Justicia (34): pp. 456-470. Julio-Diciembre, 2018.
ISSN 0124-7441 • DOI: https://doi.org/10.17081/just.23.34.2902
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ARTÍCULO DE
INVESTIGACIÓN
Cómo citar este artículo:
Gómez, C. (2018). La educación y su relación con la administración pública y gobernanza. En. Revista Justicia, Barranquilla:
Editorial Mejoras-Universidad Simón Bolívar, Vol. 24, No. 34, pp.456-470. DOI: https://doi.org/10.17081/just.23.34.2902
Recibido: 05-03-16
Aceptado: 16-06-16
Publicado: 24-07-18
DOI:
https://doi.org/10.17081/just.23.34.2902
456
La educación y su relación con la
administración pública y gobernanza
The education and his relation with the
public administration and governance
Carlos Arturo Gómez Trujillo
1
1
Abogado, Universidad Libre. Magíster en Derecho Administrativo, Universidad Libre. Doctorante en Filosofía con orientación en
Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León (Monterrey, México). Correo electrónico: Cargotru@gmail.com
Los procesos de formación para los servidores públicos, ofrecen
elementos que informan y desarrollan conductas, habilidades y
actitudes que resultan deseadas y tan necesarias en el ámbito de la
gestión pública de cualquier país. (Gómez Díaz de León & Arango
Morales, 2012, p.15)
RESUMEN
La educación es muy importante para los servidores públicos en cuanto cualifican y fortalecen
sus competencias; y estas, en efecto, deben estar direccionadas al cumplimiento de la pluralidad
de funciones que desempeñan en su cotidianidad y ser concordantes con los diferentes cargos
representados por los mismos, de manera eficaz, con celeridad, efectividad y transparencia. Es
por ello que, en este artículo, se evidencia el análisis de conceptos como la descentralización
que resaltan la autonomía de las entidades administrativas colombianas, existentes en Estados
Sociales de Derecho como el colombiano; así como la vigilancia de los recursos destinados a la
gestión pública para el beneficio de los ciudadanos, en los diferentes contextos.
Palabras clave: Administración pública, educación, Estado Social de Derecho y gestión pública.
ABSTRACT
Education is of the most importance for public servants as they qualify and strengthen their
competencies; and these, in fact, must be directed to the fulfillment of the plurality of functions
that they carry out in their daily lives and to be concordant with the different positions represented
by them, in an effective way, with speed, effectiveness and transparency. That is why, in this article,
there is evidence of the analysis of concepts such as decentralization that highlight the autonomy
of Colombian administrative entities, existing in Social States of Law such as Colombia; as well as
the monitoring of resources allocated to public management for the benefit of citizens, in different
contexts.
Keywords: Public administration, education, Social State of Law and public management.
Carlos Arturo Gómez Trujillo
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INTRODUCCIÓN
A largo de la historia, el hombre ha considerado la Administración Pública y
la Gobernanza como los pilares fundamentales del sistema político, el cual
propende por el desarrollo social de las comunidades organizadas. Desde
esta perspectiva, naturalmente se deduce el concepto de que la adminis-
tración pública configura una organización integrada por personal profesional,
preparado para poner en práctica las decisiones idóneas que la sociedad
requiere para lograr el bienestar a través del gobierno.
Sin embargo, en los países en desarrollo como Colombia, en el que se
evidencian graves problemáticas de desigualdad, marginación, pobreza,
inequidad, inseguridad e ineficiencia administrativa, sumadas a las grandes
tendencias de desarrollo mundial que tendrán impacto en la región (Bitar, 2014,
pp. 12-28), tales como: escasez de recursos naturales, cambios demográ-
ficos, tecnologías disruptivas, cambios climáticos, urbanización de ciudades y
gobernabilidad democrática, se imponen grandes desafíos y la generación de
estrategias y planes a largo plazo encaminados a fortalecer la administración
pública y la gobernanza.
