* Este artículo de revisión, hace parte de la investigación “ La política exterior colombiana durante el siglo XX. Obje tivos, medios y
estrategias”, desarrollada en el marco del Grupo de Trabajo CLACSO “Confl ictos sociales, acciones colectivas y políticas de transfor-
mación social”.
** Aboga do, Doctor en Estudios Americanos (Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad Santiago de Chile). Docente catedrático
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la Costa (CUC), Barranquilla, Colombia. luifer_385@hotmail.com
La política exterior del Estado
colombiano (1958-2002).
Muchas continuidades
con pocas rupturas*
The exterior politics of the Colombian
State (1958-2002). Many continuities
with few breaks
Luis Fernando Trejos Rosero**
Recibido: 13 de julio de 2012 / Aceptado: 19 de septiembre de 2012
Palabras clave:
Política exterior,
Relaciones internacionales,
Dependencia, Narcotráfi co, Confl icto.
Key words:
Foreing policy, International rela-
tions, Dependence, Drug traffi cking,
Confl ict.
Resumen
En este artículo de revisión se busca realizar un análisis crítico de la políti-
ca exterior colombiana de las últimas cinco décadas, resaltando la dependencia
que el Estado colombiano ha tenido con respecto a la política exterior de los
Estados Unidos. En el caso colombiano, la necesidad del mercado y emprés-
titos estadounidenses, durante gran parte del siglo XX y más recientemente la
incapacidad del Estado colombiano de controlar problemas que amenazan su
seguridad interna, como lo son: el narcotráfi co, el confl icto armado y recien-
temente el terrorismo, han hecho que en la relación con los Estados Unidos,
se confi gure una dependencia casi estructural que solo ha presentado pocas
rupturas en el último siglo.
Abstract
In this article of review seeks to realize a critical analysis of the exterior
Colombian policy of last fi ve decades, highlighting the dependence that the
Colombian State has had with regard to the exterior politics of the United
States. In the Colombian case, the need of the market and American loans,
during great part of the 20th century and more recently the disability of the
Colombian State to control problems that threaten his internal safety, such as:
the drug traffi cking, the armed confl ict and recently the terrorism, they have
done that in the relation with the United States, forms a dependence almost
structural that only has presented few breaks in the last century.
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INTRODUCCIÓN
Si bien como lo señala Van Klaveren (1983),
las visiones estáticas en las relaciones interna-
cionales dan pie a peligrosas simplifi caciones
alejadas de la realidad, y que todo análisis his-
tórico profundo debe concebir las relaciones
entre los dos extremos de América, como una
sucesión de hechos con etapas marcadas y ca-
racterísticas propias. En cierta forma, porque
las respuestas de América Latina con respecto a
los Estados Unidos, han sido cambiantes y diná-
micas. En el caso colombiano, la necesidad del
mercado y empréstitos estadounidenses, durante
gran parte del siglo XX y más recientemente la
incapacidad del Estado colombiano de controlar
problemas que amenazan su seguridad int erna,
como lo son: el narcotráfi co, el confl icto armado
y recientemente el terrorismo, han hecho que en
la relación con los Estados Unidos, se confi gu-
re una dependencia casi estructural que solo ha
presentado pocas rupturas en el último siglo.
En 1823, el Secretario de Estado de los Es-
tados Unidos, Jhon Quincy Adams, se refería a
la potencialidad que los recursos colombianos
bien organizados tendrían sobre el desarrollo del
país, según Adams: “esos atributos harían que el
país fuese llamado a ser en adelante una de las
naciones más poderosas de la tierra” (Tokatlian,
2000, p. 35). El siglo XX, se inició con tensiones
en las relaciones binacionales, debido a la sece-
sión de Panamá en 1903, promovida activamen-
te por los Estados Unidos.
Durante el gobierno del excanciller conser-
vador Marco Fidel Suárez (1918-1921), se desa-
rrolló la Doctrina Suárez, que se materializó en
el lema Respice Polum (mirar hacia la estrella
del norte), mirar hacia los Estados Unidos, por-
que: “El norte de nuestra política exterior debe
estar allá, en esa poderosa nación, que más que
ninguna ot ra ejerce atracción respecto de los
pueblos de América” (Tokatlian, 2000, p. 36).
Esta política, que buscaba el establecimiento de
una relación bilateral profunda en temas comer-
ciales, fue el mar co en el que se ha desarrolla-
do un alineamiento histórico de Colombia a los
Estados Unidos. Alineamiento que se estructuró
desde 1923, con la llegada a nuestro país de la
misión de asesoría económica Kemmerer. Esta
misión, tenía como tarea central, asesorar al
Gobierno colombiano sobre la mejor manera de
invertir los 25 millones de dólares que los Esta-
dos Unidos le pagaron a Colombia, en compen-
sación por la secesión de Panamá. La realización
de una serie de reformas sugeridas por la Misión
Kemmerer, buscaba asegurar la llegada de capi-
tales y empréstitos norteamericanos.
Para Cepeda y Pardo (1989), la puesta en
marcha de dichas reformas, fueron el punto de
inicio del Respice Polum, en la política exterior
colombiana. De esta manera, los bancos ingleses
fueron desplazados por los créditos provenien-
tes de los Estados Unidos. Al fi nalizar la década
del 20, la deuda externa colombiana era inquie-
tante y en su casi totalidad se debía a los Estados
Unidos.
Fue tal la infl uencia del Respice Polum en las
relaciones internacionales colombianas, que en
1959, el e ntonces canciller Julio César Turbay
Ayala, en un discurso frente a la Cámara de Re-
presentantes afi rmaba:
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He de decir aquí que el señor Suárez jugó un
papel importantísimo en nue stras relaciones
exteriores y levantó el nombre de Colombia
hasta planos de extraordinaria altura y respe-
tabilidad dentro del concierto de los pueblos
cultos. Su teoría Respice Polum (…) ha ve-
nido abriéndose campo en el continente (…)
Cumplo, pues, con un deber de solidaridad
y de admiración al insigne canciller Suárez,
al declarar que en mi concepto, su aporte al
prestigio internacional de Colombia ha sido
uno de los más grandes (1959, p. 52).
En el plano militar, desde 1929 Colombia y
Estados Unidos, habían iniciado contactos como
parte de la planifi cación de la defensa del Ca-
nal de Panamá. Ya que para los Estados Unidos,
era tema de preocupación la posibilidad de que
una fuerza extrarregional, atacara militarmente
el Canal desde suelo colombiano. En la misma
línea, Tirado (1989), señala que desde 1948, Co-
lombia autorizó misiones de entrenamiento del
Ejército y la Aviación de los Estados Unidos, en
el marco del programa hemisférico de defensa.
En febrero de 1949 se fi rmó en Bogotá el Pacto
de Asistencia y Asesoría Militar con los Estados
Unidos para la provisión de equipo militar al
Ejército y la Fuerza Aérea colombiana. Esta re-
lación se mantendría y profundizaría en los años
siguientes, llegando a convertirse el Respice Po-
lum, en los inicios de la Guerra Fría, en: “una
visión ideológica del papel de Colombia en el
mundo, marcada por un férreo anticomunismo y
una identifi cación sin matices con Estados Uni-
dos” (Tokatlian, 2000, p. 37).
RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
El Frente Nacional (1958-1974)
Con la presidencia del liberal Alberto Lleras
Camargo (1958), se da inicio al Frente Nacional.
En ese momento, las puertas de la democracia
se cerraron para todos aquellos grupos, partidos
o movimientos políticos que no fueran libera-
les o conservadores. Contra esta realidad chocó
el PCC y su nueva e strategia de apertura legal
(electoral), ya que era un partido político legal
pero no podía acceder a cargos públicos. Desde
ese año, el Estado de Sitio y la exclusión de ter-
ceras fuerzas políticas serán una constante en la
historia de Colombia.
En el escenario internacional, el Frente Na-
cional mantuvo su estrecho vínculo con Estados
Unidos. En 1959, el canciller Julio César Tur-
bay, en discurso pronunciado ante la Cámara de
Representantes, indicaba:
Los Estados Unidos tienen la doble condi-
ción de ser nuestro más grande y poderoso
vecino y la primera potencia económica,
científi ca y militar de los tiempos modernos.
Nos movemos en la misma órbita y con ellos
compartimos nosotros en la pequeña porción
que corresponde a nuestras reducidas y limi-
tadas capacidades la defensa de la civiliza-
ción occidental (1959, p. 52).
En diciembre de ese mismo año, el Canci-
ller colombiano, en un discurso pronunciado en
Río de Janeiro, profundizaba la relación con los
Estados Unidos, cuando sostenía que el aporte
latinoamericano a la construcción de la paz in-
ternacional, se asociaba de manera directa con el
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apoyo a la política internacional de los Estados
Unidos. Según el canciller Turbay:
Los 20 votos de la América Latina en las
Naciones Unidas son indispensables para
inclinar las decisiones del gran foro mundial
hacia la causa que abanderan a plena satis-
facción nuestra los Estados Unidos. P ero no
solo hemos estado obrando conjuntamente
con aquella Nación en el campo político sino
que hemos expresado nuestra solidaridad
con ella llevando nuestras tropas a los cam-
pos de batalla y corriendo los riesgos propios
de quienes participan en la guerra (1961, p.
159).
Para el G obierno colombiano, la única ma-
nera de lograr instaurar el imperio de la paz en
el escenario internacional, era apoyando irres-
trictamente el accionar internacional de los Es-
tados Unidos. Según Pardo (1987), de esta ma-
nera, Colombia manifestó su abierta disposición
a declarar al “comunismo internacional” como
enemigo del hemisferio, asumiendo así, los inte-
reses norteamericanos como propios.
A nivel doméstico, hay que destacar lo refe-
rido al manejo autónomo (ajeno al control civil)
que de la seguridad y el orden público, hicieran
las Fuerzas Armadas colombianas, desde que el
presidente Alberto Lleras Camargo, en mayo de
1958, formulara su doctrina, en el famoso dis-
curso que pronunció frente a los Ofi ciales de las
Fuerzas Armadas, destacados en Bogotá. En al-
gunos apartes de dicho discurso, manifi esta tex-
tualmente:
Yo no quiero que las Fuerzas Armadas deci-
dan cómo se debe gobernar la Nación, en vez
de lo que decida el pueblo, pero no quiero,
en manera alguna que los políticos decidan
cómo se deben manejar las Fuerzas Armadas,
en su función técnica, en su disciplina, en sus
reglamentos, en su personal (Valencia, 1992,
p. 344-345).
Lo que el presidente Lleras buscaba, era
mantener a los militares neutrales frente a los
partidos tradicionales y evitar la repetición de
un Golpe de Estado. De esta manera, desde
1958 hasta 1990
1
, la Doctrina Lleras, fue el úni-
co lineamiento político global en materia mili-
tar. Marcándose de este modo, un largo periodo
de autonomía militar frente al poder civil. Este
vacío, en la conducción política de las acciones
militares, fue suplido por un improvisado dise-
ño de políticas castrenses que señalaban el papel
de las Fuerzas Armadas en la sociedad. P apel
marcado por la conversión de la protesta social
en un asunto de orden público, cuyo tratamien-
to era exclusivo de las Fuerzas Armadas. Según
Buitrago (1994), ante la ausencia, de una clara
estrategia política, que condujera el esfuerzo mi-
litar del Estado, el anticomunismo contenido en
la Doctrina de la Seguridad Nacional y marcado
por la infl uencia de los Estados Unidos sobre el
Ejército y el Estado colombiano, se convirtió
en la directriz política que orientó el comporta-
miento militar durante cuatro décadas. En este
contexto, la seguridad nacional se entendió bajo
una amenaza permanente por parte de fuerzas
1. En agosto de 1991 se nom bró el primer Ministro de Defensa
Civil, Rafael Pardo Rueda, después de que en 38 añ os (1953-
1991), el cargo fue ocupado por 17 generales.
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nacionales e internacionales ligadas al comunis-
mo.
La participación de militares norteamerica-
nos en las operaciones contra los núcleos cam-
pesinos de orientación comunista, iba en la línea
de la política exterior colombiana, si se revisa,
un discurso pronunciado por el presidente Va-
lencia, en los días posteriores a su posesión, ci-
tado por Lizarazo (1990), se verifi ca esta afi r-
mación:
Desde el punto de vista de la política interna-
cional el Gobierno seguirá las luminosas hue-
llas de mi ilustre antecesor, que corresponden
a la más egregia tradición colombiana en esta
materia. Ubicada dentro de la organización
hemisférica y del lado del mundo libre (…)
nos consideramos dentro de la órbita de los
Estados Unidos de América, como potencia
hegemónica, y hoy lo hacemos además con
fervor y entusiasmo porque la gran demo-
cracia del norte ha rectifi cado con nobl eza,
justicia y valor indiscutibles viejos métodos
imperialistas (p. 4).
Durante este periodo, Colombia se mantuvo
férreamente alineada con los Estados Unidos,
apoyando la expulsión de Cuba del Sistema In-
teramericano, en enero de 1962. La situación
cubana posibilitó la concreción de la vieja pre-
tensión de varios países latinoamericanos de
que los Estados Unidos, promovieran un plan
de fi nanciamiento que estimulara el desarrollo,
a través de una masiva transferencia de recursos
norte-sur. En este marco, el presidente John F.
Kennedy, lanzó la Alianza para el Progreso, que
en un primer momento se planteó la distribución
de veinte mil millones de dólares, para fi nanciar
proyectos en un lapso de 10 años.
La consolidación de la revolución cubana,
hizo que Washington, considerara que el fo-
mento de programas económicos, acompañados
de reformas sociales, abonaría el camino para
el surgimiento de gobiernos democráticos, de-
jando sin campo de maniobra los impulsos del
comunismo en América Latina. En cierta forma,
la Alianza para el Progreso marcó el punto de
culminación de la contradicción de intereses
presentes entre La tinoamérica, que propendía
por dar prioridad a los temas económicos de la
agenda, y los Estados Unidos, que ponían énfa-
sis en los aspectos de seguridad y defensa. La
amenaza que se desprendía desde Cuba, sobre
Latinoamérica, precipitó la cooperación del he-
misferio en contra del comunismo, cooperación
que Washington consiguió no sin costos.
