Justicia, No. 27 - pp. 135-152 - Junio 2015 - Universidad Simón Bolívar - Barranquilla, Colombia - ISSN: 0124-7441

* Abogada, candidata a doctora en Ciencias Jurídicas, magíster en Asuntos Internacionales. Docente investigadora de la Facultad de

Ciencias Jurídicas de la Universidad del Atlántico. ruthgarcia@mail.uniatlantico.edu.co

Consideraciones en torno a la

Corte Penal Internacional

Considerations regarding the

International Criminal Court

Ruth Cristina García Otero*

Recibido: 11 de octubre de 2014 / Aceptado: 15 de enero de 2015

Resumen

La creación de la Corte Penal Internacional –cuyo Estatuto fue aprobado el

17 de julio de 1998–, como Tribunal permanente de justicia penal internacio-

nal, es de los sucesos más trascendentales del siglo XX. Tal creación debe ser

vista como la culminación de un proceso formalmente iniciado alrededor de

medio siglo antes. Con la Resolución de las Naciones Unidas de diciembre de

1946 –fresca aún en la memoria la catástrofe que signicó la Segunda Guerra

Mundial–, mediante la cual este organismo internacional condenó el delito de

genocidio como un crimen contra el Derecho Internacional. El propósito de

contar con un Tribunal internacional permanente que juzgue los delitos que

atenten contra la paz y seguridad, no ha estado libre de obstáculos. Los antece-

dentes de los tribunales internacionales penales que hasta hoy han existido, no

coinciden, ni mucho menos, con la expedición de la Resolución de las Nacio-

nes Unidas que se ha referido –objetivo alcanzado el 1 de julio de 2002, con la

entrada en vigor del Estatuto de la CPI, al completarse las sesenta raticacio-

nes necesarias–, sino que son anteriores a la Segunda Guerra Mundial.

Abstract

The creation of the International Criminal Court –which Statute was ap-

proved on July 17, 1998– as a permanent international criminal court of jus-

tice, is one of the most important events of the XX century. This event should

be seen as the culmination of a process which formally started about half a

century before. Indeed, it was through the Resolution adopted by the UN on

December 1946 –still fresh in people’s memory due to the catastrophe that

WWII meant– by which this international organization condemned genocide

as a crime against International Law. The purpose of having a permanent in-

ternational Tribunal to judge the crimes that threaten the peace and security

of humanity has not been pursued without obstacles. The previous attempts

to create international criminal tribunals do not match what was established

in the Resolution of the UN aforementioned –its purpose seems to have been

reached on July 1, 2002, with the entry into force of the Statute of the Inter-

national Criminal Court, on completion of the sixty ratications needed– but

that predate WWII.

Palabras clave:

Competencia,

Corte Penal Internacional,

Derecho Internacional, Jurisdicción y

Segunda Guerra Mundial.

Key words:

Complementary,

International Criminal Court,

International Law,

Jurisdiction and WWII.

Referencia de este artículo (APA): García, R. (2015). Consideraciones en torno a la Corte Penal Internacional. En Justicia,

27, 135-152. http://doi.org/10.17081/just.3.27.324

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rUth cristinA GArcíA otero

INTRODUCCIÓN

Aunque la mayoría de autores estiman que

los antecedentes de la Corte Penal Internacional

se encuentran a partir de la culminación de la

Segunda Guerra Mundial (Guerrero, 1999, pp.

49 y 50; Ambos, 2006, pp. 34 y 35; Ambos,

2001, p. 13; Sunga, 1999, p. 236 y 237), no debe

dejarse de advertir que con anterioridad a tal

evento acontecieron variados acontecimientos,

que no parece justicado dejar de realzar, pues,

aunque embrionarios, constituyen los intentos

iniciales de crear un Tribunal Penal Internacio-

nal que juzgara y sancionara a las personas en-

contradas culpables de haber cometido crímenes

internacionales. Por ello, a continuación se pre-

senta una visión, aunque apretada, en lo posible

completa, de tales intentos seminales.

El proyecto de Gustave Moynier (1872)

Parece que la idea de Gustave Moynier, pro-

puesta en su proyecto del 3 de enero de 1872, de

instituir una instancia judicial internacional que

tenga la capacidad de hacer efectivas las normas

del Derecho Internacional Humanitario, que la

Cruz Roja en tal época empezó a desarrollar

–en particular las convenciones de Ginebra de

1864 y 1868, que hacían referencia a la suerte

de los soldados heridos y enfermos en campa-

ña–, es el primer antecedente relevante de cara

a la creación de la Corte Penal Internacional.

Moynier pretendía llenar el vacío de las con-

venciones anotadas, que habían dejado que sus

normas sean aplicadas y cumplidas conforme a

la buena voluntad de los Estados. A pesar que la

propuesta fue morigerada por él en 1893, fue -

nalmente desechada por el Instituto de Derecho

Internacional, que decidió que la tipicación de

los delitos y la jurisdicción que la aplicaría de-

bían tener el carácter de nacionales, en abierta

oposición a Moynier, que postulaba que tanto la

tipicación, como la jurisdicción y también la

determinación de la pena debían tener la calidad

de internacionales. No obstante haber sido re-

chazada, su propuesta tuvo una amplísima aco-

gida al interior de la doctrina y, además, tuvo la

virtualidad de forzar a los Estados la tipicación

y represión, nacionalmente, de las violaciones

del Derecho Humanitario, tal y como lo registra

Santiago Urios Moliner (2003), más de una cen-

turia después.

Las conferencias de paz de La Haya (1899

y 1907)

Después del proyecto de Moynier, suelen ser

consideradas como el antecedente histórico más

importante de la Corte Penal Internacional, las

conferencias de paz, de 1899 y 1907 llevadas

a cabo en La Haya. En la conferencia de 1899

se aprobó, entre otras importantes cuestiones, la

creación de un Tribunal Permanente de Arbitraje

para el arreglo pacíco de las controversias in-

ternacionales. La instauración de este Tribunal

de Arbitraje, dio inicio a la tendencia –aceptada

hoy en día, de modo general, en todas las áreas

del Derecho– de crear entidades para la solución

de controversias internacionales; esto, muy a pe-

sar que el ente establecido en 1899 no tenía el

carácter de permanente ni era, en realidad, un

tribunal en sentido propio y estricto. La confe-

rencia de 1907 tomó otras importantes decisio-

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considerAciones en torno A lA corte PenAl internAcionAl

nes, algunas de ellas en relación con la revisión

de la de 1899. Ambas conferencias, tal como

con exactitud lo señala Margalida Capella i

Roig (2005), contenían las leyes y los usos de la

guerra

1

y preveían la protección de la población

civil del contendiente enemigo durante un con-

icto armado internacional. Debe señalarse que,

si bien se hace referencia a la responsabilidad

penal internacional, ninguna de las conferencias

anotadas estableció tribunales penales en senti-

do estricto. No obstante lo anterior, existen au-

tores como José Manuel Peláez Marón (2000),

que expresan que ambas conferencias de paz, en

relación con la Corte Penal Internacional, fueron

signicativas en cuanto sirvieron de precedente

y contextualizaron sobre la necesidad de la vo-

luntad del juez y la búsqueda del bienestar. Tal

armación es, desde todo punto de vista acerta-

da, pues, como lo señala el Estatuto de la Corte

Penal Internacional en su Preámbulo, existen

crímenes que por su gravedad constituyen una

amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar

de la humanidad y, en razón de ello, no puede

dejarse su represión a la voluntad de los Estados

individualmente considerados.