Por ende, el abordaje de estas complejas dinámicas, implica cambios en
las instituciones democráticas y reformas en las organizaciones sociales,
que fortalezcan la acción del Estado y de los partidos políticos, con miras
a erradicar prácticas abominables como el clientelismo y la corrupción que
generan retraso en el desarrollo social. Es decir, será necesario reflexionar en
el papel que ha tenido la formación del capital humano que lidera la adminis-
tración pública, y repensar las características particulares que debe tener este
importante recurso para transformar las realidades que aquejan al contexto
colombiano.
Para facilitar el análisis, en este documento se hará un tránsito por el desarrollo
de los procesos educativos existentes para la formación de competencias
ciudadanas, y otros elementos específicos establecidos para la educación de
administradores públicos y sus implicaciones en la problemática colombiana.
EL CONTEXTO LEGAL COLOMBIANO
Colombia es un Estado Social de Derecho. La Constitución de 1991 reconoce
los derechos y deberes que tienen las personas colombianas. La estructura del
Estado colombiano se enmarca dentro del modelo de Gobierno Presidencial
con un Congreso Bicameral conformado por el Senado y la Cámara de
Representantes, tiene dentro de sus propósitos atender las necesidades de
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educar al pueblo colombiano, para lo cual, a través de un sinnúmero de insti-
tuciones en cabeza del Ministerio de Educación (MEN), ha diseñado modelos
de enseñanza de cara al modelo de sociedad reinante en el contexto nacional.
En la Constitución Política colombiana para mencionar el caso en concreto, el
artículo 67 consagra:
La educación es un derecho de la persona y un servicio público
que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conoci-
miento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de
la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los
derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica
del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico,
tecnológico y para la protección del ambiente.
Adicionalmente, se especifica que se trata de un servicio público que corres-
ponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia respecto
del servicio educativo con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de
sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos.
También se establece que se debe garantizar el adecuado cubrimiento del
servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso
y permanencia en el sistema educativo.
Este precepto constitucional fue regulado por la Ley General de Educación
expedida en 1994, en la cual se establecen las características que deben
cumplirse en la prestación el servicio público educativo y las modalidades de
atención educativa en Colombia, exceptuando la educación superior, la cual
es regulada por la Ley 30 de 1994.
Los programas de educación a lo largo del desarrollo histórico colombiano
han sido implementados, evaluados, replanteados, modificados y adaptados
a los cambios sociopolíticos inmersos en Políticas Públicas desarrolladas por
la administración pública de cada estamento de acuerdo a la estructura del
Estado.
Para poder ampliar la cobertura educativa, el Estado colombiano se ha
apoyado en las figuras de la descentralización territorial, administrativa y por
servicios, permitiendo con ello, entregar la responsabilidad y el compromiso
a los gobernantes de cada región del país. De ahí, surge la participación
de los diferentes gobernadores quienes en sus planes de desarrollo deben
reflejar como uno de sus propósitos el diseño de políticas públicas en torno a
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la educación, situación que no es ajena a los alcaldes de cada municipio del
territorio nacional que deben propender por el establecimiento de medidas de
carácter educativo en sus proyectos y planes de desarrollo.
POLÍTICAS EDUCATIVAS EN COLOMBIA
El sistema educativo colombiano lo conforman: la educación inicial, la
educación preescolar, la educación básica (primaria: cinco grados y secun-
daria: cuatro grados), la educación media (dos grados y culmina con el título
de bachiller), y la educación superior.
En Colombia la educación se define como un proceso de formación perma-
nente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus
deberes (Ministerio de Educación Nacional, MEN, 2016).
A partir de la promulgación de la Constitución de 1991, se renuevan conceptos
que obligan a modificar las directrices en cuanto a educación se refiere. De
hecho, de conformidad con lo establecido en su artículo 41: “En todas las
instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio
de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán prácticas
democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la partici-
pación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución” (Constitución Política
Nacional, 1991), existe la obligatoriedad de esta instrucción y de poner en
práctica pedagogías para hacerla una práctica vivencial, que redunde en el
desarrollo de conocimientos, sentimientos, hábitos y actitudes requeridas
para el idóneo ejercicio de la ciudadanía (MEN, 1998).
