Justicia (33): pp.200-223. Enero-Junio, 2018.
ISSN 0124-7441 • DOI: https://doi.org/10.17081/just.23.33.2889
Copyright © 2018
ARTÍCULO DE
INVESTIGACIÓN
200
Recibido: 15-07-17
Aceptado: 30-08-17
Publicado: 18-01-18
DOI:
https://doi.org/10.17081/just.23.33.2889
Cómo citar este artículo:
Castro Guiza, O. E. (2018). La indecencia del trabajo informal en Colombia. Revista Justicia, 23(33), 200-223.
https://doi.org/10.17081/just.23.33.2889
La indecencia del trabajo informal
en Colombia
The indecency of informal work in Colombia
Omar Ernesto Castro Guiza
1
1 Profesor Investigador Universidad Cooperativa de Colombia-Ibagué. Correo electrónico: omarc75@hotmail.com
RESUMEN
Este estudio analiza el concepto de informalidad por subsistencia, descrito en la Ley 1429 de
2010 de Colombia, causas generadoras del fenómeno, lineamientos de los organismos interna-
cionales y nacionales. Además, examina las estrategias jurídicas implementadas con el objetivo
de reducir las altas tasas de informalidad en el país, pretendiendo ofrecer garantías laborales
mínimas a los trabajadores mediante el fomento y creación de empleos formales. Igualmente, se
revisan las propuestas internacionales recomendadas por la OIT desde el Programa Mundial de
Trabajo Decente, para mitigar el fenómeno de la informalidad laboral. Utilizando un método de
investigación explicativo, se pretende plantear la necesidad de enrutar el trabajo informal hacia
el trabajo decente.
Palabras clave: Formalización laboral, informalidad, trabajo decente y subsistencia.
ABSTRACT
This study analyzes the concept of informality by subsistence, described in Law 1429 of 2010
of Colombia, causes that generate the phenomenon, guidelines of international and national
organizations. In addition, it examines the legal strategies implemented with the objective of
reducing the high rates of informality in the country, seeking to offer minimum labor guarantees to
workers through the promotion and creation of formal jobs. Likewise, the international proposals
recommended by the OIT from the Global Decent Work Program are reviewed to mitigate the
phenomenon of labor informality. Using an explanatory research method, it is intended to raise the
need to route informal work towards decent work.
Key words: Formalization of labor, informality, decent work and subsistence.
Omar Ernesto Castro Guiza
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INTRODUCCIÓN
El trabajo concebido como un derecho humano, ha sido incluido dentro de
la categoría de los derechos económicos, sociales y culturales, así como lo
describe el pacto internacional vigente, el cual lo señala en el artículo 7 en los
siguientes términos: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el
derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satis-
factorias”. Asimismo, la citada norma expresa que el trabajo debe garantizar
una remuneración adecuada a los trabajadores, condiciones de existencia
digna para ellos y sus familias, igualdad de género en el ámbito laboral,
seguridad e higiene en el trabajo y tiempo para el descanso y la recreación
(Organización de Naciones Unidas, 1966).
No obstante, a partir del fenómeno de Globalización de la economía iniciado
en la década de los años sesenta, el mundo del trabajo ha sido afectado signi-
ficativamente, observándose un aumento de la flexibilidad en las modalidades
de ejecución de actividades laborales, desempleo y precarización del trabajo.
Es así, como han surgido diversas formas de ejercer trabajo, tales como, el
empleo a tiempo parcial, la subcontratación y el trabajo asociado, entre otras,
que precarizan los derechos de los trabajadores. Sin embargo, el aumento
acelerado del trabajo informal en el mundo en las últimas cuatro décadas, lo
ha convertido en la modalidad de trabajo más común, por ofrecer la solución
inmediata para la generación de ingresos y la subsistencia de los individuos.
Sin embargo, el trabajo en el sector informal, así como lo comentó en un
primer concepto la Organización Internacional del Trabajo-OIT, no ofrece
condiciones laborales dignas, ni justas para el trabajador, y por el contrario
su escenario de trabajo se precariza; observándose falta de protección
social, remuneración baja y desigualdad frente a los trabajadores formales
(Organización Internacional del Trabajo, 1991).
Con todo, la presente investigación centra su objeto de estudio en el concepto
legal de informalidad por subsistencia, definido en Colombia por la Ley 1429
de 2010. Así, como se explicará más adelante, Colombia en los últimos años
ha tenido un comportamiento muy similar a la generalidad de los países de
América Latina y el Caribe, sobre la problemática concebida dese el alto índice
de trabajo informal en el país, especialmente para aquellas personas que en
situación de pobreza, tratan de satisfacer las necesidades primarias de vida,
desde el desempeño de actividades informales. Con base en lo anterior, se
pretende analizar si el Estado colombiano ha logrado avances significativos
en el camino hacia garantizar trabajo decente para los trabajadores enmar-
cados dentro del concepto de informalidad por subsistencia. Entonces, la
pregunta principal de la investigación es:
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¿Cuál es el contenido y ámbito de aplicación del concepto de informalidad por
subsistencia del empleo, descrito en el numeral 3 del literal a, del artículo 2
de la Ley 1429 de 2010, en concordancia con el concepto de trabajo decente
definido por la OIT?
En la presente investigación se plantea el uso de un método de investigación
cualitativo desde la Hermenéutica, teniendo en cuenta que a través de este
método, se busca comprender los textos desde su ejercicio intencional y
conceptual; se trata entonces, de desarrollar la inteligibilidad del discurso,
contenida en un texto, para traspasar las fronteras de la palabra y encontrarle
el sentido a las mismas (Cárcamo, 2005).
Asimismo, el enfoque del estudio será descriptivo y explicativo, teniendo en
cuenta el concepto de Hernández, Fernández y Baptista (2003), los estudios
descriptivos se centran en recolectar datos que muestran un evento, una
comunidad, un fenómeno, hecho, contexto o situación. Asimismo, los autores
afirman que los estudios explicativos van más allá de la descripción de
conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos;
están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales.
