distantes
de las instituciones políticas: los “indignados”,
los movimientos “antiglobalización”, los “mo-
vimientos ecologistas”, entre otros, presionan
las instituciones pero no participan mediante
los mecanismos formales, porque visualizan las
prácticas políticas como corruptas, generando
un ambiente de despolitización con característi-
cas particulares en la modernidad que nos plan-
tea Bauman.
La despolitización en la modernidad líqui-
da (Bauman, 2002) separa la acción social de
la actividad política, reduce la vinculación de la
sociedad con la actividad del Estado, debilita la
actividad de la Administración Pública y permi-
te su apropiación por intereses particulares.
Redes como Facebook, Twitter o Youtube,
son instrumentos de construcción de la opinión
pública y pueden generar masa crítica que de-
viene en protestas, revoluciones o manifestacio-
nes violentas. También sirven como mecanismo
de presión, teniendo eco en las agendas guberna-
mentales y en las agendas legislativas.
* Los movimientos registrados en diversas partes del mundo,
como Islandia (en 2008), Túnez (Revolución de los Jazmines
en 2010), España (los indignados en 2011) o Estados Unidos
(Occupy en 2011), destacan cómo la relación de la gente con
los medios de comunicación alternativos interrió en las rea-
lidades políticas y sociales. La forma como los ciudadanos
ordinarios ejercían en los medios de comunicación social en
la primera década de este siglo se ha identicado con el cibe-
ractivismo (Tascón & Quintana, 2012). El término, acuñado
en 1984 y curiosamente usado incluso antes de la creación de
Internet como lo conocemos hoy en día, se ha convertido en
sinónimo de «acciones coordinadas de colectivos movilizados
a través de la comunicación en red interactiva distribuida»
(Ferré Pavia, 2014, p.16).
Sin embargo, las redes sociales también pro-
ducen un fenómeno de despolitización, dado
que los ciudadanos preeren acudir a la infor-
malidad de dichos medios, antes que a la resolu-
ción de los requerimientos sociales por las vías
institucionales o de las instituciones políticas,
relegando el rol de los partidos y movimientos
políticos.
Los desarrollos tecnológicos de la sociedad
red (Castells, 2004) han favorecido los procesos
de despolitización, la cual benecia el conser-
vadurismo y las prácticas de apropiación de los
benecios emanados del Estado como el cor-
porativismo, la corrupción, el clientelismo y la
apropiación criminal del Estado.
Despolitización
Entendemos los procesos de despolitización
como la actitud negativa de los ciudadanos fren-
te a la participación en política (Duverger, 1970,
p.38). La despolitización favorece el conserva-
durismo, garantizando que las posiciones de pri-
vilegio de algunos actores políticos no se vean
cuestionadas. En el contexto de la modernidad
líquida que plantea Zygmunt Bauman, los pro-
cesos de despolitización tienden a agudizarse fa-
voreciendo fenómenos como el corporativismo,
el clientelismo, la corrupción y la apropiación
criminal del Estado, como se explicará detalla-
damente.
La modernidad líquida y despolitización
El concepto de modernidad líquida fue acu-
ñado por el sociólogo, lósofo y escritor Zyg-
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DespolitizaCión y étiCa públiCa en la MoDeRniDaD líquiDa. la CRisis Del pensaRse en ColeCtivo en la MoDeRniDaD líquiDa
munt Bauman*, quien reere a la fragilidad,
y ductilidad de las relaciones humanas en un
contexto de vínculos poco perdurables, transi-
torios, efímeros, donde prima el individualismo
regido por la relación costo-benecio antes que
una visión colectiva del mundo. Dicha visión se
opone radicalmente al concepto de lo público y
a la actividad política entendida como la estruc-
turación de proyectos de sociedad o proyectos
de futuro.
La fragilidad de las relaciones humanas y los
vínculos interpersonales propios de la moder-
nidad líquida han de tener consecuencias en la
conguración del fenómeno de lo público y sus
manifestaciones contemporáneas, reduciendo su
campo de acción y excluyendo la posibilidad de
entender el benecio individual de la acción co-
lectiva. La despolitización es precisamente esa
incapacidad de movilización social en la reso-
lución de las necesidades colectivas mediante la
participación en las instituciones políticas; las
formas sociales de la modernidad líquida favo-
recen dichos procesos.
La inmediatez posible por el desarrollo de las
telecomunicaciones, la informática y las redes
sociales han tenido como efecto una avalancha
* “En la Modernidad líquida Zygmunt Bauman explora cuáles
son los atributos de la sociedad capitalista que han permane-
cido en el tiempo y cuáles las características que han cam-
biado. El autor busca remarcar los trazos que eran levemente
visibles en las etapas tempranas de la acumulación pero que
se vuelven centrales en la fase tardía de la modernidad. Una
de esas características es el individualismo que marca nues-
tras relaciones y las torna precarias, transitorias y volátiles.
La modernidad líquida es una gura del cambio y de la tran-
sitoriedad: “los sólidos conservan su forma y persisten en el
tiempo: duran, mientras que los líquidos son informes y se
transforman constantemente: uyen. Como la desregulación,
la exibilización o la liberalización de los mercados” (Rocca
Vásquez, 2008, p.3).
de información difícilmente digerible para el
ciudadano desprevenido y el ciudadano en for-
mación, que se ven enfrentados a la selección y
análisis de datos sin profundizar en su contenido
o veracidad, la opinión pública es cada vez más
uctuante y manipulable.
Ampliando el punto, la laxitud de los con-
tenidos publicados en redes sociales como Fa-
cebook y Twitter en relación con asuntos y/o
problemáticas públicas, ha relegado el rol de los
partidos políticos en la discusión ideológica o en
la lectura de las diferentes posiciones de la so-
ciedad sobre las problemáticas que le afectan. La
informalidad de los nuevos medios de construc-
ción de la opinión pública, que ha de congurar
la voluntad popular, es utilizada o manipulada
como mecanismo electoral en la construcción o
destrucción de las imágenes públicas de los can-
didatos, pero difícilmente permiten organizar
esquemas que incluyan a sus participantes en la
formalidad de las instituciones políticas.
Se debe recordar que, la dinámica de la mo-
dernidad líquida tiene su manifestación más pre-
ocupante en la abstención de militancia en los
partidos políticos, entendidos como colectividad
que pretende construir una posición unicada
frente a determinados temas, con la intención
de llegar al poder por las vías institucionales e
incluir su visión ideología en las agendas legis-
lativas y las agendas gubernamentales. En con-
secuencia, la militancia en los partidos políticos
dependerá únicamente de sus posibilidades elec-
torales, favoreciendo fenómenos como el “trans-
fuguismo” o la deserción de dichas colectivida-
68
des motivada en las posibilidades electorales o
de acuerdos por fuera de un marco ideológico.
Modernidad líquida, sistema político y des-
politización
Entendiendo un sistema político como la
interacción de las relaciones económicas, las
formas sociales y las instituciones políticas (Du-
verger, 1970), tenemos que el interés económico
desarrollado en el modelo de producción capita-
lista ha inuido las formas sociales, siendo legi-
timado y protegido por las mismas instituciones.
En otras palabras, la política entendida como
actividad desarrollada al interior de un sistema
político especíco está inuenciada por los inte-
reses de sus actores económicos y actores socia-
les presentes, quienes mediante transacciones o
la utilización de su capital especíco como ree-
re desde la sociológica Pierre Bourdieu (2000) o
Deutsch (1970) desde la ciencia política, han de
concretar sus posiciones de privilegio o su inte-
rés económico.
En este sentido y en el contexto de la moder-
nidad líquida, la actividad política se visualiza
simplemente como un juego de intereses, dentro
de las contiendas electorales propias del siste-
ma democrático. Dicha visualización favorece
la apatía de los actores que no tienen intereses
económicos especícos dentro de la contienda
política y polariza la actividad de quienes sí los
poseen, haciendo del proceso electoral un espec-
táculo en ocasiones grotesco, por las prácticas
utilizadas para favorecer la imagen pública de
un candidato o deteriorar la imagen de otro.