De la mano de este propósito, se renovaron los lineamientos curriculares en
cuanto a formación ética, toda vez que se reconoce la importancia de la ética
en los actos educativos visionando la educación como un acto político. Así,
los lineamientos se centraron en la formación de niños, niñas y jóvenes a
partir de los componentes de autorrealización, autocontrol, identidad y sentido
de pertenencia, conciencia, confianza y valoración de sí mismo, sentido
crítico, capacidad creativa y propositiva, formación ciudadana, conciencia de
derechos y responsabilidades, y competencias dialógicas y comunicativas.
Atendiendo a la necesidad de fortalecer el sistema educativo colombiano en
respuesta a las tendencias internacionales, desde el 2003, los esfuerzos del
MEN se orientaron al mejoramiento de la calidad de la educación, para lo
cual se definieron estándares básicos que permitieron unificar criterios en
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torno a la formación de habilidades comunicativas, matemáticas y científicas,
indispensables para enfrentar el desafío de la sociedad de la información y el
conocimiento, sino también, y tal vez lo más importante, desarrollar compe-
tencias ciudadanas, lo que dio oportunidad de iniciar la educación de una
nueva generación de colombianos comprometidos, capaces de relacionarse
con otras personas y participar activamente en la construcción social como
actores políticos, que deliberan para llegar a acuerdos para el bien común. De
esta forma, se empoderan a niños, niñas y jóvenes para participar democráti-
camente en la sociedad y desarrollar las competencias necesarias para el uso
constructivo de esta participación (MEN, 2006).
Las metas de esta formación ciudadana se resumen en fomentar el conoci-
miento ciudadano a la par con el desarrollo de competencias, cognitivas y
emocionales para el desarrollo moral, considerado el avance cognitivo y
emocional que permite a las personas tomar decisiones cada vez más
autónomas que reflejen preocupación por el bien común (MEN, 2006). Desde
este modelo, se busca que las instituciones educativas practiquen situaciones
que permitan que los estudiantes se enfrenten a situaciones que implican
dilemas y desarrollen competencias para solucionarlas responsablemente.
A partir de las competencias mencionadas, es posible que las nuevas genera-
ciones tengan mayores capacidades para aportar a la construcción de la convi-
vencia y la paz y participen políticamente por medios democráticos desde
la familia, la escuela, el barrio, identificándose como miembros de grupos
humanos y entendiendo que la creación conjunta de acuerdos y normas
tienen sentido, pues permiten regular la vida en comunidad y favorecen el
bienestar común.
Este modelo de formación en competencias ciudadanas, constituye el primer
eslabón tangible de educación formal debidamente diseñado e implementado
por el gobierno colombiano, que aporta no solo bases de conocimiento para
empoderar a niños y adolescentes de su rol político, en las dimensiones de
convivencia y paz, participación y responsabilidad democrática y pluralidad,
identidad y valoración de las diferencias, sino que pretende la integración
y desarrollo de comportamientos personales y colectivos que generen una
transformación en la cultura política del país.
De esta educación inicial, se puede inferir entonces que cualquier ciudadano
colombiano cuenta hoy con competencias que le permiten evidenciar un sentido
ético, el cual es considerado por autores como Ferrer, como rasgo inequívoco
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de la responsabilidad y que es coherente con el fundamento del modelo de
competencias ciudadanas colombiano que finalmente se traducirá en “ser
responsable consigo mismo, ser responsables con respecto a los demás, y por
último ser responsable a un estado de cosas” (Gómez & Arango, 2012).
Sin embargo, en lo referente a educación superior, la legislación vigente
establece que esta se desarrollará en un marco de libertades de enseñanza,
de aprendizaje, de investigación y de cátedra, lo que implica que cada insti-
tución puede organizar autónomamente la forma de prestar el servicio y el
cumplimiento de su cabal función inspeccionado y vigilado por el MEN.
El sistema de educación superior en Colombia está organizado en dos niveles:
Pregrado y Posgrado. El primero está integrado por los niveles de formación
técnico profesional, nivel tecnológico y nivel profesional. El segundo consta de
nivel de especialización, nivel de maestría y nivel de doctorado.