Colombia fue uno de los grandes benefi cia-
rios de la Alianza para el Progreso. La estabi-
lidad institucional generada por el régimen bi-
partidista (Frente Nacional), instalado en 1958,
presentaba un escenario favorable para la re-
cepción e inversión de recursos, más, cuando el
pacto político vigente, subordinaba los asuntos
políticos a los económicos, además del irrestric-
to compromiso colombiano en la contención del
castrismo (Rojas, 2010). Según Mitchell, citado
por Cepeda y Pardo (1989), entre 1962 y 1973,
Colombia recibió ayudas fi nancieras por parte
de los Estados Unidos, por un valor de 1.203
millones de dólares. El tratamiento privilegiado
para con Colombia, se evidenció con la visita
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del presidente Kennedy a Bogotá, en diciembre
de 1961.
La subordinación de los temas políticos a la
agenda económica y el anticomunismo, tanto
en el plano interno como en el externo, fueron
rasgos invariables de la política exterior e inte-
rior de Colombia, hasta fi nales de la década de
los 60. El 11 de noviembre de 1967, el entonces
comandante de las Fuerzas Armadas colombia-
nas, general Pinzón Caicedo, citado por Arenas
(1972), expresaba:
El comandante del Ejército hace un llamado
a la opinión ciudadana, consciente de sus de-
beres cívicos, a fi n de que comprenda que la
guerra presente es una guerra no solamente
contra la fuerza pública (…) es sin ambages
ni macarthismos, la gran guerra entre la de-
mocracia y el comunismo, llevada al teatro
colombiano (p. 5).
Afi nales de la década del 60 e inicios de los
70, la distensión entre los Estados Unidos y la
Unión Soviética y la creciente distancia de esta
última con China, produjeron varios cambios en
la escena internacional. Cambios, que se vieron
acentuados por la crisis del petróleo, crisis ini-
ciada en la antesala del confl icto árabe-israelí,
con la decisión de l os principales países pro-
ductores de iniciar un embargo petrolero, tri-
plicando los precios internacionales del crudo,
otorgándole a los países del tercer mundo una
inesperada infl uencia en las relaciones económi-
cas internacionales.
En este contexto, Colombia comenzó a mo-
verse hacia nuevos espacios internacionales,
reanudando en 1968 sus vínculos diplomáticos
con la Unión Soviética, y según Cepeda y Par-
do (1989), mostró una nueva actitud frente a los
acontecimientos mundiales, motivado en cierta
forma, por los pobres resultados económicos de
su leal amistad con los Estados Unidos.
Durante e l gobierno del presidente Carlos
Lleras Restrepo (1966-1970), su canciller Al-
fonso López Michelsen, dio un giro a las rela-
ciones internacionales de C olombia, al buscar
estrechar las relaciones con los Estados vecinos.
De esta manera se produjo una primera ruptura
en la relación de alineamiento político con los
Estados Unidos, al sustituir al Respice Polum
por la Respice Similia, que signifi ca “mirar a tus
semejantes”. De esta manera dio impulso a un
proceso de integración regional por medio del
Pacto Andino, e inició su participación, aunque
limitada en la UNCTAD.
Más comercio, pragmatismo y menos
ideología
Los hechos antes señalados marcaron el co-
mienzo de una fase en las relaciones internacio-
nales colombianas, en la que los intercambios
comerciales se pusieron por sobre el color de los
gobiernos o el sistema político de los Estados.
La administración del presidente Misael
Pastrana (1970-1974), dio pasos en ese sentido,
cuando su ministro de relaciones exteriores Al-
fredo Vázquez Carrizosa, citado por Cepeda y
Pardo (1989), manifestó ser partidario de:
Una noción pluralista de la vida internacio-
nal que no excluye la convivencia de los Es-
tados que tengan diferentes regímenes políti-
cos y sociales (…) a condición de que todos
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ellos admitan y efectivamente respeten unos
mismos principios de No intervención y libre
determinación. América Latina participó en
la Guerra Fría y no podría escapar a su liqui-
dación (p. 51).
En 1973, el gobierno Pastrana, repudió el
Golpe de Estado que instaló la dictadura de Au-
gusto Pinochet en Chile, y defendió activamen-
te el derecho de asilo, abriendo las puertas del
país a t odos aquellos chilenos que se sintieran
perseguidos por la dictadura. De esta manera, la
política exterior colombiana iniciaba un gradual
proceso de desideologización y apertura de su
diplomacia.
Alfonso López Michelsen y la Respice Si-
milia (1974-1978)
Durante l a presidencia del liberal Alfonso
López Michelsen, se presentó la que sería la pri-
mera ruptura frente a la política exterior de los
Estados Unidos, siguiendo los lineamientos de
la Respice Similia, buscando relacionarse con
Estados en niveles de desarrollo similares a Co-
lombia.
Según González (2004), se trataba de que en
el ajedrez mundial, Colombia dejara de ser un
peón de la Guer ra Fría. En este sentido, López
Michelsen se propuso universalizar la política
internacional colombiana, que en ese momento
estaba marcada por los signos económicos, de
ahí que esta administración, intentara rediseñar
la política internacional, buscando la emancipa-
ción económica del Estado colombiano. Pruebas
de esta nueva actitud en el escenario internacio-
nal, fueron la determinación de no aceptar exi-
gencias en materia de políticas económicas por
parte de organismos crediticios internacionales,
el reestablecimiento de relaciones diplomáticas
con Cuba, el abierto a poyo a la suscripción del
tratado Torrijos-Carter, que buscaba que Pana-
má asumiera el control del canal interocéanico
administrado por los Estados Unidos, y la re-
nuncia de Colombia a los créditos proyectados
para 1976, por la Agencia para el Desarrollo In-
ternacional, en adelante AID (por sus siglas en
inglés). El presidente López consideraba que de-
bían diferenciarse los créditos provenientes de
fuentes internacionales multilaterales y aquellas
de un Estado en particular como la AID.
En el informe que el presidente López pre-
sentó al Congreso, el 20 de julio de 1978 (fi nal
de su periodo de gobierno), manifestó que: “ha-
bía tomado ímpetu para la lucha para obtener
en la mesa de negociación internacional lo que
nuestras masas desposeídas reclamaban a nivel
doméstico, es decir, igualdad de oportunidades
y no caridad, y no fi lantropía. Justicia en las re-
laciones económicas y no ayudas” (López, M.,
1978, p. 151).
Julio César Turbay (1978-1982). El retor-
no al anticomunismo
La gestión del presidente Turbay se inició en
medio de un complejo panorama social y políti-
co marcado por la internacionalización del con-
fl icto armado y una serie de fenómenos internos
y externos que afectaban seriamente la estabi-
lidad institucional del país. A nivel interno se
encontraban activas tres organizaciones guerri-
lleras rurales (FARC, ELN, EPL) y una urbana
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(M-19)
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, y se destacaba la creciente autonomía
de las Fuerzas Militares en el marco del Estatuto
de Seguridad.
