* El presente artículo se deriva del proyecto de investigación sobre las Reformas al Procesal Penal en Chile.
** Abogado y Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Católica de Chile. Postitulado en Derecho Penal Universi-
dad de Salamanca, España; Profesor de Derecho Procesal Penal y Litigación Penal Estratégica Universidad Alberto Hurtado de Chile.
Coordinador Nacional del Proceso de Reforma Procesal Penal en Chile (1998-2000) y asesor de Procesos de Reforma Procesal Penal
en México, Panamá, República Dominicana y Perú. rblanco@uahurtado.cl
Los problemas de las
reformas al proceso penal.
Una necesaria visión desde lo
multidisciplinario*
The problems of the reforms to the
penal process. A necessary view from the
multidisciplinary thing
Rafael Blanco Suárez**
Recibido: 15 de octubre de 2013 / Aceptado: 27 de noviembre de 2013
Resumen
Las reformas a los sistemas de justicia y en especial a los mecanismos de
persecución y enjuiciamiento criminal requieren para su implementación de
diseños y modelos, que integren las variables normativas o de cambio institu-
cional, con lógicas y ópticas multidisciplinarias, que abarquen aspectos ligados
a los impactos en la gestión de los actores y operadores del sistema de justicia
penal, impactos en los niveles administrativos, impactos en los sistemas de in-
formaciones, análisis de las variables asociadas a los temas de infraestructura,
cuanticación nanciera del cambio, dimensionamiento de los impactos cultu-
rales y análisis de la gestión política de los procesos de reforma. Prescindir de
este enfoque arriesga problemas tales como dilación de procesos judiciales por
errores en los mecanismos de organización del despacho judicial o dilaciones
ligadas a cálculos errados en los números de operadores necesarios para actuar
en el nuevo proceso. Los problemas de implementación pueden estar asimismo
ligados a problemas en los sistemas de información y traspaso de información,
impidiendo que se tenga a tiempo los materiales para litigar y fundar peticiones
en las audiencias, entre otros aspectos.
Abstract
The judicial system reforms in special to the prosecution’ criminal cases,
to need for apply models integrate these law standards or institutional change,
with multidisciplinary perspectives and will be shown how the phenome-
non is perceived by judicial system operator and various aspects law penal.
Likewise,actual effect or impacts on administrative level, information systems,
analysis’ variables, aspect infrastructure economy, nancial change, to plan the
cultures impact and the development politics the reform process, because if it
approach is unknown, deleted or wrong it can to discontinue the new process.
Additionally, the information’ problems can to berelationed or connected and
transfer, affecting to time, the access to time the materials for litigate support
these allegations in the audiences litigate.
Palabras clave:
Gestión del cambio,
Perspectiva multidisciplinaria
y Reformas judiciales.
Key words:
Management of change,
Multidisciplinary perspective
and Judicial reforms.
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INTRODUCCIÓN
Las reformas a los sistemas de persecución
y enjuiciamiento criminal en los distintos paí-
ses de América Latina presentan altos niveles de
similitud en sus estructuras normativas, en las
nomenclaturas y conguración de sus medidas
cautelares, salidas alternativas, y modelos de
juzgamiento penal. Pese a lo anterior, los resul-
tados han sido dispares a la hora de medir sus
éxitos y el logro de estándares de acceso a la
justicia, oportunidad de la respuesta penal, y
transparencia de su funcionamiento.
Lo anterior encuentra en parte su explica-
ción en la fuerte focalización de los esfuerzos
en cuestiones puramente normativas, relegando
aspectos relevantes como los institucionales,
organizacionales, administrativos, nancieros,
de capacitación, de rediseño de procesos, entre
otros, a un lugar secundario (Alvear, 2010, pp.
23-28).
Tal vez sea hora de entender que el problema
de la estructuración de los sistemas de proceso
penal y de justicia en general, supone un fuerte
diálogo interdisciplinario con economistas, in-
genieros informáticos, expertos en sistemas de
información, modelador de proceso, experto en
educación y capacitación, entre otros. La mirada
combinada de estas disciplinas puede presentar
un mejor cuadro de opciones y consecuencias,
que permita mejores decisiones de política pú-
blica y nalmente generar un mejor sistema de
justicia (Alvear, 2010, pp. 99-100).
En el presente trabajo intentaré delinear los
temas y áreas donde la convergencia interdisci-
plinaria resulta especialmente importante y útil
a los nes de lograr los objetivos de las reformas
a los procesos de persecución y enjuiciamiento
criminal, mejorando de este modo la capacidad
de respuesta de los procesos de reforma. Entre
las variables disciplinarias más relevantes que
es posible identicar, de múltiples experiencias
de reforma a los procesos penales, y que poseen
fuerte vinculación con el grado de éxito de tales
procesos, se encuentran las siguientes:
- Variables vinculadas a los aspectos político-
institucionales.
- Variables asociadas a las ciencias de la edu-
cación.
- Variables asociadas a los aspectos organiza-
cionales.
- Variables asociadas a los aspectos de Recur-
sos Humanos.
- Variables asociadas a los aspectos nancie-
ros.
- Variables vinculadas a los sistemas de infor-
mación.
- Variables asociadas a los aspectos de infraes-
tructura.
Aspectos nucleares del cambio. Identica-
ción de los objetivos justicativos de la refor-
ma
La reforma al sistema de justicia penal, eng-
lobando en ello cambios en las reglas de perse-
cución penal y enjuiciamiento criminal, suelen
reclamarse para mejorar los problemas asocia-
dos a ella y atender las demandas de los ciuda-
danos. El problema se inicia cuando el proceso
de cambio adquiere una dinámica centrada más
bien en las expectativas, acomodos y exigencias
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de los operadores del sistema, y no en las legíti-
mas y razonables demandas del destinatario real
de las reformas, cual es el ciudadano que recla-
ma justicia desde la vereda de las víctimas o de
los victimarios.
La reforma arriesga de ese modo convertir-
se en un proceso de debate y análisis técnico,
alejado de los problemas reales, centrado en la
resolución de problemas institucionales, que no
necesariamente repercuten de forma positiva
ante las expectativas ciudadanas. De lo que se
trata entonces, es identicar desde el inicio del
proceso y con mucha claridad, los problemas del
sistema de justicia penal, levantar información
objetiva para efectuar diagnósticos y generar
una matriz de cambio sustentable con datos es-
tadísticos y empíricos que orienten el proceso de
transformación.