Los programas de educación superior de los distintos niveles deben cumplir
con requisitos establecidos por la Ley 1188 de 2008 para ser ofertados por
instituciones que según su carácter académico se clasifican en Instituciones
técnicas profesionales, Instituciones tecnológicas, Instituciones universi-
tarias o Universidades. Adicionalmente, teniendo en cuenta el origen de su
creación, las instituciones pueden ser públicas o privadas. Las instituciones de
educación superior públicas o estatales gozan de autonomía en términos de
contratación y manejo especial presupuestal y aportes del gobierno nacional.
No obstante, el financiamiento de las instituciones públicas por parte del
gobierno está basado en un modelo que mide la relación entre la capacidad
de cada institución y los resultados obtenidos con los recursos recibidos, lo
que ha suscitado marcadas diferencias en los aportes que perciben institu-
ciones regionales, que al no alcanzar los indicadores exigidos por el MEN,
acceden a menos recursos, lo que redunda en problemas administrativos,
que ponen en riesgo el funcionamiento de las instituciones, afectan la calidad
de la educación y encarecen los costos de matrículas, dificultando el acceso
a las poblaciones más vulnerables y alejadas de grandes centros urbanos.
La diferencia con el sector privado es marcada, a este acceden quienes tienen
el poder económico o están muy cerca de él. En estas instituciones educativas
se han implementado políticas de educación desarrolladas bajo un esquema
de abundancia, esto es, acceso a la tecnología sin limitantes, permitiendo
con ello que los educandos tengan mayores posibilidades para acercarse a
posiciones privilegiadas, como formar parte del gobierno de las diferentes
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ramas del poder público dominando así el entorno social, económico y político
de una nación.
Frente a estas graves realidades, el gobierno ha generado desde el 2007
políticas de educación inclusiva, que pretenden a partir de claras estrategias
y acciones fortalecer el acceso y permanencia de todas las personas a la
educación superior. Se incluyen créditos a largo plazo, becas por méritos
académicos, capacitación a docentes, fortalecimiento de infraestructura
y medios didácticos, sistemas de vigilancia a la calidad de la educación
superior, sistemas para seguimiento a egresados, modernización y flexibili-
zación de currículos, regionalización de la educación superior, programas de
articulación entre la educación básica y media y la educación superior, entre
otras (MEN, 2013).
En síntesis, el sistema educativo colombiano surge de una base constitu-
cional que establece una clara obligatoriedad de formación política que está
definida por el MEN desde los niveles de educación primaria, básica y media.
Esta dinámica se interrumpe para muchas personas en el nivel de educación
superior, en el que no se cumple la condición de gratuidad, por lo que se
establece un conjunto de políticas públicas que aunque pretenden cerrar
las brechas de acceso, no han logrado que todos tengan esa oportunidad y
puedan culminar estudios superiores que les permitan oportunidades reales
de participación en el desarrollo del país.
LA EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
La historia de la educación superior para formar administradores públicos
se remonta en Colombia al año 1958, cuando con el fin de modernizar la
administración pública se creó la Escuela Superior de Administración Pública,
ESAP. Con esta institución de educación superior de carácter público, se dio
inicio a una reconocida escuela que desde su creación se ha dedicado a la
formación de gerentes públicos, capaces de contribuir a la modernización del
Estado. Así, se fue consolidando como la principal escuela de formación de
administradores públicos del país durante varias décadas y fue implemen-
tando programas de especialización y maestría en el área, que permitieron
desarrollar un capital humano profesional capacitado en el área en todo el
territorio nacional, a través de sus centros de formación a distancia, en un
reconocimiento claro de que son necesarios espacios de formación de fácil
acceso para quienes aspiran a ocupar los cargos de la administración pública
y para quienes los ocupan, facilitando la cualificación de sus conocimientos, en
procura de desarrollar una gestión acorde a las necesidades de la población.
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Actualmente la ESAP forma parte del sistema de carrera administrativa
existente en Colombia y se encuentra adscrita al Departamento Administrativo
de la Función Pública, y se rige por las normas que regulan el servicio público de
educación superior. Cuenta con dos programas de pregrado en Administración
Pública y Administración Pública Territorial; nueve programas de especiali-
zación en Gestión Pública, Gerencia Ambiental, Gerencia Social, Finanzas
Públicas, Proyectos de Desarrollo, Gerencia Hospitalaria, Alta Dirección del
Estado, Derechos Humanos y Administración Pública Contemporánea, y un
programa de Maestría en Administración Pública (ESAP, 2014).