1 Especícamente, en la Conferencia de 1899 se incluyó, en el

párrafo noveno del Preámbulo del Convenio II (relativo a las

leyes y usos de la guerra terrestre), la denominada Cláusula

Martens –cuyo contenido se considera actualmente como una

expresión del derecho consuetudinario en la regulación de las

hostilidades–; esta Cláusula expresa que: “En espera de que

un Código más completo de las leyes de la guerra pueda ser

dictado, las Altas Partes contratantes juzgan oportuno hacer

constar que, en los casos no comprendidos en las disposi-

ciones reglamentarias adoptadas por ellas, los pueblos y los

beligerantes quedan bajo la salvaguarda y el imperio de los

principios del derecho de gentes tales como resultan de los

usos establecidos entre naciones civilizadas, de las leyes de la

humanidad y de las exigencias de la conciencia pública”. Esta

Cláusula, fue recogida, en forma literal, en el párrafo octavo

del Convenio IV de la Conferencia llevada a cabo en 1907.

La culminación de la Primera Guerra

Mundial (El Tratado de Versalles)

Un tercer antecedente, en la ruta del estable-

cimiento de la Corte Penal Internacional, viene

constituido por el n de la Primera Guerra Mun-

dial y la subsiguiente Conferencia de Paz Pre-

liminar de Versalles, que terminó con la rma

del denominado Tratado de Versalles, el 26 de

junio de 1919. En este primer conicto mundial

se perpetraron monstruosidades de inusitada

magnitud que, por la imposibilidad de ocultar-

lo, hizo germinar la idea de que era imperioso

atribuir algún tipo de responsabilidad penal a los

autores de tan abominables hechos. Se pretendía

sancionar a los intervinientes en la guerra que se

encontrasen culpables de infracciones a los prin-

cipios del derecho de gentes y produjeran afec-

tación a la humanidad en general; y que por lo

tanto, no vienen a constituir sino la violación de

la Cláusula Martens incluida en el Convenio II

aprobado en la Conferencia de Paz de La Haya

de 1899. En el Tratado de Versalles se aprobó,

entre otras diversas cuestiones: a) crear un tribu-

nal especial encargado de juzgar exclusivamente

al emperador alemán, Kaiser Guillermo II; b) el

deber, en cabeza de Alemania, de entregar a los

individuos que los países vencedores de la con-

agración consideraran criminales de guerra,

para ser juzgados por sus tribunales militares

y c) que los autores de crímenes de guerra que

afecten a un solo Estado sean juzgados por un

tribunal militar de dicho Estado, al tiempo que

los que resultaran afectando a una pluralidad

de Estados, serían juzgados por tribunales mi-

litares integrados por miembros de los Estados

138

afectados. Debe reseñarse que el resultado de la

ejecución de las disposiciones del Tratado, en lo

que respecta al juzgamiento por los crímenes de

guerra, fue, por decir lo menos, decepcionante,

cuando no fue abiertamente imposible. En efec-

to, tal como lo registra Santiago Urios Moliner

(2003), de un lado, Holanda se negó a extraditar

a Guillermo II; de otro, Alemania –que lo había

rmado– denunció el tratado, un mes después de

su rma, por considerarlo que fue producto de

una dictadura, negándose a entregar a cerca de

mil personas reclamadas por las potencias ven-

cedoras; estas, nalmente aceptaron que unas

pocas de estas personas fueran juzgadas por el

Tribunal Supremo del Reich, en Leipzig

2

. A pe-

sar de su evidente fracaso, el Tratado de Versa-

lles constituye un importante antecedente, visto

desde la perspectiva de la ruta que se ha seguido

para la creación de un tribunal penal.

Eventos importantes entre la Primera y

Segunda Guerra Mundial

Durante estas guerras no dejaron de adop-

tarse convenios de carácter humanitario –unos

tan fracasados como los otros–, todos ellos en

el seno de la Sociedad de Naciones, antecedente

inmediato de la Organización de las Naciones

Unidas. El Comité Consultivo de Juristas, de-

pendiente de la Sociedad de Naciones, propuso

2 Según lo señala Margalida Capella, “Las potencias aliadas

presentaron al Gobierno alemán una lista con los nombres de

personas que tenían que ser procesadas… (pero que)…De los

896 acusados en la primera lista aliada, Alemania solo reco-

noció a 45, de los que 12 fueron procesados por este tribunal

y, al nal, se condenó a 6 personas a penas mínimas (1 de 10

años de prisión, 2 de 4 años, 1 de 2 años, 10 de 6 meses)”

(Cfr. Capella i Roig, M. La tipicación internacional…, p. 40)

(nota de pie de página 11).

en 1920 establecer un Alto Tribunal de Justicia

Internacional, que nunca fue aprobado. También

en el terreno académico se hicieron novedosas

propuestas –en 1925, retomando la idea del Co-

mité Consultivo de Juristas, la Unión Interpar-

lamentaria sugirió que el Tribunal de Justicia

Internacional tuviera una sala con competencia

para juzgar los crímenes contra el orden públi-

co internacional y el derecho de gentes (Urios,

2003)–. A juicio de Margalida Capella i Roig, en

este período las expresiones que hacen referen-

cia a las “leyes y dictados de la humanidad”, en

diversas ocasiones fueron empleados por fuera

de su sentido técnico.

