Camilo Madariaga Orozco
1
Carmen Molinares Brito
2
Stefany Baena Valencia
3
1 Psicólogo. Doctor en Educación de la Universidad de Humanismo Cristiano. Profesor, Universidad del Norte, Colombia.
cmadaria@uninorte. edu.co
2 Psicóloga. Magíster en Desarrollo Social de la Universidad del Norte, Colombia. Master en Sciences de la Societé, Universidad Paris
del Este, Francia. Doctorando en Ciencias Sociales de la Universidad del Norte, Colombia. molinares.carmen@gmail.com
3 Psicóloga, Corporación Universidad de la Costa, Colombia. stefy.baena.valencia@gmail.com
Justicia, No. 32 - pp. 214-226 - Julio-Diciembre 2017 - Universidad Simón Bolívar - Barranquilla, Colombia - ISSN: 0124-7441
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* Este artículo hace parte de un proyecto nanciado por Colciencias a nivel doctoral llamado “Modelo de estructuras relacionales entre
las redes sociales, el capital social, el afrontamiento individual y la reconciliación en personas en proceso de reintegración ciudadana
asociadas al conicto armado” de la Universidad del Norte (Barranquilla, Colombia).
La paradoja del proceso de
posconicto en Colombia*
The process of post-conict in Colombia,
the paradox
Recibido: 10 de noviembre de 2016 / Aceptado: 22 de enero de 2017
https://doi.org/10.17081/just.22.32.2914
Resumen
Este artículo es el producto de la relación entre las instituciones estatales y
el desarrollo económico en Colombia, sin el marco de referencia del poscon-
icto. Es un análisis que evidencia que el desarrollo económico de Colombia
es insuciente porque no lo sostienen instituciones que reexionen sobre la
estructura social y por el contrario, muestran la existencia de una debilidad
del Estado a nivel judicial y las fallas en la organización de ciudades y en
designación de estos grupos al margen de la ley en las zonas rurales, lo cual
ha implicado que el conicto se intensique y también se perpetue en la urbe.
Abstract
This reective paper provides evidence that the economic development in
Colombia is insufcient because there are no sustainable institutions, reect-
ing the social structure because of the a weak judicial State and failures in
cities’ organizations and designations of rural zones. Armed groups in Colom-
bia have intensied and perpetuated conict in urban zones. This reection is
based on the relationship among State institutions and the economic develop-
ment in Colombia.
Palabras clave:
Posconicto, desarrollo y
economía.
Key words:
Post-conict, Development
and Economy.
Referencia de este artículo (APA): Madariaga, C., Molinares, C. & Baena, S. (2017). La paradoja del proceso de
posconicto en Colombia. En Justicia, 32, 214-226. https://doi.org/10.17081/just.22.32.2914
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LA pArAdoJA deL proceso de posconfLicto en coLombiA
Introducción
En la última década del siglo XX, Colombia
vivió grandes transformaciones institucionales
debido a la historia de conictos sociopolíticos
y militares, una transición de la guerra, el fenó-
meno del paramilitarismo y el fenómeno de la
guerrilla buscando la desvinculación y reinte-
gración social, “un origen histórico que se amal-
gama y actualiza por las condiciones estructu-
rales sociopolíticas que se han sostenido por las
características de las relaciones excluyentes que
las élites han establecido con el resto de la socie-
dad y la insurgencia” (Del Río, García, Silva &
López-López, 2012).
Al igual que otros países de América del Sur,
a través de diferentes luchas sociales, movi-
mientos y guerras establecieron un nuevo orden
político, cambiando así las reglas del juego en
la economía, lo cual generó que los empresarios
debieran enfrentar un nuevo escenario nacional
y mundial. Martínez (2001) explica que el cre-
cimiento económico fue menos dinámico que en
las décadas anteriores, pero se mantuvo positivo
hasta nales del decenio, los indicadores socia-
les mejoraron durante los primeros ocho años y
sufrieron un brusco deterioro en los últimos dos
años, de tal manera que hubo un regreso de una
década en los indicadores de desarrollo humano.