DISCUSIÓN
La OIT ha entendido el contexto en que se desempeñan los trabajadores
informales bajo el concepto de “economía informal”, el cual es definido como:
Las muy pequeñas unidades de producción y distribución de bienes y
servicios, situadas en las zonas urbanas de los países en desarrollo;
dichas unidades pertenecen casi siempre a productores y trabaja-
dores independientes que a veces emplean a miembros de la familia
o a algunos asalariados o aprendices. Estas unidades disponen de
muy poco o ningún capital; utilizan técnicas rudimentarias y mano de
obra escasamente calificada; por lo que su productividad es reducida;
quienes trabajan en ellas suelen obtener ingresos muy bajos e irregu-
lares y su empleo muy inestable. (Organización Internacional del
Trabajo, 1991, p. 4)
Lo que da lugar a pensar, que los elementos distintivos de la economía informal
son, por una parte, la estructura incipiente de la organización productiva y, por
otra, la inestabilidad y escasez de garantías en el empleo. Es por ello que la
OIT, reconoció la evolución del concepto de trabajo informal y desde hace
varios años ha utilizado la expresión “sector informal de la economía” para
describir las diversas actividades de trabajadores pobres que no son contem-
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pladas, protegidas, ni reguladas por las autoridades públicas, tales como las
ventas callejeras, trabajo doméstico, trabajos de empresas explotadoras,
trabajos a domicilio, trabajos independientes, microempresas, entre otros.
Asimismo, la OIT distingue dos principales características de los trabajadores
informales: la primera se refiere a que este tipo de trabajadores no están
reconocidos, ni protegidos dentro de los marcos jurídicos y reglamentarios de
los Estados y en segundo lugar, están afectados por un alto nivel de vulnera-
bilidad, siendo sus labores muy inestables y sus ingresos muy bajos e irregu-
lares (Oficina Internacional del Trabajo, 2002).
Para reforzar la explicación, se hace necesario mencionar las dos princi-
pales teorías sobre la informalidad laboral. La primera es la teoría estruc-
turalista que afirma que es el resultado de un escaso desarrollo del sector
moderno de la economía, de tal manera que este no alcanza a absorber toda
la fuerza laboral disponible, la población excedente, sea educada o no, se ve
forzada a laborar en actividades informales de baja remuneración o cae en
el desempleo. La segunda teoría, la institucionalista centra su explicación en
los altos costos que el Estado y en general las instituciones le imponen al
funcionamiento, legalización y desempeño de las empresas, lo cual impide su
desarrollo y generación de empleos formales (Uribe, & otros, 2006).
Ahora bien, para sustentar la realidad de la problemática generada por el
aumento desmesurado del trabajo informal en el mundo, basta revisar las
cifras socializadas por la OIT. En primer lugar, se menciona que el continente
con más alto índice de trabajo informal en el mundo es el africano, el cual
alcanzó en los últimos años casi el 80 % del empleo no agrícola, más del
60 % del empleo urbano y más de los 90 % de los nuevos puestos de trabajo
(Charmes, 2000). En Asia, la proporción de trabajadores informales del sector
no agrícola iba del 45 al 85 %, y la del empleo informal urbano del 40 al 60 %.
Por su parte, la Unión Europea registra el índice más bajo de trabajo informal
en el mundo, oscilando entre el 7 % al 19 % del empleo declarado (Oficina
Internacional del Trabajo, 2002).
Índice de informalidad laboral por continente
Continente Sector urbano Sector agrícola
África 60 % 80 %
Asia
40-60 %
45-85 %
Europa
19 % aprox.
América Latina 47,7 % 50 %
Fuente: OIT, Conferencia 90, 2002, El trabajo decente y la economía informal
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El caso de América Latina y el Caribe exige una mayor profundidad en el
estudio, en primer lugar, porque es la región geográfica en donde se ubica el
país objeto de estudio de esta investigación, Colombia, y en segunda medida,
porque el trabajo informal genera la principal problemática en asuntos
laborales de la región. En la zona, se registra para el año 2012, un índice
de informalidad laboral no agrícola del 47,7 %, lo que indica que aproxima-
damente 130 millones de personas ocupadas ejercen empleos informales.
Las actividades que representan las cifras presentadas se distribuyen así: un
31 %, corresponde a empleo en el sector informal, un 11,6 %, es empleo
informal en el sector formal, y un 5,1 %, está constituido por empleo informal
en actividades de servicios domésticos.
Índice de informalidad laboral
América Latina y el Caribe
año 2012 47,7 %
31 % Trabajadores en el sector informal
11,6 % Empleo informal en el sector formal
5,1 % Trabajadores del servicio doméstico
Fuente: OIT-ALC, Notas sobre formalización, 2014
Asimismo, en la región se identifican como trabajadores informales el 84 % de
los trabajadores por cuenta propia, el 79 % de los trabajadores domésticos,
el 33 % de los trabajadores del sector privado y el 60 % de las personas
que laboran en pequeñas empresas. Las trabajadores con menor nivel de
educación, los más jóvenes, las mujeres y los más pobres, son las personas
con mayor ejercicio de trabajos informales (Oficina Regional para América
Latina y el Caribe, 2014).
Índice de trabajadores informales por sectores
América Latina y el Caribe
año 2012
84 % Trabajadores por cuenta propia
79 % Trabajadores del servicio doméstico
33 % Trabajadores del sector privado
60 % Trabajadores de pequeñas empresas
Fuente: OIT-ALC, Notas sobre formalización, 2014
Sumado a lo anterior, se distinguen los países de la región latinoamericana
y del Caribe con las tasas más altas de informalidad: en primer lugar está
Honduras 70,7 %, luego Perú con 68,8 %, Paraguay con 65,8 %, El Salvador
con 65,7 %, Colombia con 56,8 %, México con 54,2 %, Ecuador con 52,2 % y
República Dominicana con 50 % (ibídem).
Ahora bien, al analizar la problemática de la informalidad en Colombia, se
colige que ha seguido la misma tendencia de la región latinoamericana, se
ha determinado que en el país, el fenómeno de la informalidad laboral ha
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aumentado en las últimas dos décadas, registrando un índice igual o mayor
al 50 %, frente a la totalidad de las actividades que se consideran empleo.
Al respecto, se han observado las consecuencias negativas para los traba-
jadores informales referentes a las condiciones en que desempeñan sus
labores y su falta de protección, validando la tendencia regional y mundial
descrita por OIT en su Conferencia 78, sobre la precarización del empleo en
el sector informal.