Sobre el particular reeren Roura y Ferré
(2014):
La gestión de la información de los usuarios
constituye quizá el aspecto menos conocido y
más controvertido y peligroso de las redes so-
ciales. Si las redes saben todo de nosotros, es
lícito preguntarse dónde va a parar esa infor-
mación. En su capítulo «Aspectos legales de
las redes sociales: protección de datos y uso
consciente de la tecnología», Elisabeth Rou-
ra y Carme Ferré (2014) nos introducen en el
oscuro mundo de los datos personales, las po-
líticas de privacidad y las condiciones de uso
de la información de millones de ciudadanos.
Según las autoras, el primer problema para la
regulación de la información personal en In-
ternet y en las redes sociales en particular es
que el mercado online está absolutamente glo-
balizado... No hay ningún órgano legislativo
a nivel supranacional capaz de garantizar los
derechos de todos los usuarios según la va-
riedad de legislaciones nacionales ni tampoco
con capacidad para tomar decisiones jurídicas
respecto a las empresas a escala global. Roura
y Ferré (2014) también nos recuerdan (nunca
viene de más) que «la seguridad en las redes
sociales depende de la conciencia de los usua-
rios sobre su propia privacidad e intimidad.
(Ferré, 2014, p.12)
Las nuevas tecnologías de la informática y las
comunicaciones posibilitan formas estilizadas
de legitimar el poder o de construir la opinión
pública, que han de inuenciar de igual forma la
tendencia frente a la participación política o la
apatía frente a ella. Los medios de comunicación
masiva y las redes sociales son instrumentos en
la construcción de opinión pública o para su
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Diego F. RoDRíguez Casallas, XóChitl aRango MoRales
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manipulación; en consecuencia, los actores po-
líticos que puedan apropiar dichos instrumentos
tendrán una ventaja sobre los otros.
Modernidad líquida y partidos políticos
La pluralidad de partidos políticos es uno
de los principios de la democracia liberal, (Pa-
lencia, Carvajal & Rodríguez, 2016 p.199), su
existencia es connatural a dicho sistema; sien-
do el sistema de partidos políticos el garante
del respeto por la divergencia, el disenso y la
libertad de expresión, se entienden en dicho
contexto como: el campo en el cual las discu-
siones ideológicas han de ser decantadas para
la búsqueda de un acceso legítimo al poder, por
las vías electorales y a la materialización de las
posiciones mediante las instituciones políticas.
En la primera mitad del siglo XX en el mundo
occidental, la pertenencia a un partido político
se entendía como una de las facetas más impor-
tantes de la vida, matar y morir por la posición
ideológica era una cuestión de principios, una
cuestión de vida y la vida sin principios no valía
la pena ser vivida, pero dicha lógica entró en
crisis dentro de las estructuras de la modernidad
líquida.
El papel de los partidos políticos como es-
cenario de construcción ideológica e interme-
diación con el poder político ha sido desplazado
por las redes sociales en relaciones exibles y
poco perdurables frente a la discusión pública.
La laxitud de los comentarios enviados en Face-
book, Twitter, entre otras redes sociales, ha des-
plazado la discusión reexiva y con fundamen-
tación teórica. La imposibilidad de control de los
contenidos se transforma en arma de doble lo
frente al debate político serio y respetuoso, por
un lado, posibilitan el acceso a información que
en otros escenarios podría ser sujeto de censura
y del otro lado, la veracidad de la información
es difícilmente vericable, con la posibilidad de
hacer incurrir en error a sus receptores.
En la sociedad de las mercancías y del re-
duccionismo económico las decisiones sobre
las problemáticas públicas entendidas en senti-
do genérico han desplazado su campo decisorio
de la política a la economía*, siendo los actores
económicos y los grupos de interés los que han
de decidir sobre las problemáticas públicas, me-
diante la inuencia y/o apropiación de las insti-
tuciones políticas, manipulando la opinión pú-
blica, nanciando la actividad política desde los
procesos electorales en el contexto de democra-
cias formales y utilizando el poder económico, a
través de la apropiación de los medios masivos
de comunicación, el retiro o manejo estratégico
de sus inversiones en los países susceptibles a su
inuencia.
Desde hace poco más de 70 años, los ciuda-
danos se encuentran adormilados, en un con-
* “En la sociedad líquida de consumidores, el tiempo “punti-
llista” se caracteriza por la profusión de rupturas y disconti-
nuidades. Tampoco hay lugar para pensar al tiempo como una
concatenación de hechos vinculados a un “continuum”, ni en
la idea lineal de progreso. Lo aleatorio se encuentra presente
en el tiempo de las sociedades de consumidores como un as-
pecto constantemente nuevo, lo inesperado y lo repentino. La
estructura económica en esta clase de grupos humanos orece
cuanto más cambia; por lo tanto, la búsqueda de felicidad no
yace en el adquirir o almacenar sino en el descartar y reem-
plazar. El mejoramiento constante no da lugar a la fe en los
productos, sino a una manía compulsiva de eliminación de un
bien por otro “mejor”. El mismo ejemplo aplica para la sobre-
carga informativa por cuanto toda nueva información reem-
plaza constantemente a otra anterior sin poder dar el tiempo
suciente a su jación mental” (Korstanje, 2010, p.4).
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DespolitizaCión y étiCa públiCa en la MoDeRniDaD líquiDa. la CRisis Del pensaRse en ColeCtivo en la MoDeRniDaD líquiDa
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texto en el cual ceden su capacidad de pensar
el mundo a estructuras de poder que perciben
como inamovibles, lejanas y ajenas a ellos. La
modernidad líquida como concepto implica la
maleabilidad y uidez en las relaciones huma-
nas que se muestran poco duraderas motivadas
por el interés individual desde una lógica de in-
tercambio; en este orden de ideas, la actividad
política entendida como la problematización de
la vida humana pasa a un segundo plano, los
compromisos o principios ideológicos, losó-
cos y/o éticos perdurables ceden paso al oportu-
nismo, la militancia en partidos políticos pierde
practicidad en el juego de intereses producido en
el campo de lucha por el poder y la apropiación
de los benecios emanados del Estado.
El poder político del ciudadano ha sido inter-
cambiado por el poder de consumo, la industria
del entretenimiento se ha encargado de construir
la opinión pública en torno a temas frívolos y
adormilar al ciudadano que ha cedido su capa-
cidad reexiva a dicha industria alejándose de
la discusión desarrollada en escenarios públicos
y/o políticos. La búsqueda de un mecanismo de
solución de ocupación laboral principalmente
en el sector público (que se visualiza como es-
table o permanente) ha transformado su acceso
en un instrumento de ejercicio de poder, en el
intercambio de favores electorales o favores en
el apoyo en los procesos electorales, dicha situa-
ción ha transformado a los partidos políticos en
colectividades encargadas de asegurar el acceso
de sus militantes a dichas soluciones de ocupa-
ción laboral.
El poder global y la política local
La incertidumbre o la incapacidad de prever
o planicar el futuro frente a la ausencia de ins-
tituciones sólidas, favorecen la despolitización,
en un contexto en el cual el poder es global y
la política es local
*
. Los temas gruesos de la
existencia humana son debatidos en escenarios
privados que trascienden a los gobiernos por su
extraterritorialidad, las multinacionales y gran-
des capitales entran a decidir sobre política pú-
blica mediante el nanciamiento e injerencia de
campañas electorales, que han de determinar la
conguración de los gobiernos locales o simple-
mente, también distraen la opinión pública por
medio de la empresa del entretenimiento (no-
ticieros, novelas, series, etc.) desinformando o
manipulando, para proteger los intereses de los
propietarios de los medios.