Esto ha ocurrido durante los últimos 10 años
de guerra en Colombia y es así como la desa-
celeración económica de las últimas décadas
se atribuye a múltiples causas, algunos opinan
que se debe al necesario ajuste después de una
burbuja de consumo privado y público a lo lar-
go de la década; otros, a las fuerzas de carácter
exógeno a la economía. Inclusive, hay quienes
arman que los éxitos en el desmembramiento
de los grandes carteles de la droga en la segunda
mitad de los años noventa pudieron inuir en la
reducción del crecimiento de la demanda agre-
gada en la economía (Guzmán, Fals & Umaña,
2010, pp.39-40).
El grave deterioro de otros indicadores del
comportamiento político y social en el país,
como la falta de gobernabilidad y de aciertos
para los manejos de la cambiante sociedad polí-
tica, la existencia de esta situación era lo que los
economistas no se habían detenido a analizar, la
violencia y los crímenes de guerra en Colombia,
así como el análisis de los actores involucrados
en el proceso y el establecimiento de nuevas
concepciones paradigmáticas como formas para
la construcción consistente del pensamiento
económico desde lo que ha sido el gasto militar
y el gasto social.
Las teorías del paradigma neo-institucional
presentan una concepción en sus bases primarias
de una sociedad que se debate entre sus propias
dinámicas, en un conicto social y económico
durante estos más de 10 años, donde las reper-
cusiones en la estabilidad en el país a nivel de
inversión, de crecimiento, de expansión econó-
mica han tenido puntos álgidos de inexiones
que en diversas ocasiones lo han colocado en un
profundo subdesarrollo. Las instituciones como
instrumentos de acción han intentado sostener a
la sociedad a través de reinvenciones sociales,
como instituciones formales, se han buscado
desde la Constitución, los códigos, las leyes, los
contratos y demás elementos jurídicos para esta-
216
blecer leyes como la Ley 975 de Justicia y Paz,
Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras;
la Justicia Transicional, propuestas de mitiga-
ción, reparación y no repetición del conicto y
como instituciones informales se ha comprendi-
do desde la interpretación y modicaciones de
las reglas formales, normas de comportamiento,
acuerdos, códigos de conducta o convenciones y
todos aquellos aspectos que están relacionados
con la cultura.
En el siguiente análisis se brindará explica-
ción a la relación entre instituciones y desarro-
llo en Colombia, en el marco del posconicto.
A partir del enfoque vebleniano inspirado en la
teoría de Portes, desde la que se analiza que los
arreglos institucionales por ser actores indivi-
duales, diagnostican la causa de los fracasos que
se generan a través de los ajustes institucionales
debido a que la sociedad siempre está resolvien-
do problemas, atribuyéndolos a la brecha entre
instituciones de movimiento lento y rápido.
La teoría instrumental del valor nos presenta
que se debe conocer el valor de las cosas, desde
la institución se comprende que a medida que
se adquiere el valor por las cosas el ser huma-
no tendrá una acción para un n y la sociedad
resolverá sus problemas. Se sustentará en tres
ejes temáticos el análisis del texto: “Reintegra-
ción en Colombia”, haremos una enunciación
sobre los actores armados en el escenario del
conicto interno. “Denición y caracterización
del papel de las instituciones políticas desde lo
que dene Coase como Coste Social”, en donde,
tomaremos los diferentes hechos violentos para
mostrar el accionar de las fuerzas irregulares,
Grupos Armados Ilegales (GAIL) y al mismo
tiempo analizaremos las estrategias diferencia-
das que el Estado ha utilizado disminuyendo el
gasto público (educación y salud) y redireccio-
nándolo al gasto militar; hay una alta compren-
sión de la importancia que tiene la economía en
las instituciones por la reducción de los costes
de transacción que ha generado el sostenimiento
de la guerra, los cambios de regímenes de polí-
ticos, los parámetros económicos en la sociedad
civil así como las normas y las costumbres, que
han contribuido al detrimento del desempeño
económico en Colombia (Eggertsson, 1990), y
“El estudio del conicto armado, las causas que
lo generan y los aspectos que lo caracterizan, el
papel de las instituciones públicas”. Con el n
de responder a una propuesta de la superación
del conicto social y armado a través de la re-
integración de sus actores, así mismo, analizar
las estrategias que se utilizan para la defensa y
garantía de los principios y obligaciones funda-
mentales planteadas desde los principios de la
economía.