En el plano internacional, el escenario cen-
troamericano se confi guraba con una Cuba ac-
tiva en la defensa y promoción de la lucha ar-
mada como medio efectivo de acceso al poder,
con la Revolución Sandinista en Nicaragua
3
, con
El Salvador en confl icto, con Granada marxista
y con el fi n del gobierno del demócrata Jimmy
Carter y el inicio de la administración del con-
servador Ronald Reagan, en los Estados Unidos.
Con este telón de fondo, el presidente Tur-
bay en el discurso de instalación de la XIII
Conferencia de Ejércitos Americanos realizada
en Bogotá, en 1979, y que fue publicado en la
Revista Consigna, citada por Tokatlian (1999),
señaló: “Hoy ya no es posible trazar una línea
divisoria entre la subversión de carácter nativo,
a la que ocasionalmente solían acudir quienes
se veían marginados de toda opción de poder
de sus adversarios, y la acción sedicente de los
mercenarios supranacionales, que solo profesan
obediencia a ideologías foráneas” (p. 305). De
esta forma, se fue marcando un retorno al Respi-
2. En febrero de 1980 el M-19 se toma la embajada de la Re-
pública Dominicana en Bogotá, y retiene a 14 embajadores
(Austria, Brasil, Costa Rica, Egipto, Estados Unidos, Guate-
mala, Haití, Israel, México, Santa Sede, Suiza, Uruguay y el
anfi trión) y dos encargados de negocios (Bolivia y Paraguay),
con el fi n de lograr la liberación de todos los presos políticos,
el levantamiento del Estado de Sitio y la derogatoria del Es-
tatuto de Seguridad. La crisis de la embajada domin icana se
resolvió el 29 de abril del mismo año, luego de 62 días, con la
salida hacia Cuba de 17 diplomáticos, el comando gu errillero
y el pago de un millón de dólares al M-19.
3. En el marco de los reclamos territoriales nicaragü enses, Ma-
nagua publicó en 1980 el “Libro Blanco so bre el caso de San
Andrés y Providencia” en el que declaró unilateralmente, la
nulidad del Tratado Esguerra-Bárcenas, que en 1828 había de-
fi nido los límites fronterizos entre Colombia y Nicaragua.
cePolum en el manejo de la política exterior co-
lombiana, aunque se mantuvieron ciertas líneas
de apertura iniciadas durante la administración
López, tales como: asistir como país observador
a la Cumbre de los Países No Alineados celebra-
da en La Habana, en septiembre de 1979, iniciar
contactos con Yugoslavia y establecer relaciones
con China Popular.
Durante el segundo año de gobierno de esta
administración, los Estados Unidos, se convir-
tieron en el centro de la actividad internacional
del Estado colombiano. De esto dejaba constan-
cia el presidente Turbay, cuando manifestaba:
“es una verdad indiscutible que nos movemos en
la órbita en la que los Estados Unidos, la prime-
ra superpotencia mundial de Occidente, ejerce
su mayor infl uencia” (Cepeda, et al., 1989).
Nuevamente el anticomunismo como ideolo-
gía, se convertía en un rasgo central de la po-
lítica internacional colombiana. El temor que
despertaba en las elites políticas, económicas
y militares de Bogotá y Washington, el avance
del “comunismo soviético” en el Caribe, inci-
dió directamente en el accionar internacional de
ambos Estados. El presidente Reagan, actuó con
la decisión de alejar la amenaza cubano-sovié-
tica de la frontera sur estadounidense. Una de
sus primeras acciones fue acusar abiertamente a
Nicaragua de servir como base de acopio y dis-
tribución de armas soviéticas a los insurgentes
salvadoreños y señaló a Cuba de proveer ase-
sores y armas a las organizaciones guerrilleras
centroamericanas. Acto seguido, los Estados
Unidos, fi nanciaron, armaron y asesoraron las
guerrillas antisandinistas (la contra), coordinó
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y dirigió maniobras militares desde y con Hon-
duras, boicoteó la economía de Nicaragua, mi-
nando sus puertos e invadió la Isla de Granada
en 1983 (Atkins, 1991). Por su parte, Colombia
sentía que podía ser blanco de la subversión que
avanzaba en Centroamérica. Para Deas (1988),
tanto la insurgencia como el Ejército colom-
biano, seguían con interés el desarrollo de los
hechos en América Central, ya que un triunfo o
derrota guerrillera en El Salvador, produciría in-
dudablemente un “efecto dominó” en Colombia.
En este sentido, dentro de las acciones des-
plegadas por la diplomacia colombiana, se des-
tacan la oposición a la candidatura de Cuba al
Consejo de Seguridad de la ONU en 1979, la
ruptura de relaciones diplomáticas con ese Es-
tado en 1981, las conversaciones entre militares
colombianos y estadounidenses en 1982, sobre
la posibilidad de instalar una base especial en
la Isla de San Andrés; ese mismo año Colom-
bia participó en la “Comunidad Democrática
Centroamericana”, cuyo objetivo era la defensa
diplomática del gobierno salvadoreño y el ata-
que a la revolución sandinista (Tokatlian, 1994);
Colombia también rechazó la declaración fran-
co-mexicana, que r ecomendaba la negociación
entre el Gobierno y la guerrilla sa lvadoreña;
apoyó a Inglaterra en la guerra de las Malvinas
4
,
también envió tropas a la fuerza de pacifi cación
del Sinaí. Cabe destacar que e l Gobierno del
presidente Turbay, envió 800 soldados al Sinaí,
previa advertencia del Departamento de Estado,
4. Varios p aíses del continente repudiaron esta postura contra
Argentina, llegando Colombia a ser tildada como el Caín lati-
noamericano (Gálvez, 2002).
de que si no enviaba tropas, la administración
Reagan, no haría ningún esfuerzo por lograr que
el Senado ratifi cara el Tratado Vásquez-Saccio
(en trámite desde 1972), este tratado cedía la so-
beranía a Colombia sobre los cayos de Quitasue-
ño, Roncador y Serrana, disputados en el Caribe
(con Nicaragua).
Para la administración Turbay, el alinea-
miento incondicional con los Estados Unidos,
buscaba materializar proyectos de inversión y
fortalecer la defensa nacional, deteriorada por el
narcotráfi co y la insurgencia interna. Al fi nalizar
su gobierno, Colombia se encontraba aislada de
la región.