Es por lo anterior, que interpretando la lógica
de la modernidad líquida, García menciona que:
Bauman plantea que el Gobierno ha perdido la
* “En lo político, la crisis se ve agudizada por la inecacia de
las instituciones políticas representativas frente a la acción de
las elites del poder nanciero, por la internacionalización cre-
ciente de las decisiones políticas y por la falta de control que la
ciudadanía tiene sobre las burocracias públicas. Contribuyen
también a la conguración de un universo político carente de
fundamento ético, la tecnicación del control de la vida social,
la carrera armamentista y la falta de una cultura democrática
arraigada en las sociedades latinoamericanas. En lo social, la
creciente fragmentación de identidades socioculturales, la fal-
ta de integración y comunicación entre movimientos sociales,
la creciente exclusión social y política y el empobrecimiento
de grandes masas, han hecho inmanejables los conictos en
el seno de las sociedades, a la vez que imposibilitan las res-
puestas constructivas a tales conictos. En lo económico, el
sistema de dominación sufre actualmente cambios profundos,
donde inciden de manera sustancial la mundialización de la
economía, el auge del capital nanciero con su enorme poder
concentrador, la crisis del Estado de Bienestar, la creciente
participación del complejo militar en la vida económica de los
países, y los múltiples efectos de las sucesivas oleadas tecno-
lógicas en los patrones de producción y consumo” (Max Neef,
2010, p.9).
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capacidad de resolución de los problemas pú-
blicos más importantes; que no posee ya ni si-
quiera los instrumentos y los recursos necesa-
rios para resolver los problemas cotidianos de
la existencia humana. El Gobierno ha perdido
esta capacidad frente a una serie de poderes
globales que actúan en su propio territorio y
a los que no puede sometérseles sencillamen-
te al imperio de las leyes locales; estos gozan
de una especie de inmunidad originada prin-
cipalmente en su extraterritorialidad. (García,
2006, p.199)
Ampliando el punto, los medios de comu-
nicación distraen la atención de la opinión pú-
blica o la construyen a su antojo, legitimando
sus intereses y evadiendo la discusión sobre las
problemáticas públicas que tienen relación con
las estructuras de poder del orden establecido,
desde un determinismo reduccionista que no
cuestiona las estructuras económicas y políti-
cas del poder. El Aparato ideológico del Estado
descrito por Althusser como reproductor de las
condiciones de producción (Althusser, 1989) ha
estilizado sus formas mediante los desarrollos
tecnológicos en telecomunicaciones e informáti-
ca, haciendo presa de las redes sociales y en n,
de la virtualidad. Nuevamente la imposibilidad
“normativa” de control del aparato descrito con
anterioridad por su extraterritorialidad, implica
la posibilidad de su captación por el poder de
los actores económicos que puedan invertir re-
cursos en su utilización en pro de la defensa de
sus intereses.
En la actualidad se ha pasado del colonia-
lismo a la inuencia, el uso de la fuerza y los
grandes aparatos bélicos han cedido paso a las
medidas económicas y el manejo de los capita-
les o de la inversión extranjera. Los grandes ca-
pitales tienen la posibilidad de instrumentalizar
a los gobiernos en la defensa de sus intereses,
lo cual conlleva a la privatización de la activi-
dad de los gobiernos y del desconocimiento de
“interés general” como fundamento de su accio-
nar. Sin embargo, dicha tendencia no es nueva,
la tensión que actualmente nos ocupa reere a
cómo en la actualidad se ha tratado de frenar el
activismo informático para generar procesos de
despolitización que posibiliten la manipulación
referida con anterioridad.
Ética pública y el paradigma del control
¿El sometimiento se dará siempre con respecto a una
autoridad exterior, o existe también en relación con
autoridades que se han internalizado, tales como el
deber, o la conciencia, o con respecto a la coerción
ejercida por íntimos impulsos, o frente a autorida-
des anónimas, como la opinión pública? ¿Hay acaso
una satisfacción oculta en el sometimiento? Y si la
hay, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que origina en el
hombre un insaciable apetito de poder?. (Fromm,
1941, p.31)
La primera cuestión a ser analizada cuando ha-
blamos de ética, es el contexto en el cual se ha de
producir el reproche social en relación a la calica-
ción de la conducta como ética o antiética. En este
sentido, cuando hablamos de Ética Pública existe
un elemento esencial a ser discutido: el poder, y las
relaciones de poder inmersas en el entorno en el
cual se da la conducta (en el ethos).
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Cuando hablamos de ética pública a diferen-
cia de lo que puede suceder, en otros contextos
la conducta no se da en situaciones de igualdad
o reciprocidad, se da en condiciones de desequi-
librio, desde dos dimensiones:
1) Entre las personas que se encuentran reves-
tidas de autoridad estatal o pública y los que
simplemente son destinatarios del poder.
2) En el contexto de la democracia representati-
va, en la forma como los ciudadanos revisten
de autoridad a determinados ciudadanos y las
prácticas de acceso al poder.
La cuestión de la ética pública y el ejercicio
del poder
La discusión sobre una ética pública o una
ética sobre lo público debe ser abordada necesa-
riamente desde dos campos de estudio, 1) sobre
la ética del funcionario, y 2) desde la ética in-
mersa en la actividad política, donde la conducta
del funcionario y el político irradian sus efec-
tos a toda la sociedad, teniendo como principio
axiológico el bien común. Sobre el particular
reere Oscar Diego Bautista:
“La ética, al referirse al ámbito público, implica
necesariamente relacionarse con la política, no se
limita a los funcionarios públicos. Un buen go-
bierno no solo requiere funcionarios responsables
sino también políticos responsables, puesto que
son estos últimos principalmente quienes gozan
del máximo margen de autonomía en las deci-
siones y de estas decisiones depende a su vez la
actuación de los principios. La ética pública es
un elemento importante para hacer contrapeso no
solo a la corrupción sino a las distintas actitudes
antiéticas al inyectar un conjunto de principios y
valores y así revitalizar por un lado a las institu-
ciones públicas y por otro a los servidores públi-
cos, entendiendo como tales a aquellas personas
que ocupan un cargo público y sirven al Estado:
políticos y funcionarios” (Bautista, 2006, p.8).
Sobre la ética del funcionario. La discusión
sobre la Ética y responsabilidad del Funcionario
Público* en el Estado moderno, fue entendida
en los siguientes términos o desde la siguiente
preocupación:
Al ser el Estado una cción jurídica que úni-
camente se materializa a través de las conductas
o decisiones de los funcionarios públicos, con-
trolando dichas conductas o decisiones median-
te la ley, se controla la actividad del Estado. De
igual manera, con el principio de legalidad, se
establece la responsabilidad administrativa en
relación a la omisión o extralimitación del fun-
cionario público en ejercicio de sus funciones,
se jan los límites a su accionar y la responsa-
bilidad emanada del incumplimiento de sus de-
beres legales funcionales; palabras más palabras
menos, se limita el ejercicio del poder público.
El fenómeno descrito se dio en la transición
del Estado Absolutista al Estado de Derecho, en
la cual el paradigma del control a la actividad
del Estado formó parte integral de la agenda pú-
blica y de la estructura axiológica que legitimó
la novel organización política, la cual fue el re-
* Servidores públicos como son conocidos de forma genérica en
Colombia.
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sultado de la necesidad de proteger intereses o
privilegios de las clases económicas en ascenso,
frente a la arbitrariedad del poder político en la
dicotomía burguesía-nobleza.
Sin embargo, independientemente de los in-
tereses económicos descritos anteriormente, el
principio de legalidad como mecanismo de con-
trol a la actividad del Estado y la responsabilidad
de los funcionarios públicos como límite al po-
der de las personas envestidas de autoridad esta-
tal, son actualmente los pilares de la democracia
liberal, que tienen su génesis desde el Iusnatu-
ralismo Contractualista Democrático de Locke,
Rousseau y Montesquieu, siendo hoy principios
fundamentales del Derecho Administrativo.