De lo anterior se infiere que la ESAP tiene múltiples funciones asociadas
a la gestión educativa que incluyen crear, desarrollar y difundir el saber
científico y tecnológico, que orienta a la administración y de la gestión pública,
promover la investigación en el área, desarrollar el programa Escuela de Alto
Gobierno, e impartir la inducción al servicio público y prestar un buen apoyo a
la alta gerencia de la administración pública. Además, apoya la gestión local,
regional, desde las Direcciones Territoriales. Contribuye a garantizar la unidad
de propósitos de la administración, mediante el intercambio de experiencias
administrativas. Es una institución consultora que fortalece y amplía las
relaciones interinstitucionales con organismos nacionales e internacionales,
de derecho público o privado (ESAP, 2014).
Sin embargo, la oferta de formación profesional en administración pública se
ha ampliado y actualmente hay otras instituciones de educación superior que
forman administradores públicos, en programas presenciales y en modalidad
virtual, lo que permite contar con varios enfoques de formación que apuntan
al logro de un amplio perfil profesional que posea conocimientos, valores y
habilidades para el idóneo abordaje del fenómeno administrativo público.
Actualmente los programas capacitan a sus estudiantes para desempeñarse
como líderes de organizaciones públicas, asesores de entidades públicas,
funcionarios públicos vinculados a entidades estatales, y líderes políticos
responsables de un cargo del gobierno, tal como alcalde, concejal, gober-
nador, senador, diputado, y ejercer la docencia y la investigación del área.
El diseño curricular de los programas de Administración Pública en conso-
nancia, considera en su plan de estudios la formación en disciplinas relacio-
nadas no solo con el manejo administrativo y financiero de las empresas,
sino con otras disciplinas que inciden en la gestión pública. Incluye cursos
como Historia del pensamiento político, Derecho constitucional colombiano,
Derecho administrativo, Microeconomía, Macroeconomía, Finanzas públicas,
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Contabilidad, Presupuestos públicos, Derechos humanos y Negociación de
conflictos, Ética empresarial, entre otras.
De otro lado vale la pena destacar que, la profesión de Administrador Público
está debidamente regulada en Colombia a través de la Ley 1006 de 2006,
la cual en su artículo 2 establece que el administrador público tiene como
función social las actividades que comprenden el desarrollo de las funciones
del Estado y del manejo de los asuntos públicos, además de actividades orien-
tadas a generar procesos que mejoren la capacidad estatal y de las organi-
zaciones no estatales que tienen responsabilidad en el manejo de recursos
públicos (Congreso de la República, 2006). Esta normatividad establece así
todas las condiciones legales, gremiales y éticas que deben cumplir los profe-
sionales de esta importante área, asignándoles un lugar importante en el
contexto laboral colombiano.
No obstante, capacitarse profesionalmente en administración pública no es
requisito para ejercer cargos de alta gerencia en la Administración Pública
del orden nacional. Por lo que mediante Ley 489 de 1998 se creó el programa
de Escuela de Alto Gobierno, el cual es desarrollado por la ESAP, a través
del cual se debe contribuir a la inducción, formación, actualización y capaci-
tación avanzada de altos funcionarios del Estado, en las distintas disciplinas
y técnicas de la función de gobernar, para elevar la eficacia del gobierno
en medio de las complejidades propias de la construcción de la democracia
de participación. Así, funcionarios públicos determinados por el gobierno y
autoridades electas deben tomar cursos de inducción antes de posesionarse
en sus cargos; igualmente altos directivos del Estado cuentan con una oferta
permanente de capacitación en temas de interés (ESAP, 2014).
¿CÓMO FUNCIONA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA?
LA PROBLEMÁTICA COLOMBIANA
El recorrido realizado por los niveles educativos existentes en Colombia,
ha permitido confirmar que existe una organización curricular y unos linea-
mientos legales que regulan el desarrollo de competencias éticas y ciuda-
danas y la formación profesional de las personas interesadas en desempe-
ñarse en cargos políticos o de administración pública.