Belisario Betancur (1982-1986). De la in-
dependencia relativa a la dependencia invo-
luntaria
Durante el gobierno de Belisario Betancur,
por lo menos durante sus primeros dos años de
administración, se da otra ruptura con respecto al
alineamiento con Washington. En su momento,
fueron muy comentadas las declaraciones que
entregó a la revista Newsweek (23 de agosto de
1982), citadas por González (2004), en las que
afi rmó que: “el Gobierno de Washington trataba
con desdén a Colombia, y añadió que nuestro
país no deseaba ser satélite de ninguna superpo-
tencia ni de Estados Unidos” (p. 269). De hecho,
en diciembre de 1982 durante la visita realizada
por el presidente de los Estados Unidos Ronald
Reagan a Bogotá, el presidente Betancur hizo
críticas al orden económico mundial y al papel
desempeñado por los Estados Unidos en él. Pro-
puso una nueva alianza social sin dependencias
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de ningún tipo. En algunos apartes de su discur-
so, citado por Cepeda y Pardo (1989), señaló:
No ha sido este el monólogo del hermano po-
bre frente al hermano rico, ni del amigo con-
dicionado con el amigo incondicional, pues
no solo somos incondicionales de nuestra
conciencia, sino del análisis objetivo y respe-
tuoso entre iguales en la comunidad jurídica
internacional. Por ello hemos entendido que
debemos hacer de la no alineación, nuestra
fi losofía para buscar la propia identidad (p.
80).
En este sentido, el Gobierno colombiano
desplegó una labor internacional que buscaba
complementar su labor interna en favor del diá-
logo y la salida política negociada al confl icto
armado. La administración Betancur, sostenía
que el vínculo entre el confl icto armado interno
y la guerra en Centroamérica era directo, por lo
cual le apostó a la búsqueda de la paz negociada
en ambos frentes. De ahí, que se desprendiera de
un elemento que había sido clave en la política
exterior del gobierno anterior: el anticomunis-
mo, sin esta decisión era imposible el inicio de
diálogos que condujeran a escenarios de recon-
ciliación con la insurgencia colombiana. En este
sentido, en un discurso pronunciado en la Es-
cuela Superior de Guerra, en mayo de 1983, el
mandatario afi rmó: “en ocasiones hemos estado
alejados del escenario de decisiones del área del
Caribe, que nos es propio y natural (…) creemos
en la indivisibilidad de la paz y somos conscien-
tes de que ella no se logra tan solo con la acción
dentro de las fronteras y casi siempre se pone en
peligro fuera de ella en un mundo profundamen-
te interrelacionado” (Betancur, 1983, p. 117).
En esta línea, Colombia asumió audaces pos-
turas en el plano internacional al incorporarse de
lleno en el grupo de los No Alineados, al buscar
multilateralmente salida a problemas de la re-
gión como la deuda externa, la que entrelazó con
la promoción del desarrollo económico sosteni-
do y equilibrado que permitiera la superación de
la pobreza y posibilitara la estabilidad político-
institucional. También se involucró activamente
en la búsqueda de la paz en Centroamérica, al
ser miembro del “Grupo de Contadora”, con-
formado por México, Panamá, Venezuela y Co-
lombia, en enero de 1983. Este foro multilateral
nace entre otras cosas por la falta de conexión
del Sistema Interamericano con el confl icto cen-
troamericano y además consideraba que este
confl icto era ocasionado por las condiciones
socio-políticas de las sociedades centroamerica-
nas y no por la infl uencia de Cuba o la Unión
Soviética, sobre las insurgencias locales.
El grupo propuso mediar en la negociación de
la resolución pacífi ca del confl icto centroameri-
cano. Redactó un listado de 21 principios desti-
nados a posibilitar los diálogos entre Nicaragua
y los Estados Unidos y, entre la insurgencia y el
gobierno salvadoreño. Dentro de los principios
se destacan: Limitar el fl ujo de armamentos,
retirar los asesores extranjeros (cubanos, esta-
dounidenses y de Europa Oriental), prohibir el
establecimiento de bases extranjeras y suspen-
der el apoyo a los insurgentes (Atkins, 1991).
Esta nueva diplomacia por la paz, como la
denominó Tokatlian (1999), no se agotó en el
contexto centroamericano, ya que en 1983 du-
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rante la invasión de los Estados Unidos a Gra-
nada, Colombia fue mediador en el proceso que
permitió la salida del destacamento cubano des-
de la isla agredida. Gracias a esta acción, Fidel
Castro remitió dos cartas a la guerrilla colom-
biana del ELN, para que liberara de manera uni-
lateral e inmediata (como sucedió), al hermano
del presidente, Jaime Betancur.
Para la segunda mitad de su mandato, las di-
fi cultades internas en torno a la concreción de
la paz, el creciente poder político y económico
del narcotráfi co y la imposibilidad de evitar la
infl uencia de los Estados Unidos en los asuntos
de seguridad interna, fueron minando su auto-
nomía en el plano internacional. Según Toka-
tlian (1999), cuando en 1984 el embajador de
los Estados Unidos en Colombia, Lewis Tambs
acuñó el concepto “narcoguerrilla” para defi nir
la naciente alianza entre guerrilla y narcotráfi co,
buscaba eliminar cualquier frontera que existie-
ra entre l a estrategia de paz (contrainsurgente)
del Gobier no colombiano y la percepción de
amenaza que el narcotráfi co representaba para
la región.
El asesinato en 1984 del Ministro de Justicia,
Rodrigo Lara Bonilla, llevó a que Colombia ce-
diera ante las presiones de los Estados Unidos y
en 1985 implantara la extradición. La crisis de
endeudamiento interno, terminó de acercar a la
administración Betancur a los Estados Unidos,
ya que la mediación de Washington ante el FMI
era fundamental para la obtención de los recur-
sos que necesitaba.
Por último, la toma del Palacio de Justicia en
noviembre de 1985 por parte del M-19, condujo
al Gobierno colombiano a un cambio drástico
en el manejo del orden público asumiendo una
posición de mano dura contra la insurgencia. En
este contexto, el presidente Betancur, defi nió al
M-19 como un movimiento terrorista, portador
de un proyecto terrorista (Tokatlian, 1999, p.
311-312).
Al fi nal del gobierno Betancur, el perfi l in-
ternacional de Colombia, se había reducido visi-
blemente y el respaldo desde y hacia los Estados
Unidos, en la lucha contra el narcotráfi co y el
manejo del orden público, era total, lo que en
términos prácticos se traducía en una vuelta al
Respice Polum.
Virgilio Barco (1986-1990). El reencuentro
con el tercer mundo y la emergencia del nar-
cotráfi co
El gobierno del liberal Virgilio Barco inició
su actividad i nternacional realizando esfuerzos
por ampliar las relaciones internacionales co-
lombianas, tratando de evitar las consideracio-
nes ideológicas, buscando de esta manera la
diversifi cación e impulsar las relaciones comer-
ciales y económicas con la mayoría de Estados y
bloques regionales posibles. Para este gobierno
las relaciones internacionales debían ser condu-
cidas por principios económicos y no políticos
(González, 2004). La administración Barco, si
bien no rompió totalmente con la tradición de
alineamiento con los Estados Unidos, sí gene-
ró un nuevo estilo en el manejo de la política
internacional. En cierta forma, la estrecha coin-
cidencia con Washington, en torno al tema de
las drogas ilícitas le permitía al Gobierno co-
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lombiano mantener diferencias en otros t emas
de la agenda binacional. Al respecto Tokatlian
(1994), sostiene que con respecto a los Estados
Unidos, el disenso político no alteró el consenso
económico.