Actualmente, y según el informe del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE), para el trimestre móvil octubre-diciembre de 2016, del total
de ocupados, el 48,7 %, se clasificó como informal. Según la rama de actividad
el 42,2 % se consolidó en el comercio, hoteles y restaurantes; también se
encuentra que según la posición ocupacional el trabajador por cuenta propia
acumuló el 60,1 % de la población, en cuanto al nivel educativo encontramos
que el 51,7 % de los trabajadores informales tenía estudios secundarios y el
principal lugar de informalidad es el local fijo con un 41,3 %; en cuanto a la
seguridad social el mismo informe nos indica que el 93,4 % de los ocupados
tuvieron acceso a algún régimen de seguridad social en salud, asimismo que
del número total de ocupados (66,0 %) estaba afiliado al régimen contributivo,
el 22,7 % al régimen subsidiado y el 2,6 % al régimen especial; finalmente
el informe ejecutivo nos señala que el 48,2 % de los encuestados estaban
cotizando pensión en el periodo referenciado (Departamento Administrativo
Nacional de Estadística, 2017).
Sobre el tema, la Procuraduría General de la Nación realizó un estudio, el
cual llamó “Trabajo Digno y Decente en Colombia”, allí, afirma que el contexto
laboral colombiano es preocupante ya que de cada diez trabajadores seis
no tienen un empleo digno, y que además el 63 % de los trabajadores del
país ejercen labores de baja calidad, lo que se representa en desigualdad y
desprotección laboral, evidenciando que nuestro país es uno de los que tiene
mayor disparidad en América Latina. Igualmente, se observa que el 46 % de
los ingresos de los trabajadores son menores de un salario mínimo mensual y
que la forma de vinculación por intermediación ha subido en los últimos años
(Procuraduría General de la Nación, 2012).
Continuando con el caso colombiano, la informalidad se ha convertido en una
salida rápida a la gran problemática del desempleo en Colombia y América
Latina. Indica, además, que el desempleo en las últimas décadas ha crecido
debido a diversos fenómenos a saber: la violencia que ha obligado a las personas
del sector rural a desplazarse a las ciudades, el proceso de recesión económica
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de las décadas de los 80 y 90, los altos costos de formalización para pequeñas
empresas, las altas cargas tributarias, el decrecimiento de la mortalidad infantil
y la fecundidad, la discriminación laboral hacia las mujeres, la subutilización de
la fuerza de trabajo, la exigencia de mano de obra calificada para trabajos que
no lo requieren, el desempeño de cargos por parte de personas sin la debida
preparación técnica y la creación de empleos temporales e intermitentes con
baja calidad y remuneración.
Con todo, y atendiendo las distintas problemáticas laborales globales, entre
ellas la del trabajo informal, la OIT diseñó el Programa Mundial de Trabajo
Decente (en adelante PTD), presentado en la 87 reunión de junio de 1999
en Ginebra-Suiza por la Conferencia Internacional del Trabajo. La noción de
trabajo decente se expuso por primera vez, en 1999 por el entonces director
general de la OIT, el chileno Juan Somavia, en los siguientes términos: “Trabajo
productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el
cual los derechos son protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y
protección social” (Somavia, 1999, p. 4).
Para Ghai (2003), el PTD “abarca todas las clases de trabajo y tiene facetas
cualitativas y cuantitativas. La idea de trabajo decente es válida tanto para los
trabajadores de la economía regular como para los trabajadores asalariados
de la economía informal, los trabajadores autónomos (independientes), y los
que trabajan a domicilio” (p. 1).
En el Programa de Trabajo Decente convergen cuatro objetivos principales:
el empleo, los derechos fundamentales en el trabajo, la protección social y
el diálogo social, los cuales son los referentes orientadores en el quehacer
internacional de la OIT. Respecto al primer objetivo, el empleo, en la reunión
Conferencia 87, la OIT afirma que los Estados deben promover posibilidades
de trabajo que permitan el desarrollo personal del individuo y que generen
la oportunidad de ganarse la vida decorosamente. Además, que se deben
implementar políticas que disminuyan el desempleo y el subempleo, y promo-
cionen los derechos en el trabajo.
Para Ghai (2003):
El concepto “abarca todas las clases de trabajo y tiene facetas cuali-
tativas y cuantitativas. La idea de trabajo decente es válida tanto para
los trabajadores de la economía regular como para los trabajadores
asalariados de la economía informal, los trabajadores autónomos
(independientes), y los que trabajan a domicilio”. (p. 1)
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En lo concerniente a los derechos fundamentales en el trabajo, la Conferencia
hace alusión a su protección y garantía para los trabajadores, tanto en el
sector formal como en el sector informal (no estructurado), sin distinción del
lugar o actividad lícita que se desempeñe. En relación al tercer objetivo del
PTD, la protección social, el mismo documento plantea que este debe atender
las causas y mitigar las consecuencias que generan vulnerabilidad y retiro
de las personas de sus trabajos, independientemente que se originen desde
situaciones de desempleo, vejez, padecimientos de salud u otras.
Desde el diálogo social, se fomenta la participación y libre asociación, a
través de organizaciones democráticas, así como la comunicación entre entes
gubernamentales, empleadores y trabajadores, que admitan la conciliación
de los distintos intereses de cada una de las partes, y permitan un Trabajo
Decente para todos. El ideal, entonces del PTD es conminar a los Estados
para que implementen políticas públicas dirigidas al aumento de los índices
de empleos formales en condiciones dignas, garantes de los derechos de los
trabajadores y con protección social para ellos y sus familias.
En América Latina, se han propuesto diversas estrategias políticas, econó-
micas y jurídicas para enrutar a los Estados hacia el alcance de los objetivos
del PTD. En relación a ello, se han identificado siete estrategias políticas
principales para hacer transición del empleo informal al formal, las cuales se
mencionan a continuación:
• Generación de empleo de calidad y estrategias de crecimiento
• Entorno normativo; incluida la observancia de las normas internacionales
del trabajo y los derechos fundamentales
• Organización, representación y diálogo social
• Fomento de la igualdad y lucha contra la discriminación
• Medidas de apoyo a la iniciativa empresarial, competencias profesionales
y financiación
• Ampliación de la protección social: establecimiento de pisos de protección
social y sistemas de seguridad social
• Estrategias de desarrollo local
Según la OIT, en la región latinoamericana, algunos países han implementado
mecanismos globales desde las políticas mencionadas et supra, y en alguna
medida, han logrado detener el acelerado aumento de la informalidad; y
empiezan lentamente el tránsito hacia la formalidad laboral, sin embargo, no
es suficiente, pues aún son muy altos los índices de trabajo informal en la
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región y se sigue notando una correlación directa entre informalidad y pobreza
(Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 2013, p. 65).