El principio de Legalidad se maniesta en el senti-
do de que la autoridad solo puede actuar de acuerdo
con la autorización que la ley le otorgue, ya que el
hombre nace con plena libertad de acción y no es
posible someterlo a la autoridad de un poder que
limita su libertad natural, excepto cuando el indivi-
duo por su propia voluntad se somete. La voluntad
general es la soberanía que reside en el pueblo y se
plasma en las leyes, las cuales, como manifestación
de la población crean la autoridad y facultan su ac-
tuación, por lo tanto las libertades individuales solo
pueden ser restringidas por disposición expresa de
la ley. Lo anterior se basa en los principios de que
los individuos pueden hacer todo lo que no les este
prohibido. (Ramos, 2014, p.32)
En razón de lo anterior, la preocupación so-
bre el control de la conducta de los funcionarios
públicos en la modernidad tiene sus anteceden-
tes en la transición del Estado Absolutista al Es-
tado de Derecho, sin embargo sus referentes son
mucho más antiguos remontándose a la natura-
leza política del ser humano y el poder político
ejercido sobre este; con antecedentes desde la
antigüedad entre los cuales tenemos la tragedia
griega de Antígona y Edipo rey, en la encrucija-
da que implica el propio accionar entre los debe-
res domésticos y los deberes con la organización
política y la consecución del bien común, entre
otros ejemplos.
En este punto, nos encontramos con dos tipos
de decisiones o conductas como manifestación
de la actividad de los funcionarios públicos y el
desarrollo del poder político, 1) la decisión po-
lítica y 2) la decisión o la actividad burocrática.
La decisión política se entiende como la ma-
nifestación de la voluntad popular, la cual se
encuentra determinada por la opinión pública,
los aparatos ideológicos del Estado, los grupos
de presión, los partidos políticos y los diferentes
mecanismos que pueden incidir en los procesos
electorales, sin embargo siempre tendrán que
acudir a la refrendación electoral como elemen-
to legitimador de su actuación.
Por su parte, la decisión burocrática se en-
cuentra mediada por el principio de legalidad,
obedece por lo menos en el ideal a elementos
técnicos que permiten materializar las decisio-
nes políticas; podríamos armar que la política
es n y la burocracia el instrumento de la acción
colectiva.
Entraremos a analizar estos dos tipos de de-
cisión desde la ética pública y el ejercicio del
poder que ella entraña.
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La ética inmersa en la actividad política y
burocrática. En principio, la conducta del fun-
cionario y el político irradian sus efectos a toda
la sociedad, teniendo como principio axiológico
el bien común. Las relaciones de poder entre go-
bernantes y gobernados producen la encrucijada
entre el bienestar individual y el bienestar colec-
tivo, por lo tanto se encuentra atravesada por el
concepto de lo público y su interés, en el cual los
intereses personales deben ceder ante los intere-
ses colectivos.
Para garantizar el bien común en las decisio-
nes de gobierno y en su ejecución, históricamen-
te se han estructurado diferentes sistemas de se-
lección de personal en el sector público o en los
órganos de gobierno, independientemente de los
arreglos institucionales presentes en las diferen-
tes formas organizativas, que pueden dar cuenta
de una organización o sistema político.
Tal es el caso de los muiscas en la historia
precolombina, en donde la formación para la
toma de decisiones de gobierno se encargaba a
una institución que aunque primitiva obedecía
a la lógica del mérito como mecanismo de se-
lección de personal en el sector público, sobre
el particular reere Augusto Álvarez Collazos
(2009) una descripción de un equivalente de las
modernas escuelas de gobierno denominada La
Cuca (academia muisca)*.
* Las pruebas de reconocimiento de los méritos de la elite o
nobleza muisca se daban en una ceremonia de graduación,
una vez nalizaban sus estudios en La Cuca y también cuando
existía una vacancia por muerte, por ausencia de heredero o
por remoción (degradación) del cargo por incapacidad o por
incompetencia.
Los xeques eran en la nación muisca los encargados de velar
principalmente por el cumplimiento de su código moral y de
De forma similar al sistema de carrera ad-
ministrativa moderno y para garantizar el bien
común en la toma de decisiones de gobierno y/o
ejecutoras, los muiscas estructuraron un sistema
semejante al sistema de mérito:
El sistema de reconocimiento de méritos
El sistema de reconocimiento de méritos para
administrar su sistema de mérito como forma de control.
El cronista Fray Pedro Simón relata cómo los muiscas varones
desde niños ingresaban a su academia, las cuales se encon-
traban en cada poblado, “metíanlos en otra parte del pueblo
llamado Cuca, que era como academia o universidad, donde
están algunos pretendientes con otro viejo”. La Cuca según
fuera su prestigio (de pueblo, provincia o principal) era el
centro de formación de Zipas o Zaques, Uzaques, caciques,
xeques y güechas. Juan de Castellanos en sus crónicas cuenta
cómo en las Cucas eran principalmente los xeques mayores
quienes impartían las enseñanzas y al igual que en el caso de
los caciques su puesto era hereditario y heredaban, los sobri-
nos hijos de su hermana mayor o favorita, siempre y cuando
aprobaran las pruebas nales de la academia.
La educación para la nobleza se diferenciaba de la de los
muiscas comunes y era acorde a su futuro rol en su sociedad:
Su estadía en La Cuca era aproximadamente 6 años mínimos
y 12 años máximo y la edad mínima para ingresar era a los 10
años.
En informe del presidente de la Real Audiencia de Santa Fe al
rey Felipe II, en 1597, existe un aparte que dice: “Estos tales
que tienen santuarios los ponen en un bohío apartado y ponen
tres o cuatro indios juntos de diez años para arriba y allí ayu-
nan cuatro o seis años para ser jeques (o caciques) … vienen
los jeques viejos a quien estos indios han de suceder que son
sus tíos y les dan la ley y enseñan a pintar y a tejer mantas y no
salen al Sol ni les da aire… no se bañan el cuerpo en los seis
años sino solo los dedos de las manos.
Al cabo de los años eran sacados de su encierro, lavados en
grandes moyas (el agua y el mugre de años eran tenidos por te-
rapéuticos y santos) y vestidos por una manta nueva y blanca.
Seguía una gran borrachera con chicha, para acudir luego ante
el Cacique que le horadaba las orejas, le daba una mochila
pintada para las hojas de coca, un calabazo para la cal y un
palillo para manbear: “estas cosas ni las pueden traer ni usar
de ellas sino son jeques o tibas” (Archivo de Indias).
El cronista Fray Pedro Simón también comenta que en La
Cuca se enseñaban los secretos de sus dioses, de la astrono-
mía y del tiempo, de los augurios y de las predicciones, de las
enfermedades, así como se enseñaba el arte de aconsejar y del
gobierno, de la administración de justicia y de los tributos, de
la guerra y de la diplomacia.
En estas crónicas también se relata que los caciques estaban
asistidos por un consejo de representantes de los cacicatos,
que estaba conformado por los principales de las familias que
conformaban el pueblo, quienes debían haber pasado como
mínimo 6 años de estudios en La Cuca” (Álvarez Collazos,
2009, p.64).
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ejercer el poder en la cultura muisca estaba ba-
sado en relaciones de sangre (matrilineal), por
cooptación y por la aprobación de exámenes que
median y buscaban demostrar el valor físico (mi-
litar), espiritual y el grado de saber de los aspiran-
tes. Estas pruebas estaban a cargo de los Uzaques
o caciques, de sus sacerdotes (Ogques o Xeques
y Mohanes) y de sus militares o capitanes princi-
pales (güechas).
