Justicia, No. 24 - pp. 118-134 - Diciembre 2013 - Universidad Simón Bolívar - Barranquilla, Colombia - ISSN: 0124-7441
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* Este artículo, es fruto de la investigación: “Violencia paramilitar y cooptación política en el Caribe colombiano”, adelantada por el
autor en el marco del Grupo de Trabajo CLACSO “Movimientos sociales y movimientos revolucionarios en América Latina y el
Caribe”, desarrollada actualmente dentro del Grupo de Investigación Agenda Internacional de la Universidad del Norte. Una versión
corta de este trabajo, fue publicada en la Revista Economía del Caribe.
** Doctor en Estudios Americanos con mención en Estudios Internacionales (IDEA/USACH). Profesor e investigador del Departamento
de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte, Barranquilla (Colombia). Investigador Asociado del Instituto de Altos
Estudios de América Latina y el Caribe, Universidad del Norte. Miembro del Grupo de Investigación Agenda Internacional de la
Universidad del Norte. trejosl@uninorte.edu.co; luifer385@gmail.com
Aproximación a las dinámicas del
crimen organizado en la ciudad
de Barranquilla.
El caso del Frente José Pablo
Díaz de las Autodefensas Unidas
de Colombia (2000-2006)*
Approximation to the dynamics of the crime
organized in Barranquilla’s city. The case of
the Frente Jose Pablo Diaz de las Autodefensas
Unidas de Colombia (2000-2006)
Luis Fernando Trejos Rosero**
Recibido: 15 de octubre de 2013 / Aceptado: 21 de noviembre de 2013
Resumen
El presente artículo de revisión se propone realizar una aproximación a las
dinámicas operativas y al proyecto de orden social instaurados por el Frente
José Pablo Díaz de las Autodefensas Unidas de Colombia en Barranquilla.
También se busca demostrar que la presencia del paramilitarismo en esta ciu-
dad, no obedeció a una estrategia contrainsurgente sino a sus estrechos víncu-
los con el narcotráco y el crimen organizado y que en términos políticos logró
de manera parcial la reconguración cooptada del Estado durante el periodo
comprendido entre 2000 y 2006.
Abstract
The present article of review there proposes to realize an approximation
to the operative dynamics and to the project of social order restored by the
Frente Jose Pablo Diaz de las Autodefensas de Colombia in Barranquilla. Also
one seeks to demonstrate that the presence of the paramilitarismo in this city,
counter insurgent did not obey a strategy but his narrow links with the drug
trafcking and the organized crime and that in political terms it achieved in a
partial way the reconguration coopted of the State during the period under-
stood between 2000 and 2006.
Palabras clave:
Paramilitarismo, Crimen organizado,
Control social, Narcotráco,
Violencia.
Key words:
Paramilitarismo, Organized crime,
Social control, Drug trafcking,
Violence.
119
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aproximación a las dinámicas dEl crimEn organizado En la ciudad dE Barranquilla.
El caso dEl frEntE José paBlo díaz dE las autodEfEnsas unidas dE colomBia (2000-2006)
Contexto teórico de la participación para-
militar en el conicto armado colombiano
En este trabajo se utilizan las teorías que ex-
plican las guerras civiles post-guerra fría desde
variables económicas, esto debido a que si bien
el fenómeno paramilitar tiene sus orígenes en la
década de los 60 del siglo pasado
1
, solo es hasta
1998 con la fundación de las Autodefensas Uni-
das de Colombia (AUC), cuando alcanzan sus
mayores desarrollos económicos, políticos y mi-
litares y su mayor expansión territorial
2
.
Dentro de los análisis realizados sobre los
conictos armados ocurridos a partir del nal
de la guerra fría, hay una línea de investigación
que ha planteado el debate sobre las variables
sociales, políticas y económicas presentes en las
acciones armadas. Esta corriente teórica, cono-
cida como “economía del conicto”, dirige sus
argumentos en contra de las teorías que consi-
deran que factores como la pobreza, la injusti-
cia y la desigualdad social de las clases menos
favorecidas son determinantes en el nacimiento,
desarrollo y legitimación político-militar de la
insurgencia. Para los investigadores de las eco-
nomías de los conictos armados, la clave de la
organización y permanencia temporal de los ac-
1. Según Botero (1996), los primeros grupos paramilitares na-
cieron en Colombia autorizados por la Ley 48 de 1964. Esta
ley permitió la creación de grupos de autodefensa, los que
posteriormente fueron organizados por medio de la orden in-
terna del Ejército Nacional número 005 de 1969, expedida por
el Alto Mando de las Fuerzas Armadas y por medio de otras
disposiciones contraguerrilleras como la EJC 3-10.
2. Para un análisis teórico del fenómeno paramilitar, véase:
Kalyvas, Stathys y Arjona, Ana (2008). “Paramilitarismo: una
perspectiva teórica”, en: Rangel, Alfredo (editor), El poder
paramilitar. Bogotá: Fundación Seguridad & Democracia,
Editorial Planeta.
tores armados ilegales radica en su capacidad de
acceso a recursos económicos (Camacho, 2002).
Desde esta óptica, la motivación de los con-
ictos armados es irrelevante, ya que lo único
importante es la capacidad de nanciamiento
de la organización armada. De este modo, sin
desconocer las causas sociales y políticas que
originan los conictos, lo determinante para el
sostenimiento temporal de las acciones armadas
radica en la capacidad de los ilegales para acce-
der a recursos económicos (Collier, 2001).