Instituciones estatales y ciudadanía en el
posconicto
Según Nussio (2009, citado por Mago, 2011),
Colombia es un país que asume la totalidad de
la responsabilidad institucional y además de
esto garantiza la propiedad nacional del desar-
me, desmovilización y reintegración e involucra
organizaciones internacionales en tareas de eva-
luación, monitoreo, ejecución de proyectos en
pro de estos procesos y acompañamiento a los
sujetos desmovilizados.
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Sin embargo, en este análisis la hipótesis que
se plantea es que en Colombia el desarrollo ha
sido insuciente porque no hay instituciones
estatales adecuadas y sostenibles, reejo de la
estructura social (infraestructura social, capital
social y política). Las instituciones como “há-
bitos de pensamiento” presentan un intento por
interpretar y explorar las relaciones políticas con
el desarrollo de los eventos que se han presen-
tado a raíz de la violencia sociopolítica en Co-
lombia, intentan responder a una necesidad de
una sociedad civil reintegrada como medida de
disminución de la violencia. Las instituciones
que son resilientes y que cambian frecuentemen-
te traen consigo inestabilidad política, debido a
que se genera inseguridad en la prevalencia de la
garantía de los derechos y las oportunidades en
la sociedad civil. Un estado judicial débil en la
introducción del reconocimiento de ciudadanía
implicó que en las zonas rurales de Colombia el
conicto se agudizara y perpetuara a las zonas
urbanas, factores estructurales que hoy enmar-
can la depredación social y violenta.
Ahora bien, la ciudadanía se puede denir
como el locus en el que tanto el sujeto político
como el sujeto ético despliegan su acción colec-
tiva e individual, respectivamente. De esta ma-
nera “se construye comunidad, pero al mismo
tiempo se persigue alcanzar la realización de los
propios proyectos individuales. La ciudadanía
es, entonces, el lugar en el que convergen, en la
práctica, y se complementan, el ethos y la polis
como concreción de la experiencia y del proyec-
to humano” (Universidad La Salle, s.f.).
Asimismo, la reintegración social es vista
como una salida, una oportunidad, un proceso
de suma importancia en el retorno de los desmo-
vilizados, víctimas y otros actores que surjan en
el panorama de la guerra, ya que los habilita y
protege, brindándoles las herramientas necesa-
rias para su reinserción en la sociedad, al tiempo
que contribuyen a la sostenibilidad. En el Plan
Nacional de Desarrollo 2006-2010 publicado en
el año 2007 y bajo el mandato del expresiden-
te de Colombia Álvaro Uribe Vélez, se mostró
por primera vez la importancia de “reintegrar a
cambio de reinsertar”, lo cual evidenció un cam-
bio, no solo semántico sino además de visión y
objetivo con respecto al tratamiento de los des-
movilizados y la forma de lograr su inclusión en
la sociedad colombiana. El proceso de reintegra-
ción en la actualidad está enmarcado en la en-
señanza de habilidades sociales, competencias
ciudadanas, corresponsabilidad, reconciliación,
etc.
Según el Instituto de Investigación y Debate
sobre la Gobernanza (IRG) (2015), la política
estatal de DDR (Desarme, Desmovilización y
Reintegración) en Colombia concibe el tránsito
de los excombatientes de grupos armados ilega-
les a la ciudadanía como un proceso de adapta-
ción al orden urbano y legal. Lo plantea como
un proceso de construcción de un individuo pro-
ductivo que respeta las normas, los comporta-
mientos de la civilidad y que está en proceso de
tener un manejo correcto de las emociones. De
manera antagónica con la denición estatal, al-
gunos excombatientes asocian la ciudadanía con
la garantía de sus derechos.