Para analizar el caso colombiano referente al tema, hay que mencionar que el
país es uno de los ciento ochenta y tres Estados miembros activos de la OIT,
además, ostenta la calidad de miembro fundador desde su creación en 1919.
Atendiendo tal vinculación, el país está obligado a observar las exigencias
impuestas por el organismo internacional desde su constitución y las normas
generadas desde allí, con el ánimo de lograr los objetivos que se ha trazado
desde sus orígenes, dirigidos principalmente a la búsqueda de la justicia
social y la paz universal, a través de la promoción de los derechos laborales,
el fomento del trabajo decente, el avance en las condiciones de seguridad
social de los ciudadanos y el diálogo permanente en los escenarios laborales
de los pueblos (Organización Internacional del Trabajo, 2012).
Es pertinente indicar que Colombia ha ratificado 61 convenios de los 189
adoptados por OIT, todos por la vía de ley, destacándose que los 8 convenios
fundamentales se encuentran allí; y que el último data de 2014 cuando se
ratificó el Convenio número 189, sobre las trabajadoras y los trabajadores del
servicio doméstico (Organización Internacional del Trabajo, 2014).
Ahora bien, para determinar si Colombia ha atendido con suficiencia las
obligaciones contraídas frente a OIT, es necesario revisar los informes más
recientes del propio organismo, por medio de los cuales se hace el segui-
miento y evaluación a las estrategias y normas informadas por los propios
Estados, con el ánimo de cumplir con sus compromisos en materia de Trabajo
Decente. Al respecto se enuncia que la OIT, hace control de las obligaciones
mencionadas, a través de la Comisión de aplicación de normas (órgano de
control); desde la enunciada dependencia el Estado colombiano ha sido
citado 18 veces, para dar cuenta de su reiterada omisión a la aplicación de
los convenios, especialmente del 87 y 98, que versan sobre libertad sindical,
derecho de negociación colectiva y derecho de sindicación (Ministerio de
Relaciones Exteriores y Ministerio de la Protección Social, 2012).
Como consecuencia de lo anterior, Colombia, adoptó medidas en los últimos
años, tendientes a disminuir la violación de los derechos referenciados
y a mejorar el diálogo social entre los actores de las relaciones laborales,
acompañándose de OIT para ello. En virtud de tal necesidad, se creó el
programa de Especial Cooperación para Colombia, el cual se desarrolló entre
2002 y 2005, y permitió que se disminuyera la violencia hacia los sindica-
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listas y se aumentara la protección a sus derechos al interior del país, según
informe presentado a OIT en 2009. Este mismo documento facilitó que la
propia comisión declarara a Colombia como País en progreso, frente a los
compromisos en materia laboral. Con el objetivo de seguir avanzando en
el proceso para la mejora de la situación laboral, el país se acompañó del
Estado canadiense a través del programa PLADES (Programa Laboral de
Desarrollo), el cual involucra además de Colombia, a Perú, Ecuador y Bolivia.
El propósito del programa está dirigido a mejorar el déficit de Trabajo Decente
en la región Andina.
Teniendo en cuenta el proyecto referenciado, se realizó un diagnóstico sobre
el tema laboral en la región. Los datos observados allí, reflejan que en la zona
estudiada, el país con más desempleo es Colombia con un índice de 11,6 %
para el año 2008, seguido por Perú con un 8,6 %. Sin embargo, la situación
que más afecta a la región no es la tasa de desempleo, sino de subempleo y
empleo informal, que dan cuenta de más de la mitad de los ocupados. Estos
trabajadores están caracterizados por un alto grado de vulnerabilidad, debido
a la falta de regulación normativa respecto a las actividades por ellos ejercidas,
así como al bajo índice de protección social. Sobre este último aspecto, el
informe data que en Colombia para 2009 de cada 100 trabajadores/as solo
30 son afiliados cotizantes a una entidad pensional, 31 al Sistema de Riesgos
Profesionales, 41 como cotizantes en salud y 31 en Cajas de Compensación
Familiar, evidenciándose que más de 12 millones de empleados están despro-
vistos de protección social (Villavicencio y otros, 2010).
El Estado colombiano ha expedido en los últimos años variadas normas
laborales destinadas a mejorar el contexto en el trabajo para sus conciuda-
danos; sin embargo, dichas reglas no obedecen a la implementación de una
política pública nacional del Programa de Trabajo Decente, sino a medidas
inmediatistas que pretenden disminuir las situaciones más relevantes de
afectación a los trabajadores, pero que en muchas ocasiones no tienen aplica-
bilidad. Obsérvese, cómo desde la Carta Política de 1991, el trabajo como
derecho se constitucionalizó como fundamental según lo denota el artículo
25 y que lo anuncia como un derecho y un deber del ciudadano, pero con
tutela para su ejercicio; asimismo se fijaron unos principios laborales mínimos
y fundamentales enlistados en el artículo 53 ibídem.
Para el desarrollo de los enunciados constitucionales y el avance en pro de
mejorar el contexto laboral en el país, el Estado ha expedido en los últimos
años algunas normas laborales, tales como: La Ley 1010 de 2006 (sobre
acoso laboral), Ley 1221 de 2008 (sobre teletrabajo), Ley 1429 de 2010 (sobre
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generación y formalización del empleo), Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de
Desarrollo), Decreto 2025 de 2011 (sobre contratación a través de coopera-
tivas y precooperativas de trabajo asociado), Ley 1438 de 2011 (reforma al
sistema de salud), Ley 1468 de 2011 y Ley 1822 de 2017 (sobre licencia de
maternidad), la Ley 1496 de 2011(sobre equidad salarial para la mujer), Ley
1788 de 2016 (prima de servicios para trabajadoras del servicio doméstico).