Aun así, las características del Estado cambian rápidamente y en Colombia
durante las últimas décadas han implicado reformas a la administración
pública, en busca de cumplir el mandato constitucional de ser un Estado
Social de Derecho.
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Para avanzar en el análisis de la importancia de la educación en la adminis-
tración pública y la gobernanza, es pertinente traer a consideración que el
Estado actualmente está influenciado por tres tendencias: el desarrollo soste-
nible, la gobernanza democrática y la globalización, que le imponen nuevos
retos y responsabilidades.
Y que en este sentido, el Estado colombiano debe enfrentar esas tendencias
de cara a las realidades que caracterizan actualmente al país, que en este
caso serían según los expertos en el tema, la reducción de la pobreza, el
fortalecimiento territorial en el marco de la descentralización, la transparencia
en las acciones del Estado y el afianzamiento de la participación del sector
privado y de la ciudadanía en la solución de los problemáticas nacionales,
el proceso de postconflicto, el conflicto como tal y la situación de derechos
humanos, y mitigar los efectos del cambio climático a través de la economía
verde y las fuentes alternativas de energía (ESAP, 2014).
En congruencia con estas tendencias y situaciones, la administración pública
debe armonizar su gestión en la satisfacción de las necesidades de los ciuda-
danos, generando esquemas de trabajo abiertos que favorezcan la interacción
y participación de la sociedad en la gestión de nuevas políticas públicas y
mayores niveles de transparencia, así como fortalecimiento de la capacidad
de las instituciones y de la calidad del servicio.
Diversos expertos consultados por la ESAP examinaron las tendencias que
debe tener la administración pública, considerando que su primera misión es la
garantía de los derechos del ciudadano, entre ellos el derecho a la educación,
configura un asunto de prioridad nacional. Otra tendencia es la regulación de
la calidad, para la cual consideraron que “el sector público necesita que los
empleados públicos tengan una educación de altísimo nivel para saber qué
pasa en los diferentes ámbitos de cooperación público-privada que son tan
complejos. El Estado debe tener personas que sean capaces de entender que
está pasando dentro de cada proceso” (ESAP, 2014, p.10).
Otra tendencia identificada es la relativa a replantear el empleo público, con
miras a lograr una administración pública basada en méritos. Por lo que la
formación nuevamente se reitera como el primer asunto a tratar para el sector
público, pero entendida como una formación de toda la vida que enfatice en
el desarrollo humano, social y la adquisición de valores y virtudes que todo
administrador público debe poseer.
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A propósito, la ESAP considera con base en estudios internacionales que un
administrador público actualmente se forma en competencias para el manejo
de la globalización, es decir, conoce contextos económicos, políticos, sociales
y ecológicos y las responsabilidades del Estado; manejo de la gobernanza,
esto es, comprende las instituciones, su marco legal y las interacciones entre
actores gubernamentales; posee capacidad de Análisis Estratégico y Acción,
comprende los entornos financieros, políticos y económicos en donde el
gobierno opera, posee conocimientos técnicos y cuantitativos para evaluar
las diferentes etapas del proceso de políticas públicas; tiene competencias
para la Gestión Organizacional, la cual consta de la comprensión de compor-
tamientos individuales y organizacionales, las relaciones entre la organización
y sus clientes, la capacidad de manejar la diversidad, habilidades de trabajo
en equipo, y capacidad de liderazgo efectiva. Por último, desarrolla prácticas
éticas apropiadas, bilingüismo y excelencia profesional.
Sin embargo, estas actualizaciones en la formación de administradores
públicos no garantizan en Colombia que tales profesionales ocupen los cargos
de alta gerencia del sector público. Un estudio de seguimiento a egresados
de la ESAP evidenció que al 2011 se contaba con aproximadamente 31.000
egresados. El 64 % de los egresados se encuentra laborando en el sector
público, el 19 % en el sector privado y el 10 % restante está desempleado
(ESAP, 2014, p.20).
Una proporción importante de empleados públicos de la muestra se desempeña
en cargos profesionales (46 %) seguido de cargos directivos (18 %). Sin embargo,
todavía el 28 % de la muestra a pesar de contar con un título profesional siguen
desempeñándose en cargos técnicos y asistenciales (ESAP, 2014, p.19).