Es así como el Instituto expone lo siguien-
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te: los desmovilizados son personas que están
en tránsito a la civilidad dado que vienen de un
orden ilegal de vuelta a un orden legal. Por ello
la relación que aquí se ejemplica no es entre
ciudadanos civiles y el Estado, es entre excom-
batientes en proceso de ser ciudadanos y las ins-
tituciones estatales. Así mismo, la noción estatal
de ciudadanía está asociada con la construcción
de un individuo pacicado y del aprendizaje de
un “correcto manejo de las emociones, factores
que denen la construcción de ciudadanos en
las sociedades modernas. (Instituto de Inves-
tigación y Debate sobre la Gobernanza (IRG),
2015, p.55).
Ahora bien, para explicar el conicto a partir
del análisis de los desajustes estructurales de la
sociedad y de la macroeconomía, el desempleo,
la desigual distribución de ingreso y la inación
generan penuria económica (Sneyder, 1975, ci-
tado en Martínez, 2001). También inuye la in-
capacidad política de los gobiernos para satisfa-
cer las demandas de la población y las variables
sociosicológicas, relacionadas con la frustración
de los individuos generada por el entorno, se han
utilizado para explicar en forma holística otras
causas del conicto. Veblen (1899) explica que
el fundamento en que se basa habitualmente
cualquier discriminación entre hechos cambia
con el interés que determina el modo de consi-
derar esos hechos. Una sociedad con un poder
económico más concentrado y que practica la
exclusión política-social. Generando una agen-
da de cambios institucionales sobresalientes y
sustanciales de hechos iluminados por el interés
dominante del medio.
El punto de vista particular o la especial ca-
racterística que se toma como denitiva en la
clasicación de los hechos de la vida depende
del interés en consideración al cual se trata de
hacer la discriminación de los hechos. Por con-
siguiente, los fundamentos de la discriminación
y las formas de procedimiento para hacer la cla-
sicación cambian según avanza el desarrollo de
la cultura.
La transformación material de la socie-
dad debe ser a partir de la educación, desde la
concepción de un desarrollo social. En Veblen
(1899) la postura económica institucional pre-
senta una explicación de cómo es el individuo,
el cual se caracteriza por su instinto, se reconoce
que de manera instintiva reacciona ante la toma
de una decisión, y se materializa en la acción
de su comportamiento, siendo así, que las si-
tuaciones materiales constituyen el factor más
signicativo de propensiones y preconcepciones
acerca del mundo.
Si las instituciones son hábitos de pensamien-
to, deberían no reducirse a instituciones forma-
les, como la Constitución, la justicia, las leyes
o los derechos de propiedad. Es una digresión
entre los elementos de la economía institucional
original y sus desarrollos frente a lo que hemos
conocido en América Latina como tendencias
estructurales formuladas. Las variables tradicio-
nales que los economistas usan para explicar el
crecimiento y el desarrollo tenían un referente
poco explicativo en una región afectada por el
rezago relativo en comparación con el promedio
nacional; en el caso Colombia, por ejemplo, se
maneja un modelo económico de centro, el cual
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no brinda una respuesta de desarrollo favorable
debido a la diversidad cultural que se presenta
como en la costa Caribe o el Pacíco. El rol de la
cultura y de los valores en el desarrollo surge de
gran interés para la teoría económica de los va-
lores, ya que las valoraciones dadas por el prag-
matismo racional revelan un factor interesante
de análisis si se observa como economía regio-
nal sobre las cuales permite el análisis desde la
realidad y desde los diferentes sistemas, cómo
se construyen las diferentes estructuras que dan
origen a las instituciones, destacando la cultura
como un elemento de análisis de estas construc-
ciones sociales.
Uno de los pensadores de la escuela institu-
cionalista, Commons, se concentra en el estudio
de la ley, los derechos de propiedad y las organi-
zaciones, su evolución e impacto sobre el poder
económico y legal, las transacciones económi-
cas y la distribución de ingreso. A partir de allí,
Commons, a diferencia de Veblen, concluye que
la instauración de instituciones es el resultado
de un proceso formal e informal de resolución
de conictos. EI éxito de la institución va a de-
pender de la generación de un valor razonable
acordado al cese del conicto (Martínez, 2001).
Estos lazos con agentes del Estado, unidos a
aquellos establecidos con las élites terratenien-
tes regionales y con el narcotráco, permitieron
que los grupos paramilitares construyeran unas
estructuras de poder político y económico mu-
cho más fuertes e importantes que su poder mi-
litar.