Ahora bien, para apaciguar la crisis del empleo y el aumento de la informa-
lidad laboral en Colombia, se puso en vigencia la Ley 1429 de 2010, “Por
la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo”. Desde
ella, se pretende generar empleo de manera masiva, a través de incentivos
tributarios y beneficios económicos a las empresas, que logren vincular a los
trabajadores/as, con más tendencia a no ser contratados, esto es, los jóvenes,
mujeres y personas mayores de 40 años. De la misma manera, se aspira con
la implementación de la norma, que las pequeñas empresas
2
que no están
formalizadas, lo hagan, y así lograr que sus trabajadores/as gocen de todas
y cada una de las garantías laborales y de protección social (Congreso de
Colombia, 2010).
La mencionada norma ofrece el concepto legal de informalidad laboral en
Colombia, definiéndolo en su artículo segundo, desde dos ópticas, así: a)
Informalidad por subsistencia: Es aquella que se caracteriza por el ejercicio
de una actividad por fuera de los parámetros legalmente constituidos, por
un individuo, familia o núcleo social para poder garantizar su mínimo vital. b)
Informalidad con capacidad de acumulación: Es una manifestación de trabajo
informal que no necesariamente representa baja productividad. La informa-
lidad por subsistencia. Debe entenderse el conjunto de actividades de trabajo
cuyo fin principal es la supervivencia de una persona u hogar a través de la
producción o venta directa de bienes y servicios, tales como ventas callejeras
ambulantes, en local fijo, entre otras. Este tipo de trabajos son generalmente
realizados por trabajadores por su cuenta propia de manera individualizada
o en algunas ocasiones en grupos familiares, cuyos integrantes aportan su
fuerza de trabajo, con el ánimo de generar ingresos, que generalmente son
precarios e insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas de vida.
En cuanto al concepto de informalidad con capacidad de acumulación, se
podría entender, como lo manifiestan los autores anteriormente citados,
desde una dualidad de definiciones; la primera concebida como informalidad
2 Ver artículo 2: “Para los efectos de esta ley, se entiende por pequeñas empresas aquellas cuyo personal no sea superior
a 50 trabajadores y cuyos activos totales no superen los 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.”
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de explotación dependiente, cuyo objetivo es lograr mayor flexibilidad en los
procesos productivos y menores costos en las empresas del sector formal, por
medio de contrataciones no registradas y de subcontrataciones de microem-
prendimientos informales; y la segunda como informalidad de crecimiento que
se centra en lograr acumulación de capital en empresas pequeñas, gracias
a la movilización de redes solidarias, mayor flexibilidad laboral y costos más
bajos (ibídem).
Como ya se dijo et supra, los elementos distintivos de la economía informal
son, por una parte, la estructura incipiente de la organización productiva y,
por otra, la inestabilidad y escasez de garantías en el empleo. Sin embargo,
el mismo organismo internacional, reconoció la evolución del concepto de
trabajo informal y desde hace varios años ha utilizado la expresion “sector
informal de la economía” para describir las diversas actividades de trabaja-
dores pobres que no son reconocidas, protegidas, ni reguladas por las autori-
dades públicas, tales como las ventas callejeras, trabajo doméstico, trabajos
de empresas explotadoras, trabajos a domicilio, trabajos independientes,
microempresas, entre otros.
Asímismo, la OIT distingue dos principales características de los trabajadores
informales: la primera se refiere a que este tipo de trabajadores no están
reconocidos, ni protegidos dentro de los marcos jurídicos y reglamentarios de
los Estados y en segundo lugar, están afectados por un alto nivel de vulnera-
bilidad, siendo sus labores muy inestables y sus ingresos muy bajos e irregu-
lares (Organización Internacional del Trabajo, 2002)
La OIT acepta que el concepto trabajo informal ha evolucionado y tomado
distintas denominaciones, principalmente basadas en las distintas formas de
medición del mismo, es así como en 1993, la Conferencia Internacional de
Estadísticos del Trabajo (CIET) adoptó una Resolución sobre las estadísticas
del empleo llamándolo Sector Informal, por otro lado, en consideración a las
características de la unidad de producción, en 2003 se adoptó el concepto
de Empleo Informal
3
, pero siempre conservando las características del sector
y los trabajadores del mismo ya explicada et supra (Oficina Regional para
América Latina, 2013, p. 62).
3 De esta manera, el empleo informal fue definido como un conjunto de unidades dedicadas a la producción de bienes
o la prestación de servicios con la finalidad primordial de generar ingresos para las personas que participan en esa
actividad. Estas unidades funcionan típicamente en pequeña escala, con una organización rudimentaria, en la que hay
muy poca o ninguna distinción entre el trabajo y el capital como factores de producción. En consecuencia, el empleo
informal se refiere a todas aquellas actividades económicas de mercado que operan a partir de los recursos de los
hogares, pero sin constituirse como empresas con una personalidad jurídica independiente de esos hogares.
Justicia (33): pp. 200-223. Enero-Junio, 2018. Universidad Simón Bolívar. Barranquilla, Colombia. DOI: https://doi.org/10.17081/just.23.33.2889
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En Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
adopta la definición contenida en la Resolución 15ª CIET de la OIT de 1993,
la cual menciona que la medición de informalidad en materia de escala de
personal ocupado en las empresas debe ser de hasta cinco trabajadores
excluyendo los independientes que se dedican a su oficio y a los empleados
del gobierno. Por otra parte, se considera que la afiliación al sistema de
seguridad social constituye también una aproximación importante al grado de
formalidad del empleo (Departamento Administrativo Nacional de Estadística,
2014).
Ahora bien, la definición legal de informalidad laboral en Colombia, ha sido
planteada por la Ley 1429 de 2010, como ya se explicó et supra desde dos
puntos de vista. El primero, referido a la informalidad con capacidad de
acumulación; y el segundo, relacionado a la subsistencia, siendo este último
el de interés de esta investigación.
En virtud de lo anterior, se hace necesario revisar los estudios y datos más
recientes de los organismos internacionales y locales sobre la situación
laboral de los trabajadores informales por subsistencia, pues se constituye en
el eje problemático de esta disertación.