Estas cifras corroboran que buena parte de los cargos de la administración
pública son ejercidos por personas que no cuentan con la formación profe-
sional específica, ya que existen otras variables distintas a la educación, tales
como el carácter político, económico y social que confluyen para permitir que
cualquier persona, incluso sin formación académica en el área de gestión
pública, pueda acceder a cargos de alto nivel, pasando por alto el derecho de
las personas a la oportunidad en razón a los méritos académicos que ostenta.
De otro lado, se han evidenciado en las últimas décadas graves escándalos
de corrupción administrativa que involucran a los actores que son elegidos
popularmente para ejercer cargos públicos, dejando evidente la carencia de
ética de los gobernantes que conforman la administración pública.
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El problema que subyace no se limita únicamente a aquellos delitos conocidos
penalmente como el prevaricato por omisión o por acción, el cohecho, la
concusión, sino a la complicidad de los administrados en permitir que con
su voto al momento de acudir a las urnas eligen y reeligen a quienes son
ya conocidos por un pasado lleno de investigaciones sobre inhabilidades e
incompatibilidades para acceder a cargos públicos y que muy a pesar de ellas,
regresan a la administración pública sin un Control de Tutela que permee su
acceso a la administración.
Así por ejemplo, en Colombia lamentablemente en las últimas elecciones de
gobernadores, alcaldes, diputados a la Asamblea, concejales, se denunciaron
cuadros de corrupción y de indiferencia frente a personajes como la gober-
nadora electa por el Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien muy a pesar
de haber sido investigada por enriquecimiento ilícito, haber sido privada de
la libertad previa a su campaña con una investigación aún vigente, ocupa
el tan relevante cargo, dejando entrever un despropósito en el contexto de
la administración pública reflejando vacíos en los mecanismos de control
del Consejo Nacional Electoral, que no hacen exigible los principios éticos y
morales para que una persona con un pasado cuestionable se postulara a los
diferentes cargos públicos del país.
No muy lejos, se conoció públicamente, la elección de un alcalde de un
municipio de Yopal, quien muy a pesar de encontrarse retenido intramuros
en una penitenciaría fue elegido en su cargo por la población constituyente
primario, lo que evidencia la carencia de Ética tanto de quienes registran a
los candidatos que aspiran al cargo público, como de quienes acuden a las
urnas, confundiendo los preceptos constitucionales sobre el derecho a elegir
y ser elegido.
Dadas estas situaciones, surgen preguntas inquietantes: ¿Qué modelo de
desarrollo social puede estructurarse por parte de una administración que
carece de ética para evitar estos despropósitos ya mencionados?, ¿Con
qué criterio moral los administrados exigen el cumplimiento de los deberes
por parte de los gobernantes?, ¿Qué políticas públicas pueden implemen-
tarse dentro del marco de estas irregularidades?, ¿Cómo se puede hablar de
igualdad social cuando no se controlan estas situaciones de las cuales son
responsables tanto los electores como los elegidos?
De lo anterior se puede inferir que existen graves problemáticas y retos en
la administración pública colombiana, y que la promulgación de la llamada
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Ley de Transparencia y Ley Anticorrupción son acciones legales tangibles
que pretenden controlar estas situaciones, es importante reconocer que sí
existen vacíos en el ordenamiento pedagógico colombiano, que la Educación
es débil frente al modelo de gobierno que actualmente rige los destinos del
Estado colombiano y que urgen acciones tendientes al fortalecimiento de la
formación ética, a la capacidad de control social de los ciudadanos y a garan-
tizar que el talento humano con mejor perfil profesional sea el que ocupe los
cargos que permitan la modernización del Estado.
Las instituciones educativas deben preparar a los educandos no solo en
conceptos generales de gobierno, gobernanza y administración pública en
cátedras magistrales, sino que deben asumir controles sobre los diferentes
procesos que permitan formar verdaderos líderes desde los distintos niveles
educativos, dentro de un contexto que evidencie la realidad en la que viven
quienes darán un paso a los claustros universitarios preparándose para que
a mediano plazo asuman el rol de administrar las instituciones del Estado
colombiano.