Leila Nadya Sadat estima que la idea de crear

un Tribunal Penal Internacional habría enfrenta-

do tres grandes obstáculos: a) La omnipresencia

del principio de soberanía estatal; se presentaba

una incompatibilidad absoluta entre un Tribunal

Penal Internacional con competencia para juzgar

a personas físicas y la concepción imperante de

que el Derecho Internacional únicamente gober-

naba las relaciones entre Estados: Los Estados se

resistían a la idea de que sus nacionales pudieran

ser juzgados por extranjeros, conforme al Dere-

cho Internacional, en vez de ser juzgados por sus

nacionales y conforme al ordenamiento interno;

esta es una prevención que ni en la actualidad ha

desaparecido totalmente; b) la ausencia de un or-

denamiento jurídico positivo aplicable a los po-

tenciales acusados; se decía que ante la ausencia

de un poder internacional soberano, era inviable

un Derecho Internacional Penal; tal objeción fue

replicada argumentando que el tribunal aplicaría

el Derecho consuetudinario, lo que podría suplir

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la ausencia de un código antes que el tribunal;

los Estados, sin embargo, se resistieron a perder

soberanía, arguyendo que se violaba el nullum

crimen sine lege; c) nalmente, no parece que

hubiese habido una conciencia precisa de que un

Tribunal Penal Internacional sirviera para evitar

las guerras; se argumentaba, paradójicamente,

que un evento contrario era perfectamente posi-

ble: Los años que durara el juicio entorpecerían

la reconciliación, pues exacerbaría los ánimos

de los antiguos combatientes (Sadat, citada por

Urios, 2003).

El Tribunal Militar Internacional de Nu-

remberg

Los obstáculos que sistemáticamente se

presentaron y que hicieron imposible la aplica-

ción de las diversas iniciativas enderezadas a

la creación de un Tribunal Penal Internacional

de carácter permanente –tal como se ha referi-

do en los apartados anteriores–, nalmente se

removieron con la culminación de la Segunda

Guerra orbital. En efecto, el conicto bélico se

desarrolló en forma tan espeluznante, que por sí

mismo produjo un cambio sustancial, tanto en

las instituciones internacionales como al interior

de la doctrina cientíca. No pocas propuestas

aparecieron, la mayoría de ellas coincidentes en

que los crímenes cometidos durante la cona-

gración no deben quedar impunes. La Comisión

Internacional para la Reconstrucción y el Desa-

rrollo; a su turno, la Comisión de las Naciones

Unidas para los crímenes de guerra, nacida en

1943, propuso un proyecto de convención para

la institución de un tribunal de las Naciones

Unidas para los crímenes de guerra. No obstan-

te las propuestas anteriores, fue la proposición,

perlada durante la guerra (1941), de la Asam-

blea Internacional de Londres –llevada a cabo

bajo la tutela de la Sociedad de Naciones–, la

que resultó ser más precisa y denida: Planteaba

que el tribunal solo juzgara un limitado número

de crímenes de guerra (Urios, 2003).

Las anteriores propuestas se concretaron en

la creación del Tribunal de Nuremberg, decisión

tomada en febrero de 1945, en la Conferencia

de Yalta (actual Ucrania) y constituido el 8 de

agosto de ese mismo año, con el n de castigar a

todos los criminales y quien incitara o realizara

acciones en contra de la paz, tal como asegura-

ba la denominada Declaración de Yalta, del día

11 de febrero de 1945. El Estatuto del Tribunal

Militar Internacional de Nuremberg, no fue sino

el reejo del consenso al que arribaron las po-

tencias ganadoras –y sus aliados que adhirieron

a él– de la Segunda Guerra Mundial, tanto en

relación con el Derecho que debía aplicarse a

los crímenes cometidos como también con res-

pecto a la jurisdicción y competencia internacio-

nales establecidas especialmente, en uso de los

privilegios propios del contendiente victorioso.

El Estatuto del Tribunal denió su competencia

conforme al Derecho aplicable en un conicto

armado y describió las conductas criminales,

adaptando, al contexto en que se creaba el Tri-

bunal, la norma en vigor referente a la protec-

ción de las personas ajenas a las hostilidades

(Capella, 2005). La competencia del Tribunal

Militar de Nuremberg, conforme al artículo 6º

de su Estatuto, incluía, además de los denomina-

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dos “crímenes de guerra”, los “crímenes contra

la paz” y los “crímenes contra la humanidad”

3

y se proponía juzgar y sancionar a las personas

responsables de haberlos cometido, sea como

miembros de organizaciones o individualmente,

pues, como lo consideró el Tribunal Militar In-

ternacional, más allá de las acciones estatales,

deben castigarse los crímenes cometidos por los

individuos por el Derecho Internacional (Nu-

remberg Judgment, 1947). No se debe inadver-

tir que la tipicación de los anotados crímenes

fue duramente criticada, pues se consideró que

constituía una criminalización ex post facto,

violando, en consecuencia, el principio nullum

crimen sine lege previa. El trabajo del Tribunal

fue realmente rápido; en octubre de 1945, vein-

ticuatro altos dirigentes nazis fueron acusados,

mientras que el juicio se inició en noviembre de

ese año; un año después había concluido, con

sentencia de condena a diecinueve de los acu-

3 En efecto, el artículo 6º del Estatuto del Tribunal Militar esta-

blecía que son crímenes sometidos a su jurisdicción –por los

que habrá lugar a responsabilidad individual–, los siguientes:

“a) Crímenes contra la paz: es decir, la planicación, prepa-

ración, iniciación de una guerra de agresión, o una guerra en

violación de tratados internacionales, acuerdos o garantías, o

la participación en un plan común o en una conspiración para

conseguir cualquiera de los anteriores; b) Crímenes de gue-

rra: es decir, violaciones de las leyes y de las costumbres de

la guerra. Estas violaciones incluirán, sin estar limitadas, la

muerte, los maltratos o la deportación para trabajar en con-

diciones de esclavitud o con cualquier otro propósito, de la

población civil de territorios ocupados o que se encuentre en

estos, la muerte o el maltrato de prisioneros de guerra o de

personas que se encuentren en el mar, la ejecución de rehenes,

el saqueo de la propiedad pública o privada, la destrucción in-

justicable de ciudades, villas o pueblos, o la devastación no

justicada por las necesidades militares; y, c) Crímenes contra

la humanidad: es decir, muerte, exterminio, esclavitud, depor-

tación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier

población civil, antes o durante la guerra, o las persecuciones

por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución o en

conexión con cualquier otro crimen bajo la jurisdicción del

Tribunal, en violación o no del derecho interno del país donde

se han perpetrado”.

sados, doce de ellos a la pena de muerte (Urios,

2003).