Paul Collier (2001), al analizar las tendencias
presentes en una serie de guerras observadas du-
rante el periodo 1965-1999, plantea dos conclu-
siones: la primera, que las causas de emergencia
de conictos armados se relacionan directamen-
te con unas cuantas condiciones económicas, ta-
les como la alta dependencia de exportaciones
de materias primas y rentas nacionales escasas;
la segunda, que fracturas étnicas y territoriales,
el descontento social, la ausencia de democra-
cia y la desigualdad social (causas objetivas),
no han producido efectos sustanciales sobre las
causas de emergencia de los conictos. En su hi-
pótesis central sostiene que “esto se debe a que
las guerras civiles se producen donde hay orga-
nizaciones armadas nancieramente viables”.
Dentro de esta línea de investigación, Mary
Kaldor (2001), Michael Hart y Antonio Negri
(2004) establecen un marco analítico para el es-
tudio de lo que ellos denominan una nueva for-
ma de violencia organizada, que aparece en la
década de los 80, especialmente en Europa del
Este y África. Estas “nuevas guerras globales
120
permanentes” o “guerras degenerativas” se de-
sarrollan en contextos de debilidad estatal, entre
otras cosas por la pérdida del monopolio legí-
timo de la violencia. Esta situación se presenta
por la integración militar global, por la privati-
zación de la violencia relacionada con el crimen
transnacional y el paramilitarismo, y por la cre-
ciente disminución de la legitimidad política del
Estado en contextos de corrupción institucional,
crisis scales y económicas.
Para estos autores, las “nuevas guerras”
presentan cuatro características distintivas. La
primera se reere a la renuncia a los tradicio-
nales marcos nacionales e internacionales como
medio obligado para establecer su delimitación
espacial, ya que, al determinar su “localidad”,
deben incluirse sus cientos de repercusiones
transnacionales, lo que diculta la clásica dis-
tinción entre conictos internos y externos. La
segunda, que se desprende de la primera, es la
contextualización de las “nuevas guerras” den-
tro de la globalización, entendiendo esta como
el aumento sostenido de las interconexiones
políticas, económicas, culturales y militares a
escala global. La tercera es que, al dicultarse
la centralización de las acciones armadas, los
combatientes buscan la captura de territorios y
el control político de la población por medio del
terror. La cuarta característica de estas guerras
es que son racionalistas, en el sentido de que los
actores armados aplican el pensamiento racional
a sus objetivos políticos, por lo cual no tienen
en consideración restricciones de tipo norma-
tivo. De ahí que acciones militares rechazadas
ampliamente por la comunidad internacional,
tales como la destrucción de infraestructura y
los ataques contra la población civil, sean las
modalidades operativas usadas por las partes
enfrentadas.
Es por esto, que “los esfuerzos nancieros
de las nuevas guerras están asociados con el
aumento de la predación local, por lo que las
batallas son escasas y la guerra es dirigida prin-
cipalmente contra los civiles. El nuevo tipo de
guerra es, en gran medida, una condición social
predatoria” (Kaldor, 2001, 15-16).
En Colombia se destaca el trabajo de Rubio
(1999), quien sostiene que en este país no existe
diferencia entre delincuentes comunes y delin-
cuentes políticos o paramilitares, ya que todos
producen los mismos efectos en la sociedad;
además, el accionar militar de las organizacio-
nes paramilitares produce innumerables afecta-
ciones sobre la vida y la propiedad, y sus ánimos
rentísticos son los que determinan las prácticas
que realizan.
En el mismo sentido, Salazar y Castillo
(2001) utilizan la teoría de los juegos y la teo-
ría económica del conicto para sostener que
el conicto armado colombiano es el triste re-
sultado de la acción local de actores armados y
no armados, que se adaptaron a la supervivencia
con elevados niveles de incertidumbre, poca so-
lidaridad y ausencia de normas que regulen las
relaciones entre los individuos. Estos autores,
sostienen que las guerrillas y los paramilitares
nacieron en contextos de injusticia y violencia,
pero esconden nes primordialmente económi-
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cos, de ahí que se benecien más de la guerra
que de la paz.
Sin duda, estas caracterizaciones resultan
útiles, aunque no sucientes, pues obligan a
no perder de vista la complejidad de las orga-
nizaciones paramilitares, y dan elementos para
plantear nuevas categorías de análisis y obtener
una mayor comprensión de la realidad colom-
biana. Otro componente al cual los analistas le
han dado poca relevancia es la incidencia de las
políticas de Estado sobre el paramilitarismo, po-
líticas que han oscilado entre la connivencia y el
tratamiento político.
Las teorías anteriores podrían servir para ex-
plicar de algún modo la longevidad de los acto-
res armados ilegales colombianos y su perma-
nencia y ascenso post-guerra fría, en el sentido
de que el haber generado fuentes permanentes
de nanciamiento les ha permitido crecer y
mantener sus estructuras armadas.
En este sentido, Echandía (2013) demuestra
que la expansión paramilitar no se basó en ló-
gicas contrainsurgentes, sino en objetivos eco-
nómicos principalmente ligados al control del
narcotráco. De hecho, este autor comprueba
que su eje de despliegue estratégico se consti-
tuye desde las zonas de cultivo y los centros de
procesamiento pasando por los corredores que
conducen hasta los puntos de embarque. Más
especícamente, las Autodefensas buscaron
consolidar una especie de línea fronteriza que
separara al norte del centro del país, esto con el
n de controlar totalmente los cultivos y labora-
torios ubicados entre Urabá (frontera con Pana-
má), Bajo Cauca, sur de Bolívar y el Catatumbo
(frontera con Venezuela). Rodolfo Escobedo,
sintetiza lo antes expuesto:
“A partir de esta franja el Bloque Norte de las
AUC manejó, hacia el norte, los corredores a
la Costa Atlántica, Venezuela y Panamá, y en
particular hacia el Chocó, el Urabá, Sucre,
Bolívar, Atlántico, la Sierra Nevada de Santa
Marta, así como la Serranía del Perijá y los
límites entre Colombia y Venezuela, desde la
Guajira hasta Norte de Santander, pasando
por el Cesar” (Escobedo, 2011, 16).