En este punto lo que corresponde es eviden-
ciar los objetivos que la reforma persigue, las
normas e instituciones que se usarán para con-
seguir tales objetivos y los posibles resultados
esperados. Entre los objetivos que suelen estar
presentes a la hora de desarrollar un proceso de
reforma aparecen los siguientes:
a. Mejorar los niveles de publicidad y transpa-
rencia en las que se desenvuelve el sistema
penal.
b. Mejorar los tiempos de respuesta del sistema
penal entre la denuncia de un delito, la deci-
sión y resolución del caso.
c. Mejorar el debido proceso en su integralidad,
esto es, asegurar un alto nivel de respeto y
resguardo de los derechos de quien aparece
como perseguido por el estado en materia
penal.
d. Generar un modelo de justicia comprensible
y accesible para el ciudadano.
e. Dotar de racionalidad la respuesta penal de
conformidad, al tipo de ilícito cometido y las
características del imputado o acusado.
f. Generar condiciones para proteger y atender
las legítimas demandas de las víctimas de de-
litos, en el curso del proceso penal.
g. Construir un proceso penal dotado de jueces
genuinamente imparciales y de scales obje-
tivos en su labor persecutoria.
h. Instalar un sistema procesal penal dotado de
capacidades para alcanzar razonables niveles
de paz social y permitir la convivencia de
una mejor persecución del delito y un debido
proceso.
Los pasos siguientes del proceso de reforma
deben estar centrados en la necesidad de identi-
car las normas, instituciones, reglas, protoco-
los, acuerdos institucionales y planes de instala-
ción que permitan satisfacer estos objetivos. Al
mismo tiempo, se requiere que cada etapa del
proceso contemple el modo de garantizar que
estos ejes o nortes no sean afectados por dilemas
políticos coyunturales, falta de voluntad políti-
ca, sostén nanciero, o problemas organizacio-
nales o de gestión.
Probablemente, se requiera adicionalmente
la capacidad de identicar cuáles de los obje-
tivos descritos anteriormente podrán alcanzar-
se razonablemente y en qué tiempo, a la par de
focalizar los problemas que deberán ser sortea-
dos para alcanzar tales ejes. En otras palabras,
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se debe entender que ninguna reforma es capaz
de lograr el conjunto de los objetivos trazados
en forma simultánea, siendo necesario priorizar,
denir ex ante los ejes o nudos críticos de cada
etapa y sincerar los aspectos en los que segura-
mente habrá de enfrentarse a problemas o dere-
chamente fracasos.
Lo señalado posee dimensiones técnicas y
políticas y debe buscarse la forma de presentar
de modo acertado las bondades de la política pú-
blica que se desea instalar, al tiempo de evitar
la generación de sobreexpectativas, que pueden
afectar la legitimidad del proceso o la percep-
ción de éxito político del mismo.
Temas legales críticos a considerar
La identicación de los objetivos enunciados
en el apartado precedente deben ser capaces de
orientar las decisiones normativas, que sirven de
base para la construcción de un nuevo código de
reglas procesales, capaces entonces de satisfacer
tales objetivos y alcanzar metas realistas y rele-
vantes en torno a un nuevo sistema de justicia
criminal.
Corresponde entonces intentar la identica-
ción de las normas e instituciones más relevantes
tras los procesos de reforma, capaces de lograr
las metas de política pública trazadas y el logro
de los objetivos descritos. Entre tales normas e
instituciones aparece necesario, por su impor-
tancia incidencia y vinculación con los objetivos
descritos, relevar y destacar las siguientes:
- Estructuración de las fases más relevantes
del proceso penal y los objetivos centrales de
cada una de ellas.
- Estructuración de las instancias de debate
bilateral, concentrados, con lógicas de inme-
diación, publicidad y oralidad del nuevo mo-
delo también denominadas audiencias y los
objetivos a alcanzar en cada una de ellas.
- Construcción del juicio penal y de las condi-
ciones de impugnación del mismo.
Estos tres elementos centrales y estructuran-
tes, dan paso luego a las deniciones más es-
pecícas del sistema procesal penal que pueden
identicarse como las siguientes:
a. Reglas sobre selectividad penal.
b. Reglas sobre salidas alternativas.
c. Atribuciones autónomas de la policía en la
fase de investigación penal.
d. Reglamentación de las medidas cautelares e
intrusivas.
e. Reglamentación de los procedimientos espe-
ciales.
f. Reglamentación del sistema recursivo.
a. Selectividad penal
La selectividad penal, asociada a las ideas de
principio de oportunidad, archivo de causas por
falta de antecedentes, falta de elementos legales
para fundar la persecución o aplicación de pena
natural, corresponde a formas de racionalizar la
labor de investigación criminal, seleccionando
los casos en los que resulta fundado y racional,
no iniciar o no continuar una persecución del de-
lito en cuestión.
De lo que se trata es de focalizar los escasos
recursos, en aquellas hipótesis en las que resulta
técnicamente plausible o justicable la investi-
gación de los hechos ilícitos para dotar de sen-
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tido el uso de aparataje estatal de la policía y el
Ministerio Público (Stippel & Marchisio, 2002,
pp. 24-28).
Estos mecanismos de selección de casos re-
sultan en cualquier caso inevitables en los siste-
mas de justicia, siendo las verdaderas alternati-
vas, entregar estas decisiones al arbitrio de los
operadores sin control o reglas conocidas o bien,
identicar criterios, reglas, estándares conoci-
dos y controlables, con base en los cuales se rea-
lizará la selección de casos para la persecución.
Parece ampliamente razonable inclinarse por la
segunda de las opciones en debate.