El Tribunal Militar Internacional para el

Extremo Oriente (Tribunal de Tokio)

Con diferencias menores, la mayoría de ellas

no sustanciales, el Tribunal Militar Internacio-

nal de Nuremberg sirvió de paradigma para

el establecimiento del Tribunal de Tokio. Fue

anunciado, el 26 de julio de 1945, en la deno-

minada Declaración de Potsdam (Alemania); en

ella se expresó el propósito de perseguir a los

militares japoneses de mayor jerarquía por crí-

menes semejantes a los cometidos por los na-

zis. Una cuestión a destacar es la que el Tribunal

Militar Internacional para el Extremo Oriente

fue creado, el 19 de enero de 1946, no por un

tratado (como el de Nuremberg), sino por una

orden ejecutiva del Jefe Supremo de la Alianza

en el Pacíc (Capella, 2005) –el General Dou-

glas McArthur–. El Estatuto del Tribunal, que

fue redactado solo por los Estados Unidos, fue

aprobado el 26 de abril de 1946 y asignaba la

misma competencia que le fue otorgada al Tri-

bunal de Nuremberg; empezó a desempeñar sus

funciones el día 9 de abril de 1946, las que fue-

ron concluidas el 12 de noviembre de 1948; este

Tribunal juzgó a veintiocho personas, habiendo

sido encontradas culpables todas ellas, ninguna

de las cuales fue el emperador japonés. La única

diferencia sustancial, entre los dos Tribunales,

puede registrarse en el hecho de que el Tribu-

nal de Tokio buscaba perseguir preferentemen-

te a las personas responsables de los crímenes

contra la paz. Las críticas que se le formularon

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al Tribunal de Tokio, fueron idénticas a las ex-

presadas en contra del Tribunal de Nuremberg,

aunque más agravadas; de un lado, por ser visto

como una vindicta por el ataque japonés, lleva-

do a cabo el 7 de diciembre de 1941, a la base

naval norteamericana de Pearl Harbor y que sig-

nicó la entrada de Japón en la Segunda Guerra

Mundial al lado de alemanes e italianos, al tiem-

po que los Estados Unidos lo hicieron al lado de

los países aliados; y de otro, según algunos de

sus críticos, porque los procesos tramitados por

el Tribunal solo buscaban justicar la utilización

de armas nucleares en contra del país asiático

(Urios, 2003).

Los trabajos de la Comisión de Derecho

Internacional

Como quedó señalado ut supra, fue en di-

ciembre de 1946 cuando las Naciones Unidas

emprendieron la última etapa de los esfuerzos

encaminados a la creación de un Tribunal Pe-

nal Internacional de carácter permanente –con la

Resolución que condenaba el delito de genoci-

dio como crimen en contra del Derecho Interna-

cional–. Ya en noviembre de 1947 las Naciones

Unidas encargaron a la Comisión de Derecho

Internacional la formulación de los principios

de Derecho Internacional reconocidos por el

Estatuto y por las sentencias del Tribunal Mi-

litar Internacional de Nuremberg; en la misma

Resolución se le conó el cometido de preparar

un proyecto de Código de Delitos contra la Paz

y la Seguridad de la Humanidad y un proyecto

de Estatuto de un Tribunal Penal Internacional

(Montealegre, 1999; Guerrero, 1999 & Urios

Moliner, 2003). Los primeros resultados del tra-

bajo de esta Comisión aparecieron ya en el año

1950 –la formulación de los principios–, y solo

en 1954 concluyó con el proyecto de Código Pe-

nal Internacional y de Corte Penal Internacional,

que, de acuerdo a como se sucedieron los acon-

tecimientos posteriores, no parece haber cobrado

la importancia que era de esperarse (Guerrero,

1999). Consideraciones políticas relacionadas,

principalmente, con la Guerra Fría, hicieron que

el examen del proyecto se pospusiese en forma

sistemática, registrándose un periodo de casi to-

tal inercia hasta 1981. Fue en este año cuando la

Asamblea General de las Naciones Unidas pro-

puso, una vez más, a la Comisión de Derecho

Internacional que continuase con su labor, hasta

que en 1991 el proyecto de Código de Crímenes

fue aprobado por dicha Comisión y remitido a

los diferentes Estados Miembros para que efec-

tuaran su estudio y plantearan los reparos que

estimaran pertinentes. El 25 de noviembre de

1992 –año en que estalló la crisis yugoslava–,

la Asamblea General de las Naciones Unidas

pidió a la Comisión de Derecho Internacional

que, en forma prioritaria, elaborara un proyecto

de Estatuto de un Tribunal Penal Internacional;

este proyecto, que solo se centraba en cuestio-

nes procesales –pues la cuestión relacionada a

los principios jurídicos era reservada al proyec-

to de Código–, fue presentado por la Comisión

en 1994. Ya en 1996, la Comisión de Derecho

Internacional adoptó también el proyecto nal

de su “Código de Crímenes contra la Paz y la

Seguridad de la Humanidad”. Ambos proyectos,

tanto el de Estatuto (1994) como el de Código de

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considerAciones en torno A lA corte PenAl internAcionAl

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Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Hu-

manidad (1996) –cuyas aprobaciones al parecer

solamente fueron posibles con la caída del muro

de Berlín y el nal de la Guerra Fría (Cardona,

2003)– jugaron un papel trascendental para la

elaboración del Estatuto de la Corte Penal Inter-

nacional, pues al poder combinarlos y utilizarlos

como un solo instrumento, fue también posible

recurrir a él para la elaboración de los Estatutos

de los Tribunales Ad Hoc creados para juzgar

los hechos de la Antigua Yugoslavia y Ruanda

(Urios, 2003).

El Tribunal Penal Internacional para la

antigua Yugoslavia

La antigua Yugoslavia, era un país del sudes-

te europeo, situado en la península de los Bal-

canes que tuvo existencia entre los años 1918

y 1991; en este último año acontecieron graves

problemas políticos y étnicos que terminaron

por dividir al país. Era denominada ocialmente

“República Federal Socialista de Yugoslavia” y

estaba constituida por seis repúblicas: Bosnia-

Herzegovina, Croacia, Macedonia, Montenegro,

Serbia y Eslovenia; Serbia, a su vez, comprendía

las provincias autónomas de Kosovo y Voivodi-

na. Hasta el año 1990, la población yugoslava

estaba compuesta del siguiente modo: serbios,

53 %; croatas, 24 %; montenegrinos, 3 %; ma-

cedonios, 5 %; eslovenos, 9 % y 6 % de bosnio-

herzegovinos. Del total de la población, el 41 %

eran ortodoxos, básicamente los serbios; el 12 %

eran católicos, principalmente croatas y eslove-

nos; y el 3 % eran islámicos, parte de los bosnios

y Kosovares

(Websterʼs New World Encyclope-

dia, 1993, p. 1148).