La actividad internacional del Gobierno Bar-
co, se construyó sobre tres ejes centrales: el pri-
mero consistió en descentroamericanizar la po-
lítica exterior, buscando nuevos espacios en el
Pacífi co, el segundo se basó en tener un especial
cuidado en la relación con los Estados Unidos
y el tercero, buscaba propiciar por medio de un
manejo conservador de la economía una mejoría
sustancial en su trato con los organismos econó-
micos multilaterales, a unque esto limitara sus-
tancialmente su autonomía fi nanciera.
La administración Barco consideraba que
Colombia debía prepararse para la nueva reali-
dad internacional, por lo cual, el énfasis de su
política exterior tenía que estar en la Cuenca del
Pacífi co. En su informe al Congreso Nacional el
20 de julio de 1990, citado por González (2004),
el presidente Barco, señaló que:
Colombia debe prepararse para responder
a la nueva realidad. Debe servir, junto con
otros países latinoamericanos, de puente
con el nuevo mundo, como algunos han de-
nominado a la comunidad del Pacífi co, del
Atlántico. Inexplicablemente hemos vivido a
espaldas del Pacífi co. Ha llegado la hora de
corregir este error histórico para benefi cio de
toda Colombia (p. 274).
En paralelo, C olombia estaba dentro de los
No Alineados, tratando de mantener alguna au-
tonomía frente a Washington (Cardona, 1990).
Como prueba de su relativa autonomía interna-
cional, Colombia mantuvo y amplió los contac-
tos iniciados durante el gobierno anterior con
Cuba, a pesar de que los contactos diplomáti-
cos formales estaban suspendidos desde 1981,
los puntos de encuentro entre ambos países se
hicieron frecuentes. Fruto del mejoramiento en
las relaciones binacionales, Colombia y Cuba,
suscribieron el 12 de diciembre en la ciudad
de Barranquilla, un Acuerdo de alcance parcial
por medio del cual ambos países pretendían in-
crementar su intercambio comercial otorgando
preferencias arancelarias recíprocas. Callejas
y González (1998) señalan que la relación con
Cuba, no solo se dio en plano bilateral, tam-
bién se proyectó en escenarios multilaterales,
tal como sucedió en 1989 en el marco de la co-
misión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, en la que Colombia trató por medio de
abstenciones y votos en contra de los Estados
Unidos, evitar una condena política contra el
gobierno de la isla, por la situación interna de
Derechos Humanos. Un año después ambos paí-
ses coincidieron en el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas, y junto a Malasia y Yemen,
conformaron el Grupo de los Cuatro, en el cual
unifi caron posiciones frente a la crisis del Golfo
Pérsico, la independencia de Namibia, los terri-
torios árabes ocupados por Israel y la invasión
de los Estados Unidos a Panamá. En el plano de
la política interna colombiana, Cuba ofi ció como
país facilitador en el proceso de negociación que
culminó con la desmovilización y reinserción a
la vida civil del M-19, y además contribuyó in-
ternacionalmente para que Colombia no fuera
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sancionada por la delicada situación de derechos
humanos que atravesaba internamente.
Hacia el fi nal de la administración Barco
(1989-1990), el asesinato de tres candidatos pre-
sidenciales
5
y el auge del narcoterrorismo, ge-
neraron una peculiar percepción de la situación
colombiana en Europa occidental, ya que en el
país latinoamericano, se entrecruzaban diferen-
tes tipos de violencia, altos niveles de violacio-
nes a los Derechos Humanos, todo dentro de
una marco institucional relativamente estable,
es decir, Colombia se presentaba como un país
amenazado que luchaba frontalmente contra el
narcotráfi co, razón por la que Europa occidental,
le concedió preferencias comerciales en 1990
(Tokatlian, 1999).
En términos generales el gobierno Barco,
logró su objetivo de diversifi car las relaciones
internacionales de Colombia, al establecer rela-
ciones diplomáticas con 27 países africanos, 10
estados asiáticos y 4 naciones de Oceanía. Man-
tuvo su no alineamiento internacional y optó por
la búsqueda de la unidad latinoamericana.
César Gaviria (1990-1994). Un nuevo es-
cenario internacional con los mismos proble-
mas internos
La administración del presidente Gaviria, se
inicia con el fi n de la Guerra Fría como telón de
fondo. Este nuevo escenario internacional abría
posibilidades de acercamiento entre Estados his-
tóricamente lejanos en sus relaciones diplomá-
5. Luis Carlos Galán (Partido Liberal), Carlos Pizarro Leongó-
mez (AD M-19), Bernardo Jaramillo (Unión Patriótica).
ticas. Dentro de los propósitos más relevantes
en materia de política internacional de este Go-
bierno, se encontraban: la ampliación de los in-
tercambios comerciales con diversos Estados, la
internacionalización de la economía colombiana
y la búsqueda del fortalecimiento de la capaci-
dad negociadora de la región.
Para Cardona y Tokatlian (1991), el presiden-
te Gaviria, dio continuidad a l as políticas inter-
nacionales del gobierno anterior, al conservar a
varios funcionarios de la antigua administración
y mantener el énfasis en los temas económicos,
buscando una mayor apertura hacia el exterior,
defendiendo siempre el Derecho y las institucio-
nes internacionales.
En cuanto al tema del confl icto interno y la
paz
6
, el presidente Gaviria, reconocía la estrecha
conexión existente entre la política internacional
y la paz interna. De ahí que en agosto de 1991,
en el marco del “Segundo Encuentro por la Paz
y la Integración”, señalara que:
No puedo abandonar este tema sin recordar
la afi rmación de Galán cuando decía que la
política internacional debe ser coherente con
los intereses de la paz interna. Es decir, la po-
lítica internacional debe apoyar y refl ejar la
búsqueda de soluciones pacífi cas, la volun-
tad de resolver los confl ictos mediante el diá-
logo, el respeto al pluralismo, la defensa de
los derechos fundamentales, el compromiso
con los valores y principios de la democra-
6. Durante su gobierno se adelantaron con éxito Diálogos de Paz
con las organizaciones guerrilleras del Ejército Popular de Li-
beración (EPL), el Partido Revolucionario de los Trabajadores
(PRT), el Movimiento Armado Quintín Lame y la Co rriente
de Renovación Socialista (CRS).
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cia. Es por ello que nuestra política inter-
nacional va de la mano con nuestra política
interna. La paz no es posible si lo que predi-
camos adentro lo traicionamos afuera (1992,
p. 272-273).
En este sentido, Colombia junto a España,
México y Venezuela conformaron, con la anuen-
cia del Secretario General de la ONU, y con el
visto bueno de los Estados Unidos, el Grupo de
Apoyo al proceso de Paz en El Salvador, que
condujo al acuerdo defi nitivo de paz en 1992;
y durante la Firma del Acuerdo Marco entre la
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca
(URNG) y el gobierno de Guatemala, las par-
tes solicitaron que Colombia, España, Estados
Unidos, México y Venezuela conformaran el
grupo de países amigos del proceso de paz gua-
temalteco. Además, Colombia buscó en la OEA
la restitución en el poder del presidente electo
de Haití, Jean Bertrand Aristide, quien había
sido derrocado por un Golpe de Estado en 1991
(Tokatlian, 1999).