Por ende, a pesar de que en el año 2002 estos
actores iniciaron negociaciones con el gobierno
colombiano, es dudoso que esos procesos de
negociación y desmovilización puedan condu-
cir por sí solos al efectivo desmonte de las es-
tructuras de poder paramilitar y, por esa vía, a la
garantía de no repetición de las atrocidades. En
efecto, es posible que estas estructuras de poder
permanezcan intactas, e incluso que salgan for-
talecidas en virtud de un proceso de legalización
(Guzmán, Sánchez & Uprimny, 2010).
En un país como Colombia, donde el conic-
to armado se ha extendido por más de cuarenta
años, el desarme es fundamental, no solo para
superar la confrontación armada sino para mini-
mizar los riesgos de un posible relapso, así como
los brotes de nuevos tipos de violencia en el pe-
riodo que le siga al n de la guerra. El desarme
no suele pensarse ni es un componente particu-
lar y aislado dentro de un proceso u operación de
paz, va incluido con los programas del Desarme,
Desmovilización y Reinserción (DDR). Des-
de la década de los ochenta, los programas del
DDR han venido cogiendo fuerza en el ámbito
global. Después de la Guerra Fría, los enfrenta-
mientos interestatales dieron lugar a los conic-
tos internos, como aquellas guerras que, con ma-
yor frecuencia, se desataron en diferentes partes
del mundo. En estas, el Estado se enfrentaba a
uno o más grupos armados no estatales y/o ha-
bía choques entre dos o más de estos, quienes se
valían de armas para el desarrollo de su lucha
(Joya, 2015).
Desde un enfoque que brinda una anatomía
del conicto, la escuela neo-institucionalista,
cuyo pensador más destacado es Douglas Nor-
th, comienza a adquirir la forma de un cuerpo
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teórico, estructurado alrededor de aportes diver-
sos. Entre ellos se destacan los trabajos sobre
derechos de propiedad y ley común (Demsetz &
Alchian, 1972), que analizan el proceso de elec-
ción pública; la búsqueda de rentas públicas y
las coaliciones distributivas, los estudios de las
organizaciones, los costos de las transacciones
(Coase, 1996; Williamson, 1985) y la teoría de
la agenda (Jensen y Mecklin, 1976, citados por
Martínez, 2001).
Desarrollo económico en el marco del pos-
conicto
Para Ibáñez y Jaramillo (2006) las conse-
cuencias del conicto pueden ser sustanciales,
ya que el conicto armado genera la reasigna-
ción, destrucción y erosión del capital, generan-
do así un gran deterioro del crecimiento econó-
mico de un país. Para estos mismos autores este
impacto se profundiza debido a las presiones s-
cales generadas por las necesidades inherentes a
nanciar una guerra interna y al declive en las
tasas de ahorro e inversión. En segundo lugar, el
conicto obliga a los agentes económicos, tanto
a las rmas como a los hogares, a modicar su
comportamiento y escoger alternativas con re-
tornos económicos menores y con menor riesgo,
para así proteger su capital (Ibáñez & Jaramillo,
2006, p.94).
Asimismo, el coste social examina la inuen-
cia de la ley sobre el funcionamiento del sistema
económico, si los derechos de realizar algunas
actividades. Objetivos a identicar las fuentes
de los costos de transacción (aquellas caracterís-
ticas o dimensiones de una transacción que ha-
cen el intercambio problemático o sumamente
costoso) y especicar el mecanismo de gobierno
que puede coordinar de la manera más eciente
la transacción, de tal forma que se logren econo-
mizar dichos costos.
La eciencia se constituye en el criterio con el
cual medir el desempeño, que se entiende como
una forma de economizar costos y se atribuye a
formas organizadas (mercados o jerarquías, en
la terminología de Williamson). Una transacción
es la transferencia de bienes y servicios a lo lar-
go de una frontera organizacional o, como diría
Williamson, “a lo largo de una interfase tecnoló-
gica separable” (Williamson, 1981, p.552).