Para entender las dinámicas del paramilita-
rismo en las ciudades y especialmente en Ba-
rranquilla, hay que delimitar sus objetivos al
control del monopolio de la coerción y la pres-
tación de seguridad a un conjunto de actividades
económicas proclives al control del crimen or-
ganizado
3
, tales como las plazas de mercado, la
extorsión a los pequeños y medianos comercian-
tes, el contrabando y el narcotráco, entre otras.
En varios casos, la inltración de los cargos de
elección popular como los Concejos y las Alcal-
días, lo que en la práctica le proporciona grandes
ganancias por efecto de la contratación pública
que cooptan, impunidad judicial y la posibilidad
de crear su propia red clientelar (Duncan, 2005).
En este sentido, el paramilitarismo en la
3. El crimen organizado es denido en el literal a del artículo 2
de la Carta de las Naciones Unidas contra el crimen transna-
cional como: “un grupo estructurado de tres o más personas
que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente
con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos
tipicados con arreglo a la presente Convención con miras a
obtener, directa o indirectamente, un benecio económico u
otro benecio de orden material”.
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ciudad de Barranquilla operó como una maa,
entendida esta como una forma superior de cri-
men organizado, que se basa en el cobro de un
impuesto a cambio de protección a individuos
u organizaciones y las actividades económicas
que realizan (legales o ilegales indistintamente),
es decir, son empresarios de la protección. Todo
este esquema de protección se funda en la fuer-
za o la amenaza de su uso, en pocas palabras
“quien no paga la extorsión es violentado auto-
máticamente” (Gambetta, 2000).
En cuanto a su accionar político, vale la pena
aclarar que en Barranquilla no lograron someter
o cooptar a las elites económicas ni a los baro-
nes electorales tradicionales como sí sucedió en
Santa Marta, Sincelejo y Valledupar (Pedraza y
Olaya, 2011). En este sentido, sus dinámicas po-
líticas en esta ciudad, se encuadraron dentro del
concepto de Reconguración Cooptada del Es-
tado desarrollado por Garay y Salcedo (2012).
Antecedentes
Según el Observatorio del Programa Presi-
dencial de Derechos Humanos y DIH (2005), la
presencia de crimen organizado en la ciudad de
Barranquilla no es reciente. Se remonta a la dé-
cada de los 70 del siglo pasado, momento en el
cual operaron en la ciudad grupos dedicados a la
mal llamada limpieza social. Al mismo tiempo,
se conformaron organizaciones delincuenciales
dedicadas al hurto, asentándose en barrios pe-
riféricos como La Chinita, El Ferry y Rebolo.
Con el tiempo, los miembros de estas bandas se
dedicaron, entre otras cosas, a actividades rela-
cionadas con el sicariato llegando a prestar sus
servicios al narcotráco y el paramilitarismo
4
.
El narcotráco ha sido un elemento central
de las dinámicas recientes de la violencia en Ba-
rranquilla. Es importante señalar que en los 70
cuando la bonanza marimbera estaba en pleno
desarrollo, muchos marimberos guajiros se tras-
ladaron a Barranquilla. Para Sánchez (2003), la
instalación del sicariato como práctica reiterada
para el cobro de cuentas o la resolución de con-
ictos es una evidencia de su paso a la ciudad.
De esta manera, hacia nales de los 70 e inicios
de los 80, se fue incubando toda una tradición
socio-cultural en torno al narcotráco.
Si bien Barranquilla no ha sido el eje sobre el
que gravita el narcotráco colombiano ni la sede
de un cartel poderoso, sí ha sido un espacio uti-
lizado tradicionalmente por miembros de maas
de todo el país, por su privilegiada condición de
puerto marítimo y desembocadura del río Mag-
dalena. Precisamente, esta ubicación geográca
ha hecho de esta ciudad un punto estratégico
para la exportación de droga y el ingreso de ar-
4. Sobre la historia, expansión y estrategias del paramilitarismo
en Colombia, véase: Rangel, A. (editor) (2008). El poder pa-
ramilitar. Bogotá: Fundación Seguridad & Democracia, Edi-
torial Planeta; Echandía, C. (2013). Narcotráco: Génesis de
los paramilitares y herencia de bandas criminales. Bogotá:
Fundación Ideas para la Paz; Revista Arcanos, No. 13, 2007.
Paramilitares y políticos. Bogotá: Corporación Nuevo Arco
Iris; Corporación Observatorio para la Paz (2002). Las ver-
daderas intenciones de los paramilitares. Bogotá: Intermedio
Editores; Romero, M. (editor) (2007). Parapolítica. La ruta
de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos. Bogotá:
Corporación Nuevo Arco Iris, Intermedio Editores; López, C.
(editora) (2010). Y refundaron la patria… De cómo maosos
y políticos reconguraron el Estado colombiano. Bogotá:
Corporación Nuevo Arco Iris; Congreso Visible, Dejusticia,
Grupo Método, MOE, Editorial Debate; Romero, M. (editor)
(2011). La economía de los paramilitares. Redes de corrup-
ción, negocios y política. Bogotá: Editorial Debate.
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123
mas e insumos químicos. Esto, con un contexto
social de alta tolerancia frente al contrabando y
el lavado de activos provenientes del tráco de
drogas.
A mediados de los 80, se conforma el Cartel
de la Costa, con centro de operaciones en Ba-
rranquilla y Santa Marta. En la segunda mitad
de los 90 este cartel fue debilitado entre otros
factores por el accionar de las autoridades y por
la llegada a la región de nuevos agentes ilegales,
destacándose los representantes de los narcotra-
cantes del norte del Valle, quienes coparon los
espacios dejados por el Cartel de la Costa, jun-
to a ellos se hacen fuertes los contrabandistas y
narcotracantes de La Guajira (Observatorio del
Programa Presidencial de Derechos Humanos y
DIH, 2012).