Un riesgo que debe tenerse presente y al cual
debe prestarse atención al momento de estruc-
turar los sistemas de selectividad, dice relación
con el modo de controlar que las decisiones
estén motivadas efectivamente en argumentos
técnicos y no en dilaciones indebidas o en pro-
blemas de eciencia en las investigaciones. Una
segunda prevención dice relación con la nece-
sidad de establecer sistemas de control sobre
el uso de estos mecanismos y de la relación y
explicación, que naturalmente exigen estas de-
cisiones de cara a los usuarios del sistema penal.
b. Salidas alternativas
Las salidas alternativas al juicio penal tie-
nen relevancia desde distintos ángulos, ya que
pueden justicarse a partir de la necesidad de
controlar la demanda por juicios en aquellos ca-
sos más complejos y graves, permitiendo el uso
de mecanismos de solución diferentes para los
ilícitos de menor lesividad y gravedad jurídico
penal. Otra aproximación justicativa del uso
de sistemas alternativos, dice estar en relación
con la búsqueda de soluciones que permitan
considerar e integrar de modo más intenso las
voluntades e intereses de las partes en disputa,
facilitando el restablecimiento de la paz social
quebrantada con el supuesto ilícito. En cualquie-
ra de los dos casos, la incorporación de salidas
alternativas suele ser un elemento central en la
conguración de los nuevos sistemas procesal
penales de corte acusatorio.
Una prevención necesaria de efectuar en re-
lación al uso de las salidas alternativas está di-
rigida a la forma de diseñar y ejecutar sistemas
de control sobre su cumplimiento efectivo, dado
que muchas de estas medidas resultan en prohi-
biciones dirigidas al imputado. La variedad de
medidas y la dicultad sobre el control de las
mismas, imponen a las autoridades el diseño de
mecanismo o fórmulas ecientes para la deten-
ción temprana y sanción de estas transgresiones.
c. Atribuciones autónomas de la policía en
la fase de investigación penal
Uno de los ejes más complejos y controver-
tidos de todo sistema penal y de persecución del
delito, dice relación con la determinación de las
facultades que ostentarán las policías en la in-
vestigación de los ilícitos; y cuáles de ellas po-
drán ser ejercidas de forma autónoma o mejor
dicho con mecanismos de control ex post, ya sea
por parte del scal, del Ministerio Público o del
juez de garantía o control. Este debate se desa-
rrolla entre la tensión de la eciencia y ecacia
de la persecución del delito por una parte y la
protección de derechos y garantías de los justi-
ciables por otra.
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Probablemente deba estructurarse un catálo-
go cerrado y excepcional de hipótesis, donde la
atribución autónoma de actuación encuentra su
justicación y al mismo tiempo sus orígenes, en
el diseño de mecanismos efectivos y oportunos
de control de estas atribuciones. Parte de los ejes
de control pueden estar alojados en la Fiscalía
y otros tantos deben dar forma a audiencias de
control de la detención como control jurisdiccio-
nal de estas medidas. (En general los Códigos
latinoamericanos tienden a incorporar dentro de
las atribuciones autónomas de la policía el dete-
ner en casos de agrancia, recibir declaraciones
de testigos, proteger el sitio del suceso, prestar
auxilio a la víctima, entre otras).
d. Reglamentación de las medidas cautela-
res e intrusivas
Uno de los temas más complejos de estructu-
rar está en relación con el catálogo de medidas
cautelares e intrusivas que los códigos regularán
y el modo en que ellas deberán fundarse, justi-
car y controlarse. La existencia de audiencias
orales donde se debate la pertinencia y nece-
sariedad de estas medidas es un buen auxilio
para vericar su uso y racionalidad, lo que se
ve fortalecido por la imparcialidad del juez.
No obstante lo anterior, uno de los debates más
complejos en torno al tema, dice relación con la
forma de dotar al juez y su decisión, de elemen-
tos técnicos justicables y serios que eviten que
el uso de medidas cautelares resulte arbitrario o
carente de presupuestos y previsibilidad. En este
contexto, se inscribe el debate sobre la necesi-
dad de incorporar en los sistemas procesales los
denominados servicios de antelación a juicio.
La razón por la que la regulación de los me-
canismos cautelares resulta tan fundamental,es
por el extendido uso que de ellos se hizo en los
sistemas inquisitivos o mixtos (Riego & Duce
2008, pp. 16-20), afectando gravemente el prin-
cipio de inocencia del imputado por una parte y
al mismo tiempo, el grave impacto que ocasio-
naron sobre el sistema penitenciario, donde en
no pocos casos la cantidad de personas intramu-
ros correspondía a presos sin condena.
e. Reglamentación de los procedimientos
especiales
La necesidad de estructurar procesos penales
capaces de conocer y resolver la diversidad de
materias que es posible identicar en el ámbi-
to penal, supone diseñar procedimientos que se
ajusten al grado de complejidad, tipo de sanción
y naturaleza del debate. De esta forma, deben
contemplarse procedimientos para resolver ilí-
citos de menor gravedad, o bien materias en
los que prevalece el acuerdo de las partes que
litigan. En otros casos, deben estructurarse me-
canismos para reconocer, procesar y resolver
casos en los que no existe controversia o bien
se produce y reconoce un mecanismos de auto-
inculpación. Existen, asimismo procedimientos
que deben contemplar abreviación de etapas y
permitir un debate más acotado y expedito. Todo
ello resulta consistente con la idea de concentrar
el conocimiento de casos, en sede de juicio oral
ordinario para los ilícitos de mayor complejidad
o gravedad.
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La capacidad de los sistemas de procesar ca-
sos a tiempo, resolver los debates en tiempo y
forma, y evitar la afectación de la calidad de la
información que debe ser entregada, así como
las decisiones que deben adoptarse, depende del
modo en que se organice el sistema de resolu-
ción de controversias, las tipologías de audien-
cias y juicios, que se generen de modo de lidiar
con la carga y demanda que proviene del sistema
de justicia penal.
f. Reglamentación de los sistemas recursi-
vos
Un último aspecto que puede ser necesario
resaltar a la hora de identicar los temas legales
que requieren mayor atención, es la forma en la
que los sistemas procesal penales resuelven el
tema de los mecanismos recursivos.
En general puede señalarse que los sistemas
de recursos adosados a los procesos inquisitivos
y mixtos tenían como característica central la
amplia posibilidad de revisión de las decisiones
de los jueces de instancia, basados en la creen-
cia asentada que las decisiones de un juez, con
altas cargas de trabajo que delegaba sus funcio-
nes y sin contar con mecanismos de inmediación
y concentración, arriesgaban ser precarias y de
mala calidad, cuestión que podía ser resuelta por
la revisión de un tribunal superior muchas ve-
ces colegiado, que inspeccionando las actas de
la causa podía dar una mejor solución al caso.
