Justicia, No. 30 - pp. 132-151 - Diciembre 2016 - Universidad Simón Bolívar - Barranquilla, Colombia - ISSN: 0124-7441
http://publicaciones.unisimonbolivar.edu.co/rdigital/justicia/index.php/justicia
* El trabajo se deriva de un proyecto de investigación adscrito al Consejo de Desarrollo Cientíco y Humanístico de la Universidad del
Zulia/Venezuela y el Centro de Estudios y de Investigaciones Laborales (Cielda).
** Profesor de la Universidad del Zulia (Venezuela). lediaz.led@gmail.com
Democracia y diálogo social*
Democracy and social dialogue
Luis Eduardo Díaz**
Recibido: 25 de septiembre de 2015 / Aceptado: 18 de enero de 2016
http://dx.doi.org/10.17081/just.21.30.1355
Resumen
El diálogo social es visto normalmente como una herramienta, pero es mu-
cho más que eso: es un valor de la cultura democrática. Se basa en la libertad
y en el reconocimiento que de ella hace el Estado. Esta idea se contrapone a
concepciones más extremas que van desde la autorregulación por parte del
mercado hasta el autoritarismo. Si bien existe un instrumental jurídico y dog-
mático valioso, el diálogo, este depende primero del tipo y grado de cultura
democrática y luego de un conjunto de factores que inuyen en su desarrollo.
El presente documento explica sus diferentes enfoques y condiciones, aprove-
chando la existencia de ejemplos en donde surge por convicción o pragmatis-
mo, por conveniente rutina, o forzada convocatoria, pero en cualquier caso es
signo de progreso y de buenos resultados para los países que lo ensayan.
Abstract
Social dialogue is usually seen as a tool, but it is much more than that; it
is worth democratic culture. It is based on freedom and recognition of it by
the State. This idea contrasts with more extreme views ranging from self-reg-
ulation by the market to authoritarianism. While there is a valuable legal and
dogmatic instrumental, dialogue, it depends primarily on the type and degree
of democratic culture and then; a set of factors that inuence their develop-
ment. This document explains the different approaches and conditions, there
are plenty of examples where pragmatism arises out of conviction or for con-
venient routine, or forced call, but in any case; it is indicative of progress and
good results for the countries that tested.
Palabras clave:
Actores sociales, Diálogo, Iglesia,
Partidos sindicatos y OIT.
Key words:
Social actors, Dialogue, Churches,
Political parties and Trade unions and
OIT.
Referencia de este artículo (APA): Díaz, L. E. (2016). Democracia y diálogo social. En Justicia, 30, 132-151. http://
dx.doi.org/10.17081/just.21.30.1355
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demoCraCia y diálogo soCial
INTRODUCCIÓN
La Iglesia católica y la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) son las organizaciones
que más han contribuido a generar una memoria
sobre la democracia social basada en el diálogo
y las prestaciones sociales irremplazables y uni-
versales.
Las encíclicas, declaraciones, recomenda-
ciones y convenios imprimen la nota de recono-
cimiento universal a un conjunto de principios
y derechos, modos de actuación pública y de
valores que forjan una memoria internacional
cuyo inventario cronológico presentaremos. Es
una respuesta al escenario postbélico y al nuevo
arsenal de pensamiento liberal, en sustitución
del nazismo y el fascismo, y en contraposición
al bloque soviético, conformado después de la
Segunda Guerra Mundial.
El resultado es valioso como dogma de fe,
y para legislaciones locales fundamenta la es-
critura de la historia universal de los derechos
del ciudadano, en clave laboral. Sin embargo, la
hipótesis que se introduce es que tal inventario
político, jurídico y moral es insuciente, pese a
su universalidad. Haciendo uso del método his-
tórico, se sostiene que el diálogo es propio de
una cultura democrática basada en la tolerancia,
y que parte de una concepción política liberal.
Se describen luego los condicionantes del diá-
logo, los factores que inciden en su desarrollo,
según experiencias conocidas y evaluaciones,
especialmente de Venezuela, por ser el centro de
la investigación y ante las características de su
modelo no dialogante. La última parte del do-
cumento reere casos, en su mayoría recientes,
donde ha prevalecido el diálogo, por lo que pue-
den deducirse algunas enseñanzas útiles para la
pedagogía y la práctica política.
La memoria internacional sobre el diálogo
social
La Iglesia católica, con sus preocupaciones
sociales, y la OIT, con su funcionamiento tri-
partito, son las instituciones que históricamente
han contribuido al fomento del diálogo social.
La Rerum Novarum de 1891, le da al plan pasto-
ral un entramado social. En 1961 –un año muy
representativo de cambios en plena gestación a
nivel mundial– la clase campesina es llamada a
organizarse y a defender el precio de sus produc-
tos en la Encíclica Mater et Magistra. Luego, en
la Populorum Progressio de 1967, el papa Pa-
blo VI hace de la solidaridad un deber cristiano,
que en muchas Constituciones y cuerpos lega-
les sería un deber jurídico, o un principio para
la seguridad social. Ya en la Laborem Exercens
de 1981, Juan Pablo II postula la necesidad de
dignicar el trabajo y al trabajador, defender el
salario y la familia. Arma ser la Iglesia de los
pobres, e invita a luchar contra la explotación de
los trabajadores y combatir la degradación so-
cial del trabajo.
En América Latina, la operación desde hace
varias décadas de la vicaría de Pastoral Social
abarca el campo sindical, la salud y la educa-
ción. Y en lo que al diálogo respecta, el papa
Francisco llama especícamente a uno que sea
constructivo, para evitar vivir entre la indiferen-
cia egoísta y la protesta violenta. Un país, dice,
crece cuando sus diversas riquezas culturales
134
dialogan de manera constructiva. Esas riquezas
culturales son la tecnología, las artes, la familia,
los medios de comunicación, la economía y la
cultura popular (Catholic.net, 2013).
En lo que a la OIT respecta, el diálogo social
es su territorio natural. Sus operaciones se basan
en la organización tripartita (OIT, 2000), de la
cual la Declaración de Filadela de 1944 consti-
tuye el primer cuerpo de principios del organis-
mo. En ella se rearma la libertad de expresión
y de asociación como esencial para el progreso
constante. La organización establece como una
de sus obligaciones
lograr el reconocimiento efectivo del derecho
de negociación colectiva, la cooperación de em-
pleadores y de trabajadores para mejorar conti-
nuamente la eciencia en la producción, y la co-
laboración de trabajadores y empleadores en la
preparación y aplicación de medidas sociales y
económicas (OIT, 1944).
En dicha Declaración se adopta la Recomen-
dación sobre Seguridad de los Medios de Vida
(no. 67):
Los regímenes de seguridad de los medios de vida
deberían aliviar el estado de necesidad e impedir
la miseria, restableciendo, en un nivel razonable,
las entradas perdidas a causa de la incapacidad
para trabajar (comprendida la vejez), o para obte-
ner trabajo remunerado a causa de la muerte del
jefe de familia (OIT, 1944).