Hacia nes de los 90, el control del crimen
en la ciudad, lo ejercía la banda de Dino Meza,
que según el Diario El Tiempo “era la dueña de
las calles de Barranquilla, recogía por seguridad
y extorsiones más de 10 millones de pesos dia-
rios” (El Tiempo.com, 2007). En 1999 llegaron a
Barranquilla los primeros hombres de las Auto-
defensas Unidas de Colombia (AUC) enviados
por ‘Jorge 40’, para ese momento, Dino Meza
ya controlaba todas las actividades susceptibles
de extorsión. Por esto ‘Yair’, el primer jefe pa-
ramilitar que operó en la ciudad, citó a Meza
para que se uniera a las AUC y en dicha reunión
este último fue asesinado. Desde ese momento
en Barranquilla y el Atlántico hicieron presencia
activa dos estructuras del Bloque Norte de las
AUC, más precisamente el “Grupo Atlántico”
entre los años 2000 y 2003 y el Frente José Pa-
blo Díaz (en adelante FJPD) entre los años 2003
y 2006
5
.
La importancia de Barranquilla en el desplie-
gue de las AUC en el Norte de Colombia quedó
en evidencia en la versión libre ante la scal de
Justicia y Paz, del segundo hombre de las AUC
en el norte de Colombia, Rodrigo Tovar Pupo
(‘Jorge 40’), en la cual armó que el objetivo
central de todas las acciones político-militares
del Bloque Norte de las AUC era la captura de
Barranquilla, según Tovar Pupo “meterse en el
departamento del Atlántico, era una obsesión de
la casa Castaño” (Pedraza y Olaya, 2011, 191).
Es necesario aclarar que en Barranquilla, la pre-
sencia de los paramilitares no obedeció a un ob-
jetivo contrainsurgente, ya que las organizacio-
nes guerrilleras nunca han tenido una presencia
activa en la capital del departamento
6
, sino que
por el contrario, su expansión está ligada a las
raíces históricas que los unen con el narcotráco
y al crimen organizado.
5. El Frente cambia de nombre en el año 2003, en honor a José
Pablo Díaz, quien fue líder de la estructura paramilitar del de-
partamento del Atlántico entre el 2000 y 2003, año en que es
asesinado en una emboscada del Frente XIX de las FARC en
la troncal del Caribe, en el trayecto entre Ciénaga y Funda-
ción.
6. Sobre la presencia de las organizaciones guerrilleras en la
ciudad de Barranquilla y el departamento del Atlántico véa-
se: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos
Humanos y DIH (2005). Dinámica reciente de la violencia
en Barranquilla. Bogotá: Vicepresidencia de la República de
Colombia; Observatorio del Programa Presidencial de Dere-
chos Humanos y DIH (2012). Diagnóstico de la situación de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del
departamento del Atlántico 2000 - I semestre de 2011. Bo-
gotá: Vicepresidencia de la República de Colombia; López,
C. (coordinadora y editora) (2008). Monografía político-elec-
toral del departamento del Atlántico 1997 a 2007. Bogotá:
Misión de Observación Electoral, Corporación Nuevo Arco
Iris, Universidad de los Andes.
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Expansión y consolidación
El proceso de expansión y consolidación del
FJPD de las AUC, se presenta entre los años
2003 y 2006 (año de su desmovilización). En
este lapso de tiempo, la estructura paramilitar
del departamento del Atlántico estuvo bajo el
mando de Edgar Ignacio Fierro, alias ‘Don An-
tonio’
7
.
Fierro, siguió la misma estrategia de con-
trol social y expansión territorial usada por las
Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá
(ACCU), esta estrategia consistía en ganar el
apoyo de la Fuerza Pública y las instituciones del
Estado, establecer alianzas con políticos locales,
instalar candidatos propios en corporaciones pú-
blicas y hacer ciertas inversiones económicas
con el n de construir bases sociales (Arcanos,
2007); el orden social que buscaba instalar el
paramilitarismo en la ciudad de Barranquilla, se
dirigía hacia tres áreas especícas:
La económica-social: busca ordenar y con-
trolar las actividades económicas legales e ilega-
les, jerarquizando unas sobre otras y regulando
7. “Antes de ingresar al paramilitarismo, Fierro había pasa-
do por las zonas más conictivas del país como ocial del
Ejército. Como teniente, primero estuvo en Barrancabermeja,
cuando el Bloque Central Bolívar libraba una guerra con las
milicias urbanas del ELN. También pasó por el sur de Bolívar
y patrulló en las comunas de Medellín. Y como capitán estuvo
en el Cesar. Fierro llegó a las AUC en marzo de 2003 después
de haber sido destituido por haber hecho un allanamiento
ilegal. Como se lo contó a Verdad abierta, su llegada a las
AUC se dio después de haber salido por la puerta de atrás de
las Fuerzas Armadas cuando, de civil, organizó un operativo
para supuestamente incautar un armamento a un grupo gue-
rrillero en el Cesar. Cuando llegó al sitio no había ni armas ni
guerrilleros y después de una investigación el general Carlos
Alberto Ospina, entonces comandante de las Fuerzas Mili-
tares, decidió expulsarlo del Ejército” (verdadabierta.com,
2011a).
las relaciones sociales que nacen de este orde-
namiento.
La política institucional: se centra en la eli-
minación de las fuerzas políticas opositoras, en
la creación de nuevos actores y referentes socia-
les, políticos y organizativos, y en la implemen-
tación de mecanismos de control y coerción que
regulen la convivencia social.