En cuanto a los vínculos con Cuba, afi an-
zados durante la administración anterior, fi nal-
mente en octubre de 1991 se reactivaron las re-
laciones diplomáticas formales entre Colombia
y la isla. Este hecho, impactó directamente en la
situación de orden público y los derechos huma-
nos en Colombia
7
.
En el plano multilateral, Colombia se vinculó
7. El 2 de abril de 1996 Juan Carlos Gaviria Trujillo, hermano
del expresidente colombiano y entonces Secretario General de
la OEA, César Gaviria Trujillo, fue se cuestrado por el Movi-
miento Dignidad por Colombia, ligado al Movimien to Arma-
do Jorge Eliécer Gaitán (JEGA). Su liberación se dio el 13 de
junio del m ismo año, con la mediación activa del gobierno
cubano.
a la Asociación de Estados del Caribe (AEC), en
julio de 1994 y obtuvo la presidencia del grupo
de los países No Alineados. Al fi nal de su man-
dato, el narcotráfi co y los derechos humanos
pasaron al centro de la agenda internacional, lo
que limitó sus márgenes externos de maniobra,
ya que necesitaba de los Estados Unidos, para la
contención y resolución del complejo problema
de las drogas, que para ese momento amenaza-
ba seriamente la institucionalidad del Estado
colombiano. Según Garay, Angulo y Cadena
(1994), en el plano económico, Washington jugó
un papel determinante en la consecución del cré-
dito Hércules por un valor de US$ 1.775 m illo-
nes de dólares para el periodo 1991-1994.
Ernesto Samper (1994-1998). La narcoti-
zación de las relaciones exteriores
La administración del presidente liberal Er-
nesto Samper se inició con serios tropiezos en
sus relaciones con los Estados Unidos, en gran
medida por el escándalo que produjo la confi r-
mación del ingreso de dineros del narcotráfi co
(Cartel de Cali) a su campaña presidencial. En
el plano interno, la agravación sostenida de las
violaciones a los derechos humanos, hizo que la
comunidad internacional percibiera esta situa-
ción como un signo de debilidad estatal. En este
contexto, el Gobierno creó una comisión para el
esclarecimiento de las masacres de Trujillo (Va-
lle del Cauca), aceptó la presencia en Colombia
de una ofi cina permanente del Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, y en la búsqueda de la humanización
del confl icto armado, presentó al Congreso para
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su aprobación el Protocolo II adicional a los IV
Convenios de Ginebra.
En 1995, Samper asumió la presidencia del
movimiento de los países No Alineados. Lo que
se presentaba como una oportunidad de adquirir
reconocimiento y dinamismo en su actividad in-
ternacional, se subvaloró y dilapidó entre otras
cosas por la falta de análisis y planeación sobre
los verdaderos alcances, costos y benefi cios de
esta responsabilidad internacional, la ausencia
de un consenso político interno y por el estig-
ma que siguió al movimiento desde el momento
de su fundación. Según Socorro Ramírez, citada
por González (2004): “el país se vio embarcado
en la mayor responsabilidad de su historia sin
que la decisión hubiera sido previamente debati-
da por nadie y sin que ningún sector de la socie-
dad, ni el mismo Gobierno, supiera con claridad
las consecuencias, sus costos o benefi cios, des-
de luego, sin plan ni estrategia premeditada para
rentabilizar a favor de los i ntereses nacionales”
(p. 278).
Según Rojas (2006), la crisis del Gobierno
Samper, evidenció hasta qué punto el narcotrá-
fi co se había instalado en la sociedad colombia-
na lo que encendió las alarmas en los Estados
Unidos sobre la real posibilidad de estar en pre-
sencia de un Estado controlado por el crimen
organizado. La creciente importancia de Co-
lombia en la economía global de la cocaína y el
aumento sostenido de los vínculos entre orga-
nizaciones armadas (insurgentes y contrainsur-
gentes) con la economía de la droga, fueron es-
calando sostenidamente el confl icto armado, lo
que llevó a los Estados Unidos a aplicar a fondo
la estrategia antinarcóticos, debilitando de esta
manera las políticas estatales con respecto a la
resolución del confl icto armado, ya que por un
lado limitó los espacios de negociación y por el
otro, incrementó las tensiones con los sectores
sociales afectados directamente por las políti-
cas antidrogas, como el caso de las poblaciones
afectadas por las fumigaciones aéreas, de hecho,
estas poblaciones empezaron a considerar a la
guerrilla como defensora de su modus vivendi
(Vargas, 1999).
Durante la administración Samper, los Es-
tados Unidos buscaron evitar que Colombia se
convirtiera en una narcodemocracia, llegando
por primera vez en más de 30 años de confl icto
armado a deslegitimar públicamente a un go-
bierno colombiano. El hecho de cancelarle la
visa estadounidense al presidente Samper, y la
descertifi cación en los años 1996 y 1997. Para
el fi nal de la administración Samper, el Departa-
mento de Defensa norteamericano, afi rmaba que
las organizaciones armadas debido a su relación
con el narcotráfi co habían alcanzado altos ni-
veles de sofi sticación y representaban la mayor
amenaza a los militares colombianos. Desde ese
momento la agenda bilateral si bien mantenía el
problema de las drogas como eje central, empe-
zaba a ser atravesada con mayor frecuencia por
el confl icto armado (Rojas, 2010).
Andrés Pastrana (1998-2002). De la ayuda
antinarcóticos a la intervención internacional
en el confl icto armado colombiano
La administración del presidente Andrés
Pastrana se inició con un proceso de negocia-
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ción política con la guerrilla de las FARC-EP.
La estrategia de paz de e ste Gobierno buscaba
la máxima participación de la comunidad inter-
nacional en el proceso de negociación, ponien-
do su énfasis en los Estados Unidos. Esta situa-
ción se evidenció durante la vis ita que efectuó
el presidente Pastrana a Washington en octubre
de 1998, en esta reunión ambos mandatarios
acordaron la “Alianza contra las drogas ilícitas”,
esta sería la base de las relaciones binacionales
durante este cuatrienio.
Hasta ese momento, el Departamento de Es-
tado afi rmaba que era posible replicar en Colom-
bia el marco estratégico utilizado en El Salvador
a fi nes de los 80. Desde esta perspectiva se evita
la participación directa de tropas y se promueve
la asistencia técnica sostenida por medio de en-
trenamiento, tecnología de inteligencia y equi-
pos especializados, con el objetivo de debilitar a
la insurgencia y forzar su decisión de negociar.
El apoyo de los Estados Unidos a la nego-
ciación de paz, se precarizó como consecuencia
del asesinato de tres indigenistas norteamerica-
nos a manos de las FARC-EP en marzo de 1999.