Tal como se ha presentado en este documento, existen en Colombia linea-
mientos de formación ética y ciudadana en el sistema educativo formal, desde
donde se pretende que cada persona interiorice y sea capaz de aplicar en
su vivencia diaria un conjunto de valores sociales deseables para el mante-
nimiento y mejoramiento de una convivencia pacífica, democrática y parti-
cipativa. Sin embargo, tal como lo mencionan Gómez y Arango (2012) debe
propiciarse en las instituciones una cultura ética que trascienda en valores
institucionales congruentes con la misión y visión del servicio público, de modo
que se permee y se motive en los individuos la práctica de acciones basadas
en un claro esquema de valores personales e institucionales congruentes con
el servicio público y la ética pública.
Sin duda, la gestión de la ética es la clave para propiciar los cambios en las
acciones de la administración pública colombiana, pues una masa crítica de
ciudadanos con claros valores, serán capaces de generar los cambios insti-
tucionales requeridos para dejar atrás las conductas corruptas y acciones
poco transparentes que generan desconfianza y están lejos de solucionar las
necesidades de los ciudadanos y reducir la desigualdad social.
No obstante, es importante reconocer que los esfuerzos realizados por institu-
ciones de educación superior como la ESAP, de profesionalizar en el área de
la administración pública constituye un eslabón complementario y necesario
Carlos Arturo Gómez Trujillo
Justicia (34): pp.456-470. Julio-Diciembre, 2018. Universidad Simón Bolívar. Barranquilla, Colombia. ISSN 0124-7441
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a la hora de pensar en el desarrollo de una cultura ética, puesto que el
desarrollo de los valores éticos del servicio público, la rendición de cuentas, la
transparencia, la calidad en el servicio, entre otros aspectos, son caracterís-
ticas necesarias de quienes dicen tener vocación de servicio público y están
comprometidos con el progreso de la sociedad.
CONCLUSIONES
La educación constituye un factor fundamental en la construcción de modelos
de administración pública y gobernanza requeridos para dar respuesta a las
cambiantes dinámicas del Estado contemporáneo. Su influencia radica en la
construcción de una cultura ética personal desde los inicios de la vida y debe
ser fortalecida cuando cada persona accede al sistema educativo formal.
Es necesario que la administración pública sea liderada y manejada por
personas que hayan accedido a capacitación formal para profesionalizarse
en los temas inherentes a la gestión y donde se fortalezcan los valores
éticos del servicio público requeridos para comprender y apropiarse de las
prácticas idóneas que requiere la administración pública moderna y que exige
la sociedad.
Las graves problemáticas de la administración pública colombiana requieren,
además de medidas de control legal ya comentadas, el fortalecimiento de los
procesos educativos, con miras a garantizar el acceso a todos los ciudadanos al
sistema educativo que permita contribuir a la construcción de un equilibrio entre
la cultura ética y los valores cívicos requeridos para participar en la adminis-
tración pública y liderar las acciones requeridas para modernizar el Estado y
contribuir a la gobernabilidad de la democracia (Puelles & Urzua, 2006).
Finalmente, cabe resaltar la responsabilidad que atañe a quienes nos prepa-
ramos para trabajar en esta área de reflexionar en la importancia de dar
cumplimiento a la articulación de los valores, y la enseñanza, ser veedores
de la atención del rol o desempeño del gobierno y de los particulares respon-
sables de los procesos educativos quienes deben propender por la institu-
cionalización de una generación preparada para los cambios, la cual debe
ser crítica, respetuosa y competente para evitar la manipulación de quienes
han de querer convertir la educación en un negocio más que un cimiento
para el desarrollo de una sociedad, evitando con ello los descalabros econó-
micos, sociales, administrativos, religiosos y políticos que se nos ha obligado
a aceptar.
Justicia (34): pp.456-470. Julio-Diciembre, 2018. Universidad Simón Bolívar. Barranquilla, Colombia. ISSN 0124-7441
La educación y su relación con la administración pública y gobernanza
470
Depende de cada ser humano, evaluar la importancia de aprender a
aprehender, de opinar y de aportar a la sociedad para que reine la cordialidad
y el bienestar social general.
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