La burocrática-administrativa: reglamenta
las funciones y alcances de las instituciones pú-
blicas con respecto a sus intereses particulares y
la gestión de los mismos.
El accionar violento del paramilitarismo en
la capital del Atlántico se dirigió en contra de
todas las personas, grupos u organizaciones que
se opusieran o entorpecieran la construcción de
este orden social. En la práctica, esto se tradujo
en una signicativa reconguración del escena-
rio social, delincuencial y en menor medida el
espectro político de esta ciudad.
El impacto social causado por la expansión
y consolidación del FJPD en la ciudad de Ba-
rranquilla, produjo un dramático aumento de
la criminalidad y la violación de los Derechos
Humanos en la capital del Atlántico, según ver-
dadabierta.com (2011), esta estructura parami-
litar entre los años 2004 y 2006 cometió 1.664
homicidios. Con la llegada del FJPD, el despla-
zamiento forzado en Barranquilla pasó de 966
personas en 1999 a 6.297 en el 2000 y a 10.778
personas en el 2001.
Hay que resaltar que en estas cifras no se tie-
nen en cuenta muchos homicidios cometidos por
el FJPD y que fueron registrados como muertes
comunes o no ligadas a la acción paramilitar,
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esta armación se desprende de declaraciones
realizadas por ‘Don Antonio’, en una diligencia
judicial:
“Don Antonio le contó a la scal que men-
sualmente se reunía en Cartagena o Santa Mar-
ta con los comandantes militares de las AUC
de diferentes zonas. En esos encuentros, narró,
“cada comandante entregaba una relación de
las bajas de sus respectivas zonas”. Don An-
tonio dijo que la única regla que tenían que
cumplir los paramilitares bajo su mando era la
de no asesinar a más de tres personas a la vez,
para evitar presión de los medios y las autorida-
des” (Semana.com, 2007).
Medios y nes
La violencia paramilitar ejercida con el n
de lograr el control social, político y económi-
co de la ciudad de Barranquilla, se edicó sobre
tres políticas especícas que la Sala de Justicia
y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá (2011), denominó:
1. Discurso contrainsurgente. Para legitimar
su accionar violento contra la sociedad civil
de Barranquilla, los paramilitares instalaron
un discurso anti-subversivo que sirvió como
falso imaginario ideológico para perseguir a
aquellas personas o grupos que en el desarro-
llo de sus actividades se dedicaban a la rei-
vindicación de derechos sociales, económi-
cos y culturales. Esta política, de homicidios
selectivos o de violencia discriminada, era
fruto de falsos, arbitrarios y descriteriados
señalamientos realizados por miembros de la
estructura paramilitar dedicados a labores de
inteligencia.
Cabe destacar que el FJPD, en el marco de
su actividad “contrainsurgente” desplegó una
táctica ofensiva que consistió en amenazar,
desplazar y asesinar a defensores de derechos
humanos, académicos, estudiantes, políticos de
izquierda, sindicalistas, líderes comunitarios,
miembros de las comunidades LGBT (lesbianas,
gays, bisexuales y transexuales). Según verda-
dabierta.com (2012) solo durante el año 2003, la
persecución paramilitar contra los miembros de
los sindicatos llegó a tal punto que amenazaron
a 63 sindicalistas aliados a la Central Unitaria
de Trabajadores (CUT), Anthoc, Sintrahoincol,
Sintraimargra, Sintranaviera, Sutimac, Sintra-
bancol, Sinthol, Sintrainal Barranquilla, Sindi-
cato de Galapa, Sintracarne, Sintraelecol Atlco.,
Sintraelecol Corelca, Sintracoolechera, Sintraa-
grícola, Sintrago y Fecode.
2. Limpieza social. Este eufemismo se utilizó
para justicar una serie de asesinatos que te-
nían como objetivo generar una percepción
de seguridad en los sectores de la ciudad que
eran extorsionados por el FJPD. Bajo esta
política:
“el derrotero ideológico deja de inscribirse
en el estadio de lo político para radicarse en
lo ético moral manipulando estándares de
normalidad y anormalidad dentro del con-
glomerado social. A diferencia de la política
de homicidios selectivos, donde el enemigo
se ubica en cabeza de aquellos señalados
como auxiliares de la subversión, en la polí-
tica de limpieza social el enemigo en sentido
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abstracto deja de ser político y se tiene por
este a aquel que, supuestamente, ha cometi-
do delitos comunes, consume estupefacientes
o simplemente genera sospecha a la orga-
nización” (Sala de Justicia y Paz del Tribu-
nal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
2011, 151).
Por otro lado, la eliminación de la delincuen-
cia común posibilita la regulación de la crimina-
lidad en todos los niveles y la construcción del
monopolio sobre ciertos delitos que producen
un alto valor operativo, tales como: el sicariato,
el secuestro, la extorsión, el robo de valores y
el transporte y acopio de drogas y el lavado de
activos. En este sentido, Duncan (2013) arma
que toda protección del narcotráco implica una
amenaza, ya que solo es posible ofertar protec-
ción cuando se está en real capacidad de amena-
zar. Una organización ilegal como la paramilitar,
solo puede ofrecer una protección creíble cuan-
do demuestra que tiene la suciente fuerza para
someter a otras organizaciones armadas.
3. Homicidios retributivos. En este caso, la
muerte se asume como la consecuencia natu-
ral por el no pago de los tributos que el grupo
paramilitar exige para sostener su actividad
ilegal. En este punto cabe señalar que el eje
central sobre el cual giró la dinámica para-
militar en esta ciudad fue la consecución de
recursos económicos para el Bloque Norte.