Este estado de cosas se ve sensiblemente mo-
dicado en los procesos de reforma que dotan
al juez de control o garantías de mecanismos
de conocimiento de los casos, más sosticado,
con la generación de audiencias públicas, ora-
les, concentradas y con inmediación. Al mismo
tiempo, el tribunal que debe conocer del juicio
y resolver la causa absolviendo o condenando
cuenta con mecanismos de oralidad, inmedia-
ción, concentración, publicidad, contradictorie-
dad, entre otros, que permiten revisar de modo
más integral y completo la información que sir-
ve de base para resolver el caso.
Visto las cosas en este ángulo resulta dis-
funcional mantener los mecanismos recursivos
clásicos del sistema penal inquisitivo o mixto,
debiendo generarse sistemas que conserven la
calidad de las buenas decisiones, acotándose las
impugnaciones a casos calicados, que pueden
ser asociados a la mala aplicación del Derecho,
a la afectación de garantías o bien a problemas
de adecuada fundamentación de las decisiones.
Análisis de las variables multidisciplina-
rias vinculadas a los procesos de reforma
Variables vinculadas a los aspectos político-
institucionales
Las reformas a los sistemas de justicia se re-
lacionan muy directamente con los equilibrios
entre los poderes del Estado, con la necesidad de
garantizar altos niveles de independencia e im-
parcialidad de parte de los jueces y altos niveles
de independencia y objetividad, por parte de los
scales y de garantizar a los ciudadanos meca-
nismos de resolución de controversias oportuno,
accesible, racional, eciente y sobre todo, capaz
de cautelar adecuadamente los derechos y ga-
rantías de todos.
Estas variables tan relevantes y sensibles ge-
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neran tensión en las lógicas de poder y suponen
por tanto, la necesidad de generar altos niveles
de consenso en las distintas fuerzas políticas que
deberán conocer, aprobar y nanciar las refor-
mas a la justicia.
En el caso particular de la justicia penal, las
reformas a los modelos de persecución y en-
juiciamiento criminal suponen naturalmente
una tensión entre derechos de los imputados y
acusados; y la generación de un debido proceso
por una parte, y las demandas de mejoras en los
sistemas de persecución del delito y la atención
oportuna de las exigencias de víctimas. Esta ten-
sión genera en muchos casos la idea que debe
optarse por uno de los dos polos de tensión, olvi-
dando que ambas pretensiones resultan no solo
compatibles con un Estado de Derecho, sino que
con las herramientas de política pública con las
que cuenta el sistema democrático.
Un modelo de justicia transparente, que san-
ciona la corrupción de los actores y operadores
del sistema de justicia, un sistema comprensi-
ble para el ciudadano, un sistema oportuno en
la toma de decisiones, conocimiento, resolución
de los casos, un sistema accesible para todos y
un sistema que racionaliza el uso de los recursos
del Estado para garantizar paz social, puede ser
perfectamente compatible con más derechos y
mejor persecución.
Este conjunto de consideraciones pone en
evidencia la fuerte necesidad de trabajar los in-
eludibles consensos entre las distintas fuerzas
políticas, los grupos de presión de la sociedad
civil, las visiones que emergen del mundo aca-
démico, las visiones existentes en la ciudada-
nía y entre las expectativas y demandas de los
propios operadores del sistema de justicia. Para
lograr estos propósitos resulta imprescindible
identicar las aéreas y tareas que una perspec-
tiva político institucional y estratégica requiere,
las cuales son:
a. Entre las tareas centrales de la preparación
de una reforma judicial que se relacione con
la justicia penal aparece la de jar objetivos
claros y justicables, amparados en datos y
diagnósticos que permitan racionalizar el de-
bate y generar metas alcanzables.
b. En segundo lugar se requiere visualizar muy
claramente desde el inicio del proceso los
problemas que requieren ser resueltos y la
forma de lograrlos, identicando áreas crí-
ticas y probablemente poco transables en el
proceso político versus áreas donde las tran-
sacciones y consensos resultan inevitables y
hasta necesarios.
c. En tercer lugar se requiere identicar los ac-
tores que jugarán roles más relevantes e in-
sustituibles en el proceso y que por tanto, de
los cuales se espera asimismo mayor presen-
cia en las distintas fases de la reforma.
d. Se requiere identicar la sede donde se ra-
dicará el motor del proceso de cambio y la
estructura de trabajo y decisiones que debe-
rá tener. Ello habitualmente tiene lugar en
el seno del Poder Ejecutivo, aunque existen
procesos donde ello ha estado más ligado a
instituciones de la sociedad civil o bien en el
Poder Judicial.
e. Se requiere asimismo conformar un grupo
de trabajo multidisciplinario que logre inte-
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grar todos los enfoques técnicos necesarios,
los que van desde cuestiones normativas y
legales, aspectos económicos y nancieros,
aspectos administrativos y organizacionales,
aspectos tecnológicos y de información, as-
pectos de infraestructura y de capacitación
por mencionar algunos.
Estos equipos pueden estar parcialmente dis-
persos entre los distintos poderes del Estado
y la sociedad civil, según evidencia la expe-
riencia disponible, pero al nal se requiere
establecer sistemas de trabajo conjuntos, que
garanticen adecuado diálogo interinstitucio-
nal, intercambio de datos y propuestas de
modo de asegurar sintonía en los ejes centra-
les del cambio.
f. Se requiere asimismo un plan maestro del
proceso de reforma que identique las etapas
(Hernández, 2007, pp. 18-20) y los puntos
críticos y de no retorno y en torno, a los cua-
les deben generarse los acuerdos y consen-
sos para avanzar. Este plan maestro no puede
dejar de considerar la necesidad de sistemas
de instalación parciales de la reforma con
planes piloto, para monitorear de modo más
realista la puesta en marcha del proceso total.
g. Se requiere construir una voluntad política
consistente y persistente en el cambio, asu-
miendo que la reforma requiere no solo el
concurso de amplias fuerzas políticas sino
también sostenimiento en el tiempo de la vo-
luntad reformista. Las reformas poseen tales
niveles de complejidad que resulta altamente
probable que su aprobación, puesta en mar-
cha y ajustes requiera la participación de más
de un gobierno y no necesariamente del mis-
mo signo político, lo que obliga a generar los
consensos necesarios entre los distintos sec-
tores y al mismo tiempo, los acuerdos insti-
tucionales y técnicos básicos para no detener
o afectar el proceso reformista.
h. La puesta en escena de la reforma al siste-
ma de justicia y en particular la reforma al
proceso penal, requiere identicar los puntos
en los que se exigirán resultados y donde se
intentará generar un consenso sobre los indi-
cadores que deben ser considerados exitosos.