Este complejo de pueblos y religiones estuvo

unido mientras vivió el mariscal Tito, y conti-

nuó estándolo 10 años más después de su muerte

–acaecida el 4 de mayo de 1980–, bajo el régi-

men comunista heredero de Tito; la presidencia

de la República Federal se alternaba entre los

grupos étnicos principales. Las disoluciones de

la URSS y del Pacto de Varsovia, sin embar-

go, hizo que el débil consenso se rompiera. En

1991, Eslovenia, Macedonia y Croacia declara-

ron su separación de la Federación; el Ejército

Yugoslavo, de la antigua Federación, tomando

partido a favor de Serbia, llevó a cabo un ata-

que, nalmente fallido, en contra de Eslovenia y

una ofensiva, más extendida y exitosa, en contra

de Croacia. Como consecuencia de lo anterior,

y tras la rma de un alto al fuego en enero de

1992, Croacia quedo bajó el control del Ejército.

Para ese entonces, los croatas y musulmanes de

Bosnia-Herzegovina, ante el temor de la hege-

monía serbia, y previa aprobación de una con-

sulta popular, declararon, en octubre de 1991,

su independencia de Yugoslavia. En sus grandes

líneas, estos son los antecedentes de la denomi-

nada crisis de los Balcanes.

Oscar Julián Guerrero, arma que la situa-

ción en la antigua Yugoslavia entre nales de

1991 y 1993, era ampliamente conocida a través

de los medios de prensa, quienes informaban

sobre las violaciones al Derecho Internacional

Humanitario, el conicto armado, los aberrantes

y denigrantes delitos cometidos; y la incidencia

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negativa ocasionada por la intervención de los

de grupos al margen de la ley (Guerrero, 1999).

Ante los dramáticos hechos que acaecían

en la ex República de Yugoslavia, iniciados en

1991, desplegados en forma atroz y con viola-

ciones del Derecho Internacional Humanitario,

y reconociendo, además, la existencia de un

conicto armado, el Consejo de Seguridad de las

Naciones Unidas resolvió tratar la crisis bajo el

Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas,

es decir el que le permitía actuar, en situaciones

en las que estuviese en peligro la preservación

de la paz. Fue así, como el Consejo de Seguridad

estableció, el 25 de mayo de 1993, el Tribunal

Internacional para el enjuiciamiento de los pre-

suntos responsables de violaciones graves del

Derecho Internacional Humanitario cometidas

en el territorio de la ex Yugoslavia

4

, con sede

en La Haya, el mismo que alcanzó celebridad

como el Tribunal Penal Internacional para la ex

Yugoslavia

5

. La competencia material del Tri-

bunal se contrae al juzgamiento de las violacio-

nes graves de las Convenciones de Ginebra de

1949, violaciones de las leyes y costumbres de

4 Antes de ello, debe indicarse –tal como lo hace Urios Moliner,

Santiago. “Antecedentes históricos…”, pp. 44 y 45–, que el

Consejo agotó todas las posibilidades de persuasión a su al-

cance: En diversas ocasiones invocó a las partes a cumplir con

las normas sobre el respeto al Derecho Internacional Humani-

tario, las cuales no fueron tenidas en cuenta por los actores ar-

mados; para corroborar los hechos denunciados por la prensa,

el Consejo de Seguridad nombró una Comisión de Expertos,

para investigar e informar sobre la evidencia de violaciones

graves de las Convenciones de Ginebra de 1949 y otras vio-

laciones del Derecho Internacional Humanitario en la antigua

Yugoslavia. Fueron los descubrimientos de esta Comisión de

Expertos, los que llevaron al Consejo de Seguridad a estable-

cer un Tribunal Ad Hoc, para la Antigua Yugoslavia.

5 Un estudio detallado de la forma en que se decidió la creación

del Tribunal, de la redacción de su Estatuto y de las críticas

recibidas, puede verse en Urios Moliner, S. “Antecedentes

históricos (…)”. pp. 44-49.

la guerra, genocidio y crímenes contra la huma-

nidad. Debe remarcarse que la competencia del

Tribunal aunque concurría con las jurisdicciones

nacionales, prevalecía sobre estas. Para tomar la

decisión de establecer el Tribunal, el Consejo de

Seguridad de las Naciones Unidas expresa que

la situación en la antigua Yugoslavia, donde se

había informado de asesinatos masivos, siste-

máticos y organizadas, detenciones y violacio-

nes de mujeres y prácticas de limpieza étnica,

constituía una amenaza a la paz y a la seguridad

internacionales bajo el Capítulo VII de la Carta

de las Naciones Unidas

6

.

Dentro de las críticas que caben hacer y

que, en efecto, se han hecho al Tribunal Penal

Internacional para la Antigua Yugoslavia, se en-

cuentran, entre otras, la que expresa que se ha

establecido para disfrazar y reparar el fracaso

del trabajo diplomático y político, pues tan-

to el Consejo de Seguridad como las Naciones

Unidas resultaron ser inútiles para poder hacer

frente a la catástrofe humanitaria, que todo el

mundo sabía que estaba ocurriendo; también

se ha manifestado que circunstancias como de

no ser un Tribunal Militar –como lo fueron el

de Nuremberg y de Tokio–, de tener su origen

en una Resolución del Consejo de Seguridad

de las Naciones Unidas y de que los jueces no

pertenezcan a potencias vencedoras de un con-

icto –sino renombrados juristas de diversas

nacionalidades–, no logran quitar el mal sabor

6 Cfr. El párrafo operativo 2 de la Resolución 827, del 25 de

mayo de 1993, del Consejo de Seguridad, mediante la cual se

estableció el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugosla-

via.

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considerAciones en torno A lA corte PenAl internAcionAl

144

que deja un Tribunal Ad hoc de raíz antidemo-

crática, como lo es el establecido para la antigua

Yugoslavia y lo sería cualquier otro Tribunal que

se creara con criterios selectivos. Estas críticas,

empero, no invalidan el carácter de antecedente

de este Tribunal con respecto a la Corte Penal

Internacional, en la cual el décit democrático

aludido ha sido corregido.

El Tribunal Penal Internacional para

Ruanda

Ruanda es una república situada en la par-

te oriental del centro de África; “es un pequeño

país que ocupa apenas 26.338 kilómetros cua-

drados de supercie. Su población es rural en

un 90 % aproximadamente y está constituida por

tres grupos étnicos, siendo dos de ellos los ma-

yoritarios: Los hutus (agricultores), que ascien-

den a cerca del 90 %; los tutsis (pastores), con

un porcentaje del 9 % y los twa, con apenas el

1 % del total de población. Las lenguas ociales

son el bantú y el francés; el 48 % de la pobla-

ción es católica, un 9 % es protestante, un 34 %

profesan cultos tradicionales y un 9 % son mu-

sulmanes” (Larousse, 2006, p. 633). El conicto

armado interno, que ciertamente ya existía, se

agudizó en abril de 1994, tras el derribo por un

misil del avión en que viajaban los presidentes

de Ruanda y Burundi; este hecho dio lugar a que,

en el primero de los Estados nombrados, tras una

muy sangrienta guerra civil entre hutus y tutsis,

se instalara un nuevo gobierno, en julio de 1994.