Es por eso que según Pedraza y Olaya
(2011), ‘Don Antonio’ junto a Gregorio Mango-
nes (‘Carlos Tijeras’), conformaron “La Empre-
sa”, una estructura económica de tipo maoso,
que tenía como n la creación de un presupuesto
estable que permitiera una operatividad con-
tinua del proyecto paramilitar por medio de la
monopolización de mercados legales e ilegales
a escala regional.
En el caso de Barranquilla, la extorsión a co-
merciantes se convirtió en una práctica común,
según verdadabierta.com (2011), Oswaldo Cal-
vano era el encargado del cobro del “impuesto”
en el mercado público de la ciudad, del cual ob-
tenían un aproximado de 50 millones de pesos
mensuales. Otro gremio afectado directamente
por la actividad extorsiva del paramilitarismo en
la ciudad de Barranquilla fue el de los tenderos,
quienes durante el año 2005 pagaron 3.000 mi-
llones de pesos en extorsiones
8
(El Tiempo.com,
2005).
Pero la mayor fuente de ingresos de esta es-
tructura paramilitar la constituyó el monopolio
que ejercieron sobre la protección, transporte,
acopio y control de puntos de exportación de
cocaína. El encargado de las actividades relacio-
nadas con el narcotráco fue Miguel Villarreal
Archila (‘Salomón’), un subintendente retirado
de la Policía.
En su versión libre, alias ‘Salomón’ confesó
que en asocio con miembros de la Policía, los
narcotracantes entre los años 2003 y 2006 ex-
portaron por los puertos del Atlántico más de
8. En un aparte de la Sentencia proferida por la Sala de Justicia
y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
(2011) en contra de Edgar Fierro (‘Don Antonio’), se lee lo
siguiente: “Otro aspecto importante de resaltar es la muerte
selectiva de algunos tenderos en la ciudad de Barranquilla y
el municipio de Soledad. En el año 2004 fueron asesinados 20
tenderos, 9 en el 2005” (p. 24).
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100 toneladas de cocaína, también armó que
los paramilitares les cobraron por cada kilo un
impuesto de entre 50 y 75 dólares. Según ‘Salo-
món’, por este concepto el FJPD recaudó más de
dos millones de dólares anuales (verdad abierta,
2011b).
La Revista Semana (2003), registró un hecho
que dejó en evidencia la anterior información.
En agosto de 2003, miembros de la Policía Na-
cional del departamento del Atlántico, decomi-
saron 2 toneladas y media de cocaína que luego
fueron devueltas a narcos del norte del Valle,
previo pago de un soborno gestionado por el
Bloque Norte de las AUC que era el encargado
de la protección y transporte de la droga. Fue tal
la colaboración de la Policía Nacional en este
departamento con el Bloque Norte de las AUC,
que el Diario El Tiempo en su edición digital del
4 de febrero de 2007, señaló que:
“En Barranquilla empezó a decirse que la
coca de los ‘paras’ se movía libremente por
la ciudad. De hecho, el retiro de cinco o-
ciales de alto rango de la Policía Atlántico
en los últimos tres años y la detención de 20
miembros de la institución están relaciona-
dos con escándalos como la devolución de
tres toneladas de cocaína que habían sido
descubiertas en un retén” (El Tiempo.com,
2007).
La actividad criminal desplegada por el para-
militarismo en la ciudad de Barranquilla, fue fa-
vorecida por la complicidad de agentes estatales
que por simpatía, coerción o cooptación facilita-
ron su expansión y consolidación. En esta ciu-
dad se produjo una Reconguración Cooptada
del Estado, que según Garay y Salcedo (2012),
ocurre en contextos de corrupción avanzada,
presentando las siguientes características: 1.
Participan individuos y grupos sociales legales e
ilegales. 2. Los benecios que persiguen no son
solo económicos sino también de tipo penal y
de legitimación social. 3. Por medio de la fuerza
o la amenaza real de su uso establecen alianzas
políticas que complementan o reemplazan la ex-
torsión. 4. Afecta de distintas maneras todos los
niveles de la administración pública. Con estas
características, la Reconguración Cooptada del
Estado puede denirse como: “La acción de
agentes sociales legales e ilegales, que median-
te prácticas ilegales o legales pero ilegítimas,
buscan sistemáticamente modicar desde den-
tro el régimen e inuir en la formulación, mo-
dicación, interpretación y aplicación de las re-
glas de juego social y de las políticas públicas”
(Garay y Salcedo, 2012, 36). Estas acciones son
desarrolladas con el n de materializar sus ob-
jetivos en el largo plazo y lograr la legitimación
política y social de sus intereses, aunque dichos
intereses no busquen el bien común.
Las interacciones desarrolladas por la co-
mandancia del FJPD de las AUC y distintos
agentes estatales escenican un proceso de Re-
conguración Cooptada del Estado en la ciudad
de Barranquilla. Con respecto a esto, ‘Don An-
tonio’ ha reconocido en varias declaraciones pú-
blicas que tuvo estrechos vínculos con Gabriel
Turizo, quien fuera director del Cuerpo Técnico
de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General
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de la Nación en los departamentos de Atlántico
y La Guajira. ‘Don Antonio’ le pagó a Turizo
20 millones de pesos cuando este funcionario le
informó que habían varios operativos en su con-
tra y era inminente su captura. Esta información,
posibilitó el escape del comandante paramilitar.
En la misma línea, ‘Don Antonio’ confesó que,
con la ayuda de funcionarios de la Registradu-
ría Nacional, sustrajo las chas con sus huellas
dactilares y toda la información que había sobre
él en esa entidad. Así mismo, contó también que
recibió ayuda del excongresista Pedro Peñalosa,
suplente del también excongresista Jorge Luis
Caballero, condenado por la Corte Suprema de
Justicia a seis años de prisión por sus vínculos
con el paramilitarismo. ‘Don Antonio’ ha soste-
nido que el entonces congresista Peñalosa, le ha-
bía prestado su vehículo blindado ocial y que,
además, le entregó carné para que sus hombres
se hicieran pasar por guardaespaldas del parla-
mentario (Semana.com, 2007).