En el año 2007, la OIT en coadyuvancia con la Organización Mundial del
Comercio (OMC) presentó las conclusiones de un estudio realizado por
estos organismos sobre trabajo informal en el mundo y sus consecuencias
principales; en torno a dicha investigación se afirma que los trabajadores
de la economía informal están desprovistos de seguridad en el empleo, no
tienen acceso a prestaciones sociales y sus posibilidades de capacitación
y formación son escasas, es decir, no gozan de un trabajo digno. Asimismo,
este estudio asevera que un Estado donde exista un alto nivel de economía
informal, se limita la proyección y magnitud de las empresas, su productividad,
se restringe la capacidad de creación de nuevos puestos de trabajo formales y
se estimula la pobreza. Lo anterior, indica que entre mayor economía informal
existente en un país, mayor es su índice de pobreza y menor su desarrollo
(Organización Internacional del Trabajo y Organización Mundial del Comercio,
2007).
Desde el Banco Mundial (2007) se afirma que en América Latina y el Caribe
el empleo informal urbano abarca un 54 %, diferenciando dos grupos de
ellos, por un lado los trabajadores informales asalariados que representan un
24 %, y en segundo lugar los trabajadores informales no asalariados que
Omar Ernesto Castro Guiza
Justicia (33): pp. 200-223. Enero-Junio, 2018. Universidad Simón Bolívar. Barranquilla, Colombia. DOI: https://doi.org/10.17081/just.23.33.2889
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constituyen un 30 % aproximadamente. Asimismo, esta institución indica
que este tipo de trabajadores declaran que no contribuyen a los planes de
protección social porque sus ingresos son bajos, además de su desconoci-
miento por los beneficios que ellos traen; y que en países como Colombia las
personas dedicadas a las actividades informales registran niveles de satis-
facción de necesidades muy bajos (Banco Mundial, 2007).
Refiriéndose al tema, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el
estudio realizado sobre informalidad laboral (2001) destaca que en casi
todos los países de Latinoamérica, con excepción de República Dominicana,
hay una mayor participación de mujeres en este tipo de actividades, siendo
las más frecuentes, las del servicio doméstico y las actividades por cuenta
propia. En el mismo informe se plasma que según Pollak (1993), existe en
Latinoamérica un alto número de mujeres desempeñando trabajos informales
debido a tres factores: el primero de ellos, se cimienta en el aumento de mano
de obra femenina que representa el aumento en la educación y capacitación
media por parte de este género, el segundo se refiere a la disminución de los
ingresos familiares debido a la crisis económica regional, lo cual exige que la
mujer genere recursos para el hogar; y por último, el poco acceso que tienen
las mujeres a empleos formales y bien remunerados genera tendencias para
desempeñar actividades informales, como posibilidad de empleo (Freije,
2001).
En lo que respecta a Colombia, se debe indicar que según los datos del DANE,
la tasa de desempleo ha disminuido en los últimos meses; para el mes de
diciembre de 2016 la tasa nacional correspondió al 8,7 %. No obstante, el índice
de informalidad laboral ha permanecido muy alto, y en algunas ocasiones
aumenta, registrándose actualmente en 48,6 % en el consolidado nacional
del cual el 61,1 %, corresponde a trabajadores por cuenta propia, enmarcados
dentro del concepto de trabajo informal por subsistencia. Asimismo, el informe
identifica unos 93,4 % de ocupados afiliados a un régimen de salud y solo el
48 % a un sistema de pensiones (Departamento Administrativo Nacional de
Estadística, trimetre móvil octubre-diciembre 2016).
Sobre el tema de informalidad laboral, la Honorable Corte Constitucional
colombiana también ha sentado su posición en distintos pronunciamientos.
En una de las más recientes Sentencias (T-135 de 2010), reitera su doctrina,
indicando que esta es una modalidad de trabajo de la cual dependen muchas
familias en Colombia, y que el derecho al trabajo debe ser protegido inclusive
cuando riñe con otros derechos fundamentales, tales como los derivados del
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espacio público, cimentando sus afirmaciones en la teoría de la confianza
legítima que debe garantizar el Estado a los ciudadanos. También, exhorta a
los organismos gubernamentales a que busquen alternativas de reubicación
y mejora de las condiciones en que desempeñan sus labores los trabajadores
del comercio informal con el ánimo de garantizar sus derechos fundamentales.
Igualmente, el máximo órgano de justicia constitucional ha revalidado la
posición del derecho al trabajo como un derecho humano fundamental, carac-
terizado como un derecho económico y social, que permite que los traba-
jadores y sus familias vivan en condiciones dignas y justas. Asimismo, ha
indicado que el Estado debe formular políticas públicas que efectivicen el
derecho del trabajo desde la perspectiva del trabajo decente; esto es, estra-
tegias que reduzcan el desempleo, formalización de puestos de trabajo,
garantía de desempeño de actividades laborales en condiciones dignas y
justas, entre otras.
Aunado a lo anterior, en sentencia de tutela del año 2013, la Corte Constitucional
(C. Const. Sentencia T-386/2013) analizando el tema de la ocupación del
espacio público por parte de los vendedores informales ambulantes ha
mencionado que el Estado debe ofrecer especial protección a las personas
que se dedican a las ventas ambulantes, pues ello obedece principalmente
a que se encuentran “en situación de especial vulnerabilidad y debilidad por
sus condiciones de pobreza o precariedad económica” y que además, “las
personas que se dedican al comercio informal no pueden ser privadas de sus
medios de subsistencia, sin que las autoridades les ofrezcan mecanismos
adicionales por medio de los cuales puedan satisfacer sus necesidades
en forma efectiva y con esto, sus derechos fundamentales como la vida, la
dignidad, el mínimo vital, la igualdad, el trabajo, entre otros”. De igual manera,
la Corte, clasifica a los vendedores informales en razón al lugar y tiempo de
ocupación del espacio público así: vendedor estacionario, vendedor informal
semiestacionario y vendedor informal ambulante.
Ahora bien, para tener claridad si en Colombia se ha avanzado en el camino
hacia la formalización del empleo y el trabajo decente, es pertinente citar
de nuevo las conclusiones expuestas por la Procuraduría General de la
Nación, mediante su publicación “Trabajo digno y decente en Colombia”. En el
mencionado informe se asegura que de cada 10 colombianos trabajadores/
as, 6 no tienen un empleo digno; el 63 % de los trabajadores del país ejercen
labores de baja calidad, lo que se representa en desigualdad y despro-
tección laboral. Desde allí, se asevera que el país socialmente es el más
Omar Ernesto Castro Guiza
Justicia (33): pp. 200-223. Enero-Junio, 2018. Universidad Simón Bolívar. Barranquilla, Colombia. DOI: https://doi.org/10.17081/just.23.33.2889
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disímil en América Latina. También, se observa que el 46 % de los asalariados
devengan menos de 1 salario mínimo mensual; y que la forma de vinculación
por terceros (cooperativas, empresas de servicios temporales, prestación de
servicios) ha aumentado a un 27,4 % en 2007, y la contratación a término fijo
ha seguido la misma tendencia en los últimos años (Procuraduría General de
la Nación, 2012).