Es un concepto que incluye tanto la noción
de intercambio como la de contrato. La de inter-
cambio de derechos de propiedad por bienes y
servicios no implica una promesa de responsabi-
lidad futura y está típicamente ejemplicada por
transacciones en el mercado spot. El contrato sí
supone una promesa de desempeño futuro, esen-
cialmente porque una parte ha hecho una inver-
sión y su retorno depende del comportamiento
de la otra parte en el futuro. Este tipo de tran-
sacciones, donde se intercambia una promesa de
desempeño futuro (Alchian & Woodward, 1988,
p.66) y se establece un contrato. Si aplicamos
los conceptos de North a la institución pública,
tenemos que el incentivo de seguridad democrá-
tica, aumento del gasto militar y seguridad so-
cial trajeron una seguridad social que el país ne-
cesitaba pero condujo a un desequilibrio social
y educativo. Presentando una nueva forma de
institucionalidad política, la cual se estructuraba
en los índices de violencia, en la guerra de las
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zonas rurales, que se extendían hasta las zonas
urbanas con los secuestros.
Al introducir la dimensión temporal al aná-
lisis, se puede entender el cambio institucional
entre la política de seguridad democrática del
presidente Uribe (2002-2010) y la política de
paz, equidad y educación del presidente San-
tos (2010, hasta la actualidad). La experiencia
acumulada por una sociedad, su aprendizaje
colectivo, determina la evolución histórica y
su existencia quizas garantiza que resuelva sus
problemas. No siempre los arreglos que persis-
ten en una economía son los más ecientes. La
pathdependance se maniesta en la forma como
ciertos ‘accidentes’ iniciales determinan la senda
subóptima y excéntrica en que puede evolucio-
nar una economía (Martínez, 2001). Muy buena
parte de la senda de desarrollo de una sociedad
está condicionada, entonces, por su pasado. Para
esta escuela, la violencia puede verse como par-
te del cambio institucional. North (1981) dice
que los cambios violentos o discontinuos pue-
den aparecer cuando el contexto institucional
hace imposible que los jugadores efectúen nue-
vos acuerdos y compromisos, de manera que se
dé un nuevo arreglo institucional. En ese caso, la
violencia puede ser la única salida. Un aspecto
importante para rescatar de este enfoque es su
insistencia en la especicidad de cada caso his-
tórico y la imposibilidad de una teoría general.
Dentro de los cambios institucionales que lo-
gró la violencia esta el de la transición de ajus-
tes entre el marco de la Ley de Justicia y Paz
a la Ley de Justicia Transicional, evidenciando
una vez más que cuando los cambios son dis-
continuos, se revisa cuidadosamente la obra de
Eggertsson (1990) y North (1981, 1990), cita-
dos en Parada (2003) analizamos que el decai-
miento de la ley de justicia y paz se interpreta
como una asignación a un mayor papel a las
instituciones informales en la determinación del
comportamiento humano. Williamson (1985)
postula al individuo que no maximiza la utilidad
sino que es un ser racional limitado (los agentes
humanos son intencionalmente racionales pero
tienen limitaciones), presentando dos supuestos
de comportamiento que son esenciales. Primero,
toma de H. A. Simon la noción de racionalidad
limitada en contraste con el supuesto neoclásico
racionalista de la maximización de los bene-
cios. Para Simon (1961, p.24), los actores son
intencionalmente racionales, pero solo limitada-
mente. Esta idea proviene de su visión de que la
rma moderna está compuesta por un conjunto
de agentes que toman decisiones en forma coo-
perativa y que deben tomar sus decisiones con
base en capacidades limitadas, restringidos por
información limitada y ligados al grupo por
vínculos personales y sociales.
Las rmas individuales no se esfuerzan por
maximizar los benecios sino por encontrar
soluciones a los problemas que enfrentan. En
suma, las personas no saben todo y cometen
errores; además, cada persona sabe cosas dife-
rentes (Alchian & Woodwards, 1988).