La postura de Washington, con respecto a las
FARC-EP se hizo manifi esta por medio de la
visita en agosto de 1999 de Thomas Pickering,
quien para ese momento, era el tercer funciona-
rio en orden de importancia dentro del Depar-
tamento de Estado norteamericano. Pickering
manifestó la preocupación de su Gobierno con
respecto a la forma en que se estaba conducien-
do la “Zona de Despeje” y los abusos que ahí
se estaban presentando. Desde ese momento, los
Estados Unidos condicionaron la continuación
de su apoyo a Colombia
8
, al diseño de un plan
coherente para la lucha contra el narcotráfi co, a
lo que el Gobierno colombiano accedió sin con-
diciones (González, 2004).
De esta manera, el Plan Colombia que según
Rojas (2006), en 1998 había sido presentado por
el mandatario colombiano, como una especie de
Plan Marshall para el desarrollo económico y
social, enfocado hacia la reconstrucción del país
en el marco del postconfl icto, pasó rápidamente
a ser la base de la estrategia antidrogas de los Es-
tados Unidos, para toda la región Andina. El Plan
Colombia combinó medidas antidrogas como el
control de precursores químicos, la fumigación
de cultivos ilícitos, destrucción de laboratorios,
decomiso de cargamentos e interdicción aérea;
y estrategias de recuperación del control estatal
de las zonas productoras de droga. De ahí, que
en su primera fase, el Plan se dirigiera hacia los
departamentos de Putumayo y Caquetá, prin-
cipales productores de cocaína y militarmente
controlados por el Bloque Sur de las FARC-EP.
En su segunda fase las operaciones antidrogas
debían mirar al centro y sur-occidente del país
y por último, las acciones se extenderían al res-
to del país. En el despliegue territorial del Plan,
jugaban un papel fundamental los batallones
militares antinarcóticos, entrenados y equipados
por los Estados Unidos. Estos, pasaron a ser el
componente militar de la política antidroga.
En la práctica, el Plan Colombia se convirtió
8. En 1999, Colombia era el tercer país del mundo en recibir más
ayuda militar de los Estados Unidos.
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en el primer paso del involucramiento directo de
los Estados Unidos en el confl icto armado co-
lombiano, ya que a pesar de manejar con relativa
cautela la autonomía de Colombia con respecto
al manejo de su confl icto interno, hay temas de
su agenda propia en Colombia que fueron afec-
tados por el confl icto armado, es por eso que de-
cidió involucrarse activamente en su resolución.
Temas como el narcotráfi co, la democracia, los
derechos humanos, y la falta de garantías de se-
guridad para sus inversiones, se vieron cada vez
más impactados por el escalamiento y degrada-
ción de la guerra en Colombia (Rangel, 2001).
No fueron pocas las críticas que despertaron
el Plan Colombia y su aplicación, por su carác-
ter militarista e intervencionista, por ejemplo el
Parlamento Europeo en su declaración de febre-
ro de 2001, citada por González (2004), expresa
su total respaldo al proceso de paz y a la solu-
ción concertada del confl icto, reconociendo sus
dimensiones políticas y sociales. En la misma
línea, la investigadora María Pinto (2001) se re-
fería a la aplicación del Plan Colombia, desde el
punto de vista de algunos voceros del Gobierno
venezolano, los que en diversas oportunidades
habían hecho referencia a que este podía pro-
vocar un desequilibrio militar en esta región,
particularmente entre Colombia y Venezuela.
Considerando que la preocupación en torno al
desequilibrio militar en la región Andina pudie-
ra conducir a la peligrosa e inconveniente lógica
de propiciar un incremento del gasto militar en
la región, si se parte de una apreciación errada
de las motivaciones que originan el aumento del
gasto bélico en Colombia.
La cooperación militar con los Estados
Unidos, durante el Gobierno Pastrana, en pala-
bras del propio expresidente, citadas en Vargas
(2010), se tradujo en 74 helicópteros, 4 buques
patrulleros Point Class, 2 aviones para el apo-
yo logístico de las Fuerzas Navales, 5 aviones
Scweitzer (se capacitaron sus tripulaciones),
la modernización de las bases de Tolemaida y
Larandia, se actualizó la aviación existente, se
mejoraron los sistemas de aviónica de los he-
licópteros de la Armada y se dotó un avión de
reconocimiento (p. 137).
El fracaso del proceso de paz, le dio la razón
a los que apostaban por el desarrollo de una sa-
lida militar al confl icto. El involucramiento de
las FARC-EP en todas las fases de producción y
comercialización de la cocaína, hizo que el com-
bate a la guerrilla y el combate al narcotráfi co se
volvieran uno solo, eliminando cualquier dife-
rencia entre rebeldes y delincuentes.
CONCLUSIONES
Del anterior análisis puede afi rmarse que si
bien la política exterior colombiana ha buscado
la universalización de su diplomacia, la relación
con los Estados Unidos ha si do el eje sobre el
cual ha gravitado el grueso de su actividad inter-
nacional, ya sea limitándola o condicionándola,
llegando a producir claros rasgos de dependen-
cia en lo económico, lo político y recientemente
en temas de se guridad interna. Si bien esta de-
pendencia ha sido continua, ha habido intentos
de generar rupturas en esta, pero distintos facto-
res han mantenido en el tiempo dicha continui-
dad, teniendo como marco político-fi losófi co el
Respice Polum.
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A grosso modo, en este proceso de dependen-
cia, se pueden encontrar tres momentos diferen-
tes con un eje específi co. Un primer momento
fundado en el anticomunismo (1958-1970), un
segundo momento marcado por la necesidad de
mercados y empréstitos (1974-1990), un tercer
momento centrado en el combate al narcotráfi co
y el terrorismo (1990-2002). Las consecuencias
más directas de esta situación fueron:
1. El marcado distanciamiento de la región y
la desconfi anza de sus vecinos, impactando
directamente las condiciones migratorias de
sus nacionales y a un sector importante de
sus exportaciones.
2. La violación del Derecho Internacional,
como sucedió en el ataque al campamento
del comandante guerrillero Raúl Reyes, en la
selva ecuatoriana.
3. El descuido y subvaloración de importantes
espacios políticos y comerciales, como Eu-
ropa y América Latina y el Caribe, precisa-
mente los espacios en los que la actividad
internacional de la insurgencia tuvo sus ma-
yores desarrollos. Es decir, la diplomacia de
la insurgencia armada no tuvo contrapeso es-
tatal. Tal y como lo manifestó el expresidente
Álvaro Uribe Vélez, en abril de 2009 en el
marco de la Conferencia Anual de Ejecuti-
vos, realizada en Ciudad de Panamá, y que
publicó el espectador.com: “Tuvieron una
gran diplomacia internacional que superó a
la cancillería colombiana porque no se les
enfrentó debidamente”.
Esta situación se ha visto agravada entre
otros factores por el marcado personalismo con
que los presidentes colombianos han encarado
la política exterior del país, lo que evidencia la
ausencia de una política de Estado que persiga
objetivos internacionales de largo plazo.
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