Las circunstancias, particularmente brutales, en

que se llevaron a cabo las referidas hostilidades

produjeron una verdadera calamidad humani-

taria en Ruanda. Previas las investigaciones de

rigor para corroborar que se habían producido

violaciones del Derecho Internacional Humani-

tario y otras atrocidades durante el desarrollo de

la guerra civil –llevadas a cabo por una Comi-

sión de Expertos nombrada para el efecto–, el

Consejo de Seguridad de la Organización de la

Naciones Unidas volvió a actuar, una vez más,

al amparo del Capítulo VII de la Carta de las

Naciones Unidas –tal como lo había hecho en

el caso de la Antigua Yugoslavia–, y mediante

Resolución del 8 de noviembre de 1994 decidió

crear un Tribunal Penal Internacional para el

enjuiciamiento de los crímenes internacionales

perpetrados en Ruanda, el mismo que tendría su

sede en la ciudad de Arusha, Tanzania. Las ra-

zones para la creación de este Tribunal fueron

principalmente las siguientes: el enjuiciamiento

de los responsables de lo que se consideró era

un crimen de genocidio era indispensable, no

solamente para la reconciliación nacional, sino

también para la restauración y mantenimiento de

la paz. A pesar de que para el establecimiento de

este Tribunal se tomó como arquetipo al Tribunal

Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia,

tuvo con este último marcadas diferencias: a)

En primer lugar, fue el propio gobierno ruandés

el que solicitó al Consejo de Seguridad de las

Naciones Unidas la creación de dicho Tribunal

7

;

b) en segundo lugar, por tratarse de un conicto

interno, en lo fundamental, y porque las hostili-

dades ya habían concluido, la competencia ma-

7 Debe reseñarse que, tal como lo señala Santiago Urios, Ruan-

da votó negativamente en el Consejo de Seguridad, de la Or-

ganización de las Naciones Unidas, el acuerdo que creaba el

Tribunal, por estar en desacuerdo con algunas de sus dispo-

siciones contenidas en el Estatuto que lo regiría. Cfr. Urios

Moliner, S. “Antecedentes históricos…”, pp. 44-49.

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rUth cristinA GArcíA otero

145

terial y formal solamente se extendía por un año

–entre el 1 de enero de 1994 y el 31 de diciem-

bre del mismo año–; aunque territorialmente la

competencia se extendía a crímenes de interés

étnico, entre hutus y tutsis, cometidos en los paí-

ses vecinos

8

; y, c) en tercer lugar, y relacionado

con lo anterior, dadas las particularidades del

conicto –primordialmente étnico–, el Estatuto

del Tribunal Penal para Ruanda no requería que

existiera nexo con un conicto armado, sino so-

lamente que los crímenes contra la humanidad

se hubiesen cometido sobre una base nacional

étnica racial o religiosa; es decir, se remarcaba

sobre los elementos estructurales del crimen de

genocidio, incluida su incitación pública y di-

recta

9

, que también se tenía que juzgar y sancio-

nar. Se calcula que en 1994 fueron aniquilados

entre 500.000 y 1.000.000 de ruandeses tutsis y

que alrededor de un millón más huyeron a países

8 Sobre estas particulares cuestiones, Margalida Capella i Roig

–La tipicación internacional…, pp. 151 y 152– hace las si-

guientes precisiones: “El TPIY (Tribunal Penal Internacional

para Yugoslavia) es competente para perseguir y juzgar a las

personas presuntamente responsables de violaciones graves

del Derecho Internacional Humanitario a partir del 1 de enero

de 1991 (Art. ETPIY), y no tiene un plazo ad quem, mientras

que la competencia ratione temporis del TPIR (Tratado Pe-

nal Internacional para Ruanda) se limita estrictamente a un

año (del 1 de enero al 31 de diciembre de 1994, artículo 7)

(paréntesis sin negrilla fuera de texto). Añade la autora cita-

da, que también existe diferencia respecto de la competencia

territorial, pues mientras que el Tribunal Penal Internacional

para la Antigua Yugoslavia ejerce funciones sobre el territorio

de la ex Yugoslavia, “…la competencia ratione loci del TPIR

se extiende al territorio de Ruanda y al de los Estados vecinos

respecto de las violaciones graves del Derecho Internacional

Humanitario cometidas por ciudadanos ruandeses más allá

de las fronteras de Ruanda (Art. 7 ETPIR)”. La citada autora

encuentra, además, otras diferencias, para lo cual se remite al

mencionado lugar.

9 La Sala de Apelación del Tribunal ha sostenido, no obstante,

que tratándose de una incitación general puede renunciarse a

la exigencia de que esta sea pública y directa; en torno a esta

importante cuestión, Cfr. Ambos, K. “La Parte General (…)”,

p. 78.

vecinos. El Tribunal Penal Internacional para

Ruanda ha procesado y condenado a más de 50

personas –entre ellas, a militares, paramilitares

y dirigentes políticos–, hallados responsables de

los desastrosos sucesos de 1994.

En su núcleo, este Tribunal ha recibido las

mismas críticas que lo hiciera el Tribunal para la

antigua Yugoslavia. No debe dejarse de advertir,

sin embargo, que ambos Tribunales Penales In-

ternacionales, como, con mucha fortuna lo pun-

tualiza Manuel Diez de Velasco (2006), fueron

creados por la continua preocupación producida

por los crímenes de lesa humanidad, entre otros,

cometidos que afectaban a los Estados.

A pesar de las críticas recibidas en su contra,

los Estatutos que se elaboraron para esos dos

Tribunales Ad hoc y, sobre todo, la jurispruden-

cia que sus sentencias sentaron, han tenido un

inocultable inujo para la creación de un Tribu-

nal Penal Internacional de carácter permanente,

pues no solo sirvieron como modelo para lo que

nalmente se realizó sino que, como lo señala

Adriaan Bos,

“(…) sicológicamente mostraron la posibilidad

de crear un genuino Tribunal Penal Internacional

y, además, su funcionamiento nos ha proporcio-

nado una rica jurisprudencia que fue inuyendo

cada vez más en las negociaciones que llevaron,

en su etapa nal, a la redacción del Estatuto de

Roma de la Corte Penal Internacional” (Bos, cita-

do por Urius, 2003).