El segundo supuesto que Williamson (1985,
p.47) adopta en su obra teórica es que los agen-
tes económicos son afectados por el oportu-
nismo, al que caracteriza como búsqueda del
interés propio con astucia. El oportunismo lle-
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va a diseñar protecciones apropiadas para los
contratos entre las partes. Además, el individuo
sigue un comportamiento oportunista y astuto
(Willianson, 1985, pp.388-389). Este supuesto
a priori sobre el comportamiento humano aún
se mantiene en la ontología individualista de la
economía neoclásica, dando así una explicación
a la revalidación de la ley y cambiando la ins-
titucionalidad en la creación de lo que hoy se
dene como Justicia Transicional en Colombia,
donde el gran logro es la construcción del mode-
lo PAPSIVI (Programa de Atención Psicosocial
y Salud Integral a Víctimas).
Para las personas que se desmovilizan se
generan cambios sobre las dinámicas y grupos
sociales que cumplen el papel de receptores de
los excombatientes reconociendo así a dichas
comunidades como entes que directa o indirec-
tamente formaron parte del conicto, la mayoría
de las veces en condición de víctimas.
Las representaciones sociales, políticas y
económicas surgidas de este proceso entre los
distintos grupos humanos suelen conllevar al
desarrollo de niveles variables de identicación
frente al grupo social en cuanto a que redene
las reglas del juego y genera cambios en la es-
tructura a través del proceso político. Razón por
la que North armaba que la historia económica
concebida como una teoría de la evolución de las
restricciones no solo debe explicar el desempeño
económico, sino que también debe proporcionar
al cientíco social moderno el marco contextual
evolutivo para explicar el desempeño actual del
sistema político económico (North, 1981, p.20).
Estos procesos dinámicos de la sociedad como
lo ha sido la violencia, generan tensiones per-
manentes entre las ganancias de las actividades
económicas así como el incremento de los cos-
tos que surgen en el proceso de especialización.
Este incremento de los costos de transacción,
costos de información, costos de agencia, costos
de evasión y oportunismo, costos derivados de
la incertidumbre, costos de medir la calidad de
los bienes y de la producción, costos de obser-
vancia de los derechos de propiedad y costos de
acatamiento y de detección de las violaciones
redene las reglas del juego y genera cambios
en la estructura a través del proceso político.
El desmontaje de las estructuras paramilita-
res implica la devolución al medio social, eco-
nómico y político de individuos con caracterís-
ticas personales y psicológicas moldeadas por
la inuencia de las condiciones de ilegalidad,
la ereza de la formación militar y el desarrollo
de acciones bélicas que representan agresiones
sistemáticas contra una sociedad, los cuales no
solo desestabilizan un país sino que también in-
uyen de manera directa en sus procesos econó-
micos. El reconocimiento del impacto de tales
acciones sobre la sociedad y el encuentro bajo la
condición de miembro de dicha sociedad puede
inducir al desarrollo de características particula-
res de sus redes de socialización, moldeando sus
patrones de intercambio y apoyo social e inu-
yendo en los indicadores de desarrollo humano
y social de un país.
El acompañamiento que se debe brindar para
lograr la disminución de la violencia política y
el mejoramiento económico, en las víctimas y
desmovilizados debe estar acompañado de un
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proceso social y económico donde todas las
medidas de atención, asistencia, reparación in-
tegral y demás intervenciones sean dirigidas y
realizadas a las víctimas, con el objetivo de re-
ducir y solventar los impactos ocasionados por
las infracciones al DIH o las violaciones graves
y maniestas a los DDHH. Según este enfoque,
de acuerdo con los que lo agentes crean sobre la
duración del conicto. Si creen que es perma-
nente, sus decisiones intertemporales se afecta-
rán y habrá un impacto sobre el tipo y ritmo de
crecimiento de la economía. Así como sobre la
acumulación de capital, bajo las formas de capi-
tal físico, humano y social.
Este último corresponde a la noción institu-
cionalista del proceso de construcción social,
que permite ordenar las relaciones de poder y la
economía en una sociedad. Cuando el conicto
vulnera la fortaleza de las instituciones resultan-
tes de esos arreglos, se debilita el crecimiento de
la economía. Con respecto al capital físico. El
conicto puede destruirlo a impedir su forma-
ción, mediante la reducción de la capacidad de
la sociedad para absorber la tecnología, debido
a la incertidumbre de los agentes. Como mues-
tran Echeverry, Salazar Navas (2001, citados en
Martínez, 2001), el conicto puede alterar ade-
más la acumulación del capital físico, a través
de su erosión, destrucción a reasignación a otros
usos. Se puede deteriorar su valor, se puede des-
truir físicamente o se puede reasignar a otros
usos no óptimos. Todo ello trae consigo debido
al debilitamiento de las instituciones en Colom-
bia un notable incremento del gasto militar.