Esto resulta particularmente relevante dado
que el proceso de reforma genera expecta-
tivas muchas veces infundadas y por otra
parte, incumple varias de las promesas efec-
tuadas. En otras palabras, existen logros que
parece razonable esperar y fracasos que de-
ben ser asumidos desde el inicio del proceso.
El olvido de estas variables puede alimentar
intenciones contrarreformistas, al enfrentar
el proceso inevitablemente problemas en su
implementación y objetivos trazados.
Probablemente la reforma al sistema proce-
sal penal puede identicar como logros rea-
listas y alcanzables, el reemplazo del sistema
de expediente por el sistema de audiencia y
el reemplazo de la escrituración por la orali-
dad, generando mayor transparencia y menor
corrupción al tiempo de acelerar parcialmen-
te los tiempos de respuesta del sistema para
garantizar de mejor forma los derechos de los
justiciables. Ello supone como elemento adi-
cional, la generación de un sistema mínimo
de gestión de causas, que logre administrar el
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despacho judicial y generar un modelo inte-
grado de gestión de actores. Estos elementos
ya parecen más que sucientes para declarar
exitoso un proceso de reforma con prescin-
dencia de exigencias de segunda generación.
i. Otro aspecto que debe integrarse a una mi-
rada político-institucional dice relación con
la necesidad de implementar las reforma a
través de un mecanismo de planes piloto que
permita gradualidad en el proceso, monito-
reo y ajustes en las distintas etapas, aprove-
chamiento de las experiencias y aprendizajes
del proceso y la focalización en cambios nor-
mativos o administrativos para corregir las
desviaciones detectadas (Blanco & Rojas,
2005, pp. 259-260).
j. Un último aspecto que merece especial aten-
ción es la necesidad de planicar y ejecutar
el cambio con la participación e involucra-
miento de los operadores del sistema de justi-
cia, proceso que puede ser motivado a través
de planes de sensibilización, inducción y ca-
pacitación que permita entender los alcances
del cambio, sus objetivos y al mismo tiempo
identicar las nuevas normas, conocimien-
tos, habilidades y destrezas que deben ser
adquiridas para operar el nuevo sistema. Ello
ayuda por cierto a manejar de mejor forma
los temores y aprehensiones, que natural-
mente desarrollan los actores del sistema de
justicia.
Estas pueden ser consideradas algunas de las
variables a tomar en consideración al momento
de hacer un proceso de reforma y planicar su
instalación en el tiempo, sin las cuales proba-
blemente los otros elementos técnicos no tienen
mayor relevancia o sentido.
Variables vinculadas a las ciencias de la
educación
La transformación de los sistemas de proce-
so penal en América Latina ha signicado un
cambio signicativo de paradigmas, de lógicas
culturales, de reglas, destrezas, conocimientos y
habilidades. Lo anterior, resulta particularmente
evidente en los procesos de transformación de
los sistemas de proceso penal mixto o inquisiti-
vo hacia sistemas acusatorios.
Probablemente un experto en educación,
como observador externo a estas transformacio-
nes, habría efectuado un conjunto de recomen-
daciones para asegurar una adecuada asimila-
ción, internalización, comprensión y desarrollo
de estos nuevos conocimientos y destrezas por
parte de jueces, scales, defensores y aboga-
dos en general. Sin embargo, puede fácilmente
constatarse que los cambios en justicia no lle-
varon o llevan aparejados esfuerzos en materia
de capacitación que comprendan estas distintas
variables.
Los procesos de reforma en su gran mayo-
ría han hecho sinónimo de educación y capaci-
tación de los distintos actores, un conjunto de
cursos enfocados a enseñar las normas y códigos
procesales, enfatizando una aproximación tradi-
cional, memorística y centrada en la asimilación
de reglas con prescindencia de otras variables.
El resultado de estas metodologías ha signi-
cado en muchos casos la pervivencia de rutinas
antiguas, o bien una suerte de sincretismo proce-
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sal, donde nalmente la reforma es el resultado
de una mixtura de reglas que entrelazan normas
nuevas con visiones o prácticas antiguas.
Esta constatación permite explicar en parte
las dicultades para instalar los nuevos códi-
gos y sus lógicas asociadas, y permite asimis-
mo comprender las razones por las cuales los
actores presentan carencias y dicultades para
comprender las profundidades de los cambios.
Cualquier proceso de cambio relevante, en un
área del saber supone una especial preocupa-
ción por incorporar métodos de enseñanza que
generen las condiciones para internalizar dichos
cambios, y en especial en quienes tienen la mi-
sión de operarlos y aplicarlos.
Para atender estas preocupaciones y lograr
mejoras en el subsistema educacional asociados
a las reformas procesales penales se requiere te-
ner en vista, entre otras, las siguientes cuestio-
nes:
a. Identicar los ejes críticos del cambio y su
relación con la puesta en marcha y logro de
objetivos del proceso de reforma.
b. Identicar los hábitos y costumbres más
arraigados en los operadores del sistema de
justicia, como asimismo las destrezas y ha-
bilidades más valoradas y usadas por tales
operadores.
c. Identicar los conocimientos, destrezas y
habilidades más relevantes que se requieren
para operar con éxito el nuevo sistema de
justicia penal.
d. Diseñar los mecanismos metodológicos y re-
cursos pedagógicos que permitirán la com-
prensión, internalización, aceptación y re-
producción de los conocimientos y saberes
relevantes.
e. Lograr que los actores encargados de las ca-
pacitaciones logren estructurar un sistema de
enseñanza que entrelace las variables norma-
tivas, y los conocimientos teóricos, con las
destrezas, habilidades, prácticas y enfoques
que el nuevo sistema de justicia requiere para
su correcta operación. Esto supone por cier-
to, identicar las personas o instituciones que
tendrán a su cargo el moldeamiento educa-
cional de los nuevos sistemas.