Etapa nal de los trabajos para la crea-

ción de la Corte Penal Internacional

El 9 de diciembre de 1994, y después de las

experiencias que signicaron la creación de los

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considerAciones en torno A lA corte PenAl internAcionAl

146

Tribunales Penales Internacionales Ad hoc para

la Antigua Yugoslavia y para Ruanda, la Asam-

blea de las Naciones Unidas creó un “Comité

Especial sobre el establecimiento de un Tribunal

Penal Internacional” que realizaría sus labores

en forma paralela a la Comisión de Derecho In-

ternacional. El primero, sin embargo, tomó como

referencia el proyecto que la Comisión había

presentado en 1994; los delegados de los Esta-

dos, empero, mostraron desacuerdo, en asuntos

vertebrales, con dicho Proyecto: No aceptaban

la supremacía del futuro Tribunal Penal Inter-

nacional sobre las jurisdicciones nacionales –tal

como acontecía con los Tribunales Ad hoc–;

tampoco aceptaban la sola enumeración de los

crímenes que contenía el Proyecto –su concre-

ción solo se logró, como ya quedó señalado, en

el Proyecto de 1996–. Estos desacuerdos se fue-

ron superando a medida que las negociaciones

iban avanzando; ya para 1996 habían desapare-

cido completamente; en efecto, se optó por una

denominada “complementariedad” de las juris-

dicciones internacional y nacional, de suerte que

la Corte Penal Internacional solamente podía

ejercer su jurisdicción si las jurisdicciones na-

cionales no querían o no podían hacerlo; para

ese momento, además, el Proyecto de 1996 de

la Comisión de Derecho Internacional ya había

precisado todo lo relacionado con los elementos

estructurales de los crímenes internacionales. El

Comité Especial sirvió de puente para superar

las diferencias entre los intereses de los Estados

y el trabajo elaborado por la Comisión de De-

recho Internacional (Urios, 2003). A partir de

1996 el Comité Especial fue reemplazado por un

llamado “Comité Preparatorio sobre el estable-

cimiento de un Tribunal Penal Internacional”;

este último Comité celebró sus sesiones entre

1996 y 1998, período en que el Proyecto de la

Comisión de Derecho Internacional, de 1994,

fue completamente reestructurado, al extremo

que pocas de las disposiciones de la propuesta

de la Comisión subsistieron, por lo menos como

lo estuvieron originalmente. Del 15 de junio al

17 de julio de 1998, en Roma, tuvo lugar la Con-

ferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las

Naciones Unidas sobre el establecimiento de

una Corte Penal Internacional, a la que asistie-

ron 160 Estados; las discusiones al interior de la

Conferencia fueron intensas; en algunos puntos

no fue posible obtener consenso; tal es así, que

por expresa solicitud de la delegación norteame-

ricana, se tuvo que proceder a votar, en forma

secreta, el proyecto nal del Estatuto: 120 votos

a favor, 7 en contra y 21 abstenciones (Ambos,

2005). A pesar de lo secreto de la votación, Es-

tados Unidos, China e Israel armaron que vota-

ron en contra; dentro de los que se abstuvieron,

guraron un importante número de Estados ára-

bes e islámicos y algunos del Caribe, pertene-

cientes a la Commonwealth caribeña.

La Jurisdicción de la Corte Penal Interna-

cional

La Corte Penal Internacional ejerce funciones

jurisdiccionales sobre las personas

10

que hayan

10 Esta cuestión es una rearmación de la responsabilidad penal

individual internacional, que se ha venido acrisolando desde

el establecimiento del Tribunal Militar de Nuremberg; se rom-

pe así, en forma denitiva, con el entendimiento tradicional

de que únicamente los Estados pueden ser internacionalmente

responsables.

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rUth cristinA GArcíA otero

147

cometido los crímenes más graves de carácter

internacional. Es un Tribunal que, a diferencia

de sus antecesores, no tiene carácter provisorio y

tampoco se ha establecido para un determinado

territorio; no se ha instituido para juzgar a los

responsables de crímenes ya cometidos antes de

su creación; no tienen carácter militar y tampo-

co ha sido establecido por el Consejo de Segu-

ridad de las Naciones Unidas. Por el contrario,

es un Tribunal Penal de carácter permanente,

con jurisdicción ecuménica, que solo juzgará

a los responsables de crímenes cometidos con

posterioridad a su entrada a vigor

11

–el artículo

11 del Estatuto establece su competencia tem-

poral

12

y el artículo 24.1, una prohibición de

retroactividad ratione personae, en el sentido

de que “Nadie será penalmente responsable de

conformidad con el presente Estatuto por una

conducta anterior a su entrada en vigor”–, tiene

carácter netamente civil y ha sido aprobado por

Delegados Plenipotenciarios de la gran mayoría

de países del mundo. Estas cuestiones que la

diferencian de sus antecesores, no aplacan, sin

embargo, las críticas acerca del no cumplimien-

11 Con arreglo al numeral 2 del artículo 126 del estatuto de Roma

de la Corte Penal Internacional, tratándose de Estados que ha-

yan raticado, aceptado o aprobado el Estatuto o se adhieran

a él, después de haberse completado las sesenta raticaciones,

aceptaciones, aprobaciones o adhesiones, para entrar en vi-

gor, el Estatuto solo entrará en vigor (para dichos Estados) el

primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la

fecha en que haya depositado su instrumento de raticación,

aceptación, aprobación o adhesión.

12 El numeral 1 del artículo 11 del Estatuto establece que “La

Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes

cometidos después de la entrada en vigor del presente Esta-

tuto” y su numeral 2 que “Si un Estado se hace Parte en el

presente Estatuto después de su entrada en vigor, la Corte

podrá ejercer su competencia únicamente con respecto a los

crímenes cometidos después de la entrada en vigor del pre-

sente Estatuto respecto de ese Estado, a menos que este haya

hecho una declaración de conformidad con el párrafo 3 del

artículo 12”.

to, en forma esencial, del principio de legalidad;

existen respetadas opiniones, como las de Caty

Vidales (2003), que critican el empleo de tér-

minos que de por sí tienen implícita una gran

carga valorativa, como por ejemplo el empleo

del epíteto “grave”, que acompaña a la mayoría

de conductas que describen los artículos 6, 7 y

8 del Estatuto; con ello, sostiene, la tipicación

habrá cumplido con una mera legalidad, pero

de ninguna manera con la estricta legalidad que

es connatural al principio nullum crimen sine

lege; o como la de Bernd Schünemann (2007),

para quien el artículo 28 del Estatuto de Roma

contraviene el principio de culpabilidad y hace

recordar prácticas de regímenes totalitarios. La

Corte Penal Internacional tiene como sede la

ciudad de La Haya (Países Bajos), está vincula-

da a las Naciones Unidas y entró en vigor el 1 de

julio de 2002. El Estatuto, conforme a lo que es-

tablece su artículo 120, no admite ninguna clase

de reservas en sus raticaciones, aceptaciones,

aprobaciones o adhesiones, aunque, permite que

los Estados puedan acogerse al régimen de tran-

sición establecido en el artículo 124, única y ex-

clusivamente en lo relacionado con los crímenes

de guerra a los que se contrae el artículo 8 del

Estatuto.