Desde los antecedentes normativos de la Ley 1429 de 2010, y según la
exposición de motivos del proyecto de ley 057 de 2010 presentado en la Cámara
de Representantes del Congreso y que fue la génesis de la mencionada
norma se afirma que “Uno de los principales retos que enfrenta el país actual-
mente, si no el principal, es la generación de empleo formal”, pues se asegura
que los antecedentes históricos denotan que una de las mayores dificultades
de las empresas que operan en Colombia es la de generar puestos de trabajo
formal, especialmente para personas jóvenes (menores de 25 años), cuyas
cifras de desempleo son mayores, asimismo se hace prioritario elevar los
ingresos y protección de personas y familias más vulnerables y con menor
remuneración. Por lo anterior, alcanzar que los trabajadores colombianos,
y especialmente los más vulnerables, puedan acceder a empleos formales,
con seguridad social y prestaciones que atenúen las contingencias que se
presenten en la población, y que cuya remuneración laboral genere estabi-
lidad y bienestar particular y familiar, debe ser el principal objetivo del Estado
y de toda la sociedad.
Asimismo, la ponencia del segundo debate en las comisiones terceras del
Congreso de la República del proyecto de ley que dio origen a la mencionada
ley, afirma que “El Gobierno Nacional a través de su Ministro de la Protección
Social, Mauricio Santamaría, presentó el pasado 20 de agosto de 2010 un
proyecto de ley que contemplaba cuatro aspectos fundamentales:
i) Incentivos
para la formalización de empresas micro y pequeñas;
ii) simplificación de
trámites para la formalización de las empresas;
iii) sistema de control para
evitar que los beneficios llegaran a empresas fachada y finalmente,
iv)
Incentivos para impulsar el empleo formal” (Congreso de la República, 2010).
Al respecto, el Consejo de Estado ha mencionado que, con el fin de estimular
la formalización empresarial en todos los aspectos y de generar empleo
formal, se expidió la Ley 1429 de 2010. Para ello, dicha ley busca generar
incentivos en las etapas iniciales de creación de las empresas, “de tal manera
que aumenten los beneficios y disminuyan los costos de formalizarse”, dado
que desde el momento en que se crea una empresa, formalmente existen
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cargas como la matrícula mercantil, el pago de aportes de nómina y el pago
de impuestos, que muchos de los pequeños empresarios no pueden asumir,
motivo por el cual optan por permanecer en la informalidad, con lo cual causan
un grave perjuicio a la economía y al desarrollo del país.
Por su parte la honorable Corte Constitucional en Sentencia C-629 de
2011, afirma que la Ley 1429, se dirige específicamente a facilitar el creci-
miento de las pequeñas empresas para que se formalicen y de esta manera
generen empleos productivos. Las medidas contempladas se concentran en
las microempresas y en las pequeñas empresas porque el 67 % del empleo
dependiente o asalariado es generado por este tipo de empresas (según cifras
del DANE citadas en la primera ponencia), y porque en este tipo de empresas
se concentran los mayores índices de informalidad tanto laboral como empre-
sarial. Así la informalidad empresarial (definida bien sea como la no obtención
del registro mercantil o el no pago de impuestos) es del orden del 36 % en
las empresas con 10 o menos empleados mientras que ese porcentaje es de
alrededor del 7 % para las empresas con más de 10 empleados. Por su parte,
la informalidad laboral, definida como el no pago a seguridad social de los
trabajadores, es marcadamente mayor en las microempresas (73 %), nueva-
mente según las cifras del DANE citadas en la ponencia.
Desde las mencionadas explicaciones, se propone el fortalecimiento de los
cinco sectores locomotoras de la economía colombiana (Infraestructura, Agro,
Vivienda, Minería e Innovación) para que impulsen los sectores altamente
generadores de empleo como los servicios y el comercio. Con todo, el
proyecto de ley propició los mecanismos que generarían primer empleo y
su formalización en Colombia, a través de incentivos económicos para las
micro y pequeñas empresas, tales como exención o disminución en el pago
de impuestos a la renta, matrícula mercantil, exenciones a las cotizaciones al
sistema de seguridad social, disminución de costos de formalización, entre
otros, que motivaría a las empresas informales a la formalización, garanti-
zando los derechos laborales de sus trabajadores y, además, generaría
nuevos empleos formales (Echeverry Garzón y otros, 2010).
Sin embargo, el impacto de las estrategias implementadas en la Ley 1429
de 2010 según la DIAN y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales del
Ministerio de Hacienda, no han sido efectivas, pues los beneficios de la norma
para 239.400 empresas en el primer año de vigencia, solo han sido utilizados
para los descuentos tributarios, pero no para formalizar el empleo. Según la
entidad, de cada 100 empresas beneficiadas con las prerrogativas norma-
Omar Ernesto Castro Guiza
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tivas, solo 3 de ellas hacen los aportes al sistema de seguridad social integral,
y el 97,54 % de las mismas tienen 5 trabajadores/as o menos, es decir, no hay
generación significativa de empleo (DIAN y UGPP, 2012).
Ahora bien, es imperativo indicar que la mencionada Ley 1429 de 2010 así
como las distintas estrategias jurídico-laborales que se han promovido en el
país en la última década, como ya se explicó et supra, no han obedecido a un
plan nacional de trabajo decente, muy a pesar de que Colombia como estado
miembro de la OIT, está obligado a cumplir con el mencionado programa.
No obstante, algunas instituciones públicas, académicas y sindicales han
propuesto las primeras ideas para la implementación de una política pública
nacional de trabajo decente que permita avanzar en garantías laborales
mínimas para los trabajadores colombianos, sin tener en cuenta si ejercen un
empleo formal o informal.