Los enfoques precedentes pueden aun entre-
lazarse con otros aspectos más especícos del
proceso de capacitación, de los actores en el
sistema de justicia y que dicen relación con los
siguientes aspectos:
a. Utilización de mecanismos de simulación
que permitan operar y monitorear las varia-
bles más sensibles del proceso de cambio
asociadas a la generación de habilidades y
conocimientos relevantes. Esto se ha tradu-
cido en algunos casos, en la recreación de los
nuevos mecanismos de audiencias e interac-
ciones entre los operadores, de modo de faci-
litar la aplicación de las nuevas normas y su
puesta en escena gradual y paulatina. Proba-
blemente estas dinámicas de learnbydoing,
poseen una amplia aplicación y consolida-
ción en contextos educacionales, sin embar-
go no han logrado permear los procesos de
capacitación tradicionales de los sistemas de
reformas judiciales.
b. Emplear lógicas y dinámicas de juego de ro-
les, a objeto de complejizar el proceso for-
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mativo, incorporando en la internalización
de reglas, las visiones de todos los actores,
logrando de esta forma una comprensión sis-
témica e interinstitucional del cambio.
c. Utilización de sistemas de gradualidad para
la aplicación de los cambios, permitiendo de
este modo la generación de sistemas de aná-
lisis, ajuste y nueva aplicación que mejoran
los resultados de los procesos de reforma.
En efecto, salvo casos puntuales como son el
caso chileno, peruano y mexicano, son pocos
los países cuyos procesos de reforma a los
sistemas de justicia penal han incorporado la
aplicación gradual en el tiempo y el territo-
rio de las nuevas reglas, impidiendo de este
modo identicar, relevar y replicar los mejo-
res modelos de funcionamiento y prácticas,
que deben incorporarse en las etapas sucesi-
vas para mejorar los resultados del sistema
en su globalidad.
Variables vinculadas a los aspectos orga-
nizacionales
Los procesos de reforma a los sistemas de
justicia penal implican mucho más que un mero
cambio de reglas legales y ajustes normativos.
Ellas están ligadas a impactos en la forma en la
que los actores se organizan en sus instituciones,
en los sistemas de distribución del trabajo y de
estructuración de funciones. Ello es especial-
mente nítido, cuando evaluamos las implican-
cias de un cambio de modelos de justicia escrita
hacia modelos orales o de sistemas de trabajo
basados en el expediente hacia sistemas de tra-
bajo basados en esquemas de audiencia.
La velocidad y dinámica que conllevan los
sistemas orales en la solución de los casos y en
los debates de audiencias, requiere por parte de
scales, defensores y abogados, modicar sus
sistemas de trabajo a objeto de recabar de modo
más oportuno el conjunto de informaciones y
datos que les serán exigidos por los jueces en las
distintas audiencias, única manera de lograr que
se acojan las pretensiones y solicitudes que tales
operadores presentan.
En efecto, el sistema de trabajo por audiencia
conlleva la concentración de peticiones, debates,
y decisiones, que supone por parte de los opera-
dores, la capacidad de allegar en tiempos aco-
tados un conjunto de informaciones que luego
permita acreditar las aseveraciones y justicar
las peticiones en las distintas audiencias. Esto
resulta aplicable a los debates de control sobre
la legalidad de las decisiones, a los debates de
medidas cautelares, debates sobre exclusiones
de pruebas o debates sobre absolución o conde-
na entre otros.
Estas exigencias se asocian inevitablemente
a nuevas formas de organizar el trabajo de los
distintos operadores, a n de generar los meca-
nismos de búsqueda, procesamiento y presenta-
ción de la información. Desde la perspectiva de
los scales o ministerios públicos, los sistemas
orales y de audiencia han supuesto o suponen
los siguientes tipos de ajuste:
a. Generación de unidades de selección de ca-
sos, a objeto de eliminar aquellos que no po-
seen componentes penales o bien carecen de
los requisitos mínimos de relevancia para la
persecución.
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b. Creación de unidades de reacción temprana
o rápida para procesar los casos donde se
cuenta con toda la información relevante y
necesaria para arrancar decisiones judiciales.
Normalmente estas unidades se focalizan en
casos agrantes que pueden llevar apareja-
dos resultados exitosos tempranos.
c. Sistemas de trabajo que prescinden de la clá-
sica vinculación del caso a un scal en todas
las etapas procesales, reemplazándolo por
mecanismos que permiten que un mismo s-
cal pueda atender diversos casos en un mis-
mo momento o audiencia.
d. Contar con una dotación y un sistema de
distribución del trabajo, que permita tener el
número de scales necesarios en las distintas
audiencias programadas.
Desde la perspectiva policial, los sistemas
orales y de audiencia suponen los siguientes
ajustes:
a. Sistemas de procesamiento de la información
que permitan que los procedimientos policia-
les queden adecuadamente registrados en los
partes o actas, que luego son enviados a los
scales para a partir de ellos justicar y fun-
damentar posiciones y peticiones en las au-
diencias judiciales.
b. Sistemas de informaciones que puedan dia-
logar en línea con los sistemas de informa-
ciones de la Fiscalía de modo de traspasar,
compartir y procesar información en tiempo
y forma.
c. Denir las actas tipos o prototipo que permi-
ten estandarizar ciertas actuaciones e infor-
maciones para ser capaces de registrar y lue-
go enviar los datos más relevantes, desde el
punto de vista fáctico y jurídico a los scales.
d. Generar mecanismos que permitan la presen-
cia de peritos policiales y policías testigos en
todas las audiencias donde son requeridos
para declarar.
Desde la perspectiva del defensor público los
sistemas orales y de audiencia suponen los si-
guientes ajustes:
a. Diseño de mecanismos que permitan al abo-
gado tener a la vista y revisar la información
que será entregada por el scal previo a la
audiencia.
b. Diseñar sistemas de trabajo que permitan al
abogado entrevistarse con el defendido antes
de la audiencia, a n de recabar información
complementaria y útil para la adecuada de-
fensa de los intereses del imputado.
c. Estructurar un modelo de trabajo que permita
contar con el número de abogados sucien-
tes para cubrir la demanda en las distintas
audiencias.
Desde la perspectiva del Poder Judicial, los
cambios en los sistemas de organización son
variados y complejos pues suponen modicar la
estructura basada en el expediente por una es-
tructura centrada en la audiencia. Ello implica
eliminar papeles, sistemas de bodegaje de actas,
funciones administrativas de custodia, adminis-
tración de papeles, actas y generar un modelo
organizacional que permita sostener y adminis-
trar un modelo de trabajo oral en audiencia.
Lo anterior conlleva para el Poder Judicial
los siguientes cambios y ajustes necesarios:
a. Modicar la organización y estructura de tra-
bajo de los jueces, colocando el énfasis en la
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audiencia como centro del sistema de toma
de decisiones jurisdiccionalmente relevante.