El heredero de un cacique tenía que ser hijo de
una hermana suya; esto, con el n de eliminar
cualquier duda respecto al parentesco con dicho
cacique. Si el cacique no disponía de un sobrino
por parte de sus hermanas, se procedía a un inte-
resante y pintoresco procedimiento que Alfredo
Iriarte relata en la siguiente forma: “…Consistía
en colocar a dos de los más bizarros y fornidos
güechas frente a una doncella, escogida también
entre las más garridas y hermosas de la comuni-
dad. Tanto los dos guerreros como la bella debían
comparecer a la transcendental ceremonia com-
pletamente desnudos. Los encargados de emitir el
fallo debían estar atentos a las reacciones de los
mancebos frente a la perturbadora catadura de la
doncella. Si uno de ellos, o ambos, mostraban en
sus partes nobles la mínima excitación ante los
encantos de la dama, eran eliminados en el acto
por considerarse que una vulnerabilidad tan in-
mediata a las fuerzas seductoras de la mujer los
incapacitaba para el ejercicio recto de los altos
menesteres del gobierno. Solo el que pasando
por la sobrehumana prueba lograra mostrar una
total impasibilidad en las zonas más sensibles de
su cuerpo se juzgaba como apto para suceder al
cacique. (Álvarez Collazos, 2009, p.63)
Entonces, se tiene que, el mecanismo o la
metodología en la elección de líderes y “funcio-
narios” (si se les puede dar esta denominación)
en la cultura muisca pretendía garantizar me-
diante el reclutamiento las condiciones idóneas
del candidato para lograr el bien común en las
decisiones a su cargo, por un lado existe la ca-
pacitación realizada en La Cuca (requisitos de
formación) y a forma de vericación teníamos el
ritual simbólico de habilitación para el ejercicio
del cargo. Tenemos el símil de los requisitos de
formación o experiencia para poder ingresar a
concursar para un empleo público en un concur-
so de méritos (el equivalente a la formación en
La Cuca) y por otro lado la prueba de conoci-
mientos (como ritual simbólico de iniciación en
el servicio público).
En la transición del Estado Absolutista al
Estado Moderno aparece el modelo burocrático
descrito por Max Weber que ha de servir como
un mecanismo de materialización de la decisión
política y de control al aparato del Estado en la
garantía de sus nes, mediante la separación en-
tre la política y la burocracia.
Separación política-burocracia
Con las logiasse dio la aparición del Estado
Moderno, con el cual surge de forma paralela
la separación entre la actividad política y la bu-
rocrática, entendida la primera actividad como
la determinación del rumbo de los pueblos y la
segunda como la conguración del órgano eje-
cutor de la decisión política, en relación con di-
cha conguración surge el Sistema de Mérito y
de Carrera Administrativa, como una forma de
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garantizar mediante la elección del funcionario:
1) la capacidad del órgano ejecutor en la mate-
rialización de las decisiones políticas; y 2) la
imparcialidad en las decisiones jurisdiccionales
mediante la estabilidad en el empleo y el some-
timiento a la ley en las decisiones del funciona-
rio, sobre el particular reere Augusto Álvarez
Collazos (2009):
Sistema de Mérito y de Carrera Administrativa:
Él Sistema de Mérito y de Carrera Administrativa
es una concepción de la administración de perso-
nal en el sector público que pretende la selección
y promoción de los empleados, teniendo como
base principal la idoneidad, capacidad y mérito
de la persona.
Los supuestos básicos sobre los cuales se inspira
un sistema de servicio civil o Carrera Adminis-
trativa son:
1. Igualdad de oportunidades para todos
los ciudadanos para el acceso al servicio
público.
2. Selección exclusivamente con base en el
mérito.
3. Estabilidad en el empleo condicionada al ren-
dimiento del funcionario.
4. Ascenso en la carrera con base en la ecien-
cia y capacidades del empleado.
La burocracia se caracteriza por la profesionali-
zación de sus participantes. Cada funcionario de
la burocracia es un profesional. (p.14)
Cuando surge el Estado Moderno con el prin-
cipio de Rol del Estado como garante, aparece
la preocupación por la búsqueda de la felicidad
de los administrados y la consecuente necesidad
de asegurar la prestación de los servicios a car-
go del Estado de una forma eciente y ecaz;
en contraposición con el Estado Absolutista que
como antecedente visualiza en la población en
sus “súbditos” los sujetos depositarios de la vo-
luntad del poder absoluto.
El termino Estado, como forma de organización
política de la sociedad, fue inicialmente utilizado
por Maquiavelo, quien en el primer capítulo del
Príncipe arma que: ... Cuantos Estados, cuan-
tas denominaciones ejercieron y ejercen todavía
una autoridad soberana, fueron y son Repúblicas
o Principados”. Al término de la Edad Media se
produjo una transformación en la organización
política y social europea, cuando el Monarca
concentró en su persona los privilegios de los se-
ñores feudales, de los gremios y de las ciudades
y adquirió un poder absoluto, centralizando toda
autoridad en sus manos. Por su parte, Suecia,
Prusia, Austria, Rusia y España, principalmen-
te organizaron el funcionamiento del poder de
acuerdo con los siguientes principios: “La volun-
tad del Rey es la Ley”; “El Rey no se equivoca”;
“El rey no puede causar daño”; por lo que, si los
gobernados, los súbditos, deben su persona, sus
bienes y sus privilegios al Monarca, solamente
podrían llegar a esperar que la gracia de este los
favoreciera con su benevolencia. (Ramos, 2014,
p.29)
Como se puede observar en el Estado Abso-
lutista el ejercicio del poder, los principios de
soberanía del Monarca, irresponsabilidad e in-
demandabilidad, en lo político y en el aparato
administrativo los cargos públicos eran de pro-
piedad del soberano, sobre el particular reere
Álvarez Collazos (2009), en relación con los
mecanismos de selección de funcionarios:
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Sistema Patrimonialista: El sistema patrimo-
nialista se caracteriza por considerar los car-
gos públicos como de propiedad privada, como
bien de un gobernante o de quien ejerce el poder,
quien puede disponer de ellos en la forma en que
le parezca más conveniente; estos puestos se pue-
den comprar, donar o heredar y son susceptibles
de valoración económica. (p.14)
Contrario al principio axiológico del bien
común y el modelo burocrático weberiano de
la administración pública contemporánea, en
el Estado Absolutista el Sistema patrimonialis-
ta implicaba una lógica de costo-benecio en
la actividad gubernamental o en otras palabras,
una lógica de rentabilidad en las acciones. Por
lo anterior la profesionalización del servicio pú-
blico implica la remuneración o trabajo asala-
riado del funcionario, para que su actividad se
desprenda de las lógicas de rentabilidad y se ga-
rantice la imparcialidad en la toma de decisiones
a su cargo, sometidas únicamente al principio de
legalidad.
Sin embargo, como fenómeno no deseado
dentro de las democracias formales tenemos el
sistema clientelista como un fenómeno de apro-
piación del aparato del Estado y fenómeno de
parcialización de la función pública. El fenóme-
no en comento se posibilita en democracias dé-
biles en las cuales el sistema electoral y el elec-
torado pueden ser manipulados bajo promesas
como la del acceso a una solución de ocupación
laboral:
Sistema de botín político o spoiled system:
El sistema de botín político corresponde a aque-
lla concepción de que los cargos públicos deben
ser desempeñados por personas adeptas al movi-
miento político que obtenga la victoria electoral
o simplemente que detente el poder. Ello implica
que los funcionarios no necesariamente serán se-
leccionados dentro de los más capaces o de ma-
yores méritos, sino que entre aquellos que tengan
mayores inuencias y mejores padrinos políticos.
La estabilidad del funcionario no está garantiza-
da y cualquier cambio político puede ocasionar
su remoción.
El sistema de botín político utiliza el aparato
estatal como un medio para lograr el pago de
favores electorales y también como instrumento
indispensable para asegurar los votos requeridos
que garanticen la permanencia del grupo político
en el poder.
El origen del nombre botín político se debe pre-
cisamente al hecho de que al lograr una victoria
electoral se considera que debía otorgarse una
recompensa al partido o grupo que resulta victo-
rioso. (Álvarez Collazos, 2009, p.14)
Ampliando el punto, el principio axiológico
del bien común se ve comprometido en relación
al juego de poderes cuya nalidad es la apro-
piación del aparato del Estado y los benecios
emanados de este.
La despolitización y los procesos de clientelismo
político, corporativismo, corrupción y apropia-
ción criminalidad del Estado
El n de los antiguos era la distribución del po-
der político entre todos los ciudadanos de una
misma patria: ellos llamaban a esto libertad. El
n de los modernos es la seguridad en los goces
privados: ellos llaman libertad a las garantías
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acordadas por las instituciones para estos goces.