Estos hechos, ponen de relieve la debilidad
de las instituciones estatales en el plano local, lo
que permite la instrumentalización por parte de
agentes ilegales, precisamente de aquellas insti-
tuciones cuya función primordial es el combate
al crimen organizado (Arévalo y Ortega, 2013).
Los hechos antes referenciados muestran cómo
el FJPD logró que varias instituciones públicas
de la ciudad de Barranquilla y del departamento
del Atlántico estuvieran a su servicio.
El esquivo poder político
Es importante destacar que si bien el parami-
litarismo logró permear instituciones públicas en
la ciudad de Barranquilla y cooptar por distintos
medios a varios agentes estatales, en esta ciudad
no lograron penetrar las estructuras políticas, ya
que los barones electorales de la ciudad
9
, se re-
sistieron a las alianzas con el paramilitarismo y
no compartieron la administración pública con
actores ilegales a diferencia de ciudades como
Montería, Santa Marta, Sincelejo y Valledupar
en las que el Bloque Norte de las AUC se apode-
ró del poder político-administrativo
10
.
Esta especie de pacto de “no agresión” táci-
to, entre las elites políticas tradicionales de la
ciudad de Barranquilla y el FJPD podría ex-
plicarse desde el planteamiento de Peter Wald-
man (1997), quien sostiene que muchas veces
las elites no realizan los esfuerzos necesarios
para terminar con la actividad criminal, ya que
al superar el shock producido por la disputa y
pérdida del control político y militar sobre una
parte del territorio, se adaptan rápidamente a
esta nueva situación y comparten la soberanía,
especialmente cuando el porcentaje de recursos
económicos y densidad demográca presentes
9. Sobre estos véase: López, C. (coordinadora y editora) (2008).
Monografía político-electoral del departamento del Atlántico
1997 a 2007. Bogotá: Misión de Observación Electoral, Cor-
poración Nuevo Arco Iris, Universidad de los Andes.
10. Sobre la captura del Estado llevada a cabo por el Bloque Norte
de las AUC en los departamentos de Cesar, Córdoba y Mag-
dalena véase en su orden: Cubides, F. (2008). “Narcotráco
y paramilitarismo: ¿matrimonio indisoluble?”. En Rangel, A.
(editor), El poder paramilitar. Bogotá: Fundación Seguridad
& Democracia, Editorial Planeta; López, C. (2008) (coordi-
nadora y editora). Monografía político-electoral del departa-
mento de Córdoba 1997 a 2007. Bogotá: Misión de Obser-
vación Electoral, Corporación Nuevo Arco Iris, Universidad
de los Andes; Zúñiga, P. (2007). “Ilegalidad, control local y
paramilitares en el Magdalena”. En Romero, M. (editor), Pa-
rapolítica: la ruta de la expansión paramilitar. Bogotá, Co-
lombia: Corporación Nuevo Arco Iris, Intermedio Editores.
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en el territorio “perdido” no afecta o amenaza su
posición dominante y mantiene hacia el exterior
una percepción de aparente legitimidad. Este
tipo de situaciones es denida por Mauricio Ro-
mero (2007) como un “desorden duradero”, es
decir, “circunstancias en las cuales los gobiernos
(en este caso locales) no son capaces de abordar
la raíz de los problemas, pero tampoco dejan co-
lapsar el sistema”.
Pero el hecho de no haber logrado el control
político de la ciudad no quiere decir que no lo
intentaron. Curiosamente, la única fuerza polí-
tica que tranzó con el FJPD fue el Movimiento
Ciudadano, un movimiento de centro-izquierda,
conformado por la convergencia de movimien-
tos políticos como la Alianza Democrática M-19
y otros movimientos sociales de izquierda, que
se agrupan en torno a la candidatura a la Alcal-
día de Barranquilla de Bernardo Hoyos, quien
también recibió el apoyo de sectores liberales
como el movimiento Voluntad Popular del sena-
dor Fuad Char.
La candidatura de Hoyos se construye sobre
un proyecto político de tipo popular y progre-
sista, convirtiéndose en el mayor opositor de los
tradicionales barones electorales de la ciudad
(José Name y Roberto Gerlein), con un discur-
so populista que denunciaba la corrupción y los
abusos presentes en la ciudad causados por los
antes citados. Esta nueva fuerza política popu-
lar y de izquierda que se enfrenta a los caciques
tradicionales, sale victoriosa y logra obtener en
las elecciones de 1992 la Alcaldía de Barranqui-
lla, con Bernardo Hoyos, y la Gobernación de
Atlántico, con Gustavo Bell. Una vez terminado
su periodo de gobierno, Hoyos logra “traspasar”
electoralmente la alcaldía a un candidato de su
mismo movimiento, Edgar George (1995-1997),
y luego repite Hoyos en el periodo 1998-2000. El
caudal electoral del Movimiento Ciudadano se
ve afectado con el triunfo de Humberto Caiaffa
(2001-2003), pero logra recuperarse con la vic-
toria de Guillermo Hoenigsberg (2004-2007),
este sería el último Alcalde por ese movimien-
to en Barranquilla. Para este momento, salvo la
primera elección de Hoyos, todos las victorias
electorales del Movimiento Ciudadano contaron
con el respaldo de José Name y en la elección de
Guillermo Hoenigsberg fueron apoyados por los
Gerlein (Caicedo, 2008).