Lo anterior implica denir un marco de ope-
raciones, que permita cuanticar el número
de audiencias que es necesario y posible rea-
lizar para absorber el trabajo de la Fiscalía.
b. Se requiere al mismo tiempo apoyar la labor
de generación y programación de audiencias
con un equipo profesional que se haga car-
go de la determinación de cargas de traba-
jo, duración de las audiencias, generación
de un sistema de noticaciones para asegu-
rar la presencia de los actores claves para el
desarrollo de las audiencias, elaboración de
un sistema de registro de lo obrado en la au-
diencia y un sistema tecnológico para enviar
y administrar la información, que se genera
en cada etapa procesal (Sáez, 2007).
c. Se requiere un modelo de trabajo que per-
mita organizar los tiempos de los jueces en
función de las demandas de audiencia, que se
programen cada día lo que supone evaluar al
mismo tiempo los números de jueces necesa-
rios para operar el sistema de audiencias.
d. Se requiere redenir los perles y habilida-
des que los operadores de este sistema de
audiencias, deberán tener para poder profe-
sionalizar la organización y operación de las
labores de administración y gestión del apa-
rato judicial en el sistema oral.
Variables asociadas a los aspectos de re-
cursos humanos
Las reformas a la justicia penal han supues-
to, como quedó maniesto en el apartado ante-
rior, profundos cambios organizacionales. Tales
transformaciones, llevan naturalmente apareja-
dos importantes procesos de cambio a nivel de
las personas que operan los sistemas de justicia
y consecuentemente en las políticas de recursos
humanos, terminando por afectar el ciclo com-
pleto de recursos humanos.
Entre los cambios más relevantes en materia
de recursos humanos es posible mencionar los
siguientes:
a. Perles de las personas necesarias para el
nuevo sistema ya que se necesitan nuevas
destrezas, habilidades y conocimientos.
b. Asimismo se debieran modicar los sistemas
de entrenamiento y capacitación para el per-
sonal que ya forma parte del sistema y debe
reconvertirse.
c. Deben diseñarse nuevos sistemas de evalua-
ción de las personas y de las cargas de trabajo
a las que serán sometidas.
d. Los cambios suponen asimismo nuevas
funciones no contempladas en los procesos
previos, para lo cual deben ampliarse las ca-
pacidades profesionales para atender estas
nuevas tareas.
e. Los cambios implican asimismo impactos en
las organizaciones que inciden en los climas
laborales, lo que supone contener la ansiedad
de los equipos, los temores de despidos, las
más de las veces injusticados, los mecanis-
mos para reconvertir, trasladar y capacitar a
las personas en función de los nuevos desa-
fíos, etc.
f. Los procesos de cambio han supuesto asi-
mismo nuevos mecanismos de incentivos,
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asociados a las nuevas metas y directrices de
gestión, todo lo cual involucra fuertes inno-
vaciones para cumplir los objetivos detrás de
las reformas.
g. Por otra parte las reformas suponen, aunque
en términos marginales, la desvinculación de
aquella parte de las personas que no pueden
ser relocalizadas dentro del aparato de justi-
cia o que no pueden asimilar y reconvertirse
en función de las nuevas demandas. Ello im-
pone la necesidad de pensar en proceso de
gradualidad en el reemplazo, contratación y
desvinculación del personal.
Todos estos impactos han sido principalmen-
te producto del tránsito de los sistemas escritos
a los sistemas orales y de los sistemas de expe-
diente a los sistemas de audiencia.
Para colocarlo en términos simples, un siste-
ma de expediente supone en el ámbito judicial
un mecanismo de respaldo que logre administrar
actas y su adecuado acopio, bodegaje y seguri-
dad. Supone insumos materiales para armar ex-
pedientes y mecanismos administrativos de tras-
paso de tales expedientes entre diversas manos y
diversas autoridades.
Los nuevos sistemas requieren adminis-
trar audiencias, lo que involucra la gestión de
espacios físicos, antes innecesarios, involucra
gestionar las disponibilidades de actores para
generar las audiencias –léase jueces, scales y
defensores–, involucra generar un sistema infor-
mático de registros de lo discutido en las audien-
cias, un sistema de acopio de información de lo
analizado y decidido en las audiencias, supone
coordinaciones para determinar el volumen total
de trabajo que puede ser analizado y decidido en
las audiencias; y la asignación de las cargas de
trabajo que puede soportar el sistema de audien-
cias. Ello aún puede ser unido a la necesidad de
generar sistemas de traslados de personal, impu-
tados y acusados privados de libertad, que deben
ser conducidos a las audiencias judiciales desde
los recintos penitenciarios. Como si todo ello no
fuese suciente, aún debe considerarse la tarea
de noticar y recibir a víctimas y testigos que
deben concurrir a los juicios del nuevo sistema.
En el ámbito de la Fiscalía y la Defensoría,
los procesos de cambio han implicado asimismo
cambios en las políticas de recursos humanos,
incorporando también nuevas funciones y por
tanto nuevos perles de cargo, nuevas destrezas,
habilidades y conocimientos que deben ser ad-
quiridas por el personal existente y por el nuevo.
Supone diseñar nuevos mecanismos de capaci-
tación y nuevos equipos docentes para entrenar
y capacitar. Por cierto, lo señalado en relación a
nuevos sistemas de incentivos e indicadores de
gestión aplica plenamente a scales y defen-
sores.
El principal cambio en el ámbito de recursos
humanos, que puede advertirse en los procesos
de cambio de los sistemas de enjuiciamiento cri-
minal, está focalizado en dos ejes centrales:
- Un eje está constituido por la necesidad de
incorporar profundos cambios en los mode-
los de gestión y administración tanto a nivel
de Tribunales como de Fiscalías y Defen-
sorías. Ello implica, repensar los modelos
tradicionales que carecían de los niveles de
complejidad y sosticación, que muchos de
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los nuevos modelos requieren. Esto se asocia
con la necesidad de incorporar fuertemente
a nivel de administración y gestión del siste-
ma a profesionales, que tradicionalmente no
cumplían roles en los sistema de administra-
ción de justicia o bien tenía roles secunda-
rio o subordinados. Ello supone incorporar
administradores profesionales, economistas,
ingenieros comerciales, expertos en gestión,
etc.