(Constant, 1820, p.253)
En los procesos de despolitización inmersos
en la sociedad de las mercancías y las lógicas de
la modernidad líquida, han dado como resulta-
do un contexto propicio para el individualismo
y el menosprecio del pensarse en colectivo. Los
ciudadanos ven como inecaz su participación
en procesos políticos, los cuales perciben como
lejanos de la realidad e intrascendentes para el
mejoramiento de sus condiciones de vida.
Contrariamente al punto de vista de Freud, el
análisis que se ofrece en este libro se funda so-
bre el supuesto de que el problema central de la
psicología es el que se reere al tipo especíco
de conexión del individuo con el mundo, y no el
de la satisfacción o frustración de una u otra ne-
cesidad instintiva per se; y además, sobre el otro
supuesto de que la relación entre individuo y so-
ciedad no es de carácter estático. No acontece
como si tuviéramos por un lado al individuo do-
tado por la naturaleza de ciertos impulsos, y por
el otro a la sociedad que, como algo separado
de él, satisface o frustra aquellas tendencias in-
natas. Aunque hay ciertas necesidades comunes
a todos, tales como el hambre, la sed, el apetito
sexual, aquellos impulsos que contribuyen a esta-
blecer las diferencias entre los caracteres de los
hombres, como el amor, el odio, el deseo de poder
y el anhelo de sumisión, el goce de los placeres
sexuales y el miedo de este goce, todos ellos son
resultantes del proceso social. Las inclinaciones
humanas más bellas, así como las más repugnan-
tes, no forman parte de una naturaleza humana
ja y biológicamente dada, sino que resultan del
proceso social que crea al hombre. En otras pa-
labras, la sociedad no ejerce solamente una fun-
ción de represión –aunque no deja de tenerla–,
sino que posee también una función creadora. La
naturaleza del hombre, sus pasiones y angustias
son un producto cultural; en realidad el hombre
mismo es la creación más importante y la mayor
hazaña de ese incesante esfuerzo humano cuyo
registro llamamos historia. (Merton, 2010, p.209)
La modernidad líquida caracterizada por la
precariedad, transitoriedad de las relaciones en
una lógica costo-benecio favorece los procesos
de despolitización y apatía a pensarse en colec-
tivo; una sociedad en la cual la posibilidad de la
desconexión es más llamativa que la posibilidad
de relaciones duraderas, dicha tendencia favo-
rece los procesos de despolitización pues los ciu-
dadanos perciben su bienestar como el resultado
de su actividad individual y no como el efecto
de la acción colectiva, en consecuencia lo ético
público desde lo económico (entiéndase como
la posibilidad de bienestar) se desplaza a lo ético
individual o gremial, mediante la búsqueda de
alianzas en grupos reducidos que permitan a sus
integrantes acceder a benecios para ese grupo
en particular. Surge en este contexto fenómenos
como el Clientelismo Político, el Corporativis-
mo y la Apropiación Criminalidad del Estado.
Clientelismo Político. La ética de lo publico
pierde su principio axiológico, en un contexto
despolitizado en el cual la actividad política
es visualizada como sucia, corrupta, viciada y
al servicio de intereses particulares, los ciuda-
danos, funcionarios y políticos entienden como
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connaturales a dicha actividad las prácticas de
corrupción y de apropiación de los benecios
emanados del Estado con la consecuente des-
legitimación de su función o afectación al bien
común y debilitamiento de la Administración
Pública.
La apropiación del Estado por intereses par-
ticulares desvía la inversión pública que direc-
ciona sus recursos a un objetivo distinto de la
satisfacción de los requerimientos sociales y en
consecuencia el bienestar colectivo se ve afec-
tado, teniendo como efecto la pérdida de con-
anza ciudadana en la Administración Pública,
entonces si los ciudadanos perciben que los es-
fuerzos colectivos no tienen una relación directa
con el mejoramiento de sus condiciones de vida,
que la inversión de los recursos públicos no está
encaminada en la resolución de los requerimien-
tos sociales, construyen una visión de los bene-
cios emanados del Estado como un botín a ser
conquistado o apropiado mediante la actividad
electoral en un Sistema Clientelista. Sobre el
particular reere James Scott (1970):
el clientelismo es una forma de intercambio in-
terpersonal, que implica una larga amistad ins-
trumental en la cual un individuo de más status
socioeconómico (patrón) usa su propia inuencia
y recursos para proporcionar protección y/o be-
necios a una persona de menos status (cliente);
a su vez, este corresponde al patrón al ofrecerte
apoyo y asistencia general, incluidos sus servi-
cios personales”.
También maniesta José González Alcantud
(1997):
son varios los vectores que coinciden en la forma-
ción del clientelismo como universal antropológi-
co. El primero, su vínculo infraestructural con el
intercambio de bienes. En segundo lugar, su rela-
ción con el parentesco y el territorio. El ethos del
clientelismo, nucleado en derredor del honor y del
intercambio simbólico, sería el basamento ideoló-
gico del contrato diádico en tercer lugar. El cuarto
término que incide en su constitución será la vida
política municipal. El quinto y último el vínculo
con el Estado nacional, a través de los partidos y
de la burocracia fundamentalmente”. (p.21)
En Colombia maniesta sobre el particular el
profesor Jesús Molina (2004):
En Colombia, hasta la década de los 90, son po-
cas las entidades públicas de los niveles sectoria-
les y territoriales exentas de prácticas donde los
nombramientos administrativos, la adjudicación
de contratos, la focalización de beneciarios y
la toma de decisiones no tengan como nalidad
el pago de favores, la reproducción de clientelas
y el ascenso y enriquecimiento de guras políti-
cas. A tal punto, la cuestión, que algunos analistas
han caracterizado el sistema político colombia-
no como el “Sistema Político del Clientelismo”.
(p.7)
El clientelismo político como fenómeno de
apropiación de lo público ha tenido diferentes
matices en América Latina, conocido en Argen-
tina como el Chori Pan, en Colombia denomi-
nado la mermelada entre otras connotaciones, y
es recurrente en los países en los cuales existe
inequidad en la distribución de la riqueza, en los
que se encuentra una cultura cívica precaria y
una necesidad de soluciones de ocupación labo-
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ral, que favorecen la creación de redes de inter-
mediación entre los ciudadanos y una solución
de ocupación laboral en el sector público.
De igual forma la implementación parcial
del sistema de Carrera Administrativa favore-
ce el enquistamiento del sistema clientelista y
la parcialización de la función pública, porque
prima la excepción sobre la regla en el acceso
al servicio público, dejando grados de discre-
cionalidad en el nombramiento de funcionarios
y/o contratistas que pueden ser utilizados como
mecanismo de intercambio de favores tanto en
el ingreso al cargo como en el desarrollo de sus
funciones competencia, en medio de una suerte
de relaciones Patrón-Cliente, el primero enten-
dido como el individuo dotado de poder político
que tiene la posibilidad de decidir sobre el acce-
so al empleo público o el contrato y el segundo
entendido como el individuo que ha de ser ins-
trumentalizado, como maquinaria electoral para
perpetuar el poder del primero, que a su vez en-
tregará el benecio emanado del control sobre el
poder político (cargo público o contrato) como
contraprestación por el apoyo en comicios y la
lealtad a la que se sujeta en el ejercicio del cargo.
Corporativismo. Entendemos por corporati-
vismo la apropiación del aparato del Estado por
intereses particulares, que le utilizan para salva-
guardar o potenciar sus situaciones de privile-
gio económico, mediante el direccionamiento
de las decisiones políticas y/o administrativas a
cargo de autoridades públicas susceptibles a su
inuencia.