Otra explicación del proceso de posconicto
y el costo de la institución política por recons-
truir la sociedad, nos lo explica North (1990,
p.86) desde lo que para él es “la necesidad de
ir más allá del principio de economización para
explicar el cambio institucional. Este es un
avance con respecto a sus obras iniciales, donde
aceptaba la teoría neoclásica de las instituciones
basada en la eciencia”. Un enfoque de negocia-
ción explica la estabilidad de la sociedad, aleján-
dose de la tesis de la corriente principal acerca
de la evolución de las instituciones. En cierta
medida, North y más cerca de las ideas de Com-
mons sobre el poder económico basado en los
límites de la coerción que denen el conjunto
de posibles resultados entre las partes involucra-
das en la transacción, aceptando que las restric-
ciones informales son una fuente importante de
estabilidad institucional a pesar de los cambios
discontinuos causados por las revoluciones y los
cambios radicales de las reglas formales, como
descubrieron los cientícos sociales en las eco-
nomías de Europa Oriental después de la caída
del socialismo. Es igual que los viejos institu-
cionalistas antes que él, considera que las res-
tricciones informales tienen gran tenacidad de
supervivencia porque aún resuelven problemas
básicos de intercambio entre los participantes,
bien sean sociales, políticos o económicos (Nor-
th, 1990, p.91).
Es así que las organizaciones mediante su
interacción con las instituciones van a tejer el
proceso de cambio institucional. La dicotomía
económica permite esta variabilidad ya que aún
estamos suspendidos en cómo debemos medir la
economía, cómo debe crecer la economía, y a
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qué le apuntamos económicamente. Desde esas
perspectivas las diversas agencias deben denir
proyección del capital social, humano y econó-
mico.
Hay una realidad en Colombia, que la hace
diferente de otros países. No basta decir que hay
narcotráco y grupos armados, que la ecien-
cia de la justicia es baja, que el pie de fuerza es
precario, para tener las bases de la solución de
la violencia en Colombia. De la misma mane-
ra, no basta con decir que las inequidades son
grandes y que no ha habido inclusión política
y social. La negociación de paz en curso revela
la voluntad del Estado y de la sociedad colom-
biana, de darle una salida política a un conicto
cuya importancia se reconoce. Se acepta que el
interlocutor no es un delincuente sino, en pala-
bras de Rubio (1998), un ‘bandido social’, un
‘individuo’ de extracción popular, que se rebela
contra el soberano injusto”. EI resto de la cita,
“y que cuenta con un amplio apoyo entre las
clases campesinas”, podrá ser objeto de mayor
discusión (Rubio 1998, p.121, citado por Mar-
tínez, 2001). La construcción de consensos y de
análisis que rescaten lo que tienen de valioso
las diferentes perspectivas puede contribuir a la
búsqueda de la solución denitiva al conicto.
La potenciación del capital social en su re-
lación con el empoderamiento (Bourdieu, 1985,
citado en Lorenzelli, 2004), uno de los concep-
tos más utilizados, actualmente, en la formula-
ción de las políticas sociales, es un medio para
alcanzar un verdadero desarrollo humano, el que
es citado por Rosa Helena Stein (2003) como
un proceso a través del cual se amplían las
oportunidades de los individuos, entre ellas,
una vida prolongada y saludable, acceso a
la educación y a los recursos indispensables
para un nivel de vida digno como el econó-
mico. Además, concede un gran valor a las
libertades política, económica y social, la
posibilidad de ser creativo y productivo, el
respeto a sí mismo y el disfrute de la garantía
de los Derechos Humanos (p.10).
Es así entonces que los aspectos principales
que se destacan, en esta denición, son la for-
mación de capacidades y la utilización positiva
que deben hacer de ellas los individuos para la
construcción de una sociedad reintegrada a nivel
rural y urbano en el marco de un posconicto.
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