Adicionalmente se acoge una recomenda-
ción sobre asistencia médica, la no. 69, que es
un maniesto de gobierno sanitario y permite
una orientación general de cara a los problemas
actuales sobre administración, calidad del ser-
vicio y nanciamiento de los sistemas de salud
(1944).
En el campo de la seguridad social, existe la
Recomendación sobre consulta entre las autori-
dades públicas y las organizaciones de emplea-
dores y de trabajadores en las ramas de activi-
dad económica y en el ámbito nacional, de 1960,
la no. 113, a n de desarrollar la economía en
su conjunto o algunas de sus ramas, de mejorar
las condiciones de trabajo y de elevar el nivel
de vida. La OIT (1960) y el histórico Convenio
102/1952, por el cual se establece una normativa
internacional mínima. El acuerdo deja espacio
para que los actores intervengan, mejorando las
prestaciones y administrando los sistemas previ-
sionales (1952).
En 2001, la Ocina impulsó una nueva ini-
ciativa, después de pasar examen a las reformas
de pensiones en Latinoamérica. Ello le permitió
validar experiencias y combatir los dogmas pre-
sentes en disputa entre los sistemas solidarios y
de capitalización individual, revalidando el diá-
logo social entre los actores y recomendando
adoptar el régimen previsional conforme a la
realidad de cada país (OIT, 2001).
En el 2008, como heredera de la Declaración
de Filadela, aparece la relativa a La justicia
social para una globalización equitativa, adop-
tada por la Conferencia en su nonagésima sép-
tima reunión, celebrada en Ginebra, el 10 de ju-
nio de 2008. El director general de la OIT, Juan
Somavia, señala que marca la renovación más
importante de la Organización, pues uno de sus
objetivos estratégicos es promover el diálogo
social y el tripartismo (OIT, 2008) y después de
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la Conferencia 100/2011, donde se presentó un
informe general relativo a los instrumentos de
seguridad social, intitulado La seguridad social
y la primacía del derecho (OIT, 2011), se trabaja
en una recomendación que implicaría establecer
un piso de protección social sobre una base no
estrictamente contributiva.
Este instrumental dogmático signica un in-
dicador de progreso y desarrollo que cualquier
civilización podría obtener, sienta las bases de
una democracia social universal que establece el
valor del diálogo, del trabajo, el papel de la so-
lidaridad, el reconocimiento de las organizacio-
nes sociales y la satisfacción de mínimos vitales.
Sin embargo, no constituye la nota decisiva o
determinante del avance social ni es la que deci-
de la suerte del diálogo social entre los actores,
pues ello depende de otros cauces que se sobre-
ponen al estamento declarativo y de principios
de fe de la Iglesia, o a los postulados tripartitos
de la OIT, que aun cuando son un instrumental
apreciable, resultan insucientes si no existe una
cultura política como soporte.
La cultura del diálogo
El diálogo es la forma más sustantiva de dar-
les a los otros signicados; es la forma como los
otros, según dice Argé (1996), puedan tener al-
gún sentido. La riqueza de un linaje, el poder del
sermón o los puños cerrados en señal de camorra
de un caudillo latinoamericano son un metalen-
guaje, cautivante y mágico-religioso, pero ello
no es representativo de la cultura del diálogo, en
donde los que no se parecen tienen su lugar. Este
documento no aborda una denición antropoló-
gica o sociológica del diálogo, que bien valdría
la pena considerar en otra ocasión, a partir de las
concepciones del diálogo y su regulación, pero
incorpora algunas consideraciones previas sobre
la cultura del diálogo:
Más que una herramienta, es un valor cultu-
ral, es una capacidad desarrollada por la socie-
dad, que dialoga por convicción, más allá de cor-
tapisas legales y meras formalidades. Reconocer
al otro y asumir el valor social del diálogo forma
parte de una cultura que podemos adjetivar de
democrática, por encima de las imposiciones
del Estado o del caudillismo latinoamericano.
De allí se desprende el primer concepto sobre
el diálogo como un valor de la cultura que no
requiere coacción ni espacio burocrático, porque
una cosa es el diálogo ciudadano y otra muy dis-
tinta, ponticarlo desde el Estado. Ese diálogo
ciudadano, civilista, es un modo de comporta-
miento que pone andar las decisiones, es una
norma implícita de las convenciones sociales,
o del Estado desde sus instituciones. Depende
de la cultura democrática, más que de relacio-
nes sociales o mecanismos institucionales. El
diálogo institucional puede existir desde luego,
pero no basta sin la cultura del diálogo (recono-
cimiento de los contrarios y valor del consenso),
porque si no a la larga se fosiliza, se reduce a
intereses puntuales y se vuelve demasiado cere-
monial y mecánico.
El diálogo (social) es ante todo un diálogo
político, pero enfocado en actores determinados
y sobre temas que interesan a las relaciones de
trabajo. El político se centra más en el apara-
to del Estado como Administración Pública, en
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tanto que el social es la relación de empresarios,
sindicatos y gobiernos sobre el mercado de tra-
bajo. Pero para llegar al social hay que mane-
jar códigos políticos. Un ejemplo ilustra esta
aseveración: En los Estados Unidos, gracias al
movimiento liderado por Luther King y a histó-
ricos fallos judiciales de la Corte Suprema, las
leyes de igualdad de 1964 hicieron posible el
desarrollo de los derechos laborales. En algunos
Estados de la Unión había bebederos de agua
exclusivos para blancos y el matrimonio entre
razas estaba prohibido (El Nacional, 2013). Sin
acuerdos políticos sustanciales previos, sin con-
vivencia y sin organización, llegar a la siguiente
estación, la del diálogo social, no hubiere sido
posible. Si la lucha por los derechos civiles no se
libra por la acción directa no violenta, los labo-
rales se hubieren desplomado; si los negros no
podían ocupar un lugar en el transporte público
o un pupitre en la Universidad, la sed de los de-
rechos laborales habría aumentado.
Este diálogo se denomina liberal republica-
no, es integrador y, busca consensos, establece
la solidaridad, no como gesto voluntario sino
como obligación. La libertad es el eje de esta
concepción que se hace republicana, porque
el Estado protege el ejercicio de esa libertad e
interviene cuando es necesario ampararla. En
la concepción liberal, el diálogo actúa como
un regulador de los intereses de las partes, -
jando reglas mínimas de funcionamiento de las
relaciones de trabajo, en un ámbito general de
respeto a los derechos individuales, sociales y
corporativos.