Sobre el particular reere el profesor Jesús
María Molina Giraldo (2009) de la Escuela Su-
perior de Administración Pública en Colombia:
Una segunda lógica, para que el poder de Estado
deje de operar con móviles públicos está dado por
las lógicas de corporativismo que al interior de él
puedan operar. La igualdad política predicada por
el Estado moderno de todos los ciudadanos ser
iguales ante la ley, deja de operar, al concederse a
determinados sectores de la sociedad más recur-
sos de acceso e inuencia para tramitar sus intere-
ses y demandas. Dentro de las mismas institucio-
nes del Estado, se crean estructuras de consulta o
de decisión que terminan por dar cabida privile-
giada a determinados actores de la sociedad, con
los cuales se negocia o consulta en exclusiva o
prioritariamente (Meny,1992). Así mismo, que
llevan a no ser visto con malos ojos ni se prohíba
su presencia e injerencia en la confección de le-
yes para regular o imponer cargas tributarias a sus
propias actuaciones.
Este corporativismo, hace alusión a la injerencia
de organizaciones privadas con intereses particu-
lares, en el direccionamiento del Estado, como
así mismo, en muchos casos, en crear correas por
parte del Estado para fortalecer su control sobre la
sociedad. Aludir al corporativismo, no hace refe-
rencia a aquel practicado por Franco o Mussolini,
donde se crearon pactos con cuerpos de empresa-
rios y trabajadores para el control de la población
y el fortalecimiento del Estado (Schitter, 1992).
En el momento actual, estará sobre todo domi-
nado el corporativismo por el predominio en la
escena política del Estado de representantes del
sector nanciero, comercial, militar o productivo.
Organizados bajo la forma de gremios, grupos o
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corporaciones privadas, llevarán a que las autori-
dades de Estado valoren y visibilicen sobre todo
sus actuaciones e intereses antes que las del grue-
so de la sociedad”. (p.44)
En el orden de ideas anteriormente expuesto,
grupos de interés apoyan campañas electorales
con la nalidad de ver materializada su repre-
sentación en el Parlamento y en el órgano ejecu-
tor del Estado, en este sentido reere nuevamen-
te Molina (2009) en el caso colombiano:
Un ejemplo de lo anterior, sin ser privativo de él,
está dado por la campaña del Presidente actual,
Álvaro Uribe Vélez, en su primer mandato. Esta
fue dirigida por reconocidos empresarios, luego
recompensados, al ser nombrados varios de ellos
en cargos públicos. Un exdirectivo de FENALCO
en el Ministerio del Interior, otro de la SAC en el
Ministerio de Agricultura, uno más de la ANIF en
el Ministerio de Desarrollo y de Comercio Exte-
rior y otro empresario destacado en el Ministerio
de Defensa.
Y, aunque esto parezca una suspicacia, no deja de
llamar la atención, que en reformas tributarias,
los mismos sectores hayan encontrado gabelas
y se les haya permitido por ejemplo en el 2002
y 2003, que las tasas impositivas hacia el sector
comercial se redujeran, en el agrícola se dejara de
lado el tema tributario y el nanciero se bene-
ciara. Tampoco que varios de ellos, aportantes a
su campaña en el 2002, se hayan visto benecia-
dos con el otorgamiento de concesiones o jugosos
contratos. (p.45)
Decisiones, contratos, concesiones, nombra-
mientos, entre otros, constituyen la mercancía
de intercambio en las contiendas electorales a
cambio de nanciamiento de las campañas de
los candidatos que en secreto deenden los in-
tereses de los sectores económicos y manipulan
las decisiones a cargo del Estado para favore-
cerles, en contra del bien común como principio
axiológico de la Administración Pública.
Lo anterior posibilita que los requerimientos
sociales del grueso de la población no se vean
satisfechos por la actividad gubernamental, en
consecuencia la ciudadanía visualiza una Admi-
nistración Pública lejana y al servicio de intere-
ses distintos al interés general y el bien común;
por lo tanto se abstiene de la participación en
política o la utilizan únicamente para reivindicar
sus pequeños intereses particulares en la lógica
de un sistema clientelista.
Corrupción. Una de las consecuencias del
acceso al aparato del Estado por medio de las
lógicas del Sistema Clientelista es la parciali-
zación de la función pública, en otras palabras,
cómo el ingreso del funcionario se da por fuera
del principio de mérito como mecanismo de se-
lección de personal en el sector público, su esta-
bilidad o permanencia en el desarrollo del cargo
es precaria e inuenciable por la persona que ha
determinado el ingreso, en consecuencia se ge-
nera una relación de lealtad entre el Patrón y el
Cliente, dicha relación se extiende a las decisio-
nes que se tomen en el ejercicio del cargo, las
cuales quedan a disposición del patrón. Sobre el
particular reere Molina (2009):
A las lógicas de clientelismo y corporativismo,
por donde claramente se evidencia la inserción
del poder del Estado, se suma una de carácter más
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reciente, hoy ampliamente conocida y denomina-
da: Corrupción. Entendida no solamente como
la desviación en las funciones y cargos públicos
para la apropiación privada de los recursos y de-
cisiones del Estado en contra de la normatividad
legal, sino así mismo, en contra de los principios,
propósitos y valores públicos instaurados por el
sistema político y la misma sociedad como nes
deseables (Salem, 2002). Ha llevado la corrup-
ción a que el poder del Estado, quede ampliamen-
te amenazado por redes estatales-privadas loca-
les, regionales, nacionales e internacionales, que
saquean los recursos públicamente recaudados o
apropian ilegalmente decisiones para favorecer a
actores o sectores determinados.
Redes de corrupción de alto y bajo nivel que me-
diante prácticas de extorsión, sobornos, hurtos,
exenciones, amenazas, extracción de información
o desplazamientos del sector privado al público
estatal, han copado las instituciones estatales, al
punto, que muchos de ellos han entrado en cri-
sis de gobernabilidad por las repercusiones que
acompañan dichas prácticas. A nivel internacio-
nal, el fenómeno ha merecido cada vez más la
atención de los países, al punto de que las cum-
bres de los organismos multilaterales como la
OCDE, OEA o la ONU las han incorporado como
un tema de sus agendas, y han emprendido una
serie de acciones para hacer que los países que
participan de ellas rmen acuerdos contra las
prácticas de corrupción, relacionadas con la ac-
tuación de sus empresas multinacionales, o bien
relacionadas con el lavado de activos. (p.50)
La corrupción es un efecto del clientelismo
y el corporativismo, que como fenómenos a su
vez son efecto de la implementación a medias
del sistema de mérito como mecanismo de se-
lección de personal en el sector público, bajo las
lógicas y disfunciones del sistema democrático,
entre las cuales encontramos la posibilidad de
manipulación de los sistemas electorales, entre
otras, resultado de instituciones débiles y una
cultura cívica precaria.
Apropiación Criminalidad del Estado. De
forma similar como los grupos o sectores econó-
micos hacen valer sus posibilidades de inuen-
cia en los procesos electorales y en la actividad
de Estado, los grupos criminales hacen valer su
inuencia.
A las lógicas descritas de clientelismo, corpora-
tivismo y corrupción se suma otra íntimamente
relacionada con la anterior, pero diferenciada: la
Criminalidad. Manuel Castells (1998), en uno
de sus capítulos sobre la sociedad red, llama la
atención sobre la globalización de la criminalidad
para señalar las redes perversas que operan a ni-
vel internacional. Estas, que tracan con todo tipo
de drogas, de armas y humanos mediante trata de
blancas, niños, esclavos y emigrantes, se han or-
ganizado bajo estructuras criminales como la ma-
a siciliana, la maa rusa, la yakusa japonesa, los
carteles colombianos y los carteles mexicanos o
los tracantes pakistaníes. En contextos particu-
lares como el colombiano, a las lógicas aludidas,
se ha sumado otra modalidad criminal denomina-
da: clientelismo armado. Este término ha sido uti-
lizado por algunos analistas para mostrar, cómo
en algunas zonas amenaza, los actores armados
han impuesto por la fuerza a funcionarios y han
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extraído recursos de los scos municipales y re-
gionales. Se trata también, de la alianza de ellos
con ciertas redes partidistas políticas cuya con-
secuencia es que los cargos del Estado quedaran
empeñados en proyectos militaristas, genocidas y
del narcotráco. (Molina, 2009, p.58)
En el caso colombiano, el narcotráco, los
grupos insurgentes y las bandas criminales en el
contexto del conicto interno colombiano apro-
piaron en algunos municipios la administración,
escándalos como la parapolítica, las farcpolíti-
ca dan cuanta de cómo los grupos insurgentes
y grupos paramilitares apoyaron campañas de
senadores y representantes a la Cámara, constri-
ñendo a la ciudadanía a votar por dichos candi-
datos e intimidando a los candidatos considera-
dos contrarios para abandonar sus pretensiones
políticas. De igual forma los grupos anterior-
mente mencionados inuían en el nombramien-
to de servidores públicos para direccionar los
recursos de la contratación estatal con grave de-
terioro del erario.