- El segundo eje crítico está constituido por la
necesidad de reconvertir los recursos huma-
nos disponibles en el ámbito de jueces, sca-
les y defensores y convocar nuevos profesio-
nales para completar las demandas de carga
de trabajo y diseñar mecanismos de sensibili-
zación, inducción, capacitación y reentrena-
miento en las nuevas habilidades, destrezas y
conocimientos que los cambios involucran.
Variables asociadas a los aspectos nan-
cieros
Un aspecto central del proceso de reforma a
la justicia dice relación con la necesidad de cuan-
ticar los recursos nancieros necesarios para
instalar, implementar y operar los cambios. Ello
por cierto está fuertemente asociado a las volun-
tades políticas reales de los gobiernos. Ninguna
reforma es posible si no se logra asociar a un
presupuesto que permita abordar los problemas
de recursos humanos, gestión y administración,
infraestructura, tecnología, entre otros.
Lo anterior supone trabajar con expertos que
puedan evaluar los requerimientos nancieros
y presupuestos, que deben ser aprobados junto
con las leyes y códigos, y lograr que tales exi-
gencias se transformen en decisión política. Vale
la pena resaltar la importancia que posee además
de los análisis nancieros, el desarrollar análisis
de rentabilidad social asociados a los procesos
de reforma y los ahorros que el sistema puede
generar en el tiempo con la incorporación de
nuevas instituciones y reglas que suelen estar
asociadas a la eciencia y racionalidad de los
modelos de justicia. Entre las instituciones que
merecen ser resaltadas en este aspecto, aparecen
los sistemas de selectividad penal y los mecanis-
mos alternativos de resolución de conictos, que
generan decisiones más tempranas racionales y
oportunas para desechar casos, y resolverlos de
modo más expedito y razonable.
Otro elemento importante asociado a la va-
riable nanciera dice relación con el necesario
trabajo con los equipos técnicos de los Ministe-
rios de Hacienda, para justicar los gastos aso-
ciados a la reforma y los impactos en el presu-
puesto público de cada período.
Variables vinculadas a los sistemas de in-
formación
Un último aspecto que debe ser valorado en
la identicación de las variables críticas para la
implementación de la reforma a la justicia pe-
nal se reere a los requerimientos sobre tecno-
logías de la información. En efecto, la reforma
supone un escenario donde existirán altos nive-
les de interacción entre los distintos actores del
sistema y en especial altos niveles de traspaso
de información. Lo señalado es evidente en el
trabajo interactivo entre scales y policías y lo
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es también en las solicitudes que a diario se ge-
neran desde la Fiscalía hacia el Poder Judicial,
para indicar las cargas de trabajo que deben ser
administradas por el despacho judicial para co-
nocer las causas penales. Del mismo modo, al
término de las audiencias orales deben entregar-
se las resoluciones y audios de las audiencias a
los distintos intervinientes.
Por otra parte, cada actor debe diseñar siste-
mas informáticos para almacenar información y
para respaldar otras tantas. En el caso del Poder
Judicial el manejo del sistema de audiencias su-
pone un soporte informático, que responda a las
necesidades de almacenar, respaldar, agendar,
revisar, grabar y recuperar información para la
organización del trabajo de audiencias orales.
Variables asociadas a temas de infraes-
tructura
Una última variable relevante a tener en con-
sideración en los procesos de planicación e
implementación de las reformas a la justicia y
en especial a las reformas al proceso penal, se
relaciona con la infraestructura necesaria para
sostener los requerimientos de funcionamiento y
espacio de los nuevos modelos. El reemplazo de
los sistemas escritos, que requerían de un deter-
minado tipo de edicio judicial capaz de alber-
gar expedientes y personal de apoyo a la función
del juez, por sistemas orales y de audiencia im-
plica grandes transformaciones funcionales que
impactan inevitablemente en la infraestructura
de apoyo.
En efecto, la generación de audiencias como
sede de los procesos de debate y toma de deci-
sión, supone la presencia simultánea de jueces,
scales defensores y abogados privados, a lo que
se suma aún la presencia del propio imputado y
de testigos y peritos en el caso de los juicios. Lo
anterior supone salas de audiencia en un número
suciente para absolver las cargas de trabajo del
sistema, supone sistemas de noticación para
reunir a todos los actores, supone ocinas para
recibir a los testigos, salas de trabajo para jueces
y personal de apoyo, mecanismos informáticos
para registrar la información entre otros.
Todo ello resulta indispensable para evitar
que las demandas de casos terminen por colap-
sar tempranamente la capacidad física de las ins-
talaciones judiciales y generan subsecuentemen-
te reprogramación de audiencias. A lo anterior,
debe sumarse aún los problemas de seguridad de
las instalaciones y los espacios para sostener la
operación administrativa.
CONCLUSIONES
La revisión de los distintos aspectos que in-
volucra la puesta en escena de una reforma al
sistema de justicia y en especial una reforma a
los sistemas de persecución y enjuiciamiento
criminal, pone de maniesto la necesidad de
abarcar y preocuparse por distintas dimensio-
nes del proceso, las que van desde cuestiones
normativas, institucionales y de capacitación de
operadores, pasando por otras ligadas a proble-
mas de organización, gestión, administración, y
otras relacionadas a temas informáticos, nan-
cieros y de infraestructura. La falta de una visión
integral de los fenómenos de reforma, junto a
la carencia de un plan estratégico y multidisci-
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plinario, pueden explicar en parte los problemas
que han enfrentado los países a la hora de im-
plementar estos procesos. La insistencia en vi-
siones puramente normativas de los cambios o
que a lo sumo alcanzan a integrar temas de ca-
pacitación, conllevan un alto riesgo de fracaso y
una deslegitimación de los procesos reformistas.
El problema, sin embargo no se resuelve en-
tregando las tareas organizacionales o de gestión
y administración a los profesionales expertos en
una etapa posterior. De los que se trata en ver-
dad es de la capacidad de generar equipos mul-
tidisciplinarios, que sean capaces de dialogar
interactivamente y de un modo simultáneo a
los procesos de creación de reglas, generación
de procesos y diseño de soluciones normativas,
para ir generando una perspectiva más global,
integral, lógica, sustentable y nanciable, que
mejore los problemas detectados y alcance los
objetivos de política pública que intenta acome-
ter todo proceso de reforma a la justicia.
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