Precisamente fue durante la campaña electo-
ral de Hoenigsberg que el FJPD logra su ingreso
a los espacios políticos de la ciudad. Carlos Ma-
rio García (‘Gonzalo’), coordinador político del
FJPD, ha contado públicamente que le entregó
a la campaña de Hoenigsberg 2.500 millones de
pesos a cambio de su participación activa en la
administración. Según el propio ‘Gonzalo’, el
FJPD llegó a proyectar que el 40 % de la Alcal-
día de Barranquilla sería suyo.
En esta ciudad, los intereses paramilitares se
concentraron más en la captura y apropiación de
las nanzas públicas que en la representación
política. En este sentido, el medio usado para
dicha captura fueron las concesiones, destacán-
dose las siguientes: Concesión a Inversiones Los
Ángeles para la gestión y recaudo tributario.
La concesión la entrega inicialmente Bernardo
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Hoyos y posteriormente en la administración
de Hoenigsberg Inversiones Los Ángeles cede
la concesión a Métodos y Sistemas, tomada en
parte por intereses privados y capitales ilegales.
La monografía político-electoral del departa-
mento del Atlántico 1997-2007, realizada por la
Misión de Observación Electoral y la Corpora-
ción Nuevo Arco Iris, sintetiza de la siguiente
manera la forma como el Bloque Norte de las
AUC y su FJPD intervinieron económica y po-
líticamente la administración pública de Barran-
quilla:
“-Concesión del recaudo de impuestos a
privados: el alcalde de Barranquilla, Ho-
yos, da en concesión el recaudo de sus im-
puestos, a Inversiones Los Ángeles Ltda.,
por medio del Contrato de Consultoría GP-
CM-CONS-001-2000, cuyos accionistas
principales eran el exsenador David Name
y su entonces esposa, Albertina Guerra de la
Espriella. -Cesión del contrato: Inversiones
Los Ángeles Ltda. cede el contrato de recau-
do de impuestos a la empresa Métodos & Sis-
temas S.A. A nales de diciembre de 2003.
-Cambio de socios del concesionario Méto-
dos y Sistemas permitió que entraran socios
y funcionarios presuntamente relacionados
con ‘Jorge 40’. -Asesinato de socios del con-
cesionario. Eduardo Losada (presidente de
Métodos y Sistemas y quien presuntamente
había sido quien entregó los dineros para
la campaña de Hoenigsberg fue asesinado
en junio de 2004. -Según confesión de alias
‘Don Antonio’ los paramilitares obtenían del
concesionario Métodos y Sistemas un aporte
mensual de veinte millones de pesos para las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”
(MOE - CNAI, 2008, 47-48-49).
Con la nanciación ilícita de la campaña
de Guillermo Hoenigsberg, logran posterior-
mente aanzar sus alianzas políticas y electoral
regionales, por medio de la coerción armada y
el fraude electoral los senadores Mauricio Pi-
miento, Álvaro Araújo y Dieb Maloof
11
, obtu-
vieron el apoyo electoral de la administración de
Hoenigsberg en Barranquilla y de la alcaldesa de
Soledad Astrid Barraza (MOE - CNAI, 2008).
Precisamente la Corte Suprema de Justicia,
acaba de compulsar copias a la Fiscalía Gene-
ral de la Nación para que investigue al exalcal-
de Hoenigsberg, basándose en una declaración
rendida los días 1 y 2 de agosto de 2013, por
el excomandante paramilitar Diego Fernando
Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, ante una
comisión de scales delegados, en dicha decla-
ración, ‘Don Berna’ armó que:
“él era Alcalde de Barranquilla, él estuvo en
Santa Fe de Ralito, a él lo lleva un señor al
que le hicieron un atentado del que salió in-
válido, que le decíamos Yuyo (…) el objetivo
era conocerlo y saber que él era una persona
cercana a las Autodefensas, que tuvo el apoyo
y respaldo del Bloque Norte, concretamente
del señor (Rodrigo Tovar Pupo) ‘Jorge 40’,
también para intercambiar algunos concep-
11. Los tres fueron condenados a penas privativas de la libertad
por sus nexos con los grupos paramilitares.
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tos e ideas, ya que una de las labores mías
en la organización pues era la parte política,
y yo sé que él era cercano a la organización
y tuvo el respaldo y el apoyo de ‘Jorge 40’”
(elheraldo.com.co, 2013).
CONCLUSIONES
Del anterior análisis pueden extraerse las si-
guientes conclusiones:
1. La presencia del paramilitarismo en la ciu-
dad de Barranquilla, no obedeció a una es-
trategia contrainsurgente sino a sus estrechos
vínculos con el narcotráco y el crimen orga-
nizado.
2. Los objetivos del paramilitarismo en la
ciudad de Barranquilla, se centraron en el
control del monopolio de la coerción y la
prestación de seguridad a un conjunto de ac-
tividades económicas proclives al control del
crimen organizado tales como las plazas de
mercado, la extorsión a los pequeños y me-
dianos comerciantes, el contrabando y el nar-
cotráco, entre otras.
3. La actividad criminal desplegada por el pa-
ramilitarismo en la ciudad de Barranquilla,
fue favorecida por la complicidad de agentes
estatales que por simpatía, coerción o coop-
tación facilitaron su expansión y consolida-
ción, produciéndose en este caso una parcial
reconguración cooptada del Estado.
4. A pesar de que el FJPD de las AUC, logró
permear instituciones públicas en la ciudad
de Barranquilla y cooptar por distintos me-
dios a varios agentes estatales, en esta ciudad
no lograron penetrar completamente las es-
tructuras políticas, ya que los barones electo-
rales de la ciudad, se resistieron a las alianzas
con el paramilitarismo y no compartieron la
administración pública con actores ilegales a
diferencia de ciudades como Montería, Santa
Marta, Sincelejo y Valledupar en las que el
Bloque Norte de las AUC se apoderó total-
mente del poder político-administrativo.
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