CONCLUSIONES
Las lógicas de la modernidad líquida favo-
recen los procesos de despolitización y el debi-
litamiento del fenómeno público, facilitando la
apropiación del Estado por intereses particula-
res. Sin embargo, las herramientas disponibles
en la sociedad red de la que habla Manuel Cas-
tells (2004), son una alternativa para la cons-
trucción de opinión pública, concertación de los
intereses de los diferentes sectores de la pobla-
ción, direccionamiento y control de la gestión
pública, entre otros procesos que se pueden dar
a la luz pública facilitada por las tecnologías de
la información y las comunicaciones.
Como se ha visto con anterioridad, la preocu-
pación por el control de los desbordes de poder
en el ejercicio de las funciones a cargo del Es-
tado, ha dado como resultado diferentes estrate-
gias y sistemas para garantizar el buen funcio-
namiento de la Administración Pública, desde:
1) los sistemas de reclutamiento y selección de
funcionarios, 2) los Sistemas de Control Interno
de Gestión, 3) los Regímenes de Responsabili-
dad de los Servidores o Funcionarios Públicos.
Sin embargo, los fenómenos de clientelismo,
corporativismo, corrupción y apropiación crimi-
nal del Estado siguen siendo frecuentes.
Indudablemente, la capacidad de pensarse en
colectivo ha de ser insumo previo para la cons-
trucción de una “ética de lo público”, el entender
que el propio accionar tiene consecuencias con
el entorno, las cuales han de irradiar sus efectos
en nuestras propias vidas es el principio para ge-
nerar conductas de autorregulación en las perso-
nas investidas de autoridad estatal. El respeto al
derecho sin la convicción de la utilidad que di-
cho respeto encarna, se constituye simplemente
en miedo a la retaliación o al reproche punitivo
emanado del Estado y sin embargo las personas
que optan por contrariar el ordenamiento legal,
en la mayoría de las ocasiones lo hacen con la
intensión de que han de salir impunes.
Las funciones y cargos públicos tienen su única
razón de ser en el servicio al interés general. El
deber de servicio al interés general puede desde
luego anclarse en fundamentos éticos en gene-
ral, ético-públicos en particular, como recono-
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cen muchos autores (por todos, González Pérez,
1996, p.31). Así, es un tópico entre los estudio-
sos norteamericanos en la materia el reiterar la
insuciencia de disciplinas como el Derecho
para prevenir o remediar un fenómeno de tan dis-
persas prolongaciones cual es la corrupción. Es
más, la labor del Derecho en este campo se verá
seriamente entorpecida si quienes ostentan las
más elevadas responsabilidades públicas no son
conscientes en su fuero interno de que la única
fuente de legitimación de su poder reside en la
conanza ciudadana, otorgada solamente en aras
del servicio al interés general. (To Serve with Ho-
nor, 1989, p.1).
Esta misma fuente se reere así a la
necesidad de forjar un «entorno ético-público»,
en que los valores de servicio a la comunidad
constituyan fundamento de actuación cotidiana
de los poderes públicos. Y esta es también la
idea subyacente en las conclusiones de una obra
tan interesante como importante en la doctrina
española:
la opción nal a favor de la actuación ética es
monopolio de cada empleado público y en ese
contexto íntimo es donde ocupan su verdadero
papel los valores profesionales y los códigos de
conducta», por lo que, «cuando hablamos de ética
para los empleados públicos tratamos de enseñar
a estos cómo respetarse a sí mismos cumplien-
do su esencial labor. (Villoria Mendieta, 2000,
pp.190-191)
A pesar de todo, una cosa es reconocer la insu-
ciencia del Derecho con vistas a prevenir y reme-
diar la corrupción, y otra bien distinta neutralizar
su función. De hecho, por más que el «espíritu»
de la medida anti-corrupción que el poder públi-
co adoptase recogiera las sugerencias de discipli-
nas no jurídicas –e insistiera especialmente, por
ejemplo, en las virtudes de la formación–, un cau-
ce esencial de articulación de tales medidas será
siempre el de la norma jurídica. (García, 2001,
p.132)
La convicción de participar en la construc-
ción de un proyecto de sociedad y de ser partí-
cipe de los benecios emanados de este, genera
una actitud propicia para el buen desarrollo del
servicio público, la reexión en torno al cómo
vivimos se hace importante en la medida que se
vinculan a todos los actores sociales, guberna-
mentales, económicos, etc., en la consecución
de un proyecto de futuro o sociedad.
El individualismo propio de la modernidad
líquida y de la sociedad de las mercancías en la
cual el dinero se visualiza como la panacea para
conjurar todas las enfermedades del alma, debe
ser desplazado por una visión colectiva que per-
mita encontrar en el otro y en el mejoramiento
de sus condiciones de vida un propósito en sí
mismo, es un problema de solidaridad. Parafra-
seando el discurso del presidente uruguayo Pepe
Mujica ante la ONU en 2013:
“Es decir nuestra civilización montó un de-
safío mentiroso y así como vamos, no es posi-
ble para todos colmar ese sentido de despilfarro
que se le ha dado a la vida. En los hechos se
está masicando como una cultura de nuestra
época, siempre dirigida por la acumulación y el
mercado. Prometemos una vida de derroche y
despilfarro, y en el fondo constituye una cuenta
regresiva contra la naturaleza, contra la huma-
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nidad como futuro. Civilización contra la senci-
llez, contra la sobriedad, contra todos los ciclos
naturales. (Mujica, 2013)
Siguiendo el punto maniesta Mujica:
Lo peor: civilización contra la libertad que supo-
ne tener tiempo para vivir las relaciones huma-
nas, lo único trascendente, el amor, la amistad,
aventura, solidaridad, familia. Civilización contra
tiempo libre no paga, que no se compra, y que
nos permite contemplar y escudriñar el escenario
de la naturaleza. Arrasamos la selva, las selvas
verdaderas, e implantamos selvas anónimas de
cemento. Enfrentamos al sedentarismo con ca-
minadores, al insomnio con pastillas, la soledad
con electrónicos, porque somos felices alejados
del entorno humano. Cabe hacerse esta pregun-
ta, huimos de nuestra biología que deende la
vida por la vida misma, como causa superior, y
lo suplantamos por el consumismo funcional a
la acumulación. La política, la eterna madre del
acontecer humano quedó limitada a la economía
y al mercado, de salto en salto la política no puede
más que perpetuarse, y como tal delegó el poder y
se entretiene, aturdida, luchando por el gobierno.
Desbocada marcha de historieta humana, com-
prando y vendiendo todo, e innovando para poder
negociar de algún modo, lo que es innegociable.
Hay marketing para todo, para los cementerios,
los servicios fúnebres, las maternidades, para
padres, para madres, pasando por las secretarias,
los autos y las vacaciones. Todo, todo es negocio.
(Mujica, 2013)
La ética de lo público debe estar ligada ines-
cindiblemente de una comprensión bioética del
mundo, porque es el mundo en donde vive el ser
humano y se administra para las personas, no
para las ciudades, no para el concreto, no para
la economía, no para el poder como un n en sí
mismo.
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