En el marco de la Guerra Fría, se tejió un
discurso en términos de crecer juntos, donde las
banderas de la planicación estatal, del pleno
empleo y la protección a las empresas actuaron
a contrapelo del socialismo real, empleo y pro-
tección social; contra la Gran Depresión de los
30 y el competidor soviético. Entre 1945 y 1975,
capital y trabajo se dieron la mano para crecer
juntos, certicando la capacidad de empresarios
y trabajadores para concertar y del Estado para
proteger, hasta que la crisis de la energía de 1973
malogró la tesis de los argumentos políticos del
Estado Benefactor. Gran paradoja, porque este
se concibió en plena guerra, para reconstruir el
tejido social afectado por la miseria humana, la
ignorancia y la enfermedad, según la exposición
que hace Beveridge (2008) cuando justica el
origen del Estado de Providencia. Su éxito se
debió a la legitimidad que obtienen sindicatos
y organizaciones patronales, comprometidos
en un pacto solidario, que es calcinado por la
crisis posterior, donde el empleo estable pasa a
ser exible, donde se acomodan los menos y se
recriminan las bases del Estado de Providencia.
Unos hacen ejercicios de remembranza mientras
otros pocos se acomodan con pragmatismo a la
realidad.
Servais (2004) señala cómo en los Países
Bajos, los empleados temporales se ligan a una
agencia de colocación, que después de 26 sema-
nas de contrato les garantiza unos derechos más
amplios, gracias a una ley de 1999. Esta es una
posición que no siendo la mejor, tampoco es la
peor. Ese mismo año, en Suecia, se introduce el
concepto de cuenta nocional, dándole un vuelco
a la solidaridad social del modo como se había
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entendido. La cuenta nocional reeja virtual-
mente las cotizaciones e intereses devengados
del contribuyente. Cuando le corresponda el re-
tiro, recibe su pensión conforme a los recursos
capitalizados que existen solo para efectos con-
tables. Se llama nocional porque es una noción
de la realidad, pero no es la realidad misma. Al
nal el rendimiento se podría determinar y li-
quidar de diferentes modos: como un porcentaje
de los ingresos de las cotizaciones, o de los sala-
rios o de la inación. La cuenta nocional aparece
como un rescoldo solidario, como una manera
de afrontar la crisis, dando cuenta a un laborioso
proceso de acuerdos que brotan del valor que las
abrogaciones públicas tienen en ese país (You-
cef Ghellab, 2011).
De la crisis surge otra manera de entender
el diálogo, una segunda manera de compren-
derlo; tal es el caso de no imprimir cambios en
las relaciones de trabajo que no sean producto
preferiblemente de autorregulación. Se estable-
cen orientaciones mínimas acaso, pero incapa-
ces de alterar las libradas por la oferta y la de-
manda. Es la conceptuación más extrema del
pensamiento liberal: se opone a la prestación
generosa y a que los desempleados consuman
asignaciones sin control, actuando como ocio-
sos consumidores de los subsidios sociales. En
los Estados Unidos, por ejemplo, el Tea Party
niega los fondos del llamado Obamacare, por-
que no deben cancelarse impuestos cuando no
se reciben benecios por lo que se paga. Así, si
el Seguro Social no reparte benecios a los que
cancelan las cuotas para su nanciamiento, ello
no dejaría de ser una carga impositiva, innecesa-
ria por lo demás. De esta forma el diálogo social
termina siendo absorbido por acciones y reme-
dios naturales del mercado, que autorregula sus
necesidades y asignaciones.
Lo cierto es que los ascensos del presidente
Reagan y la primera ministra británica Thatcher
pusieron en un anticuario los términos del acuer-
do social que los actores sociales troquelaron a
su semejanza. El contrato social fue sustituido
por un evangelio económico que le puso freno a
los ministerios sociales, jerarquizando las asig-
naciones económicas por la oferta y la deman-
da, antes que por los sindicatos y gobiernos, de
vuelta a sus adyacencias naturales. La postura
en contrario, es que los remos del libre merca-
do son insucientes. Por ejemplo, en Argentina,
el 80 % de los puestos no registrados provienen
de las pequeñas empresas. Son unidades eco-
nómicas que compiten sin guardar las formas
y reglas del derecho vendiendo más bajo a los
consumidores. Los empleos generados son inse-
guros, sacrican la calidad de vida; luego allí se
concentra la informalidad, la exclusión, la debi-
lidad organizativa, y se limita el horizonte en la
planicación familiar. Es por esto que la inter-
vención estatal es importante, vale decir, intenta
responder al cómo alcanzar consensos para no
terminar con el intervencionismo más craso y
en el populismo mesiánico más rancio. De aquí
parte la tercera conceptuación sobre el diálo-
go, cuando se direcciona hacia un objetivo sin
importar el otro como signicado, sin importar
el consenso –base del Estado benefactor–, que
produjo efectos positivos en la productividad
junto con un sistema público de salud de acceso
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universal. Bajo el chavismo, el caso venezolano
representa los argumentos de esta tercera forma
de diálogo, de direccionarlo en torno a uno y no
al otro. Como corriente que desarrolla las líneas
políticas trazadas por el teniente coronel Hugo
Chávez, uno de los líderes de la asonada mili-
tar de 1992 y electo presidente de la república
en 1998, en el chavismo se predica que no se
puede conciliar con los intereses del capital ni
aceptar tratos con la clase dominante; conciliar
quiere decir debilidad y desvío del camino revo-
lucionario, que no acepta otra forma de gobier-
no alternativa. El Estado chavista no negocia los
frutos de la renta petrolera con la clase política y
económica a la que denomina oligarca. El pue-
blo adquiere un aire protagónico y participativo
a través de los consejos comunales y las comu-
nas, entidades de gobierno popular liberadas de
la opresión capitalista, pero lejos también de la
concepción conciliadora de la socialdemocracia.
Más allá del Estado social, hay un Estado comu-
nal donde el pueblo participa y toma decisiones,
como pertenencia concreta a colectivos reales.
Por ello las adscripciones administrativas, bu-
rocráticas o las adhesiones a organizaciones in-
termedias quedan disminuidas o abolidas en el
Estado chavista, donde la vecindad es más im-
portante que lo individual.
Como el urbanismo y la industrialización
han destruido los nexos solidarios, debe ponerse
en práctica otra forma de relacionarse. La ciu-
dad comunal, los huertos familiares en las ca-
sas y las empresas autogestionadas son registros
distintos. Las providencias emanarán del Esta-
do popular y comunal. La protección será dada
por la comuna, capaz de autosatisfacer lo que la
sociedad de clases no hizo. La amenaza al Esta-
do chavista la representa, según su ideario, los
contrarrevolucionarios, calicados de diferentes
maneras, como escuálidos, la gusanera o apá-
tridas, que se oponen a la perpetuidad del Esta-
do revolucionario. El chavismo sostiene que la
opresión capitalista no permitirá la justicia so-
cial, porque oprime y genera pobreza. El dere-
cho de la revolución es defenderse de cualquier
intento que pretenda regresar al orden anterior
(sistema de partidos y cúpulas dueñas de la ri-
queza). El Gobierno no reconoce la alternancia
en el poder, donde el Estado y Gobierno son uno
solo, como una totalización discursiva y funcio-
nal que posee y conserva el derecho a mantener
y defender la revolución llamada Bolivariana.
El Estado chavista descarta el diálogo en su
forma tradicional, no posee una forma de comu-
nicación común entre partidos, gremios y oposi-
ción en el Parlamento, porque su acción políti-
ca no es con ellos, sino con aquellos a quienes
reconoce como propios. En el Estado chavista
predomina el líder: la comprensión de la políti-
ca está centrada en él. El Estado chavista tuvo
su centro de gravedad en el expresidente Hugo
Chávez. El caudillo integraba el poder adminis-
trativo del Estado, la riqueza petrolera, contro-
laba los hilos del estamento militar y poseía una
base electoral de apoyo considerable. Después
de su muerte, el poder se dispersó en cada uno
de esos factores, lo que sugiere un replantea-
miento de la dirección política en el chavismo.
Antes, el líder hacía el discurso; después de su
muerte, el Gobierno vive de su discurso.
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Desde luego, las posibilidades de diálogo
declinan cuando no existe independencia de po-
deres y sobrevive el autoritarismo. Por ejemplo,
las demandas de la población de la tercera edad
en Nicaragua, podrían quedar diferidas, a no ser
que el Gobierno de Managua complazca sus pre-
tensiones de obtener una pensión. El Ejecutivo
impone las condiciones en este caso, porque tie-
ne la fuerza de su lado. En un gobierno de ten-
dencia liberal como el de Santos, el diálogo en
la región del Catatumbo con el consejero presi-
dencial para el diálogo social se produce para
que uya el libre comercio. El diálogo aquí es
un recurso con estatura presidencial para que
prospere el tratado de libre comercio con los Es-
tados Unidos. Los campesinos colombianos que
exigen acceso a la salud y la sustitución gradual
de cultivos ilícitos chocan con este otro desequi-
librio. En el caso nicaragüense, es el Gobierno
con su dosis autoritaria el que decide; en el caso
colombiano, es el libre comercio el que desba-
rata las lógicas anteriores de agentes y actores
nacionales.
En suma, si bien una regulación del diálogo
es conveniente en sociedades con escaso desa-
rrollo institucional, convertirlo en puro remien-
do y ceremonia, le resta de la sabiduría que es
capaz de aportar, máxime si un actor lo desea
convertir en puro monólogo. Y es que las nor-
mas sobre el diálogo no pueden ser restrictivas o
desiguales, porque si no fracasa. Es por ello por
lo que reglas justas para la convivencia siempre
serán bienvenidas en sectores minoritarios para
poder desenvolverse en los corredores políticos.
Por esto, el diálogo más importante es el civil o
el político.
Condicionantes del diálogo
Por lo general, al diálogo se le ha reconocido
la capacidad de aumentar las inversiones pro-
ductivas, consolidar la competencia, valorar la
opinión de los interlocutores y generar empleo.
Como puede verse, el diálogo es precedido por
su buena fama, pero su puesta en escena depen-
de de varios factores que se explican a continua-
ción.
Complejidad
De entrada, no hay un diálogo que suponga
lograrlo todo, y el éxito dependerá del número
de temas, el tiempo empleado y sus ejecutorias.
El diálogo social tiene también dinámicas parti-
culares, lleva su tiempo, tiene sus pausas y sor-
presas. Hay que evitar agendas muy extensas o
muy generales. Buscar solo alguna información
que revele datos o algo más elaborado, o reunir-
se para confeccionar una posible agenda, puede
ser uno de sus objetivos, y después de que la in-
formación es recabada, entonces procede pasar a
la negociación. Esta es más formal y operativa,
concreta en aspectos redistributivos, referidos
al estado de la empresa, del mercado de trabajo
o del sistema de seguridad social. El diálogo se
mantiene cuando forma parte de un haz de po-
líticas que lo alienten y con actores integrados.
Es muy importante asimismo que el diálogo
represente el interés general. Es cierto que el de
las facciones o grupos no son idénticos entre sí:
es imposible ocultar los intereses clasistas, de
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partido, o corporativos o los del gobierno; cada
uno tiene su agenda y es correcto darla a conocer
antes que los seguidores reclamen con justeza su
testimonio en la mesa, pero esos intereses deben
desembocar en unos más generales o inclusivos.
El interés general es aquel que no se encapsula
en la representación originaria, sino que escapa
al planteamiento primitivo, mereciendo la aten-
ción general.
Por otra parte, el diálogo social es formal.
Necesita de una mecánica para operar, de un
tiempo regular de funcionamiento y de una es-
cenografía para exponer con atención y rigor
los temas que ocupan el interés de las partes. El
resultado debe ser respetado para evitar la vio-
lencia. No se puede precisar la duración de estos
compromisos. Podrán permanecer en el tiempo,
por conveniencia mutua o desaparecer rápida-
mente, pero bien vale modicarlos si las cues-
tiones expuestas a la realidad alteran las bases
de lo sostenido.
Disposición
Existen líderes y grupos que no dialogan,
porque consideran que no deben hacerlo con
los que ahogan las libertades civiles y econó-
micas. Argumentan que el diálogo se inspira en
la libertad, por tanto, no se puede dialogar con
quien niega la posibilidad, o simplemente no lo
necesitan, pues si se tiene la fuerza, no es pre-
ciso entablar ninguna negociación, aunque ello
sea un error, porque la fuerza siempre es tem-
poral. Ciertamente es complicado no saber dia-
logar, pero lo es aún más no saber con quién. El
diálogo depende de encontrar con quién y dónde
hacerlo, pero sobre todo depende de capacida-
des propias para enriquecerlo.
En sociedades como la venezolana, polari-
zadas dramáticamente, el diálogo cuesta mu-
cho iniciarlo. Las actitudes más determinantes,
agresivas y extremas se atraen y dominan. Un
ala política quiere silenciar a la otra. El discur-
so acunado es de vencedores y vencidos, alia-
dos y enemigos, sin aceptar la convivencia (El
País, 2014). La antipolítica ha jugado un papel
preponderante. El rechazo a los partidos ha re-
presentado poner de bulto el descrédito de las
organizaciones sin posibilidad de apostar por su
salvamento, necesario en democracia. Ha pro-
ducido la pérdida de la militancia y la huída ha-
cia otras formas de organización como domina-
ción política. El vaciamiento de las ideas en los
partidos se trasladó a nuevas caras en la política,
a originales propuestas, elaboradas al borde del
abismo de la antipolítica dirigente de la socie-
dad, como la representada a nivel mundial desde
1994 por Berlusconi, un empresario, dueño de
medios de comunicación, que alcanzó el poder
con su rechazo al sistema de partidos. En 1999,
Putin hizo lo mismo en Rusia. En Latinoaméri-
ca, los casos de Chávez y Fujimori son los más
emblemáticos. Desplegaron maneras inéditas de
comunicación, gestos y ademanes. El impulso
del odio como expresión política, como factor
de aglutinamiento del electorado, que a partir de
su hastío y desesperanza se propagó. Hay una
ruptura institucional, que mientras celebra la
ruina anterior va reconstruyendo la nueva histo-
ria desde una perspectiva hegemónica. Los cau-
dillos prometieron arrasar, originar frescos códi-
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gos de comunicación y novedosas asociaciones
de gobierno.
Castigados por la indiferencia o por su uso
personalista, los partidos políticos son los que
tienen las tareas normales de la organización de
masas, así como la manera de desarrollar el bien
común en sus ejercicios electorales y la forma-
ción de su militancia. No obstante, el camino
no ha sido fácil. El diálogo político se da entre
competidores o enemigos, aliados o adversarios,
dentro de una coalición, o entre partes sedicio-
sas, pero sea cual sea la circunstancia, a juzgar
por Maquiavelo en El Príncipe, deben desarro-
llar sus competencias en un ambiente hostil sin
bondad ni clemencia. Por el contrario, existe una
cultura oriental basada en generar ambientes al-
truistas, cimentados en el perdón y la compren-
sión, guiada por el budismo y los aportes de la
psicología social, pero ello tiene menor calado
y su inuencia depende de comportamientos
individuales y sociales que demarcan objetivos
menos temporales.
Diálogo global de tipo económico
El diálogo puede ser global, como el que re-
presenta la Unión Europea, desde 1985. En Asia,
funciona la Asociación de Naciones del Sudes-
te Asiático (ANSA); en el África meridional,
la Comunidad de Desarrollo de África Austral
(SADC); en el Caribe, la Comunidad del Caribe
(Caricom) y en Latinoamérica, el Mercado Co-
mún del Sur (Mercosur). Más recientemente, la
alianza del Pacíco, conformada por Chile, Co-
lombia, México, Perú, y el grupo Brics, integra-
do por Brasil, Rusia,India, China y Sudáfrica.
Son bloques económicos de países que refuer-
zan sus circuitos comerciales y a la vez pueden
negociar pactos con las demás alianzas o países.
Hay otros acuerdos que le bajan el tono a lo
meramente declarativo y tienen ámbitos muy de-
nidos. Existe por ejemplo, un pacto de coope-
ración laboral, suscrito en 1993 por los Estados
Unidos, Canadá y México, el Aclan. Hay otro
similar, del año 2005, entre Costa Rica, El Sal-
vador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Repú-
blica Dominicana y los Estados Unidos, en don-
de las partes convienen en modernizar el sistema
de justicia laboral, fortalecer los Ministerios del
Trabajo de cada país, reducir la discriminación
y el acoso del cual son víctimas las mujeres en
las maquilas, con la cooperación de la OIT y el
BID, y que ha presentado comparaciones de re-
sultados y evaluaciones de los progresos alcan-
zados (Ruiz, 2004).
El trasfondo de estas alianzas es económico;
después de todo, el libre comercio es lo que sub-
yace detrás de la modernización de la adminis-
tración de justicia o de la del trabajo, aunque en
procesos sociales complicados, el diálogo social
fortalece a las instituciones, amplía la visión de
la soberanía y elabora una hoja de ruta (OIT,
1999). Por ejemplo, la Unión Europea coopera
para fortalecer el diálogo sobre el trabajo decen-
te y la economía informal en Guatemala, donde
el 75 % de los ocupados trabaja en la informa-
lidad y el 31 %, por cuenta propia. El desafío
es poder crear empleos en una economía donde
el 54 % de los que trabajan es pobre y el 27 %
labora más de 48 horas a la semana (la jorna-
da es de 44 horas). El trabajo infantil abarca el
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19 %, la seguridad social no llega al 20 % y los
niveles de sindicalización, alcanzan apenas al
2 %. Tal precariedad institucional posibilita las
acciones transnacionales. Por ejemplo, los re-
gímenes de capitalización individual se intro-
dujeron en Bolivia y Perú, más por inuencia
transnacional que por un debate interno. La in-
uencia transnacional matiza el diálogo, o deci-
didamente es su libreto, como se verá enseguida.
Inuencia transnacional
El Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) ha promovido el diálogo social (Piazze,
2005), siendo una de las prioridades del uru-
guayo Enrique Iglesias como presidente del
organismo. Bajo el mandato de Patricio Aylwin
(1990-94) y en la reforma laboral venezolana de
1997, en la gestión de Rafael Caldera (1994-99),
aquel ejerció una inuencia notable, pero sin de-
jar de lado a los actores sociales. Poco tiempo
después, la reforma, sobre todo en el área de la
seguridad social, sería congelada en el gobierno
de Chávez, alegando que su negociación la hi-
cieron desde las cúpulas y organizaciones sindi-
cales que no se consideraban representativas de
los intereses de su clase.
En Nicaragua, el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) tiene un peso especíco en el des-
tino del Instituto de los Seguros Sociales, esto,
si su gobierno quiere entablar una negociación
sobre la deuda externa (Navas, 2013). El FMI
condiciona el diálogo proponiendo un aumento
de las cotizaciones, de la edad para pensionarse
y de la formalidad del mercado de trabajo, la que
apenas alcanza el 30 % (La información.com.,
2013). Por otra parte, el Fondo ha propuesto en
España un recorte salarial, a cambio de que los
empresarios aumenten la contratación, acompa-
ñado de una reducción de las contribuciones de
las empresas a la seguridad social y un aumento
del IVA, dos años después de los recortes (El
Espectador, 2013), aunque seguramente la reac-
ción sindical española será mayor y sugerente en
comparación con la de Nicaragua.
En la reforma de pensiones de los países de
Europa sudoriental, la motivación partió tam-
bién del ideario de la capitalización individual:
fortalecer el mercado de valores, obtener altas
tasas de rentabilidad, inversión extranjera y
participación activa del capital privado a través
del ahorro obligatorio. La decisión no provenía
de los actores, sino de la tecnología bancaria,
comprada en las experiencias latinoamericanas
previas. Promesas de cambio se hicieron para
despabilar a un mercado virgen que aseguraría
ahorros calculados generacionalmente. El Esta-
do socialista quedaba desplazado por el liberal
hasta que la evaluación política y técnica obli-
gó a los organismos de crédito a repensar las
reformas (FMI, 2011). El entusiasmo inicial ya
no fue el mismo. Altos costos de transacción se
produjeron: la cobertura no mejoró y los riesgos
de pérdida de capital se acrecentaron debido al
entorno crítico. Las compañías de administra-
ción de pensiones monopolizaron el mercado,
restringieron la libre competencia y la incerti-
dumbre fue la nota característica de un siste-
ma que decía ser seguro. Las reformas fueron
revertidas en Eslovaquia, Hungría y Argentina
(Banco Mundial, 1994). Chile, el país pionero
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en el ramo, mantuvo el régimen, pero introdujo
un pilar de seguridad social universal después
de un proceso de consulta extraordinario (Ba-
chelet, 2011). Bajo examen de los interesados,
del Banco Mundial y la OIT, en un rol más ac-
tivo, Colombia adoptó en 1994 la capitalización
individual, después de un debate parlamentario
intenso que le otorgó matices propios a la idea
preconcebida transnacionalmente, como la pre-
sencia de un régimen público.
Así, existe un diálogo social que depende de
valoraciones a favor o en contra, en lo interno,
y de factores externos como las alianzas glo-
bales y la decidida inuencia transnacional. El
otro agente condicionante del diálogo social es
la capacidad que las partes pueden desarrollar
y sobre todo el papel que el Gobierno asume. A
continuación, estas dos últimas cuestiones.
Capacidad de las partes
El diálogo puede adquirir un carácter biparti-
to, tripartito o multipartito, lo que se llama tam-
bién tripartismo plus: es la presencia de otros
actores, distintos a los tradicionales, pero que
no tiene muy buena acogida entre los sindica-
tos, temerosos que cooperativas los desplacen
o defrauden la ley. También existen grupos no
gubernamentales que aspiran formar parte de
los acuerdos, y que están acostumbrados a las
asesorías o apoyo a los derechos humanos, a
recibir algún tipo de nanciamiento y trabajan
con un target muy especializado. Tienen voce-
ros capacitados, consultores, guías intelectuales
o referentes internacionales que cooperan con
sus informes y reportes situacionales. Se con-
vierten en portavoces e imanes de opinión. Del
mismo modo aparecen sociedades sin nes de
lucro o artistas agrupados en una fundación o
movimientos emergentes con agendas especí-
cas, que alcanzan alguna inuencia en los me-
dios. Por eso, cuando se dice que el diálogo está
en crisis, más bien habría que expresar que son
los actores tradicionales quienes lo están, tal cual
ocurre con gobiernos y sindicatos que han per-
dido capacidad de hacer. En efecto, el sindicato
ha perdido especicidad, interés de los demás
interlocutores para regular a través de recíprocas
transacciones el mercado de trabajo.
La organización sindical narraba su historia
y tenía una responsabilidad de vanguardia, le
asignaban encargos y obtenía un porcentaje en
la economía de mercado. En el poder global, ha
perdido facultades y en el poder micro, compite
con otros sujetos que tienen agrupamientos es-
pecializados y novedosas fuentes de nancia-
miento. Son modalidades empresariales, como
se ha dicho, que se destacan por reclutar el ta-
lento joven. La pérdida sindical ha sido doble,
de militancia e identidad; aparte, la informalidad
es el otro factor que la comprime mientras inten-
ta sobrevivir a su descrédito y al individualismo
rampante, porque el sujeto, aunque no está ais-
lado, como dice Gauchet (2007), sí está distan-
ciado de la comunicación directa. Se mantiene
a distancia, desconando de la interlocución,
juzga, pero lejos del otro, sin asumir compro-
misos que no van más allá de los caracteres del
computador.
Sin duda que la generación actual es más tri-
bal, responde menos a los cánones y simbología
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partidista, quiere contar la vida desde la intimi-
dad; más que estar socialmente relacionada por
la solidaridad, desconfía de la sociedad de par-
tidos. Los comportamientos sociales revelan la
existencia de movimientos sociales que desbor-
dan los tradicionales, con nuevas formas de ex-
presión y comunicación; son grupos que viven
al límite y con término de días y horas: un movi-
miento de movimientos. Su organización no es
espesa, la dirección es en apariencia colectiva y
las redes, su sostén fundamental. Esos grupos,
en su mayoría, constituidos por jóvenes, viven la
crisis del empleo y el aumento de la informali-
dad. Sus proyectos de vida son más cortos y sus
patrones de consumo han variado. Esta combi-
nación de antipolítica, de movimientos líquidos
(Bauman, 2005), junto con el desempleo y la so-
ledad urbana, generan el nacimiento de lideraz-
gos personalistas y de partidos, a semejanza del
líder mesiánico, como estrella mediática, sastre
del futuro y carnicero sin piedad alguna del pa-
sado.
En contraste, los partidos políticos deberían
ser los actores del diálogo, pues tienen un terre-
no institucional y gubernamental donde mover-
se. Este es un espacio propio, natural, que los di-
ferencia de organizaciones no gubernamentales,
o de una empresa de tecnología de alimentos,
por poner un caso, o de organizaciones religio-
sas y nancieras, a sabiendas de la existencia de
micropoderes, que actúan en mapas de mandos
más fragmentados y con medios que aceleran las
comunicaciones, pero que no hacen ni sustituyen
la política tradicional de los partidos: la de hacer
contacto directo con el elector, porque la cara de
la política es siempre la cara del otro. Son los
partidos los que pueden permanentemente dar
respuestas a lo local, promover el debate veci-
nal, regional y parlamentario, siempre que ten-
gan la posibilidad de forjar su propia identidad,
teorizando sobre el caos contemporáneo.
El papel del Gobierno
El Gobierno no tiene competidores que dis-
puten o dividan su posición en la mesa del diá-
logo, como sí lo hacen confederaciones y aso-
ciaciones de empresarios y trabajadores que
adquieren el carácter de entidad política. Pero no
siempre el Gobierno está interesado en dialogar,
porque parte del supuesto que tiene ventajas. En
tal caso, el diálogo no tiene necesidad alguna, no
hay motivación para emprender negociaciones
sobre lo que ya se tiene. Puede ocurrir de igual
forma que no haya conanza para emprender el
diálogo, o que los procedimientos formales estén
bloqueados o ni siquiera existan. Desde luego,
el papel del Gobierno es siempre fundamental,
como motivador y garante, porque sindicatos
y empresarios no se autogobiernan a la hora de
tratar temas que escapan de sus ámbitos natu-
rales. Ambos requieren normar las relaciones,
restablecer equilibrios y distribuir benecios. Es
posible que el Gobierno no necesite el diálogo,
pero sí una de las partes, sobre todo la que está
en mayor desventaja o necesidad. Empresarios
que quieren aumentar su inuencia lo exigen;
sindicatos que requieren un espacio adicional
a sus límites, lo procuran, porque hay fronteras
que por sí mismos no pueden alcanzar. Un Go-
bierno democrático lo convoca por principio de
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cooperación y de tolerancia, por deber e interés
mutuo, por sus consecuencias reparadoras y de
autoconservación. El Gobierno, lo cita o lo aus-
picia para ordenar, regular o establecer nuevas
obligaciones y prácticas sociales. El problema
es cuando no existen esas motivaciones y prácti-
cas democráticas, y cuando los actores no tienen
capacidad suciente para aprovechar el diálogo,
especialmente cuando la desigualdad es pronun-
ciada, por ser una diferencia numérica o econó-
mica. La pregunta sigue siendo para qué dialo-
gar cuando se posee un poder desproporcionado,
más allá de la igualdad ante la ley. Y a menos
que el sistema legal equilibre, decida con inde-
pendencia la justicia, se mantenga la tolerancia,
a costa inclusive de los intolerantes (Rawls,
2006), no será posible la igualdad ante la ley.
Por ello, los poderosos deben ser separados de la
justicia. El diálogo sí aparecerá entonces, como
una opción y menos como obligación.
La Constitución sería el marco adecuado
para generar el equilibrio, la justicia e igualdad.
En la Carta Política venezolana, la reelección
indenida es un ejemplo en contrario. Aquella
concede ventajas adicionales a quien detenta el
poder. El gobernante se aprovecha de los recur-
sos de todos, para su exclusivo benecio elec-
toral. La Constitución debe limitar los intereses
de los poderosos, contar con instituciones profe-
sionales y con procedimientos expeditos. Debe
reconocer que cada voto tiene aproximadamente
el mismo valor para determinar una elección.
Una Asamblea Constituyente en Venezuela tuvo
con una representación mayoritaria del Gobier-
no, a pesar de no contar con los votos para ello.
Obteniendo el 62 % de los votos, los candidatos
del chavismo alcanzaron el 94 % de los puestos
de la Asamblea, con lo que se priorizó el sistema
mayoritario sobre la representación proporcio-
nal (Fundación Foro Socialdemócrata, 2010).
Ello bastó para uniformar el perl político de la
República. La oposición solo obtenía con 38 %
de los votos, apenas cuatro constituyentes y dos
independientes. El debilitamiento del principio
de la representación proporcional de las mino-
rías se repitió en las parlamentarias de 2010,
después de legalizarse el sistema mayoritario
(Monsalve, 2011).
Las respuestas institucionales deben ser re-
ferenciales, deben ser modelos de representa-
ción ciudadana, una respuesta profesional para
resolver los problemas. En Venezuela también
existe un ejemplo en contrario: el Registro Na-
cional de Organizaciones Sindicales interere
indebidamente el reconocimiento de las orga-
nizaciones no afectas al Gobierno. Aunque el
registro de los sindicatos siempre había sido
obstaculizado políticamente por los gobiernos
anteriores, inscribiéndose solo los afectos al Eje-
cutivo, negándose unos o dilatando el reconoci-
miento de otros, lo peculiar del nuevo es que los
controles aumentan sin contribuir a mejorar el
funcionamiento de las relaciones de trabajo.
Las instituciones republicanas deberían ser-
vir para superar las limitaciones naturales del
grupo. Sus carencias son compensadas con las
limitaciones legales impuestas al fuerte. Es por
ello que se impiden los monopolios en una de-
mocracia. Las elecciones, enmiendas, referen-
dos deben ser mecanismos expeditos. Veamos
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otro ejemplo: bajo el supuesto de democratizar
las organizaciones sindicales, se planteó en Ve-
nezuela un referendo sindical convocado a ins-
tancias del Ejecutivo. Se perseguía legitimar el
cese de las directivas sindicales. El referéndum
consultaba lo siguiente: “¿Está usted de acuer-
do con la renovación de la dirigencia sindical,
en los próximos 180 días, bajo Estatuto Espe-
cial elaborado por el Poder Electoral, confor-
me a los principios de alternabilidad y elección
universal directa y secreta, consagrados en el
artículo 95 de la Constitución de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela (CRBV), y que se
suspendan durante ese lapso en sus funciones
los directivos de las Centrales, Federaciones y
Confederaciones Sindicales, establecidas en el
país?”.
El director general de la OIT, el 17 de no-
viembre de 2000, se dirigía al presidente del
CNE en estos términos:
Deseo reiterarle que la convocatoria a un refe-
réndum nacional sobre asuntos internos de las
organizaciones sindicales implica una injerencia
de suma gravedad en su libre funcionamiento,
claramente violatoria del Convenio 87 raticado
por su país. Ello constituye un desconocimiento
de las obligaciones internacionales contraídas por
Venezuela (OIT, 2000).
En primer lugar, el referendo convertía a
los sindicatos en personas de derecho público,
cuando la asociación sindical es un ente de natu-
raleza privada, por lo cual termina afectando la
autonomía colectiva de aquella. De 11,7 millo-
nes de personas habilitadas para votar, solamen-
te acudieron a las urnas 354.449. Un 64 % de los
electores que fueron a consulta votó a favor del
“sí”, es decir, a favor de la renovación total de
la dirigencia sindical en los próximos 180 días,
y un 26,6 % por el “no”. En segundo lugar, el
referendo registró una abstención considerable,
que barrió la pretensión de dotar a los sindicatos
de una militancia progobierno, actuando como
corporaciones de derecho público.
En el caso venezolano, la oposición política
tiene tres retos: capitalizar el descontento que
no logra sumar a sus las sino a la abstención;
el segundo es huir de las salidas fáciles, inme-
diatas o fuertes, enmarcadas en los ejemplos de
un llamado a una Asamblea Constituyente o del
hombre fuerte que se precisa para vencer la cri-
sis, y el tercero, no menos importante: mante-
ner la unidad de las las opositoras antes que
la división recrudezca. El chavismo sin Chávez
debe encontrar una fórmula que le permita des-
pojarse del ropaje militar y participar en el juego
del poder aceptando que puede perderlo en una
contienda electoral; esa es la alternancia del po-
der o la legitimidad de las apariencias, en la que
se imprimen cambios muy liberales en la eco-
nomía, pero una fuerte dosis de control político
permite la sobrevivencia del proyecto hegemó-
nico.
Finalmente, diálogo
Después del autogolpe de Fujimori en 1992,
la democracia en el Perú trata de fortalecerse.
En el plano social ha venido constituyendo con-
sejos y mesas de diálogo, que se convierten en
válvulas reguladoras de su todavía temprana de-
mocracia, acostumbrada a los fogonazos de las
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dictaduras y al personalismo más rampante. Ese
avance liberal no signica que la democracia
esté asegurada. Perviven prácticas políticas muy
toscas y los rastros del fujimorismo siguen fres-
cos todavía, pero se recorre un reciente camino
republicano sin los sobresaltos del terrorismo ni
la violencia política que encabezó Sendero Lu-
minoso.
Brasil es otro ejemplo de concertación de
políticas públicas. Después de atravesar el pe-
riodo de la dictadura, el establecimiento político
sabe cuánto podrían signicar los acuerdos. El
gobierno de Dilma Rousseff fue confrontado por
los estudiantes en el 2013 sin el lamentable nú-
mero de víctimas que hubo en Venezuela un año
después, pues diseñó un canal de comunicación
con los manifestantes (Europapress, 2013). Con
su pasado montonero, la izquierda paraguaya
ha sabido pactar también. A modo de ejemplo,
elabora una propuesta de ley que permite a los
trabajadores con edad entre 40 y 50 años elegir
el régimen de jubilación más conveniente. El ju-
bilable puede permanecer en el actual sistema
o migrar al nuevo de naturaleza pública, que es
en el fondo el interés del Ejecutivo para recon-
quistar la administración de la seguridad social.
Pero el gobierno de José Mujica (2010-15) tie-
ne otros objetivos adicionales: los trabajadores
podrán retirarse parcialmente de su empleo y
cobrar la mitad de su jubilación, de tal manera
que el retiro así se perciba como una transición
hacia el denitivo, sin la drástica afectación de
las rutinas y sin crear sobresaltos emocionales.
Y el otro objetivo es disminuir el trabajo en ne-
gro de 40 mil jubilados (El Observador, 2013).
Lo que más llama la atención es que la izquierda
uruguaya, sin abandonar los hemisferios funda-
mentales de su referencia ideológica, despide
sus tiempos de guerrilla urbana, incluyendo en
su propuesta la libre deliberación del jubilado
entre un régimen privado o el público, siendo
la libertad de elección el valor fundamental del
ideario liberal.
El diálogo, el que nalmente llega, recrea las
condiciones económicas y sociales que se ne-
cesitan para proteger a los desempleados y es-
timular la creación de puestos de trabajo, más
allá de las naturales asignaciones de la oferta y
demanda de bienes y servicios. Irrumpe por las
circunstancias, aparece prendido por la necesi-
dad, como las del grupo guerrillero colombiano
M-19, que optó por ser una alternativa electoral,
en vez de ser un cordón de efectivos armados
desde los 80. Una década después, el Ejército
Republicano de Irlanda (IRA) se valió de me-
canismos cuasi parlamentarios para negociar un
primer alto al fuego. Otro ejemplo es Nelson
Mandela, quien no hubiera podido alcanzar la
victoria electoral de 1994 sin adelgazar primero
las hostilidades mediante negociaciones secre-
tas con Pieter Willem Botha. Y en Venezuela,
Rafael Caldera solo conseguiría una importante
reforma laboral en 1997, después de consultar
con los actores sociales, disimulando su escaso
poder en el Congreso. En Costa Rica ese mis-
mo año fue objeto de concertación, aunque con
efectos menos perdurables, un menú de temas:
telecomunicaciones, pensiones, seguros, corrup-
ción y libertad sindical.
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En México, el gobierno de Enrique Peña Nie-
to, de clara orientación liberal, exhibe una refor-
ma tributaria acompañada de un plan universal
de pensiones. Está consciente de la necesidad
de concertar en seguridad social, a pesar de la
resistencia del PAN y el Consejo Coordinador
Empresarial, porque según estos, la propuesta
perjudicaría a la clase media. El Ejecutivo se in-
teresa en el diálogo para así espantar la resisten-
cia de la ampliación tributaria que entraña por
anticipado múltiples dicultades.
El diálogo podría aumentar la aliación a la
seguridad social en Colombia, donde se reporta
un 67 % de informalidad laboral en trabajadores
que no tendrán derecho a pensionarse. Le será
difícil al Ministerio del Trabajo llegar a buen
puerto con solo sancionar a las empresas por in-
cumplimiento (RCN, 2013), si no procura antes
un periodo de consultas, como lo hace el mis-
mo Gobierno a nivel presidencial a través de un
comisionado para el diálogo social. Esto lo que
signica es que el diálogo es una necesidad, por
la crisis, pero también puede representar supe-
rarla. En Panamá, a primera vista no luce fácil
una reforma del Código Sanitario de 1947 sin
el impulso de todos los sectores involucrados,
pues el Gobierno por sí solo no puede tomar la
decisión (La Prensa.com, 2013).
El diálogo minimiza los costos de la estre-
chez política a la vez que aísla al dogmatismo y
la intolerancia. En el mundo sindical existe con-
ciencia de ello y muchos capitanes de empresa
saben también que las regulaciones adecuadas
retornan tasas de rentabilidad aceptables. Las
medidas –que se comparten en costos y bene-
cios– permiten mantener y a la larga mejorar el
poder de compra de la ciudadanía.
El diálogo es un ejercicio habitual en la de-
mocracia, por convicción, o por necesidad. De-
muestra el convencimiento de las partes para
alcanzar sus nes, democratizar la sociedad, re-
distribuir el poder, ganar tiempo, explicar mejor
alguna posición, legitimarla, o invocarlo hasta
por mero cálculo electoral. Pero no son extraños
caprichos ni alegres ensayos. Tiene el diálogo
un sentido, inclusive en caso de que el poderoso
e intolerante decida ocupar ahí un lugar. El po-
deroso quiere siempre imponerse, pero en con-
diciones extremas, en sociedades donde el diálo-
go no es un ejercicio habitual, su sola pretensión
de ensayarlo es un considerable avance porque
es más difícil dialogar que estar en la habitual
contienda. En otros casos más afortunados, el
Gobierno se convierte en un inspirador más que
en un director exclusivo y compulsivo de la po-
lítica (Servais, 2004).
El diálogo actúa convenientemente, como
un modo de transacción política. Si no es extra-
ño, imprime un dinamismo a los acuerdos que
permite crecer, como los checos, cuando en un
Consejo de Cooperación Económica y Social
pactaron entre 1990 y 1995 diferentes conve-
nios que auxiliaron a sus gobiernos. En la Re-
pública de Corea se arbitraron de forma puntual
diversas medidas para contrarrestar los efectos
de la crisis nanciera, como la creación de una
Comisión Tripartita en 1998, que generó la esta-
bilidad deseada. Otro ejemplo es Filipinas, que
desde los años 90 celebra conferencias anuales
tripartitas que tienen repercusión nacional.
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Estos casos de diálogo revelan la necesidad
de sus ejecutorias, la conveniencia o pragmatis-
mo de los actores. En el caso latinoamericano,
por fortuna, abundan estas rutas de diálogo, aun-
que sin andamios sólidos ni rutinas más prolon-
gadas como la del resto de los países citados. Es
probable que sea solo el primer paso para llegar
a un diálogo sumamente prometedor, más por la
fuerza de las convicciones que por la de las obli-
gadas conveniencias.
.
CONCLUSIONES
El diálogo social se ha enriquecido por un
cuerpo de ideas que proyectan con optimismo a
la humanidad, que preere la paz y la igualdad.
Pero falta mucho aún por solidicar esos princi-
pios, recomendaciones y convenios internacio-
nales hacia lo interno, en el reconocimiento de
minorías, partidos, de trabajadores y sindicatos,
así como de los gobiernos y la sociedad en su
conjunto, que el diálogo es un valor social y po-
lítico, es decir, cultural.
Hemos visto que diálogo depende de un
conjunto de operaciones y rutinas, como la de-
nición de agendas, plazos, tiempos, de ciertas
formalidades, pero básicamente de la capaci-
dad de las partes para procurarlo y obtener los
resultados deseados en un lapso determinado.
Mientras más capacidad se posea, menos será
la inuencia transnacional. Los gobiernos son
claves para el desarrollo del diálogo, pueden ser
animadores, o con talante autoritario proceder a
minar sus bases. Por otra parte, es indispensable
el funcionamiento de la administración y de la
justicia independiente para actuar con mayor se-
guridad e igualdad en la interlocución.
Una conclusión general sería que las prácti-
cas políticas deberían ser auditadas por la socie-
dad, a la vez que se recomienda fortalecer los
partidos y pactar con las élites la independencia
de la justicia de factores económicos y políticos,
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