En tal sentido, la Procuraduría General de la Nación diseñó una propuesta,
a partir de la relación estrecha entre tres elementos a saber: El enfoque de
derechos, la solidez técnica y la deliberación democrática. La cohesión de
estos mecanismos permitirá un pacto social por el trabajo decente, endil-
gando funciones a cada uno de los actores del contexto laboral; iniciado por
el compromiso del Estado a fortalecer las estrategias de generación y forma-
lización del empleo, crear espacios para el diálogo social, la asunción de
vigorizar los programas nacionales y locales de emprendimiento, garantizar
el acceso masivo a la educación superior, consolidar el sistema de control y
vigilancia del Ministerio del Trabajo, brindar capacitación a los funcionarios
administrativos y judiciales que vigilan y supervisan el debido respeto a los
derechos de los trabajadores/as y asegurar un mínimo de protección a todo
aquel que ejerza una actividad de trabajo, sin importar su vinculación al
mercado laboral (Procuraduría General de la Nación, 2012).
Desde el ámbito internacional, la OIT ha revisado las estrategias que en los
últimos cinco años han sido más significativas y que han tenido mayor impacto
en algunos países de América Latina y el Caribe y que les han representado
avances significativos en disminución de tasas de desempleo, formalización
del empleo, y mejora de condiciones y garantías laborales para los trabaja-
dores. Según el último informe de la OIT para la región (Panorama Laboral,
2013), los países que han adoptado un enfoque global e integrado de sus
estrategias para contrarrestar la informalidad han alcanzado mejores resul-
tados, logrando también la creación de empleos formales. El enfoque global
se ha desarrollado por siete vías a saber: generación de empleo de calidad
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y estrategias de crecimiento; entorno normativo; diálogo social, organización
y representación; fomento de la igualdad y lucha contra la discriminación;
medidas de apoyo a la iniciativa empresarial, competencias profesionales y
financiación; ampliación de la protección social y estrategias de desarrollo
local (Organización Internacional del Trabajo, 2013).
El mismo informe señala que la tasa de trabajo informal en América Latina
y el Caribe es de 47,7 % para el año 2012, identificándose que ha venido
decreciendo desde el año 2005 por la aplicación de las estrategias ya mencio-
nadas; sin embargo, se advierte que de no acatarse las recomendaciones de
la OIT, podría darse un retroceso en la materia en los próximos años.
No obstante, es importante aclarar que el avance en el asunto no ha sido en
común para todos los países latinoamericanos, en los casos de Colombia,
Perú, Venezuela, Ecuador, no se han obtenido logros significativos. A pesar,
de los múltiples esfuerzos de los Estados y las organizaciones internacionales
para mitigar el impacto de la crisis económica mundial de los últimos años
sobre el contexto laboral, las formas más precarias de trabajo han aumentado
desmesuradamente, destacándose el crecimiento del trabajo informal.
En virtud de los datos anteriores, la OIT lanzó en agosto de 2013 el programa
para la promoción de la formalización en América Latina y el Caribe-FORLAC,
con la intención de implementar una nueva medida para la reducción de la
informalidad laboral y fomento al empleo formal (Organización Internacional
del Trabajo, 2014). Al respecto, el informe FORLAC-Colombia expresa que
en el país, “el empleo informal no agrícola en Colombia ha disminuido de
aproximadamente 58 % en 2009 a 55 % en 2013. A ello, ha contribuido un
favorable ciclo económico que estuvo acompañado de generación de empleo,
y factores institucionales como la creación del sistema nacional de Mipymes,
los acuerdos de formalización laboral y el plan de acción para los derechos
laborales, además de programas como “Colombia se formaliza”, que han
impulsado la formalización empresarial y laboral (Oficina Regional para
América Latina y el Caribe, 2014). Empero, se confirma que la informalidad
laboral en el país sigue siendo muy alta, y que las distintas estrategias utili-
zadas por el Estado, no han logrado avances significativos sobre esta proble-
mática y por tanto, aún se está muy lejos de garantizar trabajo decente en el
país.
Con todo, se hace necesario develar que solo algunos países latinoameri-
canos han logrado avances significativos en la reducción de tasas de infor-
Omar Ernesto Castro Guiza
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malidad laboral e implementación de planes nacionales de trabajo decente
que contribuyan a las garantías adecuadas para la vida del trabajador y su
familia. Al respecto, Tokman (2007) expresa que Chile en los últimos 15 años
ha registrado la disminución más significativa de la tasa de informalidad en el
empleo (32 %), siendo la más baja de la región. Según el autor, estos avances
se han basado en aspectos como regulación de la subcontratación, cobertura
del sistema de protección social a los informales, y factores asociados al
dinamismo de la economía en los últimos años.
CONCLUSIONES
El avance presentado del proyecto de tesis doctoral, colige en sus primeros
resultados que en Colombia se hace necesario e inmediato, diseñar y proponer
una estrategia jurídico-laboral de trabajo decente que permita al Estado
implementar mecanismos eficaces para la garantía de condiciones laborales
mínimas de los/las trabajadores/as que desempeñan actividades informales
enmarcadas dentro del concepto legal de informalidad por subsistencia,
teniendo en cuenta que las medidas implementadas por la Ley 1429 de 2010,
no han sido suficientes para reducir las altas tasas de informalidad laboral en
el país, además, porque no han sido planificadas desde un programa nacional
orientado a desarrollar el programa de trabajo decente propuesto por la OIT.
No se desconocen los esfuerzos de formalización laboral que ha imple-
mentado el Ministerio del Trabajo en Colombia, para diversos sectores de
trabajo, así como la ratificación de normas internacionales y la expedición
de normas locales orientadas con el mismo objetivo, sin embargo, como se
argumenta durante el texto, los trabajos informales en Colombia se diversi-
fican en sus modalidades, y continúan siendo la única salida de subsistencia
para la mitad de las personas ocupadas. Se espera que la respuesta a la
pregunta de investigación planteada pueda ser respondida integralmente con
la finalización del trabajo de tesis.
Con todo, se puede concluir que son pocos los estudios nacionales que
enlazan la problemática de la informalidad laboral como mecanismo para
generar ingresos que satisfagan las necesidades básicas del individuo y
su familia, pues aunque se advierten algunas investigaciones regionales
principalmente desde la academia, y algunos datos estadísticos nacionales
suministrados por el DANE, no se evidencia un diagnóstico actual y específico
de la situación, ni tampoco estrategias jurídico-laborales encaminadas a
promover eficazmente el trabajo decente de los trabajadores informales por
subsistencia.
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