Competencia de la Corte Penal Interna-

cional

La competencia está circunscrita, por man-

dato del artículo 5 que la rige, a cuatro críme-

nes, considerados los más graves que atentan

contra la comunidad internacional: a) El crimen

de genocidio; b) Los crímenes de lesa humani-

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considerAciones en torno A lA corte PenAl internAcionAl

148

dad; c) Los crímenes de guerra; y, d) El crimen

de agresión. El Estatuto, además, advierte que

solo ejercerá competencia respecto del crimen

de agresión cuando se apruebe una disposición,

de conformidad con sus artículos 121 y 123, en

la que se dena el crimen y se enuncien las con-

diciones en las cuales estas serán enunciadas.

Finalmente, como ya quedó referido en líneas

anteriores, la competencia de la Corte Penal In-

ternacional tiene el carácter de complementarie-

dad con la de los Estados Nacionales, y para ser

ejercida debe tenerse en cuenta lo previsto en los

artículos 17 y 20 del Estatuto.

Presupuestos de activación de la compe-

tencia complementaria de la Corte Penal In-

ternacional

Los presupuestos mediante las cuales la Cor-

te Penal Internacional puede activar su com-

petencia, están previstas en el artículo 13 de

su Estatuto; que enuncia los tres requisitos de

procedibilidad que deben cumplirse para que así

sea: a) Cuando uno de los denominados Estado

Parte, hace la denuncia de una situación con-

creta ante el Fiscal –conforme al artículo 14 del

Estatuto–, solicitando que se investigue si una o

más de las infracciones denidas en el Estatu-

to como crímenes, han sido cometidas por una

o varias personas determinadas. b) Cuando el

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,

de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo

VII de la carta de dicha organización, envía la

denuncia de una situación de un país, en que al

parecer se ha cometido uno o varios de los crí-

menes tipicados en el artículo 5 del estatuto de

la Corte. c) Cuando el Fiscal inicia una investi-

gación en relación con un crimen tipicado en

el artículo 5 del Estatuto, de conformidad con el

artículo 15 del mismo; esta facultad del Fiscal

está sujeta al control de la Sala de Cuestiones

Preliminares

13

. Una atenta lectura de la segunda

modalidad de activar la competencia de la Cor-

te, debe llevarnos a concluir que está dirigida,

sin duda alguna, a la situación de un país, en el

que presumiblemente se estén cometiendo deli-

tos cuyo conocimiento está asignado al conoci-

miento de la Corte Penal Internacional, siendo,

en esta clase de sucesos, totalmente irrelevante

de que se trate de un Estado Parte del Estatuto

o no lo sea. No debe inadvertirse, sin embargo,

que la intervención del Consejo de Seguridad

puede ser tanto para solicitar a la Corte una in-

vestigación, pero también para solicitar la sus-

pensión no solo de la investigación sino también

del enjuiciamiento; en efecto, el artículo 16 del

Estatuto así lo faculta; la suspensión, tanto de la

investigación como del juicio, puede prolongar-

se inclusive en forma indenida, pues el artículo

mencionado no establece límite a las solicitudes

de renovación

14

.

La activación de competencia por parte de la

Corte, debe ser leída en concordancia con el ar-

13 Este control se hace con arreglo a la “Regla 47: Testimonio en

virtud del párrafo 2 del artículo 15”.

14 El artículo 16 del Estatuto establece: “Suspensión de la in-

vestigación o el enjuiciamiento. En caso de que el Consejo

de Seguridad, de conformidad con una resolución aprobada

con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las

Naciones Unidas, pida a la Corte que suspenda por un plazo

de doce meses la investigación o el enjuiciamiento que haya

iniciado, la Corte procederá a esa suspensión; la petición po-

drá ser renovada por el Consejo de Seguridad en las mismas

condiciones”.

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tículo 12, en el que se establecen unas condicio-

nes importantes para considerarse competente.

Así, el numeral 1 de tal artículo establece que

el Estado que se convierta en Parte del Estatuto,

debe reconocer la competencia de la Corte en

los crímenes señalados en el artículo 5.

CONCLUSIONES

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Inter-

nacional ha venido, pues, a consolidar la tenden-

cia evolutiva iniciada con Gustave Moynier, en

1872; con la tipicación que se hace en este Es-

tatuto de los Crímenes de Guerra y de Lesa Hu-

manidad –antes crímenes contra la humanidad–,

es posible armar, que han quedado precisados

los elementos distintivos de ambos delitos; con

ello no cabe duda que los crímenes de lesa hu-

manidad tienen autonomía respecto de los crí-

menes de guerra; la caracterización de los se-

gundos puede resumirse del siguiente modo: La

violación grave de las leyes y costumbres de la

guerra, la extensión de este concepto a los con-

ictos armados internos y la inclusión en esta

categoría de crímenes las infracciones graves de

las Convenciones de Ginebra de 1949 y de sus

Protocolos Adicionales de 1977; al tiempo que

los Crímenes de Lesa Humanidad: Son actos di-

versos a los anteriores, pues están dirigidos con-

tra la población civil, cometidos de forma gene-

ralizada o sistemática por motivos diversos a la

naturaleza de la conagración bélica interna o

internacional, es decir sin un nexo evidente con

el conjunto del conicto armado que se desarro-

lla entre las partes –lo cual descarta la posibi-

lidad de estimar la comisión de un Crimen de

Guerra–, y que respondan a un ataque del cual el

autor del ilícito tenga conocimiento.

Así las cosas, lo que pretende este análisis

es concluir que no todos los actos delictivos co-

metidos por los grupos armados al margen de la

ley (tanto paramilitares, como guerrillas), antes

y después de su desmovilización, pero después

de que el Estatuto de la Corte entró en vigor para

Colombia, son Crímenes de Guerra; muchos de

ellos, tal vez los más graves entre los graves,

escapan al contexto del conicto armado; esos

delitos, por fuerza de las evidencias, se subsu-

men en los Crímenes de Lesa Humanidad, que

son de la competencia complementaria que se le

ha asignado a la Corte Penal Internacional; para

ellos no es de aplicación el artículo 124 del Esta-

tuto, al cual se ha acogido el Estado colombiano,

para desconocer la competencia de la Corte, por

un lapso de siete años, respecto de los Crímenes

de Guerra.

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Justicia, No. 27 - pp. 135-152 - Junio 2015 - Universidad Simón Bolívar - Barranquilla, Colombia - ISSN: